Colombia: denuncian que 983 líderes sociales están bajo amenazas de muerte

Cerca de 1.000 líderes sociales tienen amenazas de muerte

Al instalar la Mesa por la Protección a la Vida de las Mujeres en Cali, Negret indicó que son 983 los líderes sociales que están bajo amenazas, por lo que es necesario “creer en lo que dicen los panfletos amenazantes, los cuales no se pueden ignorar”.

Entre las cifras entregadas por la Defensoría en el evento se destaca que entre marzo de 2018 y mayo de 2019 unas 480 lideresas sociales o defensoras de derechos humanos fueron agredidas.

Según el organismo, estos hechos se dieron después de que se lanzara una alerta temprana, mecanismo por el cual la entidad acopia, verifica y analiza de manera técnica la información relacionada con situaciones de vulnerabilidad y riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado.

Con estas alertas se busca advertir a las autoridades para que actuen oportunamente con el fin de proteger a las comunidades.

De los 480 casos contra las mujeres reportados en el periodo analizado, 447 fueron amenazas, a 20 asesinaron y 13 sufrieron atentados.

“Este es el nicho en el que debemos trabajar para implementar las alertas tempranas“, comentó el defensor al respecto.

La denuncia de Negret se conoció el mismo día en el que la Procuraduría ordenó la suspensión por tres meses del alcalde del municipio de Tierralta, Fabio Leonardo Otero, dentro de una investigación por presuntas irregularidades en el control del orden público frente a un caso que derivó en el asesinato de la líder social María del Pilar Hurtado el pasado 21 de junio.

Por su parte, un informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica sostiene que ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las Farc asesinados desde 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz con la antigua guerrilla.

Frente a estos hechos también se ha pronunciado la ONG Somos Defensores, según la cual los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia aumentaron casi un 50 % en 2018 en medio de la impunidad, ya que en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría del crimen.

Pulzo


Lideresa social fue asesinada en El Copey, Cesar

En el municipio de El Copey, en Cesar, la lideresa social Tatiana Paola Posso Espitia fue asesinada y un hombre resultó herido tras un ataque sicarial registrado en la madrugada de este miércoles.

La mujer, de 35 años y que era aspirante al Consejo Comunitario, recibió dos impactos de bala en el rostro y el cuello, mientras que Wilson Antonio Ortega Palomino, de 41 años y que se desempeña como mototaxista, fue impactado en cuatro oportunidades.

Según informaron medios locales, el ataque, perpetrado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, se presentó alrededor de las 6:30 a.m. cuando Ortega llegaba al barrio El Porvenir para recoger a la lideresa y llevarla a su lugar de trabajo.

Los habitantes del sector, que fueron testigos del hecho, auxiliaron a los heridos y los trasladaron al Hospital San Roque de El Copey, a donde la Posso llegó sin signos vitales. Por su parte, el hombre que la acompañaba fue remitido a Bosconia por la gravedad de sus heridas.

La muerte de la lideresa fue denunciada y rechazada por la Red Nacional en Democracia y Paz, que la recordó como una “líder social comprometida con la ayuda humanitaria a personas vulnerables y víctimas del conflicto armado interno que padece Colombia”.

Asimismo, expresó que “quienes atentan contra la vida de una persona, están atentando contra toda la sociedad (…) Lamentablemente encontramos un Estado incapaz de la protección de la ciudadanía común y corriente; y lenta a la hora de encontrar y juzgar a los victimarios”.

Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), publicado este año, entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019, 837 líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y excombatientes de las Farc (135) fueron asesinados en Colombia.

Por otra parte, durante los últimos 28 meses, en 29 de los 33 departamentos, incluyendo Bogotá, hubo homicidios, siendo Cauca la región con la mayoría de casos (148), seguido de Antioquia (102), Nariño (67), Norte de Santander (41) y Putumayo (36).

El Espectador


Piden a la Procuraduría investigar a Peñalosa por omitir alertas de grupos armados

Ante la Procuraduría, defensores de derechos humanos y líderes sociales de ocho localidades de Bogotá radicaron una queja disciplinaria en la que piden sancionar al alcalde Enrique Peñalosa, por no tomar acciones frente a las alertas que se han lanzado por la presencia de grupos armados en la ciudad.

