Brasil: el Supremo Tribunal suspende la transferencia de Lula a una carcel común en San Pablo

Tribunal Supremo de Brasil niega la transferencia de Lula a una cárcel de Sao Paulo

El Tribunal Supremo de Brasil suspendió este miércoles la transferencia del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva desde Curitiba, donde cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión, a una cárcel de Sao Paulo, como había ordenado hoy una jueza de primera instancia.

Por 10 votos a favor y uno en contra, la máxima corte del país atendió el pedido de la defensa del exmandatario y decidió, en una rápida sesión, suspender el traslado del exjefe de Estado hasta que se juzgue un pedido de “habeas corpus” que estaba pendiente de análisis.

Lula, de 73 años, se encuentra preso desde el 7 de abril de 2018 en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del estado de Paraná, tras ser condenado por corrupción pasiva y blanqueo de capitales en un caso vinculado con la Lava Jato.

No obstante, la jueza Carolina Lebbos determinó este miércoles la transferencia de Lula a un presidio de Sao Paulo, pero la decisión fue contestada por la defensa del expresidente brasileño.

Los abogados del antiguo líder sindical pidieron que se frenara la transferencia hasta que el Tribunal Supremo analice un “habeas corpus” en el que se cuestiona la actuación del exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, en el proceso que llevó a la condena de Lula en primera instancia.

El recurso fue analizado con carácter urgente este mismo miércoles por el pleno del Tribunal Supremo de Brasil y 10 de los 11 magistrados votaron a favor de la suspensión de la transferencia al presidio de Tremembé, situado en el interior de Sao Paulo y que abriga a reclusos con condenas mediáticas.

El único juez que se pronunció en contra fue Marco Aurélio Mello, quien argumentó que Lula debería recurrir primero a un tribunal de segunda instancia antes de hacer lo propio ante la máxima corte del país.

El recurso de la defensa, sin embargo, fue acatado parcialmente, ya que la mayoría de los magistrados rechazaron una solicitud para que el ex jefe de Estado fuera puesto en libertad.

El exmandatario fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión por el juez Sergio Moro después de hallarle culpable por recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.

La pena fue ampliada en segunda instancia a 12 años y 1 mes y rebajada posteriormente en tercera instancia a 8 años y 10 meses.

Sobre Lula ya pesa otra condena a otros 12 años y 11 meses de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda.

Desde que fue encarcelado, Lula permanece en una celda especial, de 15 metros cuadrados y adaptada por su condición de expresidente, en la sede de la Policía Federal en Curitiba, en el sur del país y donde también se encuentra el tribunal a cargo de la operación anticorrupción Lava Jato, por la que fue encarcelado.

Perú 21


Lula da Silva logra frenar su traslado a Sao Paulo

La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva acudió este miércoles al Tribunal Supremo y consiguió frenar la transferencia desde Curitiba, donde cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión desde hace exactos 16 meses, a una cárcel de Sao Paulo, que había ordenado una jueza de primera instancia.

Por diez votos a favor y uno en contra, la máxima corte del país atendió el pedido de la defensa del exmandatario y decidió, en una rápida sesión, suspender el traslado del ex jefe de Estado hasta que se juzgue un pedido de “habeas corpus” que está pendiente de análisis.

Los abogados del antiguo líder sindical habían contestado la decisión judicial de la magistrada Carolina Lebbos de trasladar a Lula a una prisión del estado de Sao Paulo, donde debería dar continuidad a la pena impuesta en tercera instancia por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales.

Tras la decisión judicial de Lebbos, estaba previsto que Lula fuera transferido al presidio de Tremembé, situado en el interior del estado de Sao Paulo y donde cumplen pena algunos de los reclusos más mediáticos de Brasil.

La transferencia había sido solicitada por la Superintendencia Regional de la Policía Federal del estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, tras alegar que, debido a la prisión de Lula, los cuerpos de seguridad deben de actuar de forma “permanente” para evitar enfrentamientos entre “grupos antagónicos”.

No obstante, los abogados del antiguo líder sindical pidieron al Tribunal Supremo que se frenara la transferencia hasta que se analice un “habeas corpus” en el que se cuestiona la actuación del exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, en el proceso que llevó a la condena de Lula.

