Sindicatos rechazan el plan de reformas laborales anunciado por el gobernador Rosselló

Sindicatos llaman a “ir más allá del repudio”

Tras el gobernador Ricardo Rosselló anunciar ayer una reducción adicional de beneficios marginales a los empleados del sector privado, llovieron las reacciones por parte de las uniones de trabajadores que advirtieron que su efecto será empobrecer a la población, mientras complacen los intereses de las grandes empresas.

Rosselló anunció la reducción de las licencias de vacaciones y enfermedad a siete días, así como la eliminación del requisito de bono de Navidad y de la indemnización por despido injustificado, en una mesa redonda junto a los representantes del sector privado.

Los unionados resaltaron la incongruencia de que este anuncio televisado se haya hecho el mismo día en que el pueblo se enteró del salario de $450,000 para el nuevo director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), lo cual es 22.5 veces más que el salario promedio del trabajador.

“Estoy seguro que todos los sindicatos del País repudian esta medida del gobierno, pero en esta ocasión hay que ir más allá del repudio. Los sectores del sector privado están desprovistos de una voz”, recalcó el presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), Roberto Pagán.

Explicó que menos del 2% de los trabajadores en el sector privado están sindicados; y que están estudiando nuevos modelos de organización para “reunir a estos trabajadores que están sufriendo estos ataques”.

El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Pedro Irene Maymí, dijo que lamentablemente este “es el comienzo de una embestida en contra del País y a favor del empobrecimiento del País”, pues la Junta Federal de Control Fiscal exigirá también la reducción de pensiones, mientras Casa Blanca busca eliminar los subsidios de la tarifa eléctrica, lo que incluye a las personas mayores o con condiciones de salud.

“Este es el menosprecio de una nación que nos ha mantenido en más de 100 años de coloniaje”, agregó Irene Maymí. Consideró, a su vez, que “Ricardo Rosselló se arrodilló ante la junta federal y lo que dijo que no iba a hacer, es lo que está haciendo”.

Mientras que el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán López, mencionó que “después de la devastación del huracán María, ahora los trabajadores del País sufriremos la catástrofe del huracán de reformas laborales de Rosselló y eso nos dejará en un desgarrador empobrecimiento con visos de crisis humanitaria para la clase trabajadora”.

Por su parte, la presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU) de Puerto Rico, Annette González, señaló que este gobierno debe retractarse de esta postura “antitrabajadores” y solicitó “un cese y desista de imponer todo el peso de la crisis en los hombros de los hombres y mujeres que laboran en este país”.

“Les vamos a servir en condiciones deplorables a los ricos que están comprando el País”, ironizó por su parte, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).

Señalan violación a resolución de la ONU

Entretanto, el presidente de la Liga de Cooperativas, William Ortiz Negrón, dijo que estas medidas neoliberales van en contra de la resolución 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas (ONU) que aboga el empleo decente con buenos beneficios marginales y trabajos justos.

“No podemos estar de acuerdo que los trabajadores que son quienes producen las riquezas se les reduzcan los beneficios que tienen. Los trabajadores ya han hecho suficientes sacrificios”, dijo Ortiz Negrón.

Consideró que la disposición tendrá un efecto negativo en la economía porque en la medida en que los trabajadores tengan menos recursos económicos también se limita la capacidad de crédito y la capacidad de repago en sus préstamos, lo que puede causar morosidad.

El Vocero


Sacudida al área laboral

El gobernador Ricardo Rosselló anunció este martes una serie de medidas destinadas a insertar más personas en la fuerza laboral y aumentar la competitividad de Puerto Rico, y que incluyen una reforma laboral y una reforma tributaria, entre otras disposiciones.

Entre las medidas, Rosselló anunció la eliminación en tres años del bono de Navidad, así como la reducción de días de vacaciones y días por enfermedad.

Según Rosselló, “se van a normalizar, por petición del Gobierno, los días de vacaciones y de enfermedad a 7 días cada uno, permitiéndole al sector privado a que, como hacen otras jurisdicciones, pueda negociar y pueda trabajar con el talento que está atrayendo una cantidad diferente”.

Respecto al bono de Navidad, expresó que “se pasará la potestad al sector privado, para decidir” si lo paga.

En cambio, acotó que el “Gobierno se va a comprometer a dar un bono por trabajo”.

Ese incentivo, para que el que se destinarán $200 millones, supone un ingreso extra para toda persona que trabaje, de entre $300 a $2,000, según sus circunstancias, tales como si tiene hijos o está casada.

Asimismo, el Gobernador anunció un periodo de tres años para “una transición para eliminar de los obstáculos de la Ley 80 (de despido injustificado)” en aras de tener más competitividad.