David Florez, abogado, investigador y promotor de esta acción disciplinaria, aseguró que el mandatario capitalino “no ha hecho absolutamente nada frente a las diversas alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo” por el actuar de estos grupos.

Desde inicios de 2018, de acuerdo con Florez, organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron sobre el aumento de la presencia de grupos armados ilegales, especialmente grupos paramilitares, en la localidad de Ciudad Bolívar, y sobre la expansión de los mismos en Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Bosa, Kennedy y Puente Aranda, sur y suroccidente de la capital colombiana.

“Las comunidades denuncian, la Defensoría corrobora este riesgo y afirma que efectivamente viene creciendo el paramilitarismo. La Alcaldía de Enrique Peñalosa no hace absolutamente nada (mientras) el mal se sigue propagando”, afirmó Florez.

La presencia de estas organizaciones criminales amenaza a más de un millón y medio de personas en esta zona de la ciudad, según cifras de la propia Defensoría.

De acuerdo a la denuncia, las agrupaciones “posdesmovilización y paramilitares” están controlando el tráfico de drogas en la ciudad, extorsionan a pequeños comerciantes y articulan las mafias que funcionan en dichas localidades. También amenazan constantemente líderes comunitarios y son responsables de violaciones de derechos humanos, como asesinatos selectivos.

Florez cuestionó si, lo que llamó una relación de convivencia de la Alcaldía Distrital con grupos como las Aguilas negras, Los Paisas, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Bloque Capital, “tiene que ver con la presencia de partidos en su coalición de Gobierno, claramente ligadas” al este fenómeno criminal, como el oficialista Centro Democrático.

“Le exigimos a la Procuraduría, que así como suspendió al alcalde de Tierralta, Córdoba, por no hacer nada para proteger la vida de María del Pilar Hurtado, haga lo mismo y obre en consonancia contra el alcalde Enrique Peñalosa”, aseveró.

La última alerta de la Defensoría indica que en los últimos tres meses han sido asesinados ocho jóvenes asesinados en Bosa. En Ciudad Bolívar, se han registrado al menos otros 15 crímenes, pero las Secretarías de Seguridad y de Gobierno han insistido que en Bogotá no existen estos grupos.

Luceris Segura, líder de Ciudad Bolívar, informó que aunque desde el año pasado se emitió una alerta temprana, los gobiernos local, distrital y nacional “no han hecho ninguna acción”, mientras que la localidad “sigue sufriendo riesgos y asesinatos”.

Mauricio Esguerra, defensor de derechos humanos de Bosa, indicó que desde 2018 en esta localidad han venido aumentando las intimidaciones de líderes comunales, y la difusión de panfletos amenazantes, particularmente contra organizaciones sociales.

“Este año se han presentado dos casos de desmembramiento, cuatro panfletos y constantes amenazas, como en el barrio Villa Karen II, donde dos personas se han tenido que ir”, detalló. También se han presentado casos de control territorial en esta localidad.

Por su parte, Andrés Camilo Rodríguez, de Kennedy, advirtió que sumado al contexto nacional, “Bogotá no es ajena a la problemática” de asesinato de líderes por la actividad política y comunitaria de organizaciones sociales.

Este líder social denunció hechos como que personas no identificadas pidan listas de quienes participan en reuniones de asambleas de juntas de acción comunal, murales o grafitis que dicen “soberanía paramilitar AUC”, así como mafias estructuradas con vínculos con la Policía, e incluso, con políticos locales.

Isabel Fajardo, defensora de derechos humanos de la Red Popular de Derechos Humanos Bogotá Sur (Redhus), dijo que en un trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo, se ha hecho un diagnóstico que permite evidenciar que “realmente en los territorios se están reconfigurando estructuras post desmovilización del paramilitarismo”, que han generado alarma y zozobra por el trabajo social en las comunidades.

El defensor del Pueblo, Carlos Negret ha dicho que al menos 983 líderes sociales están bajo amenaza de muerte. “Es necesario creer lo que dicen los panfletos amenazantes, los cuales no se pueden ignorar”, dijo al instalar la Mesa por la Protección a la Vida de las Mujeres.

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 20 de mayo de este año, 702 líderes y lideresas sociales han sido asesinados en todo el país, según el informe de 2019 del Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz).

El Espectador