Bolivia: la Iglesia se suma al reclamo contra las modificaciones del Código Penal y organizan marchas y paros

Suman los sectores en protesta y se endurecen las arengas de los dirigentes y del Gobierno

Las movilizaciones en defensa del voto del 21-F y por la abrogación del Código Penal tienden a agravarse esta semana y adquieren un carácter nacional. Así lo desvela la creación de la Coordinadora Nacional por la Defensa de las Libertades Democráticas, integrada por instituciones de siete departamentos, y el paro cívico y obrero que inician hoy en Potosí y El Alto.

En Santa Cruz a los anuncios de más movilizaciones por parte de colectivos ciudadanos se sumó la voz de la Iglesia católica a través del monseñor Sergio Gualberti que en su homilía del domingo denunció intentos de “perpetuarse en el poder”.

“Hoy en nuestro país, desoyendo el clamor del pueblo, se intenta imponer un sistema que permita perpetuarse en el poder, que limite las libertades, abra paso a la persecución de la oposición y favorezca la impunidad de la corrupción de los que gobiernan”, dijo Gualberti.

En la celebración de la eucaristía advirtió también de que “con este sistema lo único que se logrará será la paz de los cementerios”, parafraseando al extinto cardenal Terrazas.

Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera, en una nota de opinión para La Razón, descalificó a los movimientos y colectivos ciudadanos al señararlos como “satélites apolíticos” usados por los partidos tradicionales que hoy sufren una devaluación social y carecen de capacidad de convocatoria.

Según la interpretación del vice, se trata de una “movilización reactiva de la clase media tradicional” que se siente desplazada de sus antiguos privilegios por una nueva clase de origen popular.

El líder de UN, Samuel Doria Medina, retrucó que al vicepresidente “le falló” su estrategia de “hacerse al malo” y decir que está en guerra permanente, por lo que ahora opta “por hacerse la víctima”, y culpar a la clase media tildándola de racista.

“No lo es, porque muchos sectores que antes lo apoyaban ahora se oponen al Código Penal y exigen el respeto del voto del 21-F. Es una acción desesperada de García Linera”, afirmó.

El líder de la COB, Guido Mitma, rechazó que exista una alianza entre la burguesía y la clase trabajadora y aseguró que los “padres de la mentira están en el Gobierno”. A la vez, confirmó para este lunes y martes un paro cívico en El Alto y movilizaciones en La Paz.

El sábado 13, se constituyó en La Paz la Coordinadora Nacional por la Defensa de las Libertades Democráticas conformada por coordinadores de Cochabamba, Oruro, Trinidad, Santa Cruz, Chuquisaca y dos comités cívicos de Tarija y Potosí. Las instituciones resolvieron sumarse al paro de 72 horas de la COB y a los bloqueos de caminos anunciados para el martes en las vías troncales de las ciudades antes mencionadas.

El Deber


Iglesia arremete contra Gobierno y se vienen más movilizaciones

El arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, cuestionó ayer al Gobierno por su intención de perpetuarse en el poder, por limitar libertades, abrir paso a la persecución de opositores y favorecer la impunidad de la corrupción. “Con este sistema lo único que se logrará será la paz de los cementerios”, dijo en su homilía del domingo.

Gualberti hizo esta crítica mientras varios sectores sociales y cívicos (tales como El Alto y Cochabamba) confirmaban nuevas movilizaciones para esta semana contra la vigencia y aplicación de la Ley 1.005, o nuevo Código de Sistema Penal boliviano. Otros sectores, como el de las esposas de policías anunciaron sumarse a las medidas contra la misma norma, además de pedidos propios del sector. En La Paz, otros tres diputados de oposición fueron evacuados del piquete de huelga de hambre, que exige la abrogación del código, y en Potosí se reanudó el paro cívico iniciado la anterior semana.

El Gobierno, en tanto, no dio ayer señales de atender las demandas y sólo se divulgaron declaraciones para deslegitimar las movilizaciones, tales como el artículo del vicepresidente Álvaro García Linera, quien, en un artículo de opinión, consideró que las movilizaciones son protagonizadas por “satélites apolíticos”, que obedecen a “una clase media decadente”.

