Ecuador: “Niñas, no madres”, una voz que se hace fuerte

Ecuador: ‘Niñas no madres’, una voz que se hace fuerte

Quedan rastros. Relatos como el de la niña manabita de 11 años a quien el esposo de su madre violó y embarazó. Historias como la de ‘María’ –nombre que le pusieron los medios a partir de declaraciones de representantes del colectivo ‘Tejedoras Manabitas’– hacen que Cristina Burneo diga con convicción que, en casos así, la maternidad es “una forma de tortura”.

Lo han reconocido organizaciones como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), pero Burneo, académica y miembro de la Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, insiste en que el mayor problema es que “Ecuador legitima la violación” porque no la cuestiona ni la reconoce, a pesar de las cifras.

Coincide con ella Verónica Vera, de Surkuna, quien confirma que en casos de niñas menores a 15 años se repiten patrones de violencia sexual sistemática.

Panorama

Entre 2009 y 2016, 17.448 niñas menores de 14 años tuvieron hijos, según las Estadísticas Vitales y Nacimientos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Lo pusieron en el debate social Ana Acosta y Luisana Aguilar en ‘Las niñas invisibles de Ecuador’, una investigación en la que muestran la realidad de los embarazos que, aunque deberían ser investigados porque son un delito, están normalizados.

Analizaron las cifras, que son las más actuales, y confirmaron que el panorama sigue siendo igual, las organizaciones que presentaron el informe ‘Situación de la niñez y adolescencia en Ecuador’.

En el documento se publicaron datos de menores de 18 años y el trato que recibieron en el sistema de salud público. A pesar de que el acceso a la atención profesional fue de 94,7% (2006 – 2015), las alertas indicaron que 2.115 niñas de 10 a 14 años dieron a luz en 2016, “algunas probablemente como resultado de violaciones o emparejamientos forzados”.

Los detalles que encontró dicho análisis presentado por el Observatorio Social del Ecuador mostraron, además, que tres provincias de la Amazonía tienen la tasa más alta de niñas entre 10 y 14 años que dieron a luz. Orellana, Sucumbíos y Morona Santiago rebasan los cinco embarazos adolescentes por cada 1.000 adolescentes.

Esto en contraste con Pichincha y Guayas, que son las provincias con mayor cantidad de menores de 18 años, donde se registran entre dos y tres embarazos adolescentes por cada 1.000 adolescentes.

Voces unidas

La alerta de las organizaciones se ha centrado en la Meta 3,7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que señala que para 2030 se debe “garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales”. Ecuador está lejos de cumplirla, se recomendó “desplegar esfuerzos importantes”.

Colectivos y organizaciones de mujeres coinciden en que la despenalización del aborto por violación es una medida mínima de reparación a la víctima. Los esfuerzos, según Burneo, deberían enfocase “no en que las niñas sufran menos, sino que nunca más sean madres”. Para esto, debe haber articulación entre el Estado, el sistema educativo y las organizaciones, en un panorama en que las niñas no están seguras en su casa.

Para Vera, además la despenalización, debe ir acompañado con educación sexual basada en los Derechos Humanos y en evidencias científicas. En su experiencia, las niñas que han recibido clases han podido detectar comportamientos abusivos y violentos con mayor facilidad.

A escala mundial, están vigentes movimientos con la consigna ‘Niñas no madres’ que mantiene información actualizada sobre la situación en América Latina y la lucha para que las niñas no sean forzadas a tener hijos cuando fueron violadas. (PCV)

Marco legal

° El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala lo siguiente: “Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años en cualquiera de los siguientes casos: Cuando la víctima sea menor de 14 años”.

