Persecución en Ecuador: trasladan a la prefecta de Pichincha a la cárcel de Cotopaxi

19

Trasladan a Cotopaxi a la Prefecta Paola Pabón

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fue trasladada al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación en su contra por presunto delito de rebelión.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad confirmó que la Prefecta fue llevada la tarde del 15 de octubre, tras su audiencia de formulación de cargos e ingresada al área de transitoria de ese centro.

La Fiscalía la investiga “por los actos delictivos registrados durante las protestas de días atrás”. La instrucción fiscal durará 90 días.

El Juez dijo que la Fiscalía presentó “suficientes elementos de convicción” y ordenó la prisión preventiva en su contra.

Los hechos se enmarcan en las manifestaciones que se dieron por 11 días a nivel nacional en contra de las medidas económicas anunciadas por el Presidente Lenín Moreno.

Pichincha Universal


Fiscalía allanó la Prefectura de Pichincha como parte de la instrucción fiscal a Paola Pabón

La Fiscalía allanó esta tarde el edificio de la Prefectura de Pichincha, en el centro de Quito, dentro de la instrucción fiscal por rebelión contra la prefecta Paola Pabón, investigada por el delito de rebelión.

Fiscalía y Policía allanaron la sede de la Prefectura de Pichincha “como parte de la instrucción fiscal abierta por el delito de rebelión” a Pabón, mediante un operativo en el que intervinieron once fiscales, señaló el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.

De su lado, Pabón, quien se encuentra bajo una orden de prisión preventiva, ha negado los cargos y dijo que su detención obedece a una persecución política contra el movimiento Revolución Ciudadana, que dirige el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

“En Ecuador no hay Estado de Derecho. La Prefecta de Pichincha ha sido condenada sin pruebas y sin el debido proceso. Esta cuenta transmitirá información sobre Paola Pabón, pero ya no podrá ser manejada por ella, pues se encuentra encarcelada”, se pudo leer en un mensaje en su perfil de Twitter.

Varias organizaciones feministas de Argentina y Perú han expresado su solidaridad con Pabón y han exigido su inmediata liberación.

El ingreso en prisión preventiva de Pabón fue dictado este martes por un juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, tras haber sido detenida el lunes en un allanamiento a su domicilio practicado pocas horas después del fin de las duras protestas sociales de la semana pasada.

Entre los indicios presentados por la Fiscalía está su posible participación “en un plan desestabilizador con financiamiento extranjero” y el “uso del edificio de la Prefectura para estos fines”.

En días pasados, Pabón y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, intercambiaron mensajes vía Twitter en momentos en que el Ejecutivo achacaba los actos de violencia en las protestas a gente cercana a Correa.

El Gobierno ha señalado directamente al “correísmo” de instigar las violentas protestas que paralizaron Ecuador la semana pasada por la eliminación de los subsidios a los combustibles, entre otras medidas de austeridad económica adoptadas para recibir un crédito de más de 10.000 millones de dólares, 4.200 de ellos del FMI.

Las protestas, que terminaron el domingo con la derogación del polémico decreto, dejaron 8 muertos según la Defensoría del Pueblo, además de más de 1.300 heridos y más de mil detenidos.

Metro Ecuador


Amnistía insta a la OEA a exigir a Ecuador una investigación sobre las violaciones de los DDHH en las protestas

Amnistía Internacional (AI) ha instado a los estados miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) a exigir a Ecuador que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en la represión de las protestas contra la reforma económica ideada por el Gobierno de Lenín Moreno.

La ONG ha reaccionado a la declaración de apoyo “al régimen democrático en el Ecuador” y rechazó a “cualquier acción encaminada a desestabilizar al Gobierno” que el Consejo Permanente de la OEA emitió el martes tras escuchar la exposición del ministro de Exteriores, José Valencia, sobre lo ocurrido la última semana en la nación andina.

“Es muy preocupante que, un día después de haber suspendido el estado de excepción, Ecuador pretenda borrar y olvidar las violaciones de Derechos Humanos causadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y el Ejército contra aquellas personas que se manifestaron”, ha dicho la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, en un comunicado.

