Argentina: allanan propiedades del Ministro de Agroindustria y lo indagaran por supuesta estafa

Requisa e indagatoria

Luis Etchvehere atraviesa un fin de año convulsionado. A la polémica por el bono de 500 mil pesos que cobró cuando cambió la presidencia de la Sociedad Rural Argentina por el ministerio de Agroindustria, se suma el avance de la causa que inició su hermana Dolores por estafa, que ayer tuvo un nuevo paso con dos requisas, un pedido de embargo y la citación a indagatoria del ministro para el próximo 27 de febrero.

Alejandro Cánepa, a cargo de la Fiscalía de Coordinación Nº 3 de Paraná, fue quien pidió el acceso a los libros societarios de SAER (Sociedad Anónima Entre Ríos) y Construcciones del Paraná. La causa comenzada por Dolores Etchevehere la enfrentó al resto de su familia: la madre (Leonor Barbero) y tres hermanos hermanos varones (Luis Miguel, Arturo y Juan Diego), tras la muerte del padre en 2009. Si hubiese habido algún tipo de negativa a dar la documentación pedida, los oficiales de Justicia tenían la instrucción de allanar los domicilios.

El nudo de la causa pasa por Las Margaritas SA, una de las empresas familiares, donde Dolores Etchevehere es accionista y, como tal, inició la denuncia. Todo surgió cuando Las Margaritas tomó créditos con el Banco Itaú para sembrar soja, por un valor de 250 mil dólares, a devolver en la misma moneda a una tasa del 8 por ciento anual. La hermana del ex titular de la SRA denunció que el dinero fue desviado a través de la firma SAER, editora de El Diario de Paraná, donde los Etchevehere tenían el 40 por ciento. El capital restante lo aportaba Walter Grenón.

Según contó Dolores Etchvehere a este diario en enero pasado, “dentro del patrimonio de SAER había 18 inmuebles, empresa que fue vaciada”. De esos bienes, 10 fueron transferidos a dos sociedades de Grenón (Nexfin y Urbajay) y 8 fueron derivados a Construcciones del Paraná S.A., constituida por el Grupo Económico Etchevehere al solo efecto de recibir esos inmuebles. La Procelac (Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos) determinó que Construcciones del Paraná era insolvente al momento de adquirirlos. Ahí hubo entonces una maniobra de vaciamiento de SAER y auto transferencia de activos (los inmuebles) hacia una empresa insolvente.

El Banco Central confirmó los movimientos a la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y allí fue cuando se inició una causa por estafas en la justicia ordinaria y luego otra por evasión tributaria y violación a la ley penal cambiaria en la justicia federal de Entre Ríos. “La operación de vaciamiento significaba no solo la asunción de un mayor endeudamiento de SAER, sino también la venta a precios muy inferiores a los de mercado de sus bienes, entre ellos, inmuebles de un valor histórico y patrimonial trascendente”, adujo el fiscal Cánepa en un escrito presentado el jueves a la Justicia, en el que pide que se investigue a la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS), creada por Grenón.

En rigor, se transfirieron los inmuebles de una empresa a otra del mismo grupo. Ahí es cuando nace Construcciones del Paraná. El avance de la causa por defraudación, que prevé hasta seis años de cárcel, llevó al procedimiento de ayer, al tiempo que se confirmaban las citaciones para los Etchvehere una vez que termine la feria judicial. El fiscal Cánepa contó a PáginaI12 que “vamos a analizar los libros societarios y a hacer peritajes con información pedida a la AFIP, el Inaes y la Inspección de Persona Jurídica de Entre Ríos”. Unos de los puntos a analizar es ver la posible variación en la composición societaria de SAER, con lo cual “variaría la imputación”, según el funcionario. En otras palabras, buscan saber quiénes estaban en la sociedad al momento de los hechos que se investigan. A partir de allí “podría verse si es que hay o no una vinculación con Las Margaritas”, que de momento es un tema aparte respecto de la actuado.

Página/12


Dolores Etchevehere: “La Justicia tiene las pruebas de que se desvió dinero de créditos a tasa subsidiada”

En la casa de la familia Etchevehere, buscaban los libros de una de las sociedades familiares, donde entregaron voluntariamente los documentos; Además, hubo un allanamiento en la sede de El Diario; Citaron a indagatoria a Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos – entre los que está Juan Diego, titular del Enacom y presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos -, y su madre, en la causa que investiga el vaciamiento del matutino; En exclusivo para Radio La Voz, Dolores Etchevehere, motorizadora de la denuncia, manifestó confiar en la Justicia entrerriana, y advirtió que “está comprobado, y la Justicia tiene las pruebas, del desvío de dinero de créditos a tasa subsidiada”; Acceda al audio con la entrevista completa

Por orden del fiscal, Alejandro Cánepa, personal de la Justicia llegó a la casa de la familia Etchevehere, en el Parque Urquiza, de la ciudad de Paraná, para requerir la entrega de los libros de una de las sociedades de su familia, Construcciones del Paraná.

