Nicaragua: tras 29 días de protestas, inicia el Diálogo Nacional entre el gobierno y sectores de la oposición

Diálogo inicia en medio de protestas

Al cumplir 29 días la crisis en Nicaragua, será iniciado hoy miércoles un diálogo nacional entre el Gobierno, los estudiantes, la sociedad civil, representantes de los campesinos y el sector privado, en medio de condiciones caóticas: enfrentamientos, saqueos, tranques en varios departamentos y escasez de alimentos y gasolina.

Un muerto más fue reportado la noche del martes en Matagalpa, que se suma a los más de 50 fallecidos y centenas de heridos durante las protestas iniciadas el 18 de abril.

Los obispos de la Conferencia Episcopal, al convocar el lunes al diálogo, reconocieron que las circunstancias para iniciarlo no eran las “idóneas”, pero muchos sectores continúan considerando que es la mejor opción para resolver la crisis en Nicaragua.

Los obispos habían condicionado la convocatoria de la mesa de diálogo nacional al cumplimiento de una serie de “premisas ineludibles” por el Gobierno: anuencia para el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la supresión de los cuerpos paramilitares, el cese inmediato de la represión y el ofrecimiento por el Gobierno de “signos creíbles de su voluntad de diálogo y paz”.

Aunque el Gobierno anunció que acogía las cuatro premisas e invitó a la CIDH a que visitara el país “en el menor tiempo posible”, a juicio de casi todos los convocados al diálogo, este no ha dado signos creíbles que demuestren su disposición de dialogar, principalmente porque las acciones de grupos afines al Gobierno y de agentes del orden público han continuado, enfrentándose con los manifestantes. En los últimos días han ocurrido enfrentamientos violentos en Matagalpa, Masaya y Chontales.

No obstante, la anuencia del Gobierno a que entre la CIDH al país fue clave en la decisión de los obispos de ponerle una fecha inmediata al diálogo.

La única salida

Los representantes estudiantiles, de la sociedad civil y del sector privado invitados a participar en el diálogo nacional, consideran que dialogar es la única ruta para lograr la democratización del país. “Vamos a tomar el riesgo”, aseguraron.

Ernesto Medina, rector de la Universidad Americana (UAM), es uno de los que sigue apostando por el diálogo “honesto y sincero” como “la única salida posible, sin más derramamiento de sangre”, para dar respuesta a “la sociedad nicaragüense que exige se respeten sus derechos y que se inicie un proceso que llegue a construir una Nicaragua democrática, con paz y justicia para todos y todas”.

Medina, quien en un primer momento había sido invitado a participar del diálogo por los obispos, finalmente confirmó ayer que no será uno de los participantes.

Según el académico, el Gobierno manifestó a los obispos que si se le incluía como parte de los dialogantes, el diálogo no se realizaría. “Los representantes del gobierno reiteradamente manifestaron que el caso estaba ya decidido y cerrado y que no era negociable”, expresó Medina en una carta publicada en sus redes sociales.

Francisca Ramírez, integrante del Movimiento campesino, tampoco participará en el diálogo y ayer dijo que su movimiento se mantendrá en las calles hasta que se haga justicia y se castigue a los responsables de las muertes y heridos durante protestas contra el Gobierno.

Dialogantes

Aunque la Conferencia Episcopal de Nicaragua no ha dado a conocer de forma oficial la lista de personas que participarán en el diálogo nacional, los representantes de la sociedad civil, empresa privada, sector académico, estudiantil y de sindicatos, se han conocido algunos nombres porque fueron llamados por los obispos para discutir los puntos de agenda desde hace semanas.

En la mesa de diálogo también estará el presidente de la República, Daniel Ortega, según anunció ayer la vicepresidenta Rosario Murillo, aunque esta no especificó si Ortega estará solamente en la apertura del diálogo o si participará en todos los encuentros.

