Ecuador: una delegación oficial viaja a la CIDH para defender la legitimidad de la consulta

Las funciones del Estado se unen en defensa de la “legítima voluntad soberana del pueblo”

Las funciones del Estado suscribieron una declaración en defensa de la “legítima de la voluntad soberana del pueblo” ecuatoriano expresada en las urnas el pasado 4 de febrero, en referéndum y consulta popular, y exigieron el “respeto” a la decisión de la ciudadanía.

El documento señala lo siguiente: “Los representantes de la funciones del Estado reiteramos al país que el pronunciamiento emitido en las urnas el pasado 4 de febrero constituye una expresión clara y legítima de la voluntad soberana del pueblo, la misma que debe ser respetada, defendida y garantizada conforme al marco constitucional y legal vigente. Nos comprometemos a fortalecer la unidad y la institucionalidad democrática del país, en el marco de la autonomía e independencia de las funciones del Estado”

El documento fue suscrito en una reunión celebrada bajo la presidencia de Lenín Moreno, quien encabeza las firmas, junto a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villacís; el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano; la presidenta de la Corta Nacional de Justicia, María Paulina Aguirre; el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Christian Cruz Rodríguez; el contralor, Pablo Celi; el procurador, Rafael Parreño; el delegado del presidente del Consejo de la Judicatura, Néstor Arbito; y el fiscal general, Carlos Baca.

Esta declaración forma parte del conjunto de medidas decidida por Ecuador en defensa del Estado y la democracia. Entre ellas también se incluye el desplazamiento, este 8 de febrero, a la sede de la Corte IDH, en Costa Rica, de una delegación de alto nivel liderada por la canciller María Fernanda Espinosa. Junto a ella acuden la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; el secretario de la Política, Miguel Carvajal; el procurador general del Estado, Rafael Parreño; y el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.

Las autoridades, defenderán la soberanía nacional, la Constitución, el Estado de derecho y la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada libre y democráticamente en el referéndum y consulta popular de este 4 de febrero.

El Estado se defiende de ese modo frente a la “insólita” solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Corte IDH, para que se emitan medidas provisionales en relación al referéndum que recibió el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano.

A juicio de Ecuador, la CIDH actúa en este caso “sin apego a los procedimientos y al rigor jurídico” exigibles, además de atentar contra el derecho internacional y la democracia en Ecuador.

Entre las medidas de defensa del Estado y la democracia, además de la audiencia ante la Corte IDH, el presidente Lenín Moreno dialogó con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien manifestó su felicitación al jefe del Estado “por el triunfo electoral” en el referéndum y consulta popular, así como por “el compromiso democrático mostrado por el pueblo e instituciones de Ecuador”.

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana llamó a consultas a su representante permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Al respecto, el Estado ecuatoriano alertó a los países hermanos del peligro para la democracia y la soberanía que supone una interferencia como la protagonizada por la CIDH, que puede suponer un “precedente nefasto” para el continente.

El presidente Lenín Moreno llamó así mismo a la Asamblea Nacional; a las autoridades nacionales, regionales y locales; Gobiernos autónomos descentralizados y todas las funciones del Estado a expresar su “férrea voluntad ” de defender la democracia y el estado de derecho en el país.

Del mismo modo, apeló a la “unidad del pueblo” para “rechazar esta intromisión en nuestro sistema democrático y en el derecho soberano de decidir nuestro presente y el futuro de nuestros hijos e hijas”.

Juristas, constitucionalistas, organizaciones sociales y sindicales, instituciones educativas, y representantes de nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios, estudiantes, ecologistas, trabajadores y profesionales ya se pronunciaron en defensa del derecho del pueblo ecuatoriano a ser consultado y en apoyo a los resultados del referéndum y consulta popular del 4 de febrero.

