Qué dicen y qué implican las siete preguntas de la consulta popular

¿Sabes cuáles son las siete preguntas de la Consulta Popular y qué dicen? Te lo contamos

Este domingo 4 de febrero del 2018 será la consulta popular y referendo que propuso el presidente Lenín Moreno. Los ecuatorianos tendremos que escoger entre el sí o el no en siete preguntas que abordan temas sobre la lucha contra la corrupción, reelección indefinida, Consejo de Participación Ciudadana, protección a la niñez, minería, plusvalía y el Parque Nacional Yasuní.

En Afull te explicamos cada una de las siete preguntas de la consulta popular y qué cambios se proponen con ellas:

Pregunta 1 sobre la lucha contra la corrupción

“¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?”

Según explica el constitucionalista Ismael Quintana en una entrevista con Diario EL COMERCIO, esta pregunta busca que funcionarios públicos y personas particulares reciban una sanción cuando cometan alguno de estos delitos: Cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, lavado de activos, testaferrismo y delincuencia organizada.

El objetivo de esta pregunta es que las personas que hayan cometido alguno de estos delitos reciban una sanción civil, esto implica que no podrán presentar ninguna candidatura a cargos de elección popular, no podrán ejercer ningún cargo público y tampoco podrán suscribir contratos con el Estado.

Pregunta 2 sobre la reelección indefinida

¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2?

En la Constitución ecuatoriana, aprobada en 2008, se defendía el principio de alternancia, es decir que una persona con un cargo público no podía permanecer en el poder más allá de un periodo determinado. Pero en 2015, con aprobación de la Asamblea Nacional se permitió la reelección indefinida.

El objetivo de esta pregunta es que las autoridades de elección popular puedan ser reelegidas una sola vez, consecutiva o no. En el caso del Presidente permanecerá cuatro años en sus funciones y solo podrá ser reelecto una vez. El primer mandatario Lenín Moreno propuso esta pregunta por la siguiente razón: “Los que quieren reelegirse no piensan en el futuro del país, sino en el próximo período”.

Pregunta 3 sobre el Consejo de Participación Ciudadana

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3?

Para explicar esta pregunta es primordial definir qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Esta entidad autónoma busca fomentar la participación de los ciudadanos en promover los derechos de participación, el control social de lo público, rendición de cuentas, investiga casos que afecten a la participación ciudadana y el interés público o que generen corrupción. Además, designa a las autoridades de control que son: Fiscal, Procurador, Contralor, defensores Público y del Pueblo, superintendentes, jueces electorales y constitucionales, Consejo Nacional Electoral y Consejo de la Judicatura.

El Cpccs fue creado en el 2008, con la Constitución de Montecristi, en este documento se determinó que los poderes del Estado se dividían en cinco, antes solo eran tres, uno de estos cinco poderes precisamente fue el Consejo de Participación Ciudadana. Está conformado por siete consejeras y consejeros, ellos son escogidos entre representantes de organizaciones sociales y ciudadanos de manera individual.

Con esta pregunta el Gobierno busca reconfigurar el Cpccs y que sus representantes sean electos mediante votación y no por un concurso de oposición y méritos como se lo había hecho hasta ahora. Si se aprueba esta pregunta, los miembros del Consejo serán cesados y reemplazados por un Consejo de Transición. Este último, tendrá la posibilidad de evaluar el trabajo de sus predecesores.

Pregunta 4 sobre Sobre protección a la niñez

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el anexo 4?

El contexto de esta pregunta viene acompañado de escandalosas cifras de abuso sexual en el país. Entre 2014 y 2017, se reportaron 13 671 denuncias por este delito. Según estadísticas del Plan Internacional por la Niñez en Ecuador, seis de cada 10 víctimas de abuso en el país son niños, niñas y adolescentes. Buena parte de estos casos se dieron en el sistema de educación. “Cuando tenemos 919 denuncias en los planteles educativos relacionadas con violencia sexual quiere decir que no estamos frente a un tema aislado. Tenemos que enfrentar como sociedad a una violencia estructural”, aseguró en un conversatorio con EL COMERCIO el ministro de educación Fander Falconí.