Ante esta situación, Gualberti cuestionó la actitud del Gobierno. “Hoy en nuestro país, desoyendo el clamor del pueblo, se intenta imponer un sistema que permita perpetuarse en el poder, que limite las libertades, abra paso a la persecución de la oposición y favorezca la impunidad de la corrupción de los que gobiernan”, dijo a tiempo de parafrasear una frase del fallecido cardenal Julio Terrazas de que así sólo se logrará paz en los cementerios.

Gualberti instó a que se respeten las libertades y los derechos humanos donde se viva en paz y fraternidad. “El evangelio nos anima a vivir nuestra vocación a tomar la palabra del Señor con alegría y convicción”. “¿Hemos encontrado a Jesús? Dios no llama a una masa, sino a personas concretas”, cuestionó.

Por su parte, el secretario para la Pastoral de la Conferencia Episcopal, Ben Hur Soto, pidió en la homilía de la Basílica Menor de San Francisco (La Paz) estar atentos al llamado de Dios y escuchar su palabra. “Invitamos desde esta Basílica a todos nuestros gobernantes a tener esa actitud de Samuel de escuchar la palabra de Dios de escuchar lo que dice el pueblo”, dijo.

Las autoridades gubernamentales han criticado las medidas de presión impulsadas por diferentes sectores por considerar que tienen un carácter político.

DATOS

El Alto confirma paro cívico para hoy. La Fejuve de El Alto confirmó para hoy un paro cívico de 24 horas con bloqueo de calles con la demanda de la abrogación del Código de Sistema Penal.

La COB convoca a un paro de 72 horas. La COB convocó a un paro de 72 horas desde hoy hasta el miércoles. La medida estará acompañada de movilizaciones en capitales departamentales.

Anuncian bloqueos en Cochabamba mañana. El Comité Cívico de Cochabamba y la Fejuve convocaron a un paro departamental con bloqueos mañana. El paro está respaldado por transportistas, comerciantes y otros gremios.

Persiste ayuno en hospitales cruceños. Un grupo de 18 funcionarios de salud ingresó ayer en huelga de hambre en ambiente del hospital Percy Boland por reivindicaciones laborales.

Potosí retoma el paro cívico. Después de cumplir con su “pausa para aprovisionarse de alimentos”, el Comité Cívico Potosinista retoma el paro indefinido a partir de hoy.

EVACUAN A 3 DIPUTADOS MÁS DE HUELGA DE HAMBRE

Tres diputados más fueron evacuados ayer del piquetes de huelga de hambre que sostenían en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde exigían la anulación del Código del Sistema Penal. Otros 13 legisladores proseguían con la medida e invitaban a más gente a sumarse a la causa.

Los diputados de oposición Wilson Santamaría, Griselda Muñoz, y Rodrigo Guzmán fueron retirados ayer del piquete en una ambulancia de la Cruz Roja tras cumplir su sexto día de ayuno voluntario. La diputada Tatiana Añez ya había abandonado la medida el viernes.

En tanto, los diputados María Calcina, Rufina Cladera, Agustín Condori, Grover Huanca, Jorge Rioja, Lorena Gareca, Yeimy Peña, Cira Castro, Amilcar Barral y Tomás Monasterio mantienen la medida extrema. A ellos se suma la senadora Carmen Eva Gonzales que ingresó al séptimo día de llevar adelante la medida.

Monasterios a través de las redes sociales convocó a continuar con las acciones de presión para lograr que el Gobierno anule el nuevo Código del Sistema Penal.

“Quedamos 13, la lucha es dura, pero afuera de este edificio somos miles de bolivianos tremendamente motivados que le estamos diciendo basta a este Gobierno y déjenme decirles que los vamos a parar”, expresó en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Barral convocó a sus compañeros de la oposición a unirse al piquete de huelga de hambre.

Mientras, Gonzales indicó que continuará firme en esta lucha por recobrar la democracia y las libertades en el país.

Los Tiempos


Cívicos definen este lunes llamado a un paro nacional

Fortalecidos por la respuesta ciudadana del 12 de enero, los cívicos cruceños se reúnen hoy para debatir y definir una fecha para articular un paro a escala nacional. Además de Santa Cruz, los cívicos de Cochabamba y Potosí se expresaron a favor de cohesionar la demanda en todo el país.

