Colombia: las claves de un nuevo Paro Nacional – Por Sergio Segura

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Sergio Segura

Este jueves comienza un paro indefinido para rechazar las políticas neoliberales y militaristas del gobierno de Duque.

En agosto de 2018, el sector más reaccionario de la clase política colombiana retornó al poder con la elección presidencial de Iván Duque, del partido Centro Democrático, colectividad dirigida por el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez. El nuevo gobierno de extrema derecha ha traído consecuencias calamitosas para el país, que analizaremos a continuación.

Diversos sectores sociales plantearon un Paro Nacional indefinido que se iniciará el próximo 25 de abril. El gobierno nacional ya demostró que, ante las movilizaciones, la represión policial y el tratamiento de guerra, como sucedió con las movilizaciones indígenas y estudiantiles, serán la primera respuesta.

En campos y ciudades, las centrales obreras y los movimientos sociales se preparan para rechazar las políticas del gobierno: un Plan Nacional de Desarrollo arbitrario y excluyente, la desatención al pliego de peticiones del magisterio y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que afecta la educación pública; el aumento del desempleo juvenil, la eliminación de subsidios y los nuevos impuestos a la clase media; los acuerdos incumplidos con los pueblos indígenas, campesinos y afro, la negativa del presidente a conversar con la Minga Nacional; la corrupción que vincula al ministro de Hacienda y al Fiscal General, el asesinato sistemático de líderes sociales y el grave deterioro del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, son las principales demandas que estarán, desde este jueves, en las calles del país.

Minga, estudiantes y “masacres con criterio social”

Tras 27 días de intensas protestas y una brutal represión policial, la Minga Indígena y Campesina, y el gobierno de Duque llegaron a un acuerdo el pasado 6 de abril. Sin embargo, el presidente se negó a conversar con las comunidades por los supuestos planes para atentar en su contra. Aunque los indígenas desbloqueron la carretera más importante del suroccidente del país tras el acuerdo, este jueves, estarán participando de las movilizaciones. En todo caso, hay preocupación por los pronunciamientos temerarios de Uribe luego de desconocer y rechazar el acuerdo firmado. “Si la autoridad implica una masacre…” y “hay casos en que hay que matar por razones morales…”, fueron algunos de los trinos y pronunciamientos públicos que hizo el senador en las últimas semanas. A los indígenas y sectores movilizados los ha tildado de terroristas en múltiples ocasiones.

Estos pronunciamientos no deben entenderse sino como justificación de la muerte. El 21 de marzo, en el marco de la Minga, se realizó un atentado con explosivos que dejó ocho indígenas y un estudiante muertos. Además, el 13 de abril, uno de sus líderes del departamento del Chocó fue asesinado. Igualmente, persisten los conflictos en las ciudades, donde las protestas estudiantiles de los últimos meses han sido reprimidas por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD). En diciembre pasado, un joven perdió un ojo tras un artefacto arrojado por el ESMAD y, el 3 de abril, murió un estudiante en una explosión durante una protesta en la Universidad del Valle (Cali).

Movilización popular en defensa de la paz y la democracia

El Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016, significa el hecho político más importante de los últimos tiempos en Colombia. El paradigma de la guerra de más de medio siglo mutó, durante el mandato de Santos (2010-2018), por dos razones: la doctrina del enemigo interno o la “amenaza terrorista” implantada en el mundo bajo la estrategia de seguridad de Estados Unidos y apropiada por el expresidente Uribe con la Política de Seguridad Democrática (2002-2010), fue transformada discursivamente con el objetivo de abrir diálogos (en clave neoliberal) con la insurgencia; por otro lado, este mismo gobierno reconoció la existencia de un conflicto armado interno y restableció las relaciones diplomáticas con la Venezuela de Hugo Chávez.

Aunque es importante que el nuevo partido FARC, presentado tiempo después de la dejación de armas, tenga voz dentro del Congreso de la República como parte de su exigencia histórica de participación política, lo cierto es que las vidas que se están salvando después del cese de hostilidades se están perdiendo con el asesinato de sus ex combatientes y familiares, uno de los puntos más neurálgicos del pos-acuerdo. Un total de 128 ex guerrilleros y 20 familiares han sido asesinados por sicarios en los últimos dos años. El caso más reciente fue el de “Samuelito”, el pasado 15 de abril, un niño de siete meses, hijo de ex combatientes, quien murió cuando atentaron contra su familia. Esta instigación al odio y a la violencia por parte del uribismo se da en un contexto en el que han sido asesinados casi 500 líderes sociales desde la firma del Acuerdo.