Cancillería


La consulta popular une a las funciones del Estado

El presidente de la República Lenín Moreno y el secretario general de la OEA Luis Almagro mantuvieron ayer una conversación telefónica. La Cancillería convocó a su representante ante el organismo americano, José Valencia. Estas fueron las consecuencias por el pedido que hiciera la CIDH para que se ordene a Ecuador que no se apliquen los efectos de la pregunta 3. Esa interrogante cesa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El pedido que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se desconozcan los resultados de la pregunta 3 de la consulta popular movilizó al Estado.

En la mañana el presidente Lenín Moreno se reunió en Carondelet con sus principales colaboradores. Luego publicó un mensaje en Twitter: “He convocado a todas las funciones del Estado para expresar en unidad de país, ante los organismos internacionales, nuestra legítima posición en defensa de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas y la vigencia de las normas del derecho internacional”.

Por la tarde el Primer Mandatario se reunió con las cabezas de las distintas funciones del Estado, entre ellas la vicepresidenta María Alejandra Vicuña; la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; la canciller María Fernanda Espinosa y otras autoridades como el secretario general de la Presidencia, Andrés Mideros; el secretario de la Política, Miguel Carvajal, y Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia.

Pero, ¿qué pide la CIDH? Los comisionados consideran que la pregunta 3 sobre el cese de funciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la conformación de un organismo transitorio lesionan los derechos de los vocales Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera García.

Por ello los comisionados piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordene de manera urgente al Estado ecuatoriano cesar la aplicación de esa interrogante.

En un comunicado la CIDH asegura que la pregunta 3 viola la independencia funcional. La Cancillería contestó en otro documento en el que “rechaza el accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales de la Comisión”.

Horas después el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a consultas al embajador de Ecuador en la Organización de Estados Americanos (OEA), José Valencia. Tanto la CIDH como la CorteIDH forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), del que es parte la OEA.

Moreno también contó en Twitter que conversó vía telefónica con Luis Almagro, secretario ejecutivo de la OEA. “Le he manifestado con claridad que así como somos respetuosos de los organismos internacionales, haremos respetar el mandato popular libremente expresado en las urnas, en un proceso democrático y fielmente apegado a nuestra Constitución”.

En la tarde Almagro se refirió al tema en la misma red social: “Hemos felicitado al presidente Lenín Moreno por el triunfo electoral y por el compromiso democrático demostrado por el pueblo e instituciones de Ecuador. Los instrumentos interamericanos están al servicio justamente de la democracia y los pueblos”.

Jarrín, Pauker y Vera solicitaron a la Comisión, el pasado 28 de diciembre, que se detuviera la pregunta 3.

La CIDH, que es un órgano autónomo de la OEA, determinó que esa situación podría reunir los requisitos de extrema gravedad, urgencia, así como de daño irreparable previstos en el artículo 63, inciso 2 de la Convención.

Allí se establece que en casos de extrema gravedad y urgencia, la Corte podrá tomar medidas provisionales que considere pertinentes.

Las decisiones de la Corte son vinculantes para el país, ya que es uno de los firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esa Corte, que fue calificada como “prestigiosa” por la administración de Rafael Correa, trabaja el expresidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño. Él es uno de los seis jueces de esa instancia.

Gobierno responde

La Cancillería aclaró que hasta el momento no existe ninguna medida adoptada por la CorteIDH sino “únicamente una solicitud” por parte de la CIDH, la cual se encuentra en análisis.

La CorteIDH inició el 29 de enero su período ordinario de sesiones en San José, Costa Rica. El evento terminará mañana. Aunque no está en la agenda, se desconoce si en estos días se tratará el caso ecuatoriano.

Actuación inusual de procedimiento

El director de Fundamedios, César Ricaurte, cuestiona el accionar de la CIDH y de la CorteIDH, primero por su rápida respuesta y segundo por su accionar político. Además denuncia un desconocimiento de las verdaderas causas. “El pensar que una consulta popular conlleva a violaciones de derecho de funcionarios que pueden ser cesados por no cumplir es realmente un despropósito total”, señaló Ricaurte quien ha acudido en varias ocasiones a la CIDH para denunciar presuntas violaciones contra la libertad de expresión en el gobierno anterior.

