Elecciones en Guatemala: antejuicio contra presidenciables y 11 partidos acusados de corrupción

MP y CICIG presentan antejuicio contra Torres y cuatro diputados

Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, presentó la mañana de este miércoles la solicitud para retirarle la inmunidad a Torres, actual presidenciable del partido de la UNE. También contra los diputados Jairo Flores, Julio Ixcamey, Jorge Estuardo Vargas, Karina Paz y los alcaldes de Quiché, Ángel Guarcas, del municipio de Chiché y Pedro Raymundo Cobo, de Nebaj, para que sean investigados por los delitos de Asociación Ilícita, Perjurio y Financiamiento Electoral, respectivamente.

CAPTURAS, PRÓFUGOS Y CITACIONES

De acuerdo con información del MP, se giraron doce órdenes de aprehensión de las cuales se ejecutó la del empresario Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom, por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. Alejos está vinculado a otros casos investigados por el MP y CICIG y tenía medida sustitutiva.

También fueron detenidos Juan Pablo García, Guillermo Alejandro Sierra y Víctor Duarte, por su implicación en las transacciones registradas y por los delitos de Asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.

Por otro lado hay una orden de captura contra Mario Leal Castillo, ex candidato vicepresidencial de la UNE, por asociación ilícita, financiamiento electoral no registrado y financiamiento electoral ilícito. Leal está prófugo desde 2018 por el Caso Traficantes de Influencias.

Otras personas con órdenes de detención son Mario Roberto Leal Pivaral; Rodrigo Leal Castillo; Luis Fernando Pérez Vargas; Carlos López Girón; Julio César López Villatoro; Susana Patricia Castellanos y Maynor Feizal Zimeri.

Además se efectuaron citaciones a Antonio Juan Cristiani Burkard; Per Michael Erichsen Rydhager; Héctor Ricardo Quan; Enrique Sánchez; Hector Rafael Leal Valdés; Nelson Alexis García y Edín Alberto Álvarez. Para documentación del caso se registraron varias declaraciones que completaron parte de la investigación.

En total hubo 21 allanamientos, en los que se recolectó información documental y al menos 60 declaraciones testimoniales, informes del TSE y otras entidades públicas y privadas.

EL CASO

En el marco de las investigaciones de Traficantes de Influencias se detectaron movimientos financieros desde la empresa Ingeniería Integral S.A. hacia la entidad Maariv, S.A. La entidad era manejada por Marlon Estuardo Marroquín, hijo de Giovanni Navas Marroquín, vinculados a Traficantes de Influencias. Al rastrear los movimientos de Maariv, S.A. se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento electoral ilícito de la UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación.

Las diligencias del MP y CICIG revelaron que la UNE utilizó a las empresas Maariv, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña. De esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.

A través de dichas entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT, dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña de ese partido político, por medio de un cheque a nombre de Maariv, S.A.

Los fondos provenían de la entidad Ingeniería integral, S.A., empresa que trasladó un total de Q3 millones 458 mil 407.84 a las cuentas de Maariv, S.A. y PROHABSA, los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña de la UNE.

Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas al entonces vicepresidenciable Leal Castillo, y personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, hoy día diputados, para cambiar cheques emitidos por la entidad Maariv, S.A. y devolverles el dinero en efectivo.

En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció la participación de una tercera entidad, el Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe S.A. representada legalmente por Julio Ixcamey Velásquez, ahora diputado del partido UNE y de la entidad Compañía Agrícola Industrial Solesa S.A. vinculada a la familia del entonces vicepresidenciable, Leal Castillo.

Los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral por el partido UNE han sido cuantificados en Q19 millones 531 mil 753.10.

Diputado de UNE: Sandra Torres saldrá avante

El diputado del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Gabriel Heredia, afirmó que la candidata a la Presidencia de esa agrupación política, Sandra Torres, en varias ocasiones ha sido denunciada y ha salido avante. “Nuestra candidata está inscrita y esperamos que esta vez salga avante”, dijo.

