Ecuador: la CIDH pide suspender la implementación de una de las preguntas de la consulta

Comunicado: CIDH remite solicitud de medidas provisionales a favor de miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el 6 de febrero de 2018 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una solicitud de medidas provisionales a favor de Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela Vera García, con la finalidad de que ordene al Estado que se abstenga de destituir a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador (CPCCS) y de crear un Consejo Transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivos de los derechos humanos.

El 28 de diciembre de 2017 la Comisión Interamericana recibió una solicitud para se presentara un requerimiento de medidas provisionales a la Corte IDH a favor de Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela Vera García, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador (CPCCS) nombrados para el periodo 2015-2020 que conforme a la normativa interna sólo pueden ser destituidos a través de enjuiciamiento político ante la Asamblea Nacional. La información presentada se basó en la propuesta de referéndum, que no contó con control constitucional previo y que incluyó una pregunta sobre la terminación anticipada de sus cargos y la creación de un Consejo de Participación Transitorio conformado por siete miembros nombrados por la Asamblea de entre ternas enviadas por el Presidente.

De la información disponible se desprende que el Consejo de Transición que se designe tendrá la facultad de realizar evaluaciones de desempeño y, de ser el caso, destituir y nombrar a diversos altos funcionarios dentro de los cuales se encuentran los titulares de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, al titular de la Fiscalía General del Estado, y las juezas y jueces del Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo de la Judicatura, entre otras autoridades.
La propuesta de referéndum fue aprobada por la población el 4 de febrero de 2018 y los resultados se encuentran en proceso de validación por el Tribunal Supremo Electoral.

La CIDH identificó que la situación planteada por los propuestos beneficiarios podría reunir los requisitos de extrema gravedad, urgencia, así como de daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención para el otorgamiento de medidas provisionales.

En cuanto al requisito de extrema gravedad, la Comisión subrayó que la Corte Interamericana podría valorar que el mecanismo de participación popular estaría siendo utilizado para evadir el procedimiento legal de destitución del actual Consejo de Participación Ciudadana. Asimismo, subrayó que se podrían considerar las amplísimas facultades que se le otorgan al Consejo de Transición, que incluyen entre otras, la posibilidad de nombrar a diversas autoridades de control, a las más altas autoridades en materia electoral, de persecución penal y a los miembros del Consejo de la Judicatura quienes a su vez tienen la potestad de examinar y destituir a todas las juezas y jueces del país. Si bien la facultad de destitución del Consejo de Transición sería reglamentada para garantizar el debido proceso, la Comisión indicó que ello abre la puerta a un espacio de incertidumbre respecto de los criterios objetivos que evaluaría el consejo. La Comisión también mencionó la ausencia de control constitucional previa de la propuesta de referéndum, como elemento que podría ser valorado por la Corte IDH.

Con respecto al requisito de urgencia, la CIDH indicó que se encontraría cumplido tomando en cuenta que ya se conocen los resultados favorables del referéndum respecto de la tercera pregunta, y que después de la validación de los mismos por parte de las autoridades respectivas, iniciará de inmediato su implementación.

Finalmente en cuanto al requisito de irreparabilidad, la Comisión estimó que de implementarse el resultado del referéndum en cuanto a la tercera pregunta relativa al Consejo de Participación Ciudadana, quedarían cesados los actuales miembros del Consejo, y se pondría en marcha un engranaje institucional cuya propia existencia y efectos concretos en el panorama de conformación de las autoridades más importantes del país sería difícil de revertir.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

OAS


Presidente de Ecuador defiende constitucionalidad de consulta popular

El mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, defendió este martes la constitucionalidad de la consulta popular y referendo realizados el pasado 4 de febrero, frente a las observaciones presentadas por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en torno a la necesidad de que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento y sobre la falta de equidad en la campaña electoral.

Moreno indicó que el proceso se enmarcó en la normativa legal y recordó que la Corte Constitucional tenía 20 días para considerar la constitucionalidad de las interrogantes de la consulta popular pero, al no pronunciarse en el plazo señalado, las preguntas fueron consideradas aprobadas por el ministerio de la Ley y, por tanto, el presidente estaba en la facultad de pedir directamente al CNE que convoque a la consulta popular.

“Inclusive una persona que tenía responsabilidad de hacer ese informe se fue de vacaciones, (…)  nosotros esperamos casi el doble de ese tiempo, con más que prudencia con más que tolerancia”, indicó.

Además, dijo que existió equidad en la propaganda de las organizaciones políticas, “no sé porque el informe habrá considerado que existió inequidad, tal vez porque 36 organizaciones estaban a favor y apenas 4 en contra”.

Frente a criterios que en la Asamblea Nacional que sostienen que las enmiendas deberán pasar por la Legislatura y que no darían sus votos para aprobarlas, el mandatario recordó que “la principal autoridad es el pueblo, en el que reside el poder primigenio (…) cuando el pueblo delega una parte del poder, lo que tendrán que hacer los asambleístas es allanarse a la voluntad popular”.

Integración del Consejo de Participación Transitorio

Con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el jefe de Estado dijo que no será integrada por ninguna persona cercana a él. “Procuraré que ningún amigo cercano esté en ese grupo”, manifestó

“Si alguna vez se eligió a dedo un Consejo de Participación Ciudadana no podemos hacer una consulta para volver a una circunstancia tan nefasta, más por los resultados que por la gente que se designó, a la cual inclusive le tengo estima, pero definitivamente no dio el resultado que se esperaba el pueblo ecuatoriano”, añadió.

Por lo tanto, convocó a organizaciones sociales y políticas a presentar candidatos, y reiteró que el Consejo será Transitorio, porque en febrero del próximo año se elegirá en las urnas a los nuevos miembros. “Es importante que no sean afiliados a ningún partido político hace por lo menos 5 años, y que tengan una trayectoria impecable”, sostuvo Moreno.

