Corrupción en Perú: trasladan a un penal a Keiko Fujimori tras la orden de tres años de prisión preventiva

Caso Lava Jato: Keiko Fujimori es enviada a prisión hasta el 2021

El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, ordenó la prisión preventiva por 36 meses contra la máxima dirigente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, involucrada en una presunta organización criminal al interior de este partido político, según las pesquisas de la Fiscalía en el marco del Caso Lava Jato.

Keiko Fujimori, ex Primera dama del Perú (1994-2000), ex parlamentaria (2006-2011) y ex candidata presidencial (2011 y 2016), es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien el 2009 fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridas durante su gobierno.

Desde el 2017, el juez Concepción Carhuancho ha ordenado la detención del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien hoy se encuentra prófugo de la justicia; y del también exJefe de Estado, Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia (2011-2016), así como de otros procesados por recibir sobornos de la compañía brasileña Odebrecht.

La decisión de dicho magistrado estableció que la hija del expresidente, quien lideró por casi 10 años el legado político del fujimorismo, sea internada en prisión hasta el 30 de octubre 2021, mientras la Fiscalía lleva a cabo las indagaciones preparatorias para una posible acusación e inicio de un posterior juicio oral.

El Equipo Especial del Ministerio Público, a cargo del caso Lava Jato en el Perú, sindicó a Fujimori como la cabeza de una organización criminal al interior de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) que lavó por lo menos US$1.2 millones aportados irregularmente por la compañía brasileña Odebrecht.

La Fiscalía de Lavado de Activos además investiga a Keiko Fujimori por otros dos casos que involucran a los cócteles y actividades proselitistas realizadas en la campaña presidencial del 2016, y a la anotación “aumentar keiko para 500” encontrada en la agenda de Marcelo Odebrecht.

Infografía: Gianfranco Huamán

El fiscal José Pérez Gómez identificó que la organización criminal al interior de Fuerza Popular fraccionó y ocultó los US$1.2 millones entregados por la constructora brasileña a través de transferencias offshore, la modalidad criminal de ‘pitufeo’, aportantes falsos y actividades proselitistas como cócteles y rifas.

Este despacho fiscal además imputó a Fujimori el liderar una organización criminal integrada por cerca de 50 personas, entre empresarios, políticos, abogados, economistas y contadores, con el objetivo de “obtener poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de (…) Odebrecht”.

La resolución judicial emitida esta tarde además precisa que Keiko Fujimori afrontará una posible prisión de entre 10 y 13 años por el delito de lavado de activos, a raíz de los presuntos aportes ilícitos de la compañía brasileña durante la campaña del 2011.

La defensa de Fujimori, a cargo de la abogada Guilliana Loza Ávalos, aseguró al final de la lectura de la resolución judicial que presentará un recurso de apelación contra la decisión del juez Carhuancho, que deberá ser resuelta por un tribunal de segunda instancia de la Sala Penal Nacional.

Durante la lectura de la resolución judicial, la abogada Loza aseguró a través de su cuenta de Twitter que “resolver el requerimiento de prisión preventiva [contra Keiko Fujimori] estando pendiente la sustentación de seis defensas (…) evidencia la afectación al debido proceso”.

El juez Concepción Carhuancho justificó la lectura de la resolución sobre Keiko Fujimori el día de hoy porque “he estado analizando y la información es amplia”. El magistrado además aseguró que la decisión está basada sólo en los argumentos debatidos durante los seis días previos de audiencia.

El pasado 21 octubre, el juez Concepción Carhuancho inició las audiencias públicas para decidir la prisión preventiva de Keiko Fujimori y de otras 10 personas. El fiscal Pérez, desde entonces, ya sustentó la imposición de una medida restrictiva para la excandidata presidencial, y para Vicente Silva Checa, Pier Figari Mendoza, Jaime Yoshiyama Tanaka y Ana Herz Garfias.