En el gobierno de Rafael Correa se cuestionó el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), especialmente luego de que este organismo emitiera medidas cautelares a favor de los dueños de diario El Universo, quienes fueron demandados por el expresidente.

La CIDH también hizo lo propio con Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio. Pero el Gobierno consideró que la Comisión no tenía esa facultad. Incluso acusó a la entidad de estar sesgada a favor de organizaciones no gubernamentales alineadas a la derecha internacional.

La Cancillería inició una campaña internacional para reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en las asambleas extraordinarias de cancilleres de la OEA, sin embargo la iniciativa nunca prosperó por falta de apoyo.

Juristas se suman para defender al Estado

Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitiera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la solicitud de medidas provisionales a favor de tres integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), juristas ecuatorianos se ofrecieron a defender al país en este tribunal.

La CIDH solicitó a la Corte que ordene al Estado abstenerse de destituir a los actuales miembros del CPCCS y de crear un consejo transitorio. Aquello fue aprobado en la consulta popular del pasado 4 de febrero.

Los juristas que han ofrecido sus servicios a favor del Estado cuestionan la decisión de la CIDH. Ellos quieren defender la voluntad de la mayoría de los ecuatorianos expresada en las urnas el domingo pasado.

Daniela Salazar, abogada y profesora de la Universidad San Francisco de Quito, es una de ellas. “Cuenten conmigo. No se trata de defender al gobierno sino de defender la soberanía popular y defender el uso adecuado de un mecanismo diseñado para salvar vidas, no puestos”.

La exrelatora para la libertad de expresión en la CIDH, Catalina Botero, también se apuntó.

La colombiana se expresó sorprendida por la medida que tomó la Comisión. “En la CorteIDH pueden tener tres votos de jueces más afectos a su ideología que al derecho interamericano”, adelantó.

El Colegio de Abogados también ofreció su voluntariado a través de su titular, Ramiro García. “Nuestro Ecuador está bien representando”, escribió el organismo en su cuenta de Twitter. Aunque el pedido de la CIDH aún tiene que ser aceptado por la Corte, el presidente del Colegio de Abogados recordó que el tribunal sesiona esta semana en Costa Rica, por lo que podría otorgar la medida cautelar de manera inmediata.

Sin embargo, reconoció que la CIDH puede emitir por sí sola medidas cautelares con carácter vinculante, pero dijo que esta entidad se está “lavando las manos” con la acción solicitada a la CorteIDH. Opinó que la situación que afronta el Gobierno Nacional significa que el presidente Lenín Moreno no tiene servicio diplomático.

Farith Simon reconoció que siempre ha defendido el rol de la CIDH, pero que en esta acción se equivocó. Agregó que el papel que ha jugado al defender al actual CPCCS es “impresentable”.

Ramiro Ávila, docente de la Universidad Andina, lamentó la actitud de la Comisión.

Al respecto expuso un ejemplo: dijo que el país lleva cuatro años de espera del informe de fondo, después de la audiencia para que se haga justicia en “masacres contra pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani”.

El jurista Juan Pablo Albán también ofreció su ayuda.

El llamado al embajador es una expresión de malestar

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, llamó a consultas al representante permanente del país ante la Organización de Estados Americanos, el diplomático José Valencia, quien regresó inmediatamente a Quito.

En un comunicado, la Cancillería explicó que la convocatoria de carácter urgente del embajador se da ante el “accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales” del organismo internacional.

El boletín recuerda que el pasado 4 de febrero el Sí a la pregunta 3 (la misma que ha sido objetada por la CIDH) obtuvo el 63,15 % de votos favorables.

Esa interrogante planteaba la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la creación de un consejo transitorio.