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, destacó que el paro del viernes le envió un mensaje al pueblo boliviano, de que existe un rechazo mayoritario a las acciones del Gobierno en lo referido al desconocimiento del voto del 21-F y en demanda a la abrogación del Código Penal.

Sin embargo, Camacho señaló que las acciones que se vayan a tomar no deben surgir al calor del momento y las deben hacer “con madurez”, a la vez que cuestionó las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera que calificó de “satélites apolíticos” a los movimientos ciudadanos y se estrelló contra la clase media.

“Al vicepresidente le pido que deje de dividir al pueblo, que respete el voto y no incentive la confrontación”, añadió.

Por su parte, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally, ratificó el paro indefinido para hoy en coordinación con los sectores transporte y gremial, e indicó que durante el fin de semana hubo un pronunciamiento por parte de los cooperativistas mineros de que se plegarían a la medida.

“Inicialmente los dirigentes mineros afines al Gobierno, habían amenazado con desbloquear, pero luego de analizar el Código Penal vieron que los perjudicaba en varios artículos y anunciaron su respaldo”, aseguró.

Respecto a la articulación de un paro cívico nacional, Llally aseguró que se definirá entre los representantes de los nueve departamentos, pero que, sin embargo, estima que ocurra pronto debido al descontento creciente. “Estamos coordinando un paro nacional entre sectores. El lunes se debatirá la fecha y el lugar para una reunión entre los cívicos de todo el país”, dijo.

En Cochabamba, el presidente Cívico, David Torrelio, confirmó que ingresarán a un paro cívico de 24 horas este martes, en coordinación con las provincias.

Torrelio apuntó que no descarta que el paro se prolongue hasta el miércoles en respaldo a la convocatoria de la COB y que si hasta entonces la dirigencia cívica determina continuar la medida lo harán. A su vez, descartó que hoy se revierta la medida de presión a menos que el Gobierno cumpla con las peticiones que son la abrogación del código y el respeto a la Constitución.

El oficial mayor del Concejo Municipal de Cochabamba Javier Ferrufino añadió que el martes habrán dos concentraciones en la avenida El Prado, una en la plazuela de las Banderas, y la otra en la plazuela 4 de noviembre.

Por su parte, el diputado del MAS, Edgar Montaño, tildó la protesta cívica del viernes como “un paro de ebrios y de saqueadores que obligaban a la gente a cerrar sus negocios”. El diputado masista en contacto con EL DEBER Radio restó importancia a la propuesta de llevarlos a un revocatorio y dijo que el objetivo de fondo es desgastar la gestión del presidente Evo Morales.

El Deber


Los 15 artículos del nuevo Código Penal que ponen en jaque al Gobierno

El dilema empezó con un artículo, el 205. Poco a poco crecieron las observaciones al nuevo Código de Sistema Penal y los cuestionamientos por diferentes sectores alcanzaron a 15 apartados. Estos reclamos ponen contra la pared al Gobierno, que hasta el momento ya derogó dos artículos. Crece el pedido de abrogar todo el código, pero el partido oficialista-hasta el momento- hace frente a los conflictos haciendo conocer la nueva normativa.

Fue el mismo Evo Morales que reconoció la escasa socialización del Código Penal y pidió a sus autoridades que lo hagan para evitar problemas. Es algo tarde, ya que existen problemas por al menos 15 artículos de la nueva ley.

El abogado Ciro Áñez Núñez, máster en Ciencias en Derecho Procesal Penal, explicó que “si bien este código tiene un interesante enfoque de la justicia restaurativa, sin embargo, cabe advertir que adolece de un problema de sistematización”.

Por su parte, José Antonio Rivera, exmagistrado del Tribunal Constitucional, observó que la tipificación de delitos en el nuevo código llama a numerosas interpretaciones. “La tipificación de los delitos, en muchos casos, se realiza con cláusulas indeterminadas e indefinidas, es decir, con el uso de frases imprecisas y ambiguas, lo que a la hora de aplicar la norma dará lugar a diversas interpretaciones; pues el acusador particular y el fiscal de Materia interpretará en un sentido, la defensa en otro sentido y los jueces o tribunales en otro sentido”.

El nuevo código fue promulgado el 15 de diciembre del año pasado por Álvaro García, en su calidad de presidente interino. La nueva norma tiene 681 artículos y de a poco salen las observaciones. Hasta el momento los cuestionamientos llegan a 15.