Los mediadores del diálogo serán cinco: el cardenal Leopoldo Brenes (arzobispo de la Arquidiócesis de Managua; monseñor Silvio Báez; obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua; monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa; monseñor Jorge Solórzano, obispo de Granada; y monseñor Bosco Vivas, obispo de la Diócesis de León.

Los representantes de las organizaciones civiles serán Azahalea Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres; Carlos Tünnermann, jurista y exdiplomático; y Luis Sánchez Sancho, exdiputado y miembro de la sociedad civil.

Por la empresa privada irán José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); María Nelly Rivas, presidenta de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua (AmCham); Juan Sebastián Chamorro, presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides); Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic); y Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic).

Como representantes de los trabajadores estarán Sandra Ramos, directora del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra; Luis Barbosa y Roberto González, ambos dirigentes de la Central Sandinista de Trabajadores (CST); y José Antonio Zepeda, presidente de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden).

Por el sector académico solo han sido confirmados el padre jesuita José Idiáquez, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) y Telémaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y rector de la Universidad Nacional Agraria (UNA).

Según Ernesto Medina, en la propuesta del Gobierno hecha a los obispos, su lugar sería ocupado por la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), Ramona Rodríguez, pero la participación de esta no ha sido confirmada.

Los estudiantes universitarios no han revelado quiénes los representarán por motivos de seguridad, pero aseguraron que ya tienen los nombres definidos. Extraoficialmente, también se conoció que serán cinco puestos destinados para los estudiantes.

Agenda

Los obispos anunciaron que el tema central del diálogo multisectoral será la institucionalidad del país, con el objetivo de ir allanando el camino hacia su democratización.

El sector privado y los estudiantes también esperan que uno de los temas de agenda sea la implementación de justicia para los responsables de las muertes ocurridas en el contexto de las protestas iniciadas en el mes de abril, causadas en su mayoría, según protestantes y organismos de derechos humanos, por agentes policiales y grupos armados afines al Gobierno.

UE apoya diálogo y respeto a libertades en Nicaragua

Pronunciamiento • La Unión Europea (UE) expresó su apoyo al “diálogo inclusivo” que inicia este miércoles en Nicaragua, como una salida a la crisis del país, sacudido por protestas antigubernamentales desde el 18 de abril pasado y brotes de violencia que han cobrado la vida de más de 50 personas, según registros de organizaciones de derechos humanos.

“El establecimiento de un diálogo nacional, cuyo inicio está previsto para el miércoles 16 de mayo, es una señal muy positiva para Nicaragua”, expresó el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a través de un comunicado emitido este martes en Bruselas, recordando que el diálogo es promovido por la Iglesia Católica y contará con la participación de representantes de distintos sectores.

La UE aseguró que la invitación del Gobierno de Nicaragua a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que visite el país es un “paso necesario” para verificar y defender la situación de derechos humanos en Nicaragua, y espera que la visita se realice “lo antes posible”.

La comunidad europea informó estar al tanto de que “la violencia persiste en diferentes partes del país”, donde siguen ocurriendo enfrentamientos cada día, causando más muertes y heridos.

La Unión Europa exhortó a la Policía a “evitar el uso excesivo de la fuerza” y “controlar a los grupos armados”, con el fin de que el diálogo pueda desarrollarse pacíficamente y garantizar la seguridad de los participantes.

“La libertad de expresión y la libertad de manifestación pacífica deben ser respetadas, mientras todas las partes se comportan de forma comedida”, considera la UE.

Desde el inicio de las protestas en abril, la UE condenó la violencia desatada en las manifestaciones y se mostró dispuesta a apoyar “un diálogo amplio e inclusivo entre todos los actores sociales y el Gobierno, y a fortalecer el estado de derecho en Nicaragua”.

El Nuevo Diario


Daniel Ortega estará presente en diálogo nacional de Nicaragua

El gobierno de Nicaragua confirmó ayer la asistencia del presidente Daniel Ortega en la instalación del diálogo nacional que iniciara este miércoles, en Managua, a la 10 am.

