Primeras medidas de AMLO: una Comisión de la Verdad por Ayotzinapa y protección para periodistas y líderes sociales

“La confianza se va a ir construyendo”, padres de los 43 normalistas

La confianza se va a construir mientras avance la investigación, indicaron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, después de la firma del decreto para la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia. Aseguraron continuarán en la lucha hasta que se esclarezca el caso y exigieron que se indaguen todas las líneas de investigación que existen.

Al concluir el evento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los familiares de los normalistas tomaron el micrófono para expresar su postura sobre el giro que se da en el caso. “Creo que hoy es un momento muy importante, a partir de hoy se concreta esta etapa de lucha de búsqueda de nuestros compañeros, definitivamente no termina aquí, éste es el inicio, se tendrán que retomar todas las líneas de investigación que el gobierno de enrique Peña Nieto se negó a retomar”, destacó Vidulfo Rosales, abogado de los padres.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que los ha acompañado en estos cuatro años, explicó los alcances del decreto que se firmó, que tiene cuatro componentes centrales:

Primero, que da la instrucción a toda la administración pública federal para que colabore en la investigación del caso; segundo, que se crea una comisión presidencial que estará encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, la cual se encargará de coordinar los trabajos y hacer contacto con la Fiscalía General de la República para crear la instancia administrativa con facultades penales.

El tercer punto es que el gobierno instruye a la Secretaría de Relaciones Exteriores de facilitar la asistencia técnica de organismos internacionales, a traves de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que es posible que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, así como lo piden los padres.

El cuarto aspecto es que indica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que debe proveer de los recursos que sean necesarios para que funcione la Comisión para la Verdad y la Justicia.

Calificó de positiva la presencia en el evento del secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval y que suscribiera el decreto, “esto muestra que hay un cambio de disposición para la investigación, lamentablemente lo que vivimos en el pasado fue unas Fuerzas Armadas reticentes a colaborar”.

Los familiares de los estudiantes dijeron que aunque quisieran ver resultados lo más pronto posible, comprenden que los resultados no se darán de la noche a la mañana; sin embargo, continuarán en la lucha hasta que haya algo concreto y se esclarezca el caso.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres, enfatizó: “Nos llena de mucha esperanza. La confianza se va a ir ganando, se va a ir construyendo conforme vayamos avanzando en este proceso hacia la verdad. Sabemos que va a haber ciertas barreras, quien haya cometido este crimen, estamos seguros que es alguien que tiene poder en nuestro país”

Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los 43 normalistas, recordó que han sido cuatro años muy difíciles para ellos, de dolor y esfuerzos para encontrar a su hijos. “Es una nueva etapa que esperamos que tenga resultados, saber la verdad, dar con el paradero de nuestros hijos y que se castigue a los responsables”, afirmó.

El Universal


Así funcionará la Comisión de Ayotzinapa decretada por AMLO

A diferencia de la Comisión de la Verdad y Justicia para el caso Ayotzinapa, que está bajo el estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la comisión que decretó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador no tendrá facultades de investigación pero sí de acompañamiento para los familiares de los jóvenes normalistas.

Al ser una comisión presidencial, figura recientemente incluida en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, está agrupación tiene objetivos que no tienen que ver con la acción penal. Deberá mantener interlocución entre dependencias y familiares de víctimas, además de servir como un organismo de supervisión para las autoridades que estén a cargo de la investigación.

Los términos del documento firmado por el presidente de la República indican que “será un equipo de trabajo autónomo interdisciplinario, que proporcione toda la ayuda legal y material que se requiera para que los familiares de las víctimas puedan hacer valer con efectividad el derecho humano que tienen a un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad”.

En entrevista con LA SILLA ROTA, el abogado de los padres de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales Sierra señaló que la importancia de esta comisión es que tenderá los puentes entre familiares y las autoridades investigadoras para tener acceso a la verdad; además de que obligará a todas las dependencias entregar información sin reserva. Consideró que en ningún momento se interpondrá con la comisión de carácter.

“La comisión que cree en su momento la Fiscalía General de la República sería mera y estrictamente de carácter penal, es decir atendería las líneas de investigación que ya se tienen y que algunas con muy puntuales y la comisión presidencial, cuyo decreto se emitió hace rato atiende a propósitos más generales, buscar la verdad, ver quién tiene información sensible y relevante para el caso, tiene mayor flexibilidad para buscar la verdad, no está ceñida al código nacional de procedimiento penales sino que se moverá con más soltura”, explicó.

Pero ¿qué dice el decreto firmado por López Obrador? A continuación algunas precisiones al respecto.

FACULTADES DE LA COMISIÓN DE AMLO

El decreto firmado por el presidente López Obrador plantea la creación de una comisión que se encargará de verificar que las instancias del Gobierno Federal entreguen cualquier información que tengan sobre el caso y colaboren en el esclarecimiento de los hechos.

También busca facilitar el acceso a los familiares de los 43 normalistas a cualquier dependencia gubernamental, incluidas las instancias militares.

La agrupación estará a cargo de proveer a los familiares de las víctimas y sus asesores, de los recursos materiales y humanos que se requieran para hacer valer su derecho a que las investigaciones se reconduzcan adecuadamente.

¿Quiénes la integrarán?

El primer decreto del presidente establece que la Comisión estará integrada por los familiares de los 43 normalistas o por un represente designado por ellos. También participarán sus abogados personales.

Por parte del Gobierno Federal se nombrará a un representante de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda Pública, y se contará con expertos profesionales.