El presidente Duque ha hecho caso a sus co-partidarios objetando a lo que se reconoce como la columna vertebral del proceso de paz: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque algunas cuestiones de esta jurisdicción han venido avanzando, como las versiones libres de víctimas y victimarios, y otras audiencias de carácter conciliatorio, aún están por verse los resultados de tener como principal enemigo de la paz, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición al jefe de Estado y, en especial, a su patrón, quien es el más interesado en mantener la impunidad del terror de Estado. En las últimas semanas, la JEP ha sido atacada mediante escándalos jurídicos y mediáticos prefabricados por sus aliados.

El conflicto armado: ¿culminando o en auge?

Otro de los fenómenos agravados, no solo desde la firma del Acuerdo de Paz, sino desde que el uribismo radicalizó su rechazo a lo pactado, es el llamado “Ejército Antirrestitución” (en rechazo a la Ley de Restitución de Tierras), conformado por grupos dedicados al exterminio de campesinos que reclaman tierras de las que previamente fueron despojados. Según las denuncias de las víctimas, estas estructuras paramilitares estarían financiadas por ganaderos, palmicultores y, en general, por terratenientes y latifundistas que se valieron de la violencia para apropiarse de grandes extensiones de tierra. Cabe señalar un ejemplo: congresistas uribistas como María Fernanda Cabal, célebre por ser una anticomunista acérrima y por justificar la existencia del paramilitarismo, y su esposo José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) y ex viceministro de Agricultura, se han beneficiado directamente del despojo y la violencia paramilitar.

Ahora bien, en cuanto a las conversaciones que se desarrollaban con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), primero en Ecuador y después en Cuba, el panorama no puede ser peor. Los diálogos fueron cerrados (de hecho, nunca fueron retomados por el actual gobierno) y la negativa de Duque para dialogar es tajante, incluso, a pesar de la presión social y de organismos internacionales.

La militarización para atacar o capturar combatientes de esta guerrilla (cuando no se valen de montajes judiciales para aparentar resultados “contra el terrorismo”) se ha incrementado en los territorios. El ELN ha respondido realizando acciones militares rurales y urbanas. En su página de Internet, afirman que, solamente en el departamento de Arauca (frontera con Venezuela) durante el pasado mes de marzo, se llevaron a cabo 26 acciones militares, causando 22 bajas a las Fuerzas Armadas.

Igualmente, en diferentes regiones del país, persisten enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y diferentes grupos paramilitares dedicados al narcotráfico, llamadas también Bandas Criminales o Grupos Armados Organizados (GAO). Esto ha traído como resultado el recrudecimiento del desplazamiento forzado, donde comunidades campesinas, indígenas y afro son las más afectadas.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, se estima que, solo en 2018, hubo más de 30.000 personas que tuvieron que huir por la violencia que se vive en sus territorios. Durante 2019, la situación ha empeorado: solo en enero, fueron desplazadas 1.300 personas. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que, en los últimos días, los enfrentamientos entre el Ejército y “grupos armados no identificados” dejaron alrededor de 200 familias (unas 600 personas) escapando del fuego cruzado, alertando además de la falta de recursos para atender la emergencia. En su informe, también describieron el aumento de la tortura, los homicidios y la desaparición forzada.

La ingenuidad de seguir mirando al Norte en tiempos de Trump

El principal elemento para desviar la atención sobre las distintas realidades que aquejan al país ha sido la concentración en la crisis que vive Venezuela. De hecho, esta ha sido una de las pocas promesas de la campaña presidencial que han sido cumplidas por Duque: liderar la empresa regional de desprestigio contra el gobierno bolivariano y acusar a Nicolás Maduro de dictador. Cabe recordar que, desde 2009, Estados Unidos cuenta con siete bases militares en territorio colombiano, lo que significa la instrumentalización de la ubicación geoestratégica del país para un eventual ataque militar contra Venezuela. Parece que, por ahora, ese ataque no se va a dar; los recursos de la ultraderecha colombiana y venezolana están agotados y no existe quorum internacional para que Estados Unidos genere una invasión como lo ha hecho en Medio Oriente.