“Mañana (hoy) desde las 10 de la mañana estará instalado el diálogo nacional por los señores obispos. Estará allí nuestro presidente, nuestros representantes, según la metodología y la organización que dispongan los obispos de Nicaragua como mediadores y testigos de este evento histórico”, dijo este martes la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.

En la víspera del inicio del diálogo nacional en Nicaragua, se registran enfrentamientos en Masaya, Matagalpa y Juigalpa, así como tranques en otros puntos del país.

Las protestas en Nicaragua, que comenzaron el 18 de abril, han dejado más de 50 muertos.

Hasta ayer, el gobierno no había confirmado quiénes serían sus representantes, pero por la tarde se ha dado a conocer que en la instalación del diálogo nacional en Nicaragua participarán Ortega y Murillo.

En el diálogo nacional de Nicaragua participarán el gobierno, empresarios, estudiantes, sociedad civil y movimiento campesino.

Por los empresarios, los delegados serán José Adán Aguerri, presidente del Cosep; Michael Healy y Álvaro Vargas.

Los estudiantes ya eligieron a sus representantes, pero no han revelado sus nombres.

En el diálogo nacional de Nicaragua, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua participarán como mediadores y testigos.

Las partes convocadas al diálogo han dicho que no están todas las condiciones dadas, puesto que siguen los enfrentamientos.

Este es lo que ha ocurrido para que en Nicaragua se instale un diálogo nacional:

16 de abril: INSS aprueba reforma que aumenta cotizaciones y disminuye pensiones

18 de abril: Comienzan protestas en camino de Oriente y la UCA

19 de abril: Protestas se extienden en Nicaragua y mueren las primeras personas

21 de abril: Daniel Ortega anuncia derogación de reformas al INSS

22 de abril: Daniel Ortega acepta diálogo nacional propuesto por empresarios

23 de abril: Marcha multitudinaria organizada por el Cosep

24 al 27 de abril: Continúan las protestas en Nicaragua y hay más muertos

28 de abril: Iglesia Católica realiza multitudinaria marcha en Nicaragua

29 de abril al 8 de mayo: Protestas se mantienen y cantidad de muertos se eleva más.

9 de mayo: Multitudinaria marcha en Managua organizada por la población. FSLN se concentra en rotonda Avenida Bolívar.

11 de mayo: Iglesia Católica demanda presencia de la CIDH en Nicaragua y da plazo de 72 horas al gobierno.

11 y 12 de mayo: Fuertes enfrentamientos en Masaya dejan al menos un muerto y decenas de heridos.

13 de mayo: Multitudinaria caravana sale de Managua y llega hasta Monimbó, Masaya.

14 de mayo: Gobierno invita a la CIDH a Nicaragua e iglesia Católica confirma inicio del diálogo nacional para el 16
de mayo

15 de mayo: Protestas y saqueos persisten en Nicaragua. Manifestaciones han dejado a más de 50 muertos

16 de mayo: Previsto el comienzo del diálogo nacional en Nicaragua

El Nuevo Diario


Nicaragua “no aguanta hasta 2021 con Ortega”

A veintiocho días consecutivos de inéditas protestas que se han extendido por toda Nicaragua en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo —sumando más de medio centenar de muertos por la represión oficial y al menos cien millones de dólares en pérdidas económicas durante las primeras semanas—, todas las salidas apuntan a una misma conclusión: Ortega y Murillo deben dejar el poder. En cuánto tiempo lo hagan y a qué costo, depende de ellos, aunque diversos analistas coinciden en que la pareja presidencial no da señales de tener voluntad política.

A la espera del diálogo nacional, que se instalará este miércoles, con la mediación de la Conferencia Episcopal, se barajan al menos tres escenarios para la salida de esta crisis.

Este lunes, a escasas horas del plazo establecido por los obispos para que el Gobierno respondiera a los requerimientos mínimos para el diálogo, el Gobierno cedió con aceptar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sin embargo, mientras los obispos anunciaban el inicio del diálogo, en Sébaco (Matagalpa) y otras ciudades del Norte los pobladores denunciaban la represión oficial, incluyendo el ataque a una parroquia. Los obispos insistieron en el llamado a que cese la represión.