“El acceso a la justicia, incluso hoy, es muy difícil. Es por eso que una de las causas de que las víctimas no rompan el silencio es la impunidad; la lentitud en los procesos de la justicia”, aseguró en el mismo conversatorio Amparo Molina, vocera de los afectados por abusos en el colegio Aampetra. En Ecuador, son imprescriptibles (delitos que no vencen con el paso de los años) las infracciones de agresión a un Estado, el genocidio, los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y las acciones legales por daños ambientales.

Pregunta 5 sobre minería metálica en áreas protegidas

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?

Actualmente en la Constitución del Ecuador, se prohíbe la actividad extractiva en áreas protegidas y zonas intangibles. El elemento nuevo sería la prohibición de la minería metálica en centros urbanos.

En enero de 2017, un socavón descubierto en una escuela de Zaruma terminó con el colapso de la edificación. El presidente Lenín Moreno declaró el Estado de Emergencia en el cantón pocos meses después. Los estudios de la Secretaría de Riesgos declararon que las galerías de minería ilegal debajo de la ciudad estaban causando que algunas estructuras colapsen.

De igual manera, se plantea sustituir el artículo 54 del Código Orgánico de Ambiente que detalla dicha prohibición dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En el texto se incluirá: “Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles”.

Para William Sacher, académico y experto en temas de ambiente, este sería un cambio a nivel político y no jurídico, pues “en la Ley de Minería y sus reformas se está ya prohibiendo la minería en áreas protegidas, zonas intangibles y zonas urbanas”.

Pregunta 6 sobre la Ley de Plusvalía

¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo 1?

La definición de plusvalía, según el diccionario económico de la Universidad de Oxford, corresponde al “incremento en el valor de activos”. Para el caso inmobiliario, se entiende por plusvalía el aumento del valor de un bien por causas externas. Por ejemplo, por obras municipales, vías nuevas, sistemas de transporte público, infraestructuras cercanas, entre otros.

El Ejecutivo justifica esta pregunta por un decrecimiento del 1,7% en la industria de la construcción de viviendas durante el segundo trimestre de 2017, según datos del Banco Central del Ecuador. Por ello, con la pregunta 6 se plantea derogar la Ley Orgánica para Evitar la Especulación Sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, aprobada durante el gobierno de Rafael Correa. Según los ponentes de la consulta, dicha norma ha sido perjudicial para la reactivación económica del país.

Juan Proaño, del Colectivo Constructores Positivos, respalda el voto por el sí en esta pregunta. “Para tratar todos los aspectos de plusvalía, nosotros ya tenemos todos los mecanismos en las leyes existentes. El Cotad, la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Eficiencia en la Contratación Pública. En todas estas leyes ya hay mecanismos específicos para evitar la especulación y para captar plusvalías”.

Pabel Muñoz, asambleísta por Pichincha, aboga por el no en esta pregunta; sostiene que la Ley para Evitar la Especulación Sobre el Valor de las Tierras y la Fijación de tributos es positiva para evitar abusos. Desde su perspectiva, “la plusvalía puede ser captada con dos mecanismos: unos que no son impositivos, que tiene que ver con cómo los municipios organizan la construcción y el uso del suelo en las ciudades; y otros que sí son impositivos”.

Pregunta 7 sobre la extracción petrolera en el Yasuní

¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

La pregunta plantea reducir a 300 hectáreas, de las 1 030 inicialmente autorizadas por la Asamblea Nacional, el área donde se puede realizar explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. El Ministerio de Hidrocarburos ya ha trazado un mapa para expandir la zona de protección en caso de que gane el sí en esta pregunta. José Fuentes, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y experto en petróleos, explica que “ninguno de los límites planteados involucra a corto plazo la modificación de las áreas que en este momento están en explotación”.

Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, destaca la fragilidad del ecosistema y la importancia dentro de los sistemas de biodiversidad y asegura que la extracción de crudo en una zona como esta es algo de lo que no se tiene antecedentes en el país. “Cualquier proceso petrolero en un ecosistema de este tipo es mucho más complejo que lo que en su historia petrolera el Ecuador ha logrado manejar”.

El Comercio


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