Cánepa lo había solicitado en el marco de una causa contra la familia, por presunta estafa que inició la hermana del ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Dolores Etchevehere, que también es accionista de Construcciones del Paraná y otras compañías familiares. No fue necesario un allanamiento del inmueble porque allí fueron entregados voluntariamente los libros requeridos.

Los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra solicitaron formalmente la indagatoria del actual ministro de Agroindustria del gabinete de Mauricio Macri, el entrerriano Luis Miguel Etchevehere en una causa por administración fraudulenta que inició en 2011 su hermana, Dolores Etchevehere, y que salpica a toda su familia.

Además, se conoció que Etchevehere fue llamado a indagatoria para el 27 de febrero próximo. En 2015, lo demandó el entonces procurador de Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, con datos aportados por Dolores Etchevehere, pero ninguno de estos dos casos ha progresado.

El pedido de indagatoria alcanza también a otro funcionario de Macri, Juan Diego Etchevehere, hermano del ministro, y delegado en Paraná del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom); a Arturo Sebastián Etchevehere, el cuarto hermano, y a la madre de todos ellos, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere.

En la causa se investiga el supuesto delito de vaciamiento de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la editora de El Diario, en la que la familia Etchevehere, tiene el 40% del paquete accionario.

El pedido de indagatoria para el ministro Etchevehere, sus hermanos y su madre tramita en el marco de la causa N° 6.418 caratulada “Estafa. Denuncia de Dolores Etchevehere” fue elevado para su resolución a la jueza de Transición N° 2, Susana María Paola Firpo, que ahora tiene a su cargo el expediente. Se trata de misma magistrada que a poco de entablarse la causa, en 2011, y a pedido de la fiscal Laura Cattáneo, decidió mandar al archivo la causa. Dolores Etchevehere, convertida en querellante, apeló la medida, y un tribunal de alzada revocó el archivo de la investigación. En agosto de 2016, y con Firpo reubicada en el Juzgado de Garantías N° 1, en reemplazo de Marina Barbagelata, a cargo del Juzgado de Transición N° 2, quedó Pablo Zoff, recordó Entre Ríos Ahora.

“En el mes de diciembre de 2016, los fiscales Cánepa y Ferreyra piden por primera vez la indagatoria de los Etchevehere, medida que luego es suspendida a pedido del propio Ministerio Público Fiscal al presentar la querellante nueva documentación y ante la certeza de que la causa podría tener un giro sorpresivo. Efectivamente, la Justicia avanzó sobre el supuesto delito de estafa, pero agregó la presunción de vaciamiento en perjuicio de SAER, la empresa editora de El Diario. Los fiscales entonces piden el levantamiento del secreto fiscal sobre los socios de Las Margaritas, petición que es acogida favorablemente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”, señaló ERA.

Sin embargo, esa medida de prueba fue cuestionada por los abogadores defensores de la familia Etchevehere, Lepoldo Lambruschini y Julio Federik, pero el juez Zoff no hizo lugar a la queja. Después de ocho meses, a principios de diciembre el Tribunal de Juicio y Apelaciones, compuesto por los jueces José María Chemez, Elvio Garzón y Elisa Zilli, confirmó lo resuelto por Zoff y rechazó la apelación. Pero la causa tendría un nuevo imponderable: antes de finalizar el año, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) decidió cambios en su estructura funcional y el juez Zoff pasó a integrar el Ministerio Público Fiscal. El lugar lo ocupó ahora Firpo, que debió empezar a entender de cero en la causa Las Margaritas. Apenas sentada en su despacho, la jueza se enfrenta ahora con el pedido de indagatoria a los Etchevehere elevado por los fiscales Cánepa y Ferreyra.

Pero ya no sólo el delito investigado es el de estafa, sino que con las sucesivas ampliaciones de las denuncias hechas por Dolores Etchevehere, la investigación se encamina también a achacar al ministro de Agroindustria y su familia el supuesto vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos, editora de El Diario. Así pues, los fiscales pidieron la instrucción formal contra Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere y Luis Alberto Guevara, como integrantes del directorio de SAER en el período 2011/2015 por el presunto delito de administración fraudulenta a partir de la fuerte sospecha de vaciamiento de la empresa editora mediante la venta simulada de inmuebles de su propiedad. De momento, sin embargo, no se pidió la indagatoria de Guevara, aunque sí de todos los Etchevehere, pero en la causa por defraudación.