Ambos expertos enumeran los artículos en cuestión: 88, 101, 107, 137, 157, 174, 205, 209, 215, 245, 293, 294, 309, 310 y 311, además de otros que también son observados. De estos ya se derogaron dos (137 y 205), luego del pedido del presidente Evo Morales por el reclamo de los médicos y transportistas. Además, el mandatario solicitó revisar los artículos 293 y 294. Los demás quedan intactos y con varios sectores en protesta.

Contradicen la CPE

El abogado penalista Joadel Bravo se unió al listado de artículos observados y remarcó que en varios de ellos -según su tipificación- se contradicen con la Constitución Política del Estado. Uno de ellos es el 205, que ya fue derogado, que castigaba al profesional por mala praxis, pero la Carta Magna garantiza el derecho al trabajo.

El 137, también derogado, castigaba el “homicidio culposo con medio de transporte”. Áñez remarcó que a diferencia del anterior Código Penal el nuevo aumenta la sanción. En este caso podía llegar a ocho de cárcel.

La Iglesia católica también se sumó a los cuestionamientos. El sector religioso observó diez artículos y pidió la revisión del nuevo Código Penal. El clero se enfocó en el 88, que en su inciso 11 aprueba una prisión de siete a 12 años al “reclutamiento de personas para su participación (…) en organizaciones religiosas o de culto”. Este apartado está dentro de la tipificación de los delitos de trata y tráfico de personas.

El abogado William Bascopé ve en los 15 artículos observados “mucha incoherencia” que llama a diferentes tipos de interpretación. “Están tan mal hechos varios artículos que el juez puede interpretar de una forma, el abogado defensor de otra y la parte acusatoria también de otra”.

El experto, además, hace notar que al derogar uno o más artículos se daña la estructura de todo el Código Penal, lo que amerita, dijo, a la revisión de la ley entera.

Los otros apartados fueron cuestionados por el derecho a la movilización, que castigaría los apartados 293 y 294, el 107 reduce las sanciones a las personas que cometen el microtráfico de drogas, el 157 que aumenta las causales para el aborto, el 101 que no menciona delitos de fauna, el 174 que aumenta penas a los defraudadores de tributos y el 309, 310 y 311 que, según los gremios periodísticos, afectan a la libertad de expresión.

Estos son los códigos

Art. 88 (Inc. 11)
(TRATA DE PERSONAS)

Será sancionada con prisión de siete a 12 años y reparación económica la persona que, por sí o por terceros, capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas con alguno de los siguientes fines: 11. Reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto.

Protestas de las iglesias

Las iglesias del país salieron al paso y cuestionaron el artículo 88 porque va en contra de sus reuniones. Juristas observan que la ambigüedad en esta redacción provoca angustia, temor, dudas y escepticismo. Se debería evitar poner en duda dicha actividad religiosa y regirse más conforme a los tratados internacionales en la materia.

Art. 101
(DAÑO AMBIENTAL)

La persona que cause daño ambiental irreversible o irreparable y sin posibilidad de restitución, recuperación o remediación ambiental, establecido según normativa ambiental vigente, con grave efecto sobre el agua, aire, suelos, fauna o flora, el equilibrio ecológico o ciclo natural de una función ambiental, será sancionada con prisión de cinco a diez años.

Protesta de ecológicos

Grupos de biólogos y ambientalistas hicieron conocer mediante las redes sociales su protesta debido a que el código no menciona como delito el tráfico de fauna.

Art. 107
(COMERCIALIZACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS)
La persona que, por sí o por medio de otra, posea, oferte, compre, venda, suministre, distribuya, intermedie o entregue sustancias estupefacientes o psicotrópicas señaladas en las Listas I, II, III y IV del Anexo de la Ley de Lucha Contra Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas.

Reducción de penas

El código aumenta las cantidades que los microtraficantes pueden transportar, sin que ello incremente las penas en su contra. Tanto la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como decenas de fundaciones y ONG demandaron que las penas contra los microtraficantes se reduzcan.

Art. 137 * DEROGADO
(HOMICIDIO CULPOSO CON MEDIO DE TRANSPORTE)

La persona que por infracción a un deber objetivo de cuidado por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o los deberes inherentes a la conducción de vehículos, cause a otra la muerte, con un medio de transporte motorizado, será sancionada con prisión de dos (2) a cuatro (4) años, reparación económica e inhabilitación.