Guevara ha advertido de que, “sin exigir verdad y justicia, los países que conforman la Organización de Estados Americanos estarían dándole la espalda a las víctimas de estas violaciones y propiciando la impunidad”.

Así, AI ha pedido a los estados miembro “exigir que Ecuador investigue de manera pronta, exhaustiva e imparcial las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la represión por parte de las fuerzas de seguridad en contra de las manifestaciones, con el fin de garantizar verdad, justicia y reparación de las víctimas”.

A las autoridades ecuatorianas, les ha urgido a “tomar todas las medidas que correspondan para hacer frente a esos episodios de violencia, sin dejar de garantizar que quienes protestan de forma pacífica puedan seguir haciéndolo, así como realizar todas las investigaciones pertinentes”.

También ha pedido a Moreno “garantizar que las medidas de austeridad, como aquellas que motivaron las manifestaciones masivas en el país, se diseñen y se apliquen de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” de modo que sean “temporales, razonables y proporcionadas”.

CRISIS POLÍTICA

Las protestas, protagonizadas por los indígenas, aunque también ha habido participación de sindicatos y estudiantes, comenzaron el 1 de octubre, cuando Moreno dio a conocer el “paquetazo” de ajustes económicos pactado con el FMI a cambio de una inyección de 4.200 millones de dólares.

Las partes iniciaron el domingo un diálogo, bajo los auspicios de la ONU y la Conferencia Episcopal, en el que el Gobierno se comprometió a dar marcha atrás en su medida más polémica, la eliminación de los subsidios al combustible, y los manifestantes a poner fin a las protestas.

Moreno derogó el decreto 883 el lunes y accedió a negociar con los indígenas los nuevos ajustes económicos, para lo cual debían reunirse este martes, aunque la sesión fue pospuesta, según informaron los mediadores, por razones que no han trascendido.

El presidente ecuatoriano ha acusado directamente a su antecesor en el cargo y antiguo aliado, Rafael Correa, así como a sus socios, entre ellos el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de orquestar las protestas para derrocar a su Gobierno en un “golpe de Estado”, algo que ambos han negado.

Confirmado


Caso Odebrecht: Ratifican sentencia contra Jorge Glas, Ricardo Rivera y otras cuatro personas

Esta 16 de octubre se ratificó la sentencia contra Jorge Glas, Ricardo Rivera y otras cuatro personas. Esto dentro del caso Odebrecht.

El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedentes los recursos de casación interpuestos por el exvicepresidente, su tío Ricardo Rivera y otros.

De esta forma se ratifica la sentencia de seis años de prisión por asociación ilícita, dentro de la trama de sobornos de la construcción brasileña que investiga la institución.

Vale recordar que este miércoles, en el tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por Daniella Camacho, Iván Saquicela y Wilman Terán, se reinstaló audiencia de casación contra Glas y otros, por el delito de asociación ilícita.

Los tres jueces consideraron “improcedente” el recurso interpuesto por la defensa. Por ello ratificaron la pena de seis años de cárcel. Por esta a la que fue condenado a finales de 2017 por un delito de asociación ilícita.

El Tribunal, integrado por la jueza Daniella Camacho, que actuaba de ponente, y por los magistrados Wilmer Terán e Ivan Saquicela, también ratificó la sentencia contra otros cinco implicados, entre ellos el tío del exvicepresidente Ricardo Rivera.

Metro Ecuador


El diálogo por el decreto sigue; plan económico se reconfigura

Cuatro días han transcurrido desde que el Gobierno derogó el Decreto 883, el pasado 14 de octubre. Desde entonces, se espera a que el diálogo entre el Ejecutivo y la Conaie termine en la generación del nuevo esquema de subsidios a los combustibles. Ayer 16 de octubre del 2019, las dos partes mantuvieron una reunión reservada, con mediación de la ONU y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Hasta el cierre de esta edición no trascendieron las resoluciones adoptadas. La racionalización debería empezar por eliminar por completo la subvención que tienen las gasolinas extra y ecopaís, sugieren Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, y José Fuentes, docente de la Universidad de las Américas (UDLA).