El recurso fue analizado con carácter urgente este mismo miércoles por el pleno de la máxima corte y diez de los once magistrados votaron a favor de la suspensión de la transferencia al presidio de Tremembé.

El único juez que se pronunció en contra fue Marco Aurélio Mello, quien argumentó que Lula debería recurrir primero a un tribunal de segunda instancia antes de hacerlo ante la máxima corte del país.

El pedido de la defensa, sin embargo, fue acatado parcialmente, ya que los magistrados todavía no han analizado el pedido de “habeas corpus” formulado por los abogados.

“Lula ya dijo más de una vez en las entrevistas que cree en el Supremo Tribunal Federal y recibió con naturalidad la decisión que suspendió su traslado al presidio en Sao Paulo”, afirmó uno de los letrados del exmandatario, Manoel Caetano Ferreira.

De esa forma, Lula, de 73 años, continuará recluido en una celda especial, de 15 metros cuadrados y adaptada a su condición de expresidente, en el edificio de la Policía Federal en Curitiba.

Allí ingresó el ex jefe de Estado el 7 de abril de 2018 después de pasar 48 horas atrincherado junto a la militancia en el sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, y lo hizo después de que la Justicia diera por comprobado que recibió un apartamento por parte de la constructora OAS a cambio de favores políticos.

El exmandatario fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión por el juez Sergio Moro. La pena fue ampliada en segunda instancia a 12 años y 1 mes y rebajada posteriormente en tercera instancia a 8 años y 10 meses.

Según las leyes brasileñas, Lula podría solicitar la prisión domiciliaria una vez que cumpla una sexta parte de la pena de 8 años y 10 meses de prisión, lo que ocurriría en septiembre próximo.

No obstante, sobre Lula ya pesa otra condena a otros 12 años y 11 meses de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda.

El pragmático líder del Partido de los Trabajadores se considera un preso político, víctima de una persecución judicial y política, y ha reiterado en diversas ocasiones que no está dispuesto a cambiar “su dignidad por la libertad”.

El Deber


Decisão “vingativa” de juíza de Curitiba colocou vida de Lula em risco, diz advogado

A decisão de transferir o ex-presidente Lula para São Paulo – tomada na manhã desta quarta-feira (7) pela juíza paranaense Carolina Lebbos e mais tarde barrada pelo Superior Tribunal Federal (STF) –, foi motivada por um desejo de vingança dos operadores da Lava Jato e colocou a vida do petista em risco.

A avaliação é do advogado Antônio Carlos Carvalho, consultor da Fundação Perseu Abramo (FPA), em entrevista ao Brasil de Fato.

“Para tirar a atenção da encalacrada que a Lava Jato está, a juíza tomou essa decisão para poder se vingar da situação e tirar o foco do que está acontecendo no país”, disse Carvalho, referindo-se à série de diálogos divulgados nos últimos meses a respeito das ilegalidades cometidas pelo MPF de Curitiba e pelo ex-juiz Sergio Moro no âmbito da Lava Jato.

Confira a entrevista:

Brasil de Fato: Em sua opinião, quais as motivações que levaram a Polícia Federal a pedir a transferência do ex-presidente Lula para São Paulo?

Antônio Carlos Carvalho: A justificativa que a Polícia Federal apresenta é que ela não tem condições de manter um preso em cumprimento definitivo de pena e, além de tudo, a questão estrutural, em volta da superintendência da Polícia Federal, por conta da vigília. Mas sabemos que o presidente Lula é um preso político e por essa razão eu acho que o que está motivando, de fato, esta ação da PF, sobretudo essa decisão da juíza nesse contexto, é a situação geral do país, a situação que o Sérgio Moro e o Ministério Público do Paraná se encontram. Me parece uma tentativa de tirar a atenção do que está acontecendo, Deltan (Dallagnol) está muito pressionado neste momento, o Supremo (STF) está muito irritado com as ações do Ministério Público, que estão aí demonstradas pelos vazamentos da Lava Jato. E me parece que é isso, uma tentativa de tirar a atenção da Lava Jato. Para poder tirar a atenção da Lava Jato e da encalacrada que a Lava Jato está, a juíza tomou essa decisão para poder se vingar da situação e tirar o foco do que está acontecendo no país.