Conflicto por transportistas

El sector del transporte protestó, ya que las penas en este apartado se ampliaban. Se establecía prisión de dos a cuatro años, aumentándola hasta ocho años si existieran agravantes. Como ven, las penas son más altas que en el anterior Código Penal.

Art. 157
(ABORTO)

La persona que cause el aborto a una mujer embarazada sin el expreso y libre consentimiento de esta, o de su representante legal cuando ella esté impedida de manifestar su voluntad por cualquier causa, será sancionada con tres (3) a diez (10) años de prisión.

SE AMPLÍAN CAUSALES

Se amplían las causales del aborto legal. Este artículo establece que “no constituirá infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada por la mujer y concurran cualquiera de las siguientes circunstancias: la interesada tenga a su cargo personas adultas mayores, con discapacidad; sea estudiante; se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada; se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la mujer embarazada; se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida; sea consecuencia de reproducción asistida no consentida por la mujer; el embarazo sea consecuencia de violación o incesto; la embarazada sea niña o adolescente”. Expertos señalan que esto no se encuentra acorde con los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos donde Bolivia como Estado es parte signataria. El art. 4 del Pacto de San José de Costa Rica, establece claramente lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”

Art. 174
(DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA)

La persona que no pague o pague de menos un tributo al que está obligada, por un importe superior a Doscientas Cincuenta Mil Unidades de Fomento de Vivienda (250.000 UFV), por tributo y periodo fiscal, previamente establecido en un procedimiento de determinación tributaria con resolución firme o ejecutoriada en sede administrativa o judicial.

PROTESTA DE COMERCIANTES

Diferentes asociaciones de comerciantes denunciaron la redacción de este artículo, que aumenta las multas por defraudación tributaria. Estos artículos, entre otras cosas, además de aumentar tanto las penas como el rango de los importes adeudados, resulta que su redacción no es la adecuada por cuanto no diferencia entre actuación dolosa o culposa.

Art. 205 *DEROGADO
(DAÑO A LA SALUD O INTEGRIDAD FÍSICA POR MALA PRÁCTICA)

La persona que, en el ejercicio de su profesión, oficio o actividad, cause daño a la salud o integridad física de otra persona, por infracción a un deber objetivo de cuidado, por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o los deberes inherentes al ejercicio de su profesión, oficio o actividad, será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales.

FUE EL INICIO DEL CONFLICTO

Se establecía que la sanción era de prisión de dos a cuatro años, reparación económica e inhabilitación, si a consecuencia de la acción culposa se causa lesiones graves o gravísimas; en tanto que la sanción era de prisión de tres a seis años, reparación económica e inhabilitación, si se causa la muerte. Perciben que el tipo penal en cuestión adolece de conceptos indeterminados de valoración eminentemente subjetiva que podrían conllevar en la práctica al uso abusivo de acciones penales y a la persecución contra el ejercicio de la actividad profesional.
La derogación de los arts. 137 y 205, forzados por la presión social, no resuelve, ni mucho menos, los problemas y deficiencias estructurales de este código.


Art. 209
(OBSTACULIZACIÓN EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICOS)

Será sancionada con multa sancionadora de doscientos cincuenta y un (251) a cuatrocientos (400) días e inhabilitación, la persona que con el fin de impedir u obstaculizar el libre ejercicio de los derechos políticos de una o más personas.

Libertad política

La Central Obrera Boliviana (COB) y las universidades reclamaron que se castiguen los derechos políticos de las personas, pero también por la violación a la protección del secreto del voto. Juristas creen que el término inhabilitación tiene una interpretación amplia y en este delito no establece ningún parámetro, lo cual puede generar abusos en su aplicación.

Art. 215
(MICROTRÁFICO)

La persona que, por sí o por medio de otra, posea, oferte, compre, venda, suministre, distribuya, intermedie o entregue sustancias estupefacientes o psicotrópicas señaladas en las Listas I, II, III y IV del Anexo de la Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, en las cantidades señaladas a continuación, será sancionada con prisión de uno (1) a tres (3) años.