Los escenarios y sus condiciones

El primero de los escenarios es la promesa de justicia y la negociación de reformas electorales e institucionales, que garanticen elecciones libres y transparentes en 2021. En este escenario habría una condición de que ninguno de la pareja presidencial va a reelegirse, aunque sí concluirían su mandato, para el cual restan más de tres años y medio. Sin embargo, en la calle la población ha gritado alto y claro: “¡Que se vayan!”.

El segundo escenario implica acciones de verdad y justicia con reformas electorales, institucionales y constitucionales que conduzcan a la convocatoria de elecciones anticipadas, reduciendo el período presidencial de Ortega y Murillo.

El precedente más reciente en la historia del país, son las elecciones del 25 de febrero de 1990, en las que Ortega —con todo y su campaña del gallo ennavajado— fue derrotado por Violeta Barrios de Chamorro. Originalmente, las elecciones estaban previstas para noviembre de ese mismo año, pero Ortega redujo su período presidencial a través de una reforma constitucional en 1989.

El tercer escenario es el más costoso de todos. Si el diálogo fracasa, se corre el riesgo de que ante nuevas y mayores protestas se desate más represión. Los analistas estiman que estas condiciones empujarían una salida abrupta de la pareja presidencial, pero también dependerá del papel que puedan desempeñar otros actores, como el Ejército de Nicaragua, que este sábado reiteró su apego a la Constitución Política en un comunicado oficial, en el que se comprometen a ¨no reprimir las protestas pacíficas¨.

¿Puede haber borrón y cuenta nueva?

¿Podría el Gobierno mantenerse en el poder con el apoyo del Ejército y la Policía, ofreciendo concesiones económicas al sector privado? El analista político y experto en Derecho Constitucional, Julio Icaza Gallard, considera que mantener el Gobierno tal cual hasta 2021 —únicamente con la garantía de no reelección—“no es alternativa”.

“Sería equivalente a más protesta y más represión”, valora.

El abogado y economista Edmundo Jarquín sostiene que “ya no hay más capacidad de estabilidad autoritaria y represiva”, por los altos costos humanos y económicos.

Durante los últimos cuatro días, al menos media docena más de nicaragüenses se han agregado al saldo mortal de la represión oficial.

El excandidato presidencial argumenta que “las bases de la sustentación estructural que ha tenido el régimen están en crisis y no puede volver a recuperarlas”. Se refiere a la alianza con el sector privado, la estabilidad y el crecimiento macroeconómico, el control de la población a través de las fuerzas de choque, el control directo o indirecto de los medios de comunicación a través de la censura o autocensura, la credibilidad de la Policía y el que hasta ahora Ortega estaba fuera del radar de la comunidad internacional.

Jarquín insiste en que “con Ortega ya es imposible pensar en que pueda haber la combinación de estabilidad y crecimiento económico” y cita que “basta ver lo que ha ocurrido con el turismo y el clima de inversión”, severamente afectados en los días recientes.

Añade que la política de diálogo y consenso con los sectores gremiales y empresariales “fue herida de muerte por la matanza de jóvenes y estudiantes”.

Y además alerta que “el uso de las fuerzas de choque del orteguismo, con la complicidad de la Policía, solamente echaráncombustible a la hoguera de represión y protesta, y acentuará la incertidumbre”.

¿Elecciones? ¿Y quién convoca?

El constitucionalista Icaza Gallard coincide en que la mejor salida son “elecciones anticipadas con cambios en el Consejo Supremo Electoral (CSE)y la Ley Electoral para garantizar elecciones limpias y observadas”. Una condición inédita bajo el régimen actual.

El analista opina que “la disyuntiva en el marco de esta opción está en quién convoca a esas elecciones: si es Ortega o un gobierno provisional”.