LA HERMANA, MOTOR DE LA CAUSA

En declaraciones exclusivas a Radio La Voz, Dolores Etchevehere, denunciante en la causa por vaciamiento, indicó: “Yo estoy en Buenos Aires. Me enteré de los allanamientos por los medios. Es el resultado de un largo camino que yo comencé hace siete años, y judicializada hace cinco”.

“Debí judicializar el tema, porque soy dueña de las mismas empresas, en las que siempre toman decisiones en mayoría. Observo que las decisiones no estaban bien planteadas, ante el Fisco, ante el Estado, y ante mí también, porque como accionista tengo derechos y obligaciones. Fue eso lo que ocurrió”.

Consultada sobre el crédito del Banco Itau, “ha sido demostrado por el BCRA que han sido desviados 250 mil dólares para sembrar soja a una empresa subsidiaria. Eso debería tener un circuito virtuoso dentro del sistema económico, pagar impuestos, generar trabajo. Puntualmente, estos dos créditos, que suman ese monto, el BCRA informó que ha sido desviado, y en uno de los balances, figura como retiro de Directores, y no está registrado como debería”.

“Qué hicieron con ese dinero, no lo sé. Habría que preguntárselo a ellos. Pero el dinero no siguió el circuito que debió tener, cuando uno recibe dinero a tasa subsidiada”, explicó. “Esa ruta del dinero, ya está en la Justicia. Ya están las pruebas en la Justicia de Entre Ríos”.

Dolores continuó: “Yo creería que uno no puede pasar un inmueble, de una titularidad a otra, sin asesorarte por un abogado, por un contador, y que eso quede registrado en los organismos de control del Estado. Por eso, creo que no solo privados, profesionales, sino hasta organismos del Estado, han, por lo menos, omitido los controles. Creo que hay más partícipes, como profesionales, privados, u organismos, que han omitido controles, o que han sido obligados a mentir”.

“Ahora, se tiene que analizar todo esto”, agregó.

CONSTRUCCIONES DEL PARANÁ

“Es una Sociedad Anónima, compuesta por Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere. A nombre de esta sociedad, figuran algunos de los inmuebles que fueron enajenados del patrimonio de SAER, la administradora de El Diario”, puntualizó Dolores. “De esa empresa no soy accionista. Esos inmuebles eran parte del capital de SAER. Los trabajadores de El Diario no pueden reclamar a SAER sus sueldos, básicamente, porque lo han dejado pelado. Justamente eso es lo que se investiga: qué pasó con los inmuebles de SAER”.

“Además, en actas comencé a ver firmas falsificadas mías. En su momento, fui a buscar a un Escribano diciendo que no reconocía ni estas firmas ni el expediente. Debí judicializarme, porque la mayoría de los accionistas tomó decisiones de las que yo no era parte. Omitir denunciar también está mal. Ahora, se investigará qué escribano omiitió, qué abogado sugirió algún desvío, o qué organismo del Estado omitió controlar. Qué contador forzó los números”.

“Esto no es una estafa hacia mí solamente, sino hacia el Estado. Por eso, debió haberse controlar el destino del crédito. Sigo investigando, y cada vez que mandamos un oficio, preguntamos, se dilata todo. Pero bueno. Un día, a mí, la vida me puso en un zanjón, con el agua hasta la rodilla, y me dijeron “caminá”. Si no lo hacía, quedaba enredada en este circuito de fraude”, indicó en exclusiva a Radio La Voz.

“TENGO TEMOR POR MIS HIJOS”

“Tengo temor por mis hijos. Así lo denuncié en una Fiscalía, acá en Buenos Aires, por un mensaje de texto que recibí. Siempre viví en una casa con salida a la calle, pero hoy, por mis hijos, vivo en un lugar con una seguridad importante. Porque me han mandado a decir, directamente, callante la boca o te mato. Fue un contacto. Pero seguí adelante y acá estoy. Voy a llegar al punto en el que se pongan en orden estos números. Si no, le voy a fallar a toda la gente que me ha acercado, o una carta, o un recibo trucho”, sentenció.

Finalmente, Dolores indicó: “Para mí, la Justicia de Entre Ríos es independiente, y no duda”.