Madres menores de 18 años
Situación médica

° Malnutrición
° Mayor riesgo de aborto
° Infecciones
° Anemia
° Sangrado
° Desgarro
° Partos traumáticos
° Necesidad incrementada de cesárea

Según la Dra. Ivonne Naranjo
Uroginecóloga:

° El embarazo en adolescentes es considerado de por sí un factor de riesgo.
° Las niñas menores de 15 años tienen 10 veces más riesgo de morir o tener complicaciones en el parto.
° Si están en poblaciones aisladas o sufren maltrato empiezan el control muy tarde.
° Que una niña menstrúe desde los 9 o 10 años no significa que su cuerpo esté listo.
° Los hijos de madres adolescentes son más propensos a sufrir maltrato y violencia.

¿Hay una edad recomendada para ser madre?

° Hay tres condiciones que se pueden tomar en cuenta, que la mujer esté lista económica, social y afectivamente. Que tenga una pareja estable, porque la maternidad no debería ser llevada solo por la madre.

La Hora


Abuso sexual subió en 315% entre 2014 y 2017

Un informe de la Contraloría señala que durante tres años “no se impulsó ni efectuó un seguimiento continuo” del plan contra los abusos en escuelas y colegios. En el Austro se registraron 71 denuncias.

Un informe de la Contraloría General del Estado, aprobado el 23 de enero y publicado esta semana, revela que entre el 2014 y el 2017 no se dio seguimiento al ‘Plan Nacional Integral para erradicar los delitos sexuales en el sistema educativo’. En ese periodo hubo un “incremento de los casos de violencia sexual en 315 por ciento”.

De acuerdo con datos de la Coordinación zonal de Educación, en dicho período se registraron 71 casos de abuso sexual en el Austro, de los 1.837 a nivel nacional, pero tras los programas de apoyo a las víctimas y motivación a la denuncia, las cifras se multiplicaron.

Así, entre el 2017 y el 2018 se registraron 270 denuncias por casos de abuso sexual infantil que se arrastraban desde el 2014. De estos casos, 105 fueron cometidos en el ámbito familiar, 146 en el ámbito educativo y 19 entre compañeros. Un total de 34 docentes ya fueron destituidos y los demás implicados han sido separados mientras duran las investigaciones.

El informe detalla que, en el período observado, no se coordinaron acciones entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas y la Senplades, “ocasionando que el Plan no se desarrolle, implemente y ejecute, a pesar de haber transcurrido más de seis años desde que se expidió el Acuerdo Ministerial de 30 de septiembre de 2011”, que daba pautas para la aplicación del programa.

El informe acota que en el paso de direcciones provinciales a distritos de Educación, “no se definió procedimientos” para la entrega de expedientes de abusos sexuales, no se inventariaron los casos, y no se implementó un sistema de registro de denuncias de violencia sexual en instituciones educativas, que permita su seguimiento y control.

Tampoco hubo documentos sobre el número de denuncias reportadas antes del funcionamiento de los distritos, ni de los trámites que el Ministerio de Educación debió efectuar en atención a las víctimas.

Henry Calle, quien actuó como coordinador de Educación en parte del período observado, comenta que cuando llegó al cargo se encontró con “expedientes sueltos, sin un archivo organizado y sin una matriz que permita su seguimiento”. El desorden motivó la destitución de dos directores distritales en Cañar y Morona Santiago.

Señala que tampoco se hallaron registros “confiables” de denuncias antes del 2014. “Esto nos dice que, o no se archivaron correctamente, o no se procesaron. En ambos casos lo que pasó es gravísimo”.

María José Machado, representante de la Junta de Protección de Derechos, señaló que la institución trabaja en apoyo a las víctimas, para que este tipo de situaciones no se repita. Calle indicó que la Fiscalía y la Contraloría deben establecer responsabilidades. (I)

Abusos. A nivel nacional se registraron 1.837 casos de abuso sexual en los planteles educativos del país.
Registro. Según la Contraloría General del Estado no hubo un registro adecuado de las denuncias de abuso.
Responsabilidades. La Fiscalía y la Contraloría deben establecer sanciones contra los presuntos responsables.
Los ministros de entre 2013 y 2017 se justificaron indicando que promovieron planes y campañas de prevención del abuso.
71casos de abuso sexual se denunciaron en el Austro entre el 2014 y el 2017.

El Tiempo


VOLVER