En los próximos días, el fiscal Pérez seguirá sustentando la prisión preventiva para Adriana Tarazona Martínez, extesorera de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), Carmela Paucará Paxi, secretaria de confianza de Keiko Fujimori, Giancarlo Bertini Vivanco, Jorge Yoshiyama Sasaki y Luis Mejía Lecca.

Ojo Público


Este jueves se definirá a qué penal será trasladada Keiko Fujimori 

La abogada Giuliana Loza informó en el programa ‘Beto a saber’ que su defendida Keiko Fujimori iría al penal de Chorrillos, pero aún se debe confirmar a qué ambiente.

Este jueves INPE decidirá a qué cárcel de mujeres —de dicho distrito— irá la lideresa de Fuerza Popular para cumplir con los 36 meses de prisión preventiva que dictó el juez Richard Concepción Carhuancho, por presunto lavado de activo.

Los penales a los que podría ser trasladada Fujimori Higuchi serían el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, Establecimiento Penitenciario Mujeres Chorrillos (Ex Santa Mónica) o el Establecimiento Penitenciario Virgen de Fátima.

Giuliana Loza también argumentó que apelarán la orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

“Es totalmente arbitrario. Por canales judiciales y jurídico vamos a apelar la inmediata libertad de Keiko”, señaló la letrada.

Perú 21


Keiko Fujimori: las claves de la resolución de prisión preventiva

A las seis de la tarde de ayer, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, lideresa del partido político Fuerza Popular (FP), fue recluida en la carceleta del Poder Judicial, donde permanecerá hasta ser enviada a un penal de la capital para cumplir los 36 meses de prisión preventiva que le dictó el juez Richard Concepción Carhuancho.

El magistrado calificó de “idónea” la medida, al considerar que existen graves y fundados elementos para imputar a Keiko Fujimori el hecho de ser la cabecilla de una organización paralela que se originó de facto en el interior de su partido con la finalidad de lavar US$1 millón que habría recibido de la empresa Odebrecht para su campaña electoral del 2011.

La lectura de la resolución, que duró ocho horas, tomó por sorpresa a la ex candidata, quien por la mañana había llegado hasta la Sala Penal Nacional para asistir al séptimo día de audiencia de requerimiento de prisión preventiva en su contra y de otras diez personas más. Fue detenida por agentes de la policía luego de que el juez dictara su prisión.

De esta manera, el juez declaró fundado el requerimiento que realizó el fiscal anticorrupción adscrito al Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, quien investiga a Keiko Fujimori por la presunta comisión del delito de lavado de activos a través del partido Fuerza 2011, hoy FP.

A continuación, algunos de los principales puntos de la resolución del juez.

1 “La mujer en la sombra” que dirigía la presunta organización criminal

El juez Concepción concluyó que existen graves y fundados elementos de convicción que señalan a Keiko Fujimori como la cabecilla de una organización criminal que estaba formada también por Ana Herz, y Pier Figari, quienes dispusieron solicitar dinero a Odebrecht a través de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

El juez indicó que, como en toda organización criminal, Fujimori se mantenía “en la sombra”, pero que al analizar los elementos de convicción se desprendía que ella era “la mujer en la sombra. Es decir, la mujer del escritorio que estaba maquinando para este aparato [criminal] y daba las órdenes”.

2. Testigos protegidos, documentos y declaraciones

Para sostener su posición, el juez se respaldó en las declaraciones de diversos colaboradores eficaces y testigos protegidos, así como en las declaraciones de los empresarios brasileños Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Mameri y otros.

Entre los testigos citados, estuvieron Antonietta Ornella Gutiérrez Rosati (ex tesorera de Fuerza 2011), Rafael Arcángel Herrera Mariño, los ex integrantes del CNM Elsa Aragón y Baltazar Morales Parraguez, el testigo protegido 2017-55-3, el testigo protegido 2017-55-5 y el testigo protegido 2017-55-4.