La Comisión se organizará y funcionará como lo acuerden sus integrantes, y será presidida por la Secretaría de Gobernación, a través del Subsecretario de Derechos Humanos.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LAS DEPENDENCIAS?

El documento que en breve será publicado en el Diario Oficial de la Federación señala que el subsecretario de Derechos Humanos, en este caso Alejandro Encinas, deberá mantener una comunicación con el Ministerio Público y, con respeto a su autonomía, tendrá que revisar que las investigaciones se practiquen “sin sesgos, con independencia, imparcialidad y legalidad”, hasta que se conozca la verdad de los hechos ocurridos la madrugada del 26 de septiembre de 2014.

Adicionalmente tendrá dentro de sus propósitos, buscar que el Ministerio Público instale una Fiscalía Especializada para la investigación en torno a la desaparición de los jóvenes.

En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá que garantizar los recursos presupuestarios necesarios a fin de que la Comisión pueda desplegar sus actividades sin obstáculos ni dificultades; además de dotar al Ministerio Público de la Federación de los recursos necesarios para la existencia de una Fiscalía Especializada o una Comisión Especial que sí tendrá facultades de investigación.

TIEMPOS PARA LA INSTALACIÓN

Cuestionado por LA SILLA ROTA, sobre los tiempos para la instalación de esta comisión, Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que da acompañamiento a los padres de los 43 normalistas desaparecidos confío en que se instale durante el mes de diciembre.

“Está comisión presidencial, el decreto tiene que publicarse y después se tiene que instalar. Yo confío en que se instale durante este mes de diciembre la comisión presidencial”, declaró.

Sin embargo, añadió que no hay certeza sobre la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad y Justicia para el caso Ayotzinapa, que un juez federal instruyó crear, pues es un órgano que dependerá de la Fiscalía General de la República cuya ley orgánica está pendiente al igual que el proceso de nombramiento de su primer titular.

“La otra instancia de investigación penal estaríamos aún sujetos a lo que vaya a ocurrir con la Fiscalía General de la República, o sea, para los padres y las madres en su mejor interés, no valía la pena que PGR creara algo si PGR se nos acaba en unos meses y la sustituye ya una Fiscalía General con otra estructura. Por eso no tenemos una fecha precisa de eso, lo que sí tenemos es muy avanzado los diálogos con el nuevo equipo de gobierno y esperamos que eso ayude y que la orden presidencial termine también de favorecer un flujo rápido”, declaró.

No obstante, para el abogado de los padres y madres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, la comisión con alcances de investigación si podría iniciar trabajos aún sin contar con una Fiscalía General de la República por lo que no se tendrían que esperar durante meses.

“La comisión se puede crear con o sin fiscal. Ya podría crearse la comisión especial o la fiscalía especial, eso se puede, pero se tiene que ver todavía la conformación de la comisión presidencial”.

La Silla Rota


Continuará mecanismo de protección a periodistas: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, indicó que acordó esta mañana con su gabinete de seguridad, dar continuidad al mecanismo de protección a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos cuya integridad está amenazada.

Luego del asesinato del periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez, el primero en lo que va del actual gobierno, el Presidente de la República dijo que estará pendiente de este caso.

“Acerca de lo que me pregunta sobre Nayarit. Se informó que apareció este periodista en un hospital, que vamos nosotros a estar pendientes. Yo voy incluso el viernes allá, a Tepic, Nayarit”,, aseveró.

Mencionó que si bien se retiró el servicio de escoltas para altos funcionarios, y únicamente cuentan con ella los encargados de las áreas de seguridad, también se mantendrá la vigilancia para aquellos periodistas que tengan una amenaza directa a su integridad.

“Un acuerdo que se tomó en la reunión del Gabinete de Seguridad es mantener la protección a personas amenazadas, en particular a periodistas.

“Ustedes saben que se decidió quitar escoltas a funcionarios, inclusive a ex Presidentes, pero hoy se acordó mantener la vigilancia, la protección de periodistas y de luchadores sociales, personas que están amenazadas. Eso es el acuerdo que tenemos”, refirió.

El Economista


Avión presidencial mexicano ya “duerme” en California

El avión presidencial TP-01 Boeing 787 “José María Morelos y Pavon” llegó hoy a California, tras el anuncio de que será puesto a la venta por la administración del nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

La aeronave llegó sin contratiempos al Aeropuerto de Logística del Sur de California, también conocido como Victorville Airport, localizado en la ciudad de Victorville, en el condado de San Bernardino, California.

El Boeing 787, que en su actividad oficial realizó 214 operaciones, estará aquí junto con otras aeronaves mexicanas que también serán puestas a la venta.

La aeronave cuenta con recámaras, baño, cocina y sala de juntas, y a petición del posible comprador tendría que ser remodelada, a fin de que pueda ser acondicionada como avión comercial de pasajeros.

El avión presidencial, que costó siete mil 500 millones de pesos durante la administración del expresidente Felipe Calderón, estará en el aeropuerto de San Bernardino, donde el fabricante puede darle mantenimiento hasta que se concrete su venta.

La aeronave un Boeing 787-8 Dreamliner partió este lunes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico a la terminal de San Bernardino, que de acuerdo con el fabricante es el lugar más idóneo para darle servicio y preservar la aeronave.

De acuerdo con imágenes proporcionadas por el gobierno federal, la tripulación estuvo conformada por tres pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana.

El Universal


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