Icaza explica que eso dependería de la composición del nuevo CSE y las garantías de un proceso limpio.

Aunque con sus atribuciones al mínimo, el Gobierno de Ortega mantiene a la fecha en su cargo de presidente del CSE, al magistrado sancionado en diciembre por los Estados Unidos, Roberto Rivas, señalado por corrupción y violación de los derechos humanos, y quien tras más de veinte años en el Poder Electoral ha orquestado al menos cuatro fraudes electorales durante la última década.

“Está claro que si antes del 19 de abril a Ortega le era difícil ganar una elección sin fraude, después de esa fecha es casi imposible e implica su salida del poder”, advierte Icaza.

El analista no descarta que Ortega “tratará de conceder los mínimos cambios, buscando la prolongación de las negociaciones ad nauseam, esperando el cansancio y agotamiento de la protesta ciudadana y llevando a cabo una represión más selectiva”.

Jarquín, por su parte, descarta que Ortega elija una renuncia voluntaria y sostiene que tampoco cabe esperar a que la Asamblea nombre en relevo a alguien de su seno, “porque está bajo el control absoluto (del régimen) y sin credibilidad”.

“El adelanto de las elecciones es totalmente posible, como fue el precedente, con la misma Constitución, del adelanto de las elecciones en 1990”, recuerda.

Ortega tiene salida constitucional

El comandante Daniel Ortega tiene varias opciones para su salida constitucional del Gobierno, aunque no muestre voluntad política.

El constitucionalista Gabriel Álvarez explica que cabe la renuncia y el adelanto de elecciones con una reforma parcial a la Constitución Política, que tomaría un mínimo de dos legislaturas.

Si hubiese voluntad, añade que la misma se podría aprobar ahora en sesión ordinaria y ratificar a principios de 2019 incluso en una sesión extraordinaria. Conseguir los votos no sería un obstáculo, porque el Gobierno cuanta con la mayoría calificada.

Pero valora que en lugar de estudiar estas salidas, en un acuerdo político que depende de Ortega, el Gobierno más bien “está siendo muy irresponsable”, recrudeciendo la represión que sigue aumentando la lista de muertos y heridos.

De cara a unas elecciones adelantadas, el jurista estima que la reforma parcial también bastaría para definir si las mismas se realizarán bajo el actual Gobierno o un gobierno provisional, pero sostiene que su convocatoria debe ser creíble y transparente.

Por ahora, Álvarez descarta la necesidad de una Asamblea Constituyente, pues sostiene que el problema urgente no es la redacción de una nueva Constitución, sino responder a la demanda ciudadana que ha dicho “basta ya” al régimen Ortega – Murillo.

Durante un panel en el programa de televisión Esta Semana, Álvarez explicó que la reforma a la Constitución debería incluir la reducción de los períodos de gobierno, incluyendo presidente y vicepresidenta, diputados, alcaldes y demás autoridades locales. La Asamblea Nacional actual también se encargaría de la renuncia y relevo de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral y las autoridades de la Fiscalía General de la República y entre otros.

A juicio de Álvarez, la propuesta de mantener el Gobierno actual hasta 2021, “la impulsan los mismos sectores empresariales que han venido impulsando y sosteniendo el modelo roto de diálogo y consenso”.

“Sencillamente el pueblo, el país, la economía, la viabilidad de la gobernabilidad, la absoluta falta de legitimidad hace que sea ingobernable y lo que va a haber es una fragmentación social, un vacío de poder profundizado y no va a ver ninguna posibilidad de recuperar institucionalmente, como aún se puede hacer en este momento”, advierte.

Garantías mínimas para la CIDH

La también jurista experta en Derecho Constitucional y representante para el diálogo nacional por la sociedad civil, Azahálea Solís, sostiene que la crisis de Nicaragua “no aguanta hasta 2021”, porque las acciones del Gobierno “están apuntando a una deriva muy costosa”, mostrando también una alta incapacidad política y moral.