Para el caso del diésel, que es el de mayor consumo, Fuentes recomienda hacer estudios más detallados, ya que la base de consumidores es amplia. Esos dos productos ya tuvieron una rebaja en el subsidio desde diciembre del 2018. Las gasolinas extra y ecopaís pasaron de USD 1,48 a 1,85 por galón. Con el Decreto 883, el valor de los dos combustibles subió a USD 2,39, pero desde el martes pasado se volvió a los precios de diciembre. Leonidas Iza, representante del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), ayer en una entrevista televisiva, sostuvo que su sector coincide con el Gobierno en que los subsidios no pueden beneficiar a los sectores de más ingresos.

El sector que representa no apoyará una medida de focalización que contemple eliminar la subvención a la gasolina extra o ecopaís. Señaló que el transporte comunitario de productos agrícolas dentro del campo se realiza principalmente con camionetas que consumen este tipo de derivado; mientras, el diésel es consumido por tractores y camiones medianos y grandes.

“Aumentar un centavo a la gasolina en el sector agrícola afecta a todo nuestro sistema productivo”. Iza también dijo estar en contra de un incremento del bono de desarrollo humano y de la base de beneficiarios a cambio de la eliminación del subsidio a los combustibles. El dirigente pide que se identifique a los grupos de mayor poder adquisitivo que están consumiendo gasolina subsidiada, a través de un proceso en el que participen sectores sociales y la academia.

“Los quintiles 1, 2 y 3, los más pobres, necesitamos el subsidio. Los que deben pagar gasolina sin subsidio son los más ricos”. Si la medida ya no incluye al diésel, el Fisco solo tendría USD 400 millones de ahorro y no los 1 400 millones iniciales. Mientras esto se define, están estancados otros temas sensibles para la economía, como son las reformas tributaria y laboral. Según Napoleón Santamaría, analista tributario, se deben reconfigurar las medidas previstas inicialmente. Con el paquete tributario, la proyección del Fisco era obtener USD 600 millones al año.

Napoleón Santamaría, experto tributario, reflexionó que dadas las circunstancias no cabe dar paso a la oferta de eliminar el anticipo del impuesto a la renta, tampoco reducir a la mitad la tarifa del impuesto a la salida de dividas (ISD), ya que el Fisco requiere de más ingresos que suplan a la eliminación de los subsidios.

Otra recomendación es incrementar la contribución especial que harán las empresas durante tres años. El anuncio oficial fue que se cobrará a las firmas que generen más de USD 10 millones al año. Santamaría sugiere que se considere a las empresas que facturan más de USD 1 millón, con aportes desde el 0,1 hasta el 1% de forma escalonada.

En cuanto a la reforma laboral, Gabriel Recalde, directivo del Centro de Estudios de la Política Laboral, opinó que algunos de los anuncios eran inconstitucionales, como reducir el tiempo de vacaciones del sector público y que los empleados de empresas públicas contribuyan con un día de su salario cada mes. El martes pasado se tenía previsto un encuentro entre el Gobierno y sindicatos agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), con mediación de la ONU y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, pero fue suspendido. Con quienes sí se reunió el presidente Lenín Moreno ayer (16 de octubre) fue con la CUT y otros gremios.

En la cita estuvieron presentes el vicepresidente Otto Sonnenholzner y el ministro de Trabajo, Andrés Madero. El titular de la Cartera confirmó que el proyecto de ley será presentado en los próximos días y que incluirá ajustes a las normas que afectaban a los servidores públicos. Mesías Tatamuez, presidente del FUT, exige que se archive la reforma y se construya una nueva. Además, que cambie la estructura actual del Consejo Nacional de Trabajo.

El gremio dialogó con representantes de la ONU, a fin de pedir su mediación para abrir una puerta de diálogo. En medio de estos escenarios, el Fondo Monetario Internacional dijo ayer que va a seguir trabajando con el país para identificar, en el contexto del actual programa, la mejor forma de apoyar en lo financiero y técnico al Ecuador. Y buscarán formas para asegurar la sostenibilidad fiscal y las perspectivas de los ecuatorianos.

El. Comercio

Más notas sobre el tema