Por otro lado, en lo que describió como “justicia a nuestros más vulnerables”, Rosselló declaró un aumento escalonado en el salario mínimo actual de $7.25 por hora. El mismo subiría a $7.75 en el 2019, a $8.00 en 2020, y a $8.25 en el 2021.

Como parte de la “iniciativa para reformar la fuerza laboral en Puerto Rico”, el primer ejecutivo incluyó la necesidad de “una reforma laboral del sector privado”, lograr el código de incentivos, una “reforma contributiva para atemperarnos a la realidad reciente posterior a que se pasara la reforma a nivel federal”, una reforma en beneficiencia, y “un complejo hacia el trabajo donde podamos tener una serie de iniciativas para entrenar a esa fuerza laboral”.

Rosselló explicó que las medidas buscan atender “una de las situaciones crónicas” de la Isla, la baja participación laboral, que históricamente ronda el 40%.

“Es imperativo en este momento en nuestra historia que podamos atajar ese problema, para poder provocar que los ciudadanos se puedan quedar aquí en Puerto Rico, que no sigamos viendo el éxodo masivo de búsqueda de oportunidades en otras jurisdicciones”, afirmó.

El mandatario fijó la ambiciosa meta de alcanzar “por lo menos un 60% de participación laboral”; actualmente, está en un 40%.

En el ámbito contributivo, habló de “un nuevo modelo” en el que se reducirían las tasas contributivas a individuos y corporaciones.

Con esta revisión de las tasas de individuos, que se implementará en el 2019-2020, no se pagará tasa contributiva a los primeros $12,500 de ingreso. De esa cantidad a los $21,000, se pagará 1% en lugar del 7%, y la tasa máxima se reduce de 33% a 31%.

En las contribuciones corporativas, se reduce su contribución base de 20% a 19%, y la contribución máxima de 39% a 31%.

Además, se eliminará el impuesto B2B (business to business) en el 2020, luego de una reducción de 4% a 3% en 2019.

Asimismo, se disminuiría el IVU (impuesto sobre ventas y uso) para los alimentos preparados del 11.5% a 7%.

Este nuevo modelo contributivo se financiaría con unos esperados ahorros que se obtendrían con el Nuevo Código de Incentivos para Puerto Rico, con el que se revisarían los sobre $600 millones que se otorgan como incentivos.

“Queremos evaluar todo ese proceso (de incentivos) de una manera objetiva donde se vea el retorno en la inversión. Y lo que sea positivo para Puerto Rico, se puede incentivar, y lo que no… le vamos a pasar ese ahorro al bolsillo del puertorriqueño”, argumento.

Como se había anunciado, a los beneficiarios del PAN (Programa de Ayuda Nutricional) se les fijará una condición de trabajo para recibir la ayuda, en busca de que “las personas hábiles puedan comenzar esa transición hacia el empleo”.

El requisito será de 80 horas de trabajo al mes, que puede ser trabajo, trabajo de voluntariado que se pueda certificar, o entrenamiento para obtener trabajo. En el primer año de no cumplir el requisito, no habría cambios; en el segundo año, de los 12 meses solo se otorgarían nueve, y “posterior a eso seguirá bajando ese porcentaje de otorgación”.

Luego del anuncio, el Gobernador no contestó preguntas, se levantó de la mesa y se fue sin aclarar las dudas.

Primera Hora


Rosselló presenta planes de reorganización para Justicia y Agricultura

El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón L. Rosario Cortés, anunció la presentación por parte del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de dos planes de reorganización al amparo de la Ley del Nuevo Gobierno aprobada a finales del año pasado.

Según se anunció, en esta ocasión el Departamento de Justicia (DJ) y el Departamento de Agricultura (DA) serán reorganizados.

“Continuamos ejecutando el plan del gobernador de reducir el número de 118 agencias a cerca de 35. Ya se han presentado siete planes de reorganización, de los cuales ya dos han sido aprobados por la Asamblea Legislativa y tres han sido aprobados en alguno de los cuerpos y se espera sean aprobados por ambos cuerpos próximamente”, expresó el secretario.

Según las proyecciones del gobierno, estas dos reorganizaciones estarían ahorrando sobre $48 millones en el primer año ($8 millones del DJ y $40 millones del DA) y sobre $318 millones en los próximos cinco años ($78 millones del DJ y $240 millones del DA).

Rosario Cortés explicó los planes de reorganización propuestos a la Asamblea Legislativa:

Departamento de Justicia: se le incorpora el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) como el Negociado de Corrección y Rehabilitación bajo la dirección de un comisionado, nombrado por el gobernador y confirmado por el Senado, que tendrá las facultades, deberes y obligaciones que actualmente tiene el secretario de Corrección.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento con los más altos estándares de servicio y con el objetivo de asegurar el cumplimiento con las estipulaciones en el caso Morales Feliciano, este negociado sería responsable de administrar un presupuesto individual asignado específicamente para sus operaciones, el cual no puede ser utilizado para otros propósitos dentro del DJ.