“Hablaron de Dios y lo que recetaron fue plomo”, comentó en relación a la represión registrada en Masaya, Chinandega y Matagalpa el fin de semana reciente, a pesar de que el Gobierno dijo el viernes que “acogía” los cuatro requerimientos de los obispos.

A propósito de la CIDH, Solís sostiene que hay pasos indispensables para que la Comisión haga su trabajo, como sustituir a todas las autoridades del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia.

¨Esos son dos pasos indispensables para que la CIDH pueda tener una mínima viabilidad de ejecución”, dijo Solís, para quien “no se puede refundar la República sobre la impunidad” y aclaró que “el pueblo de Nicaragua no quiere venganza”, sino justicia.

¿Y el Ejército?

Si las salidas negociadas fallan, “Ortega puede prolongarse en el poder solamente con un enorme costo humano y económico”, advierte Jarquín, y a su juicio, “es de esperar que el Ejército, fiel a su mandato constitucional, no se deje arrastrar a la represión”.Sin embargo, el consultor civil en temas de seguridad, defensa y gobernabilidad democrática, Roberto Cajina, no es tan optimista al respecto.

“Se debe considerar el carácter conservador de las instituciones militares preocupadas más por su sobrevivencia”, advierte Cajina, y agrega que “es preciso considerar que los militares han estado, por sus propios intereses institucionales, alejados de los problemas políticos, bajo el argumento que los problemas políticos deben resolverlos los políticos”.

—¿De qué depende un cambio de actitud en el Ejército?

—Es difícil de prever, respondeCajina, y recuerda que “los intereses corporativos del Ejército se cruzan con los del clan Ortega Murillo”.

“Las relaciones entre ellos no son políticas ni ideológicas, sino financieras. Eso es lo que los une, pero si la crisis del clan Ortega Murillo llegara a poner en peligro los (intereses) de los militares habría que replantearse la situación”, señala.

El portavoz militar, coronel Manuel Guevara, aseguró el sábado que el Ejército de Nicaraguano se involucrará en actos de represión a los ciudadanos que protestan contra el Gobierno.

Cerca de la medianoche del mismo día, el Ejército emitió un comunicado oficial en el cual lamentó la “violencia” de los últimos días y respaldó el diálogo como “la única ruta que evitará acciones irreversibles a nuestro pueblo, a nuestra economía, al desarrollo nacional y a nuestra seguridad”, aunque no usó las mismas palabras emitidas antes por el coronel Guevara.

Saúl Verde, de la Coalición de estudiantes universitarios, sostuvo durante el panel de Esta Semana, que la represión no ha cesado, y añadió que los jóvenes no confían en el Ejército, tras recordar la discrecionalidad abierta con la Ley de Seguridad Soberana, aprobada en diciembre de 2015.

Verde cree que el incremento de la delincuencia, los saqueos dirigidos y el caos provocado desde las fuerzas de choque el Gobierno, que reporta la población, tienen como objeto argumentar una eventual intervención de la institución castrense.

Solís expresa que “esperaría que (los militares) no se metan. Que no se metan a dispararle al pueblo, que no se metan a vestirse con camisetas de la Juventud Sandinista, que no se metan a vestirse de antimotines, porque en esa deriva podrían perder”.

Téllez: “cero voluntad política”

“En cualquier país, una crisis como esta hubiera conducido a una renuncia del Gobierno”, sentencia la comandante guerrillera Dora María Téllez. La excepción en Latinoamérica es Venezuela, sumida en una crisis política que ha causado escasez y hambre, bajo el control de Nicolás Maduro, ungido del chavismo y aliado de Daniel Ortega.

Téllez considera que en el Gobierno “no hay ningún interés en una salida pacífica y cívica”.

“Estaría muy fácil que él (Ortega) decida. Lo podría hacer, pero no lo ha hecho. Eso quiere decir que no tiene voluntad para salir del país e implica el uso de paramilitares armados con total impunidad, la masacre, saqueos, caos… Ortega quiere demostrar a los empresarios que solo él lo puede controlar, y claro que es así, porque él es quien lo provoca”, denuncia.