Me parece que um erro primário foi cometido. Na decisão do então juiz Sérgio Moro, havia uma determinação para que o Lula cumprisse sua pena em cela especial. No entanto, a decisão da 12ª Vara Federal de Curitiba não manteve a cela especial para o ex-presidente. Isso é comum?

Não, inclusive, é um erro primário mesmo, até porque desrespeita a Leis de Execuções Penais do Brasil, que determina que a execução penal deve se ater ao que foi decidido em sentença. Quando o STF negou o habeas corpus preventivo ao ex-presidente Lula [em 2018], naqueles dias que antecederam a prisão do ex-presidente, o juiz Sérgio Moro, imediatamente, expediu um mandato de prisão em que ele dizia que Lula deveria ficar em uma cela que deveria ser uma ‘espécie de sala de Estado Maior’. A juíza Carolina Lebbos ignorou esse fato e extrapola os limites da decisão judicial que condenou o ex-presidente. Evidente que não estamos discutindo o absurdo que é a condenação do Lula. Para piorar a situação, o juiz de São Paulo, que tomou uma decisão muito rápida, incrível como o poder Judiciário de São Paulo foi eficiente no caso do ex-presidente, ele ignora um trecho da decisão da juíza Carolina Lebbos e não motiva as razões do ex-presidente ser transferido para Tremembé.

A decisão de transferência não determinava a “garantia à segurança” do ex-presidente. Isso deveria estar por escrito ou é parte do rito da transferência?

Antes, precisamos lembrar que dias atrás diversos presos foram executados no norte do país, inclusive algum deles em trânsito, dentro de uma viatura policial. Acho que a segurança e a integridade não está garantida para ninguém nesse país. Se formos tratar de um caso em que, claramente, há uma perseguição judicial e uma sentença abusiva e absurda, a questão da segurança está ameaçada. Não podemos dizer que o sistema prisional brasileiro tem condições de garantir a segurança do presidente e para mais ninguém. A prisão é uma escolha política do Estado e que afeta e ameaça a segurança e integridade de qualquer pessoa. A sentença determinava que deveria haver condições especiais para a condução do presidente e a juíza desrespeitou essa decisão.

Tremembé é considerada a prisão dos “presos famosos”. Lá, o ex-diretor da Dersa, Paulo Preto, afirma que foi ameaçado de morte; e o doleiro Marcos Valério denunciou que foi espancado. Foi a melhor decisão?

Essa é a realidade do sistema penitenciário brasileiro, uma realidade de ameaças, de domínio de facções criminosas. O estado de São Paulo é conhecido por isso, o estado deu origem à maior facção criminosa do país, que atua de dentro dos presídios. Então, sem dúvida, havia risco à integridade física do ex-presidente. Estávamos diante de uma ameaça real à vida dele.

Como o sr. vê a decisão do STF em barrar a transferência?

Bom, hoje foi um dia de várias surpresas. Foi uma surpresa a pressão que os deputados exerceram sobre o Supremo pra que se revertesse a decisão de transferência. A gente precisa olhar pra isso com vários olhares. Mais de 70 deputados foram diretamente ao ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, e ele imediatamente encaminhou para o plenário, o que é outra surpresa. Logo depois disso, a procuradora Geral da República [Raquel Dodge] também se manifestou favoravelmente à permanência do ex-presidente em Curitiba. Acredito que essa decisão mostra pra gente a capacidade de pressão que é necessário que se faça numa situação como essa, de desrespeito à Legislação, de desrespeito aos direitos do país, [decisão] que mantém a integridade física e a segurança do presidente, que, não tenha dúvida, estava ameaçada. Isso mostra pra gente que o Supremo está num movimento de rever os abusos da Operação lava Jato, de tentar olhar para tudo o que aconteceu e colocar limites a esses absurdos que cada vez mais estão comprovados pelos episódios da Vaza Jato.

Brasil de Fato


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