Costa Rica: Hacia un proyecto-país- Por Arnoldo Mora Rodríguez

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Arnoldo Mora Rodríguez

Los organismos que fijan las políticas imperiales en materia económica, como son FMI y el Banco Mundial, exigen reformas en las estructuras que rigen la política local. Estos cambios son de tal magnitud que afectan la estructura misma del Estado Nacional tal como venía operando desde la segunda mitad del  siglo pasado.

Desde la segunda administración de Oscar Arias al culminar la primera década del presente siglo, el país no se había enfrentado a una decisión de  tanta trascendencia histórica como la que ahora debe asumir el actual gobierno, conformado por una – hasta hace poco considerada inverosímil – alianza de partidos, poderes fácticos y fuerzas económico-sociales. Todo este aparentemente heteróclito conjunto es presidido por el joven presidente Carlos Alvarado, quien fuera candidato de un PAC que se perpetúa en Zapote [sede del Poder Ejecutivo]. Con ello se da por finiquitado el bipartidismo imperante durante la Guerra Fría, no sólo en Cota Rica, sino también en otros países  que configuran el traspatio del Imperio. Tal es el caso, dicho sea de paso,  de Colombia  donde en las últimas elecciones también se acaba de sepultar el tradicional bipartidismo de Liberales y Conservadores. Esto no obstante, la situación de dependencia imperial en esta región geopolítica de primera magnitud como es el Caribe, no ha terminado. Todo lo contrario, se consolida, ya no  principalmente mediante ataduras ideológicas, sino  predominantemente comerciales.

Esta coyuntura exige un reacondicionamiento en el campo político en concordancia con los cambios operados en el escenario internacional. Los organismos que fijan las políticas imperiales en materia económica, como son FMI y el Banco Mundial, exigen reformas en las estructuras que rigen la política local. Estos cambios son de tal magnitud que afectan la estructura misma del Estado Nacional tal como venía operando desde la segunda mitad del  siglo pasado. Las reformas propuestas para disminuir el déficit fiscal no parecen tocar sino tangencialmente  el cobro de impuestos directos al capital, lo que sería el único camino justo si realmente hay voluntad política de darle una solución definitiva y equitativa al déficit de las financias públicas.  El énfasis en los impuestos indirectos, no sólo es intrínsecamente perverso desde el punto de vista de la justicia distributiva preconizada por la ética, sino que acentúa la brecha social, mal endémico que no es exclusivo de nuestro país. América Latina es la región más inequitativa del mundo; posee el triste y lamentable record de albergar a los países más desiguales del planeta. Costa Rica, por desgracia, se acerca peligrosamente a la zona de  graves turbulencias sociales, a pesar de haber sido un país modelo en la región en lo referente a una equidad social, relativa pero envidiable, debido a la creación de un Estado social de derecho aceptablemente funcional. Las políticas neoliberales, impulsadas desde la primera administración Arias, no han hecho sino incrementar la tendencia hacia la desigualdad social; con lo cual la desestabilización política se convierte cada vez más en una amenaza real y tangible.

A lo anterior debemos añadir otros factores provenientes de la inestabilidad política de los países vecinos, que han provocado el aumento de la violencia y el crimen en un país como el nuestro hasta hace poco relativamente pacífico. En concreto, el trasiego y venta de drogas y el lavado, cuyo dinero proviene de esa putrefacta fuente, monopolizado por carteles provenientes de Colombia y México en complicidad con políticos y militares de los países centroamericanos, nos han llevado a una situación de guerra civil de facto, con un promedio de 4 muertos diarios; situación que pone en jaque la existencia misma y la funcionalidad de nuestro estado de derecho y desafía el ejercicio de la soberanía  que constitucionalmente compete a los estados nacionales. Por eso debilitar el Estado nacional constituye un suicidio colectivo y una traición de lesa patria, amenaza que no se había dado en nuestro país desde los nefastos días en que fue fusilado el Padre de la Patria, el Presidente Juan Rafael Mora Porras. Debilitar el Estado nacional sería  volver  a fusilar a Don Juanito, sería entregar a Walker y a sus huestes filibusteras la herencia más valiosa y sagrada que hemos heredado de nuestros prohombres de ayer. El debilitamiento del Estado social de derecho,  cualquiera que sea el pretexto, equivale a aumentar las desigualdades sociales y crear el caldo de cultivo para acrecentar el trasiego y consumo de drogas, por no hablar del blanqueo  que ya constituye  el 12,3% del PIB.

La reforma fiscal que hoy se discute en la Asamblea Legislativa y es el tema central de toda la actividad política nacional, debe ser analizada dentro de ese contexto. Estando inmersos dentro este inquietante panorama, solo queda como respuesta justa y patriótica dar  la lucha por una reforma fiscal equitativa  que  contribuya a disminuir la brecha social, que nos permita dar el primer paso para cimentar  las bases de lo que debe ser la elaboración de un proyecto-país, que permita a nuestra pequeña gran nación asumir creativamente los retos que se nos vienen encima  a inicios de una nueva época en nuestra historia. Sirva de ejemplo e inspiración Rodrigo Facio  quien, a inicios de la década de los 40s al crear el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, insufló aires de renovación a la Constitución de 1949; con ello se dio oxígeno a nuestro régimen  democrático durante los turbulentos años de Guerra Fría. Las medicinas que hoy se recetan no deben ser peores que la enfermedad a la que supuestamente se pretende curar. De los verdaderos hijos de Juanito Mora y Joaquín García Monge depende  en mucho que esto no suceda.