Las declaraciones de Heredia las ofreció durante la sesión del Pleno de esta mañana, en la cual se pudo observar ausencia de los legisladores de la UNE. La agrupación política también se ausentó de la reunión de Jefes de Bloque de este día, en el cual se abordó la iniciativa de Ley de la Superintendencia de Infraestructura Vial (Sivial), de la cual la UNE es ponente.

“Tenemos confianza, somos un partido político que no depende de una sola persona”, declaró Heredia.

Por la solicitud de antejuicio en contra de Torres y por el caso de financiamiento electoral que investiga el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad, la organización política UNE convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para esta tarde.

La Hora


Mauricio Radford rechaza antejuicio por caso que ya tuvo falta de mérito

El presidenciable del partido Fuerza, Mauricio Radford, rechazó los señalamientos en su contra que ahora lo tienen con una solicitud de antejuicio.

El martes último el Ministerio Público solicitó un antejuicio contra Radford por los supuestos delitos de falsedad material, falsedad ideológica y encubrimiento propio.

La investigación señala que supuestamente Radford colaboró con el diputado Claude Harmelin de León para alterar y cambiar el acta 02-2015., mediante la cual inscribieron en 2015, a candidatos a diputados por Fuerza.

El presidenciable, que el martes último recibió su credencial por parte del Registro de Ciudadanos, aseguró que en 2017 el Juzgado Quinto Penal declaró la falta de mérito al no poder probar la participación en los hechos señalados ahora.

El año pasado el MP apeló la falta de mérito, y la Sala Tercera de Apelaciones lo declaró sin lugar.

Los integrantes de Fuerza cuestionaron que Radford no estaba presente el día de la asamblea por la que ahora tiene un antejuicio.

Rechazar antejuicio

El presidenciable solicitó a la Corte Suprema de Justicia rechazar la solicitud de antejuicio.

Mientras que a la fiscal Consuelo Porras, le piden revisar los actuado por la Fiscalía de Delitos Electorales y deducir responsabilidades.

República


Los 11 partidos bajo señalamientos que competirán en las elecciones

Entre las dudas sobre el origen de sus fondos en 2015 y prohibiciones para su inscripción 11 de los 27 partidos que competirán en estos comicios presentan problemas legales que anticipan un difícil proceso electoral.

Complejidad y confusión, esos son los dos conceptos que dominan el arranque del proceso electoral, opinan expertos que creen que en esta etapa de inscripción de candidatos los partidos enfrentan acusaciones que si bien les restan credibilidad pueden fortalecer la institucionalidad de las autoridades electorales.

Las inscripciones comenzaron hace 21 días pero al inicio de la semana el Ministerio Publico reveló que había recibido 7 denuncias contra partidos en las que se ponía en tela de juicio la forma como habían captado fondos o reportado estos en el proceso electoral del 2015.

Agrupaciones

Partidos bajo algún tipo de señalamiento, investigación de figuras o que afrontan algún problema en la inscripción de candidatos:

Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Todos.
Fuerza.
Partido de Avanzada Nacional (PAN).
Unión del Cambio Nacional (UCN).
Encuentro por Guatemala (EG).
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
Movimiento Winaq.
Visión con Valores (Viva).
Valor.
Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación).

El 28 de enero, Zury Ríos, postulada por el partido Valor, fue notificada que no sería inscrita por la prohibición constitucional que impide que los hijos de personas que llegaron al poder por un golpe de Estado puedan optar a al primera magistratura del país. Ríos compitió en la elección de 2015 gracias a un recurso de la Corte Suprema de Justicia.

Además el martes y el miércoles, el MP notificó de la solicitud para retirar el antejuicio contra los presidenciables Mauricio Radford y Sandra Torres, de Fuerza y UNE respectivamente.

Tal escenario, plantea una complejidad pocas veces enfrentada por el Tribunal Supremo Electoral. “La ciudadanía está percibiendo una situación confusa”, cuenta José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES.