El analista Fidel Márquez explica que la convocatoria del embajador significa un llamado de atención al país o sede en la que se encuentre el diplomático; “para querer enfriar las relaciones, tomar distancia y decir vamos analizar qué está pasando, tomar distancia; es una manera de protestar contra otro país sin decirlo. Estamos rompiendo relaciones”.

Dicha medida, aclaró el analista, no implica la salida rotunda del funcionario designado en determinado país, pues “se estila esperar un tiempo para tomar la decisión de ratificarlo o cambiar de representante en el exterior”.

Pero, ¿quién es el embajador que regresa?

José Valencia Amores fue designado como representante de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el 21 de diciembre de 2017, con el Decreto Ejecutivo 246.

Valencia presentó el 11 de enero pasado las cartas credenciales ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Él reemplazó a Marco Albuja, quien estuvo desde septiembre de 2013 hasta diciembre de 2017.

El actual embajador de Ecuador en la OEA cumplirá recién un mes en el cargo el próximo 11 de febrero.

Valencia es doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica de Quito (PUCE). Su carrera diplomática empezó en 1982 como funcionario en las direcciones de Promoción Económica, Soberanía Nacional y Protocolo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El funcionario ha realizado estudios de cuarto nivel en Harvard y Columbia. También se ha desempeñado como embajador de Ecuador en Sudáfrica y coordinador para la Presidencia y Secretaría pro tempore de la Comunidad Andina. Fue viceministro de Relaciones Exteriores y director general de Política Multilateral de la Cancillería.

Fue delegado del Ecuador ante la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra (Suiza); además desempeñó otras actividades de representación diplomática.

El Telégrafo


Hoy, resultados de la consulta popular, y la Asamblea suspende trámites

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializará los resultados definitivos del referéndum y consulta popular del pasado domingo.

Mientras, la Asamblea Nacional, tras conocer la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a favor de tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC), suspendió sin explicaciones las reuniones.

El Consejo de Administración (CAL) estaba convocado para autorizar la conformación de una comisión ocasional; y el pleno, el jueves la integraría, pero también se suspendió.

La comisión ocasional se encargaría de tramitar la derogatoria de la Ley de Plusvalía y la designación de los consejeros del ente de Participación, vía voto popular en los comicios del 2019.

La mayoría de legisladores de Alianza PAIS, PSC, CREO, SUMA y BIN rechazaron la postura de la CIDH y plantearon la necesidad de que la Asamblea se pronuncie en respaldo a la decisión de los ciudadanos en las urnas.

Solo el bloque que se autodenomina de la Revolución Ciudadana (antes de AP), a través de Esteban Melo, señaló que la CIDH les da la razón y se debe “suspender cualquier aplicación de la consulta popular”.

En la Comisión de Soberanía y Asuntos Internacionales se registró un enfrentamiento entre legisladores del correato y la oposición, tras el planteamiento de Ana Belén Marín (AP) de cambiar el orden del día para aprobar una resolución de rechazo a la postura de la CIDH. Eso motivó a que la sesión sea clausurada por la presidenta, Doris Soliz (afín a Correa), en medio del reclamo y apelación de su presidencia. Este sector reunió siete firmas para pedir la renuncia al cargo a Soliz y la vicepresidenta Esther Cuesta (también de RC).

El CNE no realizará ningún pronunciamiento sobre la solicitud de la CIDH ante la CorteIDH. Según la presidenta del ente electoral, Nubia Villacís, es el Estado ecuatoriano el que se pronuncie sobre el tema, porque a ellos no les “compete hablar de temas que son netamente de gobierno”.

Aunque Villacís anunció el domingo que el miércoles se instalaría la audiencia pública para los resultados oficiales, ayer en un comunicado se aclaró que el evento se realizará hoy a partir de las 09:30.

Resultados Electorales

Escrutinios
Hasta ayer, según el portal de resultados, el escrutinio de las siete preguntas bordeó el 99,8% y había alcanzado el 100% en 23 de las 24 provincias. Hoy en la sesión del pleno se proclamarán los resultados oficiales.

El Universo