3. El factor de las conversaciones del chat La Botica

El juez incluyó en su análisis las conversaciones del grupo de chat La Botica de la bancada de FP en el Congreso, al sostener que Keiko Fujimori los habría “instrumentalizado” para atacar al fiscal José Domingo Pérez. Incluso, lo comparó con el caso de los diarios chicha.

Como ejemplo, citó las directivas que daba Pier Figari en ese chat. “Se demuestra que se está instrumentalizando a los congresistas de un poder del Estado”, dijo.

Sin embargo, el juez fue enfático en aclarar que no se estaba considerando al partido político FP como una organización criminal, pues sobre Fujimori “no se está criminalizando la actividad política de la investigada, sino su comportamiento personal”.

4. La organización trató de influir en testigos 

Como parte de la obstaculización a la justicia, el juez también citó al chat La Botica al sostener que se daban directivas para proteger al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y blindar al ex juez supremo César Hinostroza, con lo cual se concluía que Keiko Fujimori quería capturar el sistema de justicia.

Además, remarcó que la presunta organización criminal trató de acercarse a testigos para que cambiaran de versión, como Liz Documet y Liulith Sánchez Bardales, quienes denunciaron el hecho.

Agregó que se evidenció que trataron de entorpecer las investigaciones, tal como se demuestra en documentos hallados en casa de Vicente Silva Checa.

5. El dinero de origen ilícito y la entrega

El juez sostuvo que Odebrecht ha reconocido que aportó a campañas electorales como parte de sus actos de corrupción. El dinero, remarcó el juez, provino de la caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas.

“¿En función a qué razones llega este despacho a esa conclusión? Primera razón: en economía existe una frase: ‘No hay lonche gratis’”, dijo el juez.

El dinero, sostuvo, habría sido entregado a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya entre el 2010 y el 2011. Esto se comprobaría por la versión de Barata y las llamadas entre este último y Yoshiyama.

Además, se respalda con la versión de Hugo Delgado, ex gerente de RPP, quien declaró que el ex secretario general de FP José Chlimper le entregó en efectivo US$210 mil para la publicidad de la campaña política de Keiko Fujimori en el 2011.

6. Aportantes falsos en la campaña del 2011 

De la versión de los falsos aportantes y de testigos protegidos, reseñó el juez, se habría corroborado que Fujimori dispuso que se diera el dinero al congresista Rolando Reátegui para que fuera entregado a los “aportantes fraudulentos” en la región San Martín. En este caso habrían sido cerca de US$100 mil.

Otro factor, dijo el juez, sería el rol de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama. Este ha sido identificado por testigos como la persona que buscó amigos y familiares en Lima para insertar el dinero en la campaña del 2011 (US$500 mil).

Finalmente, existen la “gran rifa” y los cocteles, cuyos aportantes no fueron identificados ante la ONPE.

7. Posible pena de entre 10 y 13 años y el peligro de fuga

El juez Concepción consideró que Keiko Fujimori tiene arraigo domiciliario, familiar y ocupacional. Sin embargo, precisó que ello “no garantiza que no vaya a eludir la acción de la justicia” o “evite su fuga”.

Explicó que la investigada podría eludir la justicia debido a la gravedad de la pena que se le impondría en el futuro (entre 10 y 13 años de prisión).

La defensa apelará

Al término de la audiencia, la abogada Giulliana Loza, defensora de Keiko Fujimori, anunció que apelará la resolución del juez.

Afirmó que este se apresuró en dar a conocer su decisión. “Es muy sospechoso que se adelante, sobre todo cuando la participación del juez está por evaluarse al estar recusado”, sostuvo.

En tanto, el fiscal José Domingo Pérez dijo que estaba conforme con la decisión del juez. En declaraciones a la prensa y tras culminar la diligencia, hizo un llamado para evaluar la situación del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Lo que ustedes han presenciado debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación”, señaló Pérez.

El Comercio