“Estas nuevas investigaciones, deben servir para que el ciudadano tome en cuenta como desde 2015 se ha luchado por erradicar el financiamiento electoral ilícito, que terminan de socavar la credibilidad del sistema”, analizó Sanabria.

El director de Acción Ciudadana (AC), Manfredo Marroquín, advirtió que los nuevos casos de corrupción en los que están relacionados candidatos a cargos de elección popular y los altos mandos de los partidos políticos reflejan que desde el proceso electoral se fragua el “enriquecimiento ilícito” para las futuras administraciones.

“El proceso electoral sigue dominado por la misma clase política que ha tenido al Estado y sus instituciones cooptadas con fines de aprovechamiento personal”, dice Marroquín

Turbulento inicio

Pero que en esta etapa el sistema de justicia indague sobre responsabilidades judiciales contra nueve candidaturas y se debata por aceptar una más, no es motivo para la alarma explica Rubén Hidalgo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos.

“Estos son procesos normales en tiempos especiales, aunque supone que hay casos que pudieron atrasarse” para investigar a las personas relacionadas, dice Hidalgo.

Además, de las disputas legales de estos 11 partidos se suma la denuncia presentada en abril de 2018 contra el partido oficial FCN-Nación también por financiamiento electoral ilícito. En este caso ya se lleva un proceso en los tribunales. Encuentro por Guatemala, de Nineth Montenegro, también tiene un caso anterior, el cual la fiscalía analiza conexar con el proceso por el que Montenegro perdió su inmunidad.

En cuanto al efecto que tienen las nuevas investigaciones en la percepción de la ciudadanía, Hidalgo explicó: “Son elementos que le dan un toque de complejidad por los tiempos del proceso electoral y se hace compleja la lectura del futuro inmediato de los candidatos inscritos y los que se inscribirán”.

Sanabria coincide con este planteamiento y señala que tanto el Ministerio Publico como el TSE pueden salir fortalecidos y mantener la confianza publica en la elección. Pese a la desconfianza que pueden generar los partidos debido a los señalamientos que en algunos casos llegan a la ausencia de reportes de donaciones de millonarias sumas.

El director del Incep resaltó que la ciudadanía debe efectuar “una interpretación del proceso electoral y privilegiar el análisis en que los candidatos que se postulen llenen las calidades en Ley con idoneidad, transparencia y ser probos”.

Desilusión
Pero no solo los analistas ven con poco optimismo los primeros días del proceso electoral. En las calles el desanimo se hace sentir . “Es la misma descomposición de siempre -los nuevos casos de corrupción-, no hay nada nuevo, no hay cambios. Nuestra democracia está quebrada y los partidos políticos no brindan propuestas para salir del retraso en el que vivimos”, lamentó el ciudadano Saúl Saravia, de 58 años.

Saravia lleva un mes y medio desempleado. En diciembre pasado fue despedido del puesto de portero en un edificio, en ese inmueble laboró durante 16 años y en la actualidad no cree que tenga posibilidades de encontrar trabajo, también señaló que su situación es parte de los males que tiene el país.

La estudiante universitaria Alejandra Gómez Ulises explicó sentirse “desamparada” porque no cree que durante la campaña electoral surja “una propuesta política seria” que aporte al desarrollo del país.

“Sinceramente le estoy dando seguimiento a las elecciones, pero cuando veo los candidatos me decepciono porque todos tienen debilidades e historia en corrupción. Es difícil porque nos han robado y no veo soluciones a esto”, expuso Gómez Ulises.

El panorama electoral para Luisa Hernández, ejecutiva de ventas, es similar al de otros procesos electorales y cree que pese a las investigaciones de 10 partidos políticos “habrá que votar y cambiar el país”.

Hernández expuso: “Sé que esto está difícil, pero tampoco hay que ser pesimistas. Creo que van a surgir alternativas y debemos conocerlas bien, yo trato de conocer los más que se pueda de propuestas, aunque eso no lo hice en elecciones pasadas y creo que desde el 2015 para acá me cambió la seriedad de ver las elecciones”.

Prensa Libre