A su vez, el Programa de Salud Correccional estará adscrito al nuevo Negociado de Corrección y Rehabilitación. Dicho programa se mantendrá operando como hasta el momento, siguiendo el objetivo de mantener calidad de servicios a la población penal y población juvenil bajo la custodia del gobierno y las estipulaciones del caso Morales Feliciano.

Por su parte, la Junta de Libertad Bajo Palabra estará adscrita al DJ manteniendo su independencia de juicio en sus funciones y su estructura operacional. Estando la junta adscrita al DJ y al mismo nivel organizacional que el nuevo Negociado de Corrección, se logra un balance discrecional y un poder decisional que garantiza el cumplimiento de su misión.

Los empleados del Departamento de Corrección que actualmente tienen derecho a organizarse en sindicatos y a negociar colectivamente de conformidad con la Ley Número 45 del 25 de febrero de 1998, continuarán teniendo dichos derechos bajo el nuevo negociado.

El titular de Asuntos Públicos explicó que con relación a la reorganización del DJ la misma “se asemeja a la estructura organizacional del gobierno federal, en la que bajo el Departamento de Justicia Federal se cobija el Bureau of Prisons y US Parole Commission, agencias con funciones análogas a nuestro Departamento de Justicia de Puerto Rico, Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Junta de Libertad Bajo Palabra”.

De otro lado, el Departamento de Agricultura: se consolida como programas del Departamento de Agricultura a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias y la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico.

Además, se crea la Oficina de Cafés de Puerto Rico con la integración de las funciones de fijación de precios de café que realizaba el DACO. También delega la fijación del precio de la azúcar en Agricultura, en vez del DACO.

Con esta reorganización, buscan centralizar en el Departamento de Agricultura la actividad agrícola en Puerto Rico, proveyendo a su vez las herramientas que permitan ofrecer un servicio más efectivo y eficiente.

Conforme a la Ley de Nuevo Gobierno, estos planes de reorganización pasan al pleno de cada cuerpo legislativo, que aprobará o desaprobará los mismos en un término de 30 días con la posibilidad de una extensión de 15 días. De no avalarse o rechazarse expresamente algún plan transcurridos esos 45 días, se entenderá aprobado.

“Todos los planes de reorganización presentados garantizan los empleos y los derechos adquiridos de los empleados públicos y salvaguardan los fondos federales. Con esta reorganización sin precedentes del gobierno, procuramos tener un aparato gubernamental más eficiente y menos costoso para redirigir los escasos recursos del fisco a incentivar la economía con medidas como el nuevo modelo contributivo que reducirá las contribuciones a todos los sectores”, concluyó el portavoz de La Fortaleza.

Al presente, se han presentado siete planes de reorganización de los cuales dos se aprobaron en ambos cuerpos (Departamento de Trabajo y Recursos Humanos y el Bosque Modelo) y cinco planes se encuentran bajo evaluación de la Asamblea Legislativa (Junta Reglamentadora del Servicio Público, Consejo de Educación, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Instituto de Cultura y el Departamento de Recursos Naturales).

En lo que va de la tercera sesión ordinaria, se han presentado nueve planes de reorganización, sin contar el Departamento de Seguridad Pública y la consolidación de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales en la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que ya fueron aprobados el año pasado.

El Vocero


Oposición en Puerto Rico considera una traición medidas laborales anunciadas

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico, Héctor Ferrer, consideró este miércoles una “traición” las medidas para incentivar la economía anunciadas por el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.

“Este pueblo tiene que levantarse e indignarse ante esta traición del gobernador”, dijo en conferencia de prensa sobre los cambios a algunas leyes laborales anunciadas por el mandatario.

Entre las medidas para activar la economía en Puerto Rico se encuentran aumentar el salario mínimo a algunos empleados, dar un bono de trabajo, eliminar incentivos a industrias que no tienen resultados positivos para la economía, bajar algún impuesto y la creación de empleo.

Además prevén la eliminación en tres años de las “restricciones” al ley 80 de despido injustificado, en el mismo período se dejará de requerir por ley a los patronos privados el pago del Bono de Navidad y en el sector privado se establecerán siete días de licencia por vacaciones y siete días de licencia por enfermedad.

A su vez, Ferrer consideró que se trata del “desmantelamiento de logros por décadas de la clase trabajadora” y “un puñal” para la economía de Puerto Rico.

También dijo que con las decisiones anunciadas ayer se “destruye nuestra clase trabajadora y asalariada” y con las mismas se va a provocar “un movimiento de emigración de puertorriqueños” a Estados Unidos.

“Hay que indignarse ante la situación y las expresiones del gobernador en el día de hoy”, concluyó Ferrer.

El Economista América


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