Ley de Plusvalía 

Sobre la derogatoria de la denominada Ley de Plusvalía, tema que también fue sometido a consulta popular, el jefe de Estado afirmó que su gobierno no permitirá la especulación sobre la tierra pero que propondrá un mecanismo más efectivo y más eficaz.

Moreno no precisó detalles de la nueva normativa legal que reemplazará a la derogada. “Lo estamos preparando todavía”, dijo.

Indicó que acompañará la reactivación del sector de la construcción con programas como casa para todos pero resaltó que con solo la inclusión de la pregunta en la consulta popular hizo que la confianza en el sector se recupere.

Andes


OEA observa aspectos de actual proceso electoral en Ecuador

La Misión de Expertos Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) alabó la rapidez con que el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó a la ciudadanía de los resultados de la consulta popular y referéndum del pasado domingo. Lo hizo a través de su informe preliminar, un documento de 13 páginas.

A las 20:00, el CNE divulgó los resultados del conteo rápido, con un avance del 88,9% y un margen de error de 0,7%; y antes de la medianoche, el 95,43% de las actas habían sido procesadas. “La Misión saluda la rapidez con la que se presentó esta información a la ciudadanía, lo cual abonó a la transparencia y la certeza del proceso electoral”, dice el documento.

Los expertos de la OEA, además, reconocieron el acierto del tercer biombo en todas las juntas receptoras del voto, lo que, según los observadores, permitió un “avance ordenado y fluido del proceso de votación”.

Otro acierto del CNE fue la extensión del plazo para la inscripción de organizaciones políticas y sociales para la campaña. La Misión, dice el informe, saludó el que se haya tomado este tipo de previsiones.

Pero el organismo internacional también hizo recomendaciones, tras observar algunos inconvenientes, uno de las cuales fue comparado con las elecciones presidenciales del 2017.

Se trata de la supuesta caída de la página web del CNE poco antes de las 18:00, lo que generó confusión. “La Misión observó nuevamente, como en las elecciones del 2017, problemas relacionados a la divulgación de los resultados electorales en la página web del CNE”, por lo que recomendó tomar medidas “para evitar situaciones similares en próximas ocasiones”.

Los observadores, detalla el informe, lamentaron la falta de exit poll o conteo a boca de urna, y miraron con preocupación que esto, al parecer, haya sido limitado por las sanciones legales que podían acarrear las encuestadoras y sus directivos que no cumplían con lo estipulado en el reglamento.

“Si bien en 2017 la OEA lamentó el uso político de las encuestas de boca de urna, la Misión ve con preocupación que la posibilidad de ser sujeto a sanciones judiciales haya limitado el libre ejercicio de su profesión”, sostuvo la Misión.

El informe de la OEA recogió cuestionamientos realizados por quienes apoyaron el No de la consulta. El expresidente Rafael Correa dijo que “la Misión de la OEA nos da la razón… No quedarán en la impunidad”, tuiteó, e insistió en su postura de que la consulta popular fue inconstitucional por no contar supuestamente con el pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Sobre este punto, los expertos recomendaron en su informe que la Corte emita un pronunciamiento “de fondo sobre la materia”.

Resultados

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto hoy anunciar los resultados oficiales y definitivos de la consulta popular y referéndum del pasado domingo. Hasta las 18:00 de ayer, la página web del organismo electoral reflejaba que había sido procesado el 99,73% del total de actas, a nivel nacional. Sin embargo, en Guayas, el proceso culminó al 100% a eso de las 03:30. Las autoridades electorales de esta provincia, en rueda de prensa, ayer, calificaron el hecho como histórico.

Lo que se sabe

CIDH pide medidas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió ayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con carácter de urgente, una solicitud de medidas provisionales a favor de Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera, para que ordene al Estado ecuatoriano que se abstenga de destituir a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de crear un Consejo Transitorio, pese a que fue resuelto por el pueblo, con más del 63%, en la consulta popular y referéndum del domingo.

Mesa de seguridad
En el Consejo Nacional Electoral de Santa Elena se realizó la tarde de ayer la mesa de seguridad de cierre y evaluación del proceso de consulta electoral y referéndum en esta provincia. Este organismo provincial informó de la reunión de trabajo a través de su cuenta de Twitter. Autoridades del organismo electoral y representantes de las Fuerzas Armadas, Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía, entre otras. (I)

Informe de Unasur
“El proceso electoral se desarrolló con normalidad, alta participación de la ciudadanía y con procedimientos que se ajustan a los estándares internacionales, incluidos los protocolos de transmisión de resultados”, esa fue la conclusión, según el CNE, de la Misión de Observación Electoral de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Roberto Conde, representante de Unasur, indicó que los observadores cumplieron su labor de forma “imparcial, independiente y técnica”, en 61 recintos de Azuay, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Orellana y Pichincha, y que no recibieron denuncias “en torno a la jornada o sus procedimientos”. (I)

Certificados falsos
Marlon Lanata, director provincial electoral del Guayas, denunció ayer que se estaban vendiendo certificados de votación falsificados en los exteriores de la institución, en el norte de Guayaquil. Un individuo fue detenido por el hecho, luego de que una ciudadana alertara sobre la situación. El sospechoso, cuya identidad no se reveló, fue puesto a órdenes de la Fiscalía. Lanata indicó que el CNE está entregando un certificado provisional que tiene una vigencia de 90 días y que es totalmente gratuito. Pidió a la ciudadanía que denuncie los hechos irregulares.

El Universo


Informe Preliminar de la Misión de Expertos Electorales de la OEA