Penas mínimas

Se reducen las penas a las personas que trafiquen drogas en cantidades menores. La oposición protestó por este apartado. Juristas coinciden en que la pena establecida resulta muy baja.

Art. 245
(MANIPULACIÓN INFORMÁTICA)

La persona que, con intención de obtener beneficio indebido, para sí o para tercero, manipule un procesamiento de las tecnologías de información y comunicación, para la transferencia de datos o información que conduzca a un resultado incorrecto o evite un proceso tal, cuyo resultado habría sido correcto, será sancionada con prisión de dos (2) a cuatro (4) años.

Control en redes

La COB denunció que este artículo establece un mayor control de las redes sociales y un ataque a las libertades democráticas.


Art. 293-294
(SEDICIÓN-ATRIBUIRSE DERECHOS DEL PUEBLO)

La persona que forme parte de una fuerza armada o grupo de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre, será sancionada con prisión de dos (2) a cuatro (4) años y, cuando corresponda, inhabilitación.

Derecho a la protesta

Los protestantes denuncian como un ataque al derecho a la protesta y ven persecución política. La visión de entendidos cree que estos delitos limitan el libre control social que podría realizar la sociedad civil a las autoridades públicas, pero amerita una mejor redacción para evitar mayores susceptibilidades.

Art. 309-310-311
(INJURIA-DIFAMACIÓN-CALUMNIA)

(…) Igual sanción corresponderá a la persona que reproduzca mediante medio de comunicación o difusión masiva la difamación inferida por otro.

Aún se negocia con los gremios

Los gremios periodísticos denunciaron que los artículos 309, 310 y 311 sobre injuria, calumnia y difamación, respectivamente, afectan a la libertad de expresión y de prensa y ponen en riesgo la Ley de Imprenta. Los juristas advierten que como se encuentran redactados existiría la posibilidad de desconocer la Ley de Imprenta y se acudiría al ámbito penal.

El Deber


El Código del sistema penal crea reparación del daño a la víctima

El nuevo Código del Sistema Penal (CSP) crea la figura de la reparación de daños a las víctimas y busca racionalizar el uso del poder penal, señaló la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Susana Rivero.

“Lo que importa en este Código es la reparación a la víctima. De nada nos sirve llenar las cárceles si no se repara el daño, si no se restituye el daño causado y ése es el centro de la transformación del Código”, indicó la legisladora en entrevista con el programa ‘El pueblo es noticia’, transmitido por los medios de comunicación del Estado.

Por ejemplo, el artículo 226 del CSP refiere que “la persona que se apodere ilegítimamente de una cosa mueble ajena, cuyo valor al momento del apoderamiento sea mayor a tres (3) salarios mínimos nacionales, será sancionada con reparación económica”.

En tanto, el artículo 319 apunta a que quien cometa un hurto menor a los tres salarios mínimos será sancionado con reparación económica y además, prestación de trabajo de utilidad pública o cumplimiento de instrucciones judiciales.

La norma, dijo Rivero, tiene por esencia una lógica restaurativa y no punitiva, como el Código Penal promulgado por el dictador Hugo Banzer Suárez en 1972.

“Tiene un enfoque restaurador para que todas las acciones que adopte el Estado para sancionar lo que no está bien, lo que el código establece como un hecho ilícito o una infracción penal, tenga siempre no sólo la prioridad de buscar el castigo, que era el anterior sistema, sino que transitemos a un sistema reparador”, explicó.

En consecuencia se establecen sanciones combinadas, es decir prisión y multa reparadora, “porque lo que importa es reparar integralmente el daño causado”.

Por ello, el artículo 2 de la norma, promulgada el 15 de diciembre de 2017, establece que el Código tiene por finalidad “racionalizar el uso del poder penal como última respuesta al conflicto, aplicable sólo cuando no sea posible solucionarlo por medios menos violentos, instaurando un sistema penal con enfoque restaurador”.

Rivero señaló que hay una mala fe de ciertos grupos de políticos opositores para distorsionar y confundir a la población, tal y como se actuó durante el proceso de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Por ello criticó la huelga de hambre que inició el lunes 8 de enero un grupo de diputados de la oposición en contra de la nueva norma y que hasta ayer registró cuatro bajas, porque sólo busca afectar al Gobierno y proteger sus intereses políticos.

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