Ahora bien, Colombia vive una etapa diplomática particular con Estados Unidos, quizás la peor en muchos años. Para comprenderla, es necesaria una breve mirada retrospectiva de las relaciones internacionales entre ambos países. Desde la década de 1920, a pesar de la separación de Panamá en 1903, Colombia ha sostenido buenas relaciones con Estados Unidos, principalmente, bajo intereses comerciales, de infraestructura de comunicaciones y de transportes. Esta relación se fortaleció desde 1940, con la participación de Colombia en cumbres y acuerdos mundiales precedidos por el país del Norte. Culminada la Segunda Guerra Mundial, Colombia profundizó la sujeción a la doctrina respice polum (“Mirar hacia el Norte”), participando en la creación de organismos multilaterales con el fin de “evitar la expansión soviética”. Solo hasta la década de 1960, bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), el país tuvo una mirada de integración regional. Después del auge del conflicto armado y el narcotráfico, las relaciones diplomáticas se concentraron en los aspectos militares, policiales y de justicia.

En estos momentos, podemos preguntarnos si cambiarán las relaciones clásicas de armonía diplomática y cooperación con Estados Unidos. Donald Trump, ante el supuesto 50 por ciento de aumento en la llegada de cocaína procedente de Colombia y el “envío de personas peligrosas” hacia Estados Unidos, señaló que Duque no ha hecho nada como presidente, aunque sea “un buen tipo”. Esta reprimenda pone a Colombia en una situación de debilidad a la que el gobierno solo ha respondido culpando a Santos y al proceso de paz del aumento de cultivos ilícitos, y endureciendo la persecución contra campesinos cocaleros y consumidores urbanos. Esta nueva dinámica se da frente a promesas que él mismo propició en encuentros diplomáticos en la Casa Blanca e, incluso, en Colombia con funcionarios de la CIA. Ni con ese esfuerzo, ni con el ultraderechista Francisco Santos como embajador, ni contar con el ex Procurador General, un conservador extremista, como alto funcionario de la OEA, le fue suficiente para ganarse la confianza Trump.

Varios congresistas del Centro Democrático ya se abanderaron de la causa y están tramitando proyectos de ley antinarcóticos. Pero, más allá de drones con glifosato y de políticas inútiles de “mano dura” que nunca han funcionado contra el narcotráfico estructural, lo real es que Trump está pretendiendo su reelección presidencial y no va dudar llevarse por encima a Colombia (como lo hará con Centroamérica) si lo ve pertinente para sus intereses.

Las promesas hechas al “tío Donald” no las va a poder cumplir y Trump ha sido enfático en que no quiere que nadie se aproveche del “apoyo” de los Estados Unidos. A este panorama, podemos sumarle las constantes burlas por la falta de personalidad y gobernabilidad autónoma que posee Duque. En una columna del New York Times, el periodista Omar Rincón fue explícito en decir que Duque es un presidente regañado, un “hijo sonso” que solo sirve para obedecer.

Colombia ha sido amenazada en pocas oportunidades por el Norte. Una de las más recordadas fue en la huelga bananera de 1928, cuando se intimidó al país con ser ocupado por el Cuerpo de Marines si los huelguistas no restablecían la producción de las multinacionales bananeras, lo cual concluyó en una brutal masacre por parte del Ejército contra alrededor de 1.800 trabajadores.

En conclusión, Colombia tiene como tendencia histórica la proximidad estratégica con Estados Unidos. Actualmente, aunque tiene relaciones diplomáticas continentales y mundiales, depende desde múltiples factores del país del Norte, dependencia que está siendo utilizada por Trump. Él sabe que los insultos contra Colombia no cambiarán la situación histórica de sumisión, ni siquiera cuando pase de los insultos a la generación de miedo. Por esta razón, la dignidad y la defensa de la soberanía debería ser otra bandera del Paro Nacional.

La Tinta


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