Sin embargo, la exguerrillera y también historiadora sostiene que a pesar de ver “cero voluntad política” de Ortega y Murillo, también es destacable que la sociedad tiene ante el diálogo nacional representantes “de una legitimidad sin precedentes”, que además tienen claridad y consenso sobre la agenda nacional: justicia, democratización y la salida del Gobierno. “Eso es inédito”, celebra.

Confidencial


Movimiento campesino asegura que fue excluido del diálogo nacional

El movimiento campesino, que ha reclamado con miles de manifestantes durante cinco años por la derogación de la concesión del canal interoceánico, sufriendo acoso y represión gubernamental, fue excluido del diálogo nacional que inicia este miércoles, según su representante Medardo Mairena.

Mairena relató que los dirigentes del Movimiento Campesino enviaron el cuatro de mayo pasado una carta de solicitud para participar en el diálogo a la Conferencia Episcopal, que actúa como mediador y testigo de las conversaciones entre el gobierno, sociedad civil y empresarios, pero no recibieron ninguna respuesta.

“Nosotros enviamos carta al Cardenal Leopoldo Brenes y Monseñor Silvio Báez, pero no hemos recibido respuesta. Es más que evidente nuestra exclusión”, aseguró Mairena.

Ramírez critica represión

La lideresa Francisca Ramírez lamentó también que se inicie el diálogo nacional en medio de una represión contra los estudiantes y la sociedad civil en las marchas pacíficas que ya dejan un saldo de 48 personas asesinadas y más de 500 heridos.

“Yo no creo en ese diálogo, yo creo en la gente. La verdad, Daniel Ortega no quiere la paz, los nicaragüenses si deseamos la paz y lo hemos demostrado desde que estamos en las calles pacíficamente; pero Ortega lo que está incitando es a una violencia más grande porque sigue asesinando al pueblo, pero sí creo en el pueblo, porque solo el pueblo salva al pueblo”, aseguró la lideresa campesina anticanal.

La lideresa acaba de hacer pública su protesta en un plantón de estudiantes, donde ha insistido que seguirán en las calles protestando contra el gobierno.

Aunque no mencionó los señaló directamente de su exclusión, a juicio de Ramírez, así como hay en la sociedad civil sectores a favor del pueblo, lamentó que entre los obispos hayan religiosos a favor de Ortega.

Un equipo de LA PRENSA se trasladó a la Conferencia Episcopal para conocer la versión de los Obispos sobre los señalamientos de Ramírez, y los mecanismos del diálogo que inicia este miércoles en Managua. Periodistas de distintos medios se acreditan en este momento para darle cobertura al mismo.

“Penosamente hay que decir la verdad, como hay sectores que luchan por la justicia, en la conferencia (Episcopal), en el obispado hay algunos que están a favor del gobierno”, criticó Ramírez.

Hasta ahora no se conoce una lista de quiénes van participar en el diálogo nacional por el lado del gobierno, pero en el caso de sociedad civil algunos han reconocido que fueron invitados por los Obispos para participar como Luis Sánchez, en su carácter personal, o Azaleah Solís, del movimiento de Mujeres, mientras los empresarios dijeron que sus delegados serían Juan Sebastián Chamorro, Michael Healy, Álvaro Vargas, María Nelly Rivas y José Adán Aguerri solo algunos sectores.

El único que se sabe que quedó fuera de las conversaciones, por veto del ejecutivo, fue el rector Ernesto Medina, de la Universidad Americana, quien criticó a Daniel Ortega en una carta pública.

Francisca Ramírez reiteró que la lucha en las calles continuará mientras no haya justicia, y no cese la represión contra los estudiantes y la sociedad civil.

“Nosotros estamos más que claros que solo el pueblo salva al pueblo y no vamos a permitir que siga matando a los estudiantes y vamos estar en las calles hasta que haya justicia”, expresó Ramírez.

La Prensa


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