Piñera sobre el reclamo de una nueva Constitución: “No descarto reformas estructurales”

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Contexto Nodal
El 4 de octubre el presidente Piñera anunció el aumento del transporte público en unos 30 pesos (1,16 USD, aproximadamente), lo que provocó que estudiantes secundarios impulsaran “evasiones” en el Metro para no pagar el pasaje. Esa forma de protesta se masificó desde el 17 de octubre y dio lugar a un estallido social en el que salieron a la luz las múltiples demandas del pueblo chileno. La respuesta del gobierno fue la represión y la implementación del Estado de Emergencia y el Toque de Queda. Las movilizaciones, huelgas y cacerolazos continúan en todo el país. Hay numerosas denuncias de violaciones a los DDHH: asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad.

PIÑERA POR POSIBLE NUEVA CONSTITUCIÓN: “NO DESCARTO NINGUNA REFORMA ESTRUCTURAL”

El Presidente Piñera dijo este miércoles que no descarta una nueva Constitución, como parte de las reformas estructurales, para solucionar la crisis social.

“Vamos a analizar las reformas estructurales después de escuchar a los chilenos (…) No descarto ninguna reforma estructural”, remarcó.

El Mandatario respaldó abiertamente el actuar de Carabineros durante las manifestaciones, sosteniendo que una de las prioridades es reguardar el orden público e indicando que el Gobierno no tiene nada que ocultar en materia de derechos humanos.

El Presidente hizo estas afirmaciones tras visitar a los carabineros que han sido lesionados durante las marchas, destacando la labor de ellos, así como de los funcionarios de la PDI y militares que estuvieron en el Estado de Emergencia.

“Un defender de todo Gobierno es resguardar el orden público, la seguridad ciudadana y respetar y hacer respetar las libertades y los derechos de todos los chilenos. En esa la función de Carabineros que cumple una labor fundamental”, aseveró Piñera.

El Presidente hizo hincapié en que los carabineros arriesgan muchas veces sus propias vidas e integridad física para resguardar “la nuestra”.

Sobe las denuncias de abusos y eventuales violaciones a los derechos humanos, el Presidente manifestó que Carabineros, en los casos pertinentes, ya ha iniciado sumarios respectivos, poniendo los antecedentes, cuando amerita, ante la fiscalía.

“Para este Gobierno y para Carabineros de Chile los derechos humanos son un compromiso inquebrantable”, indicó.

Sobre el actuar de la institución policial desde el inicio del estallido Social, Piñera afirmó que se tomaron todas las medidas para aplacar a los violentistas.

“No queremos un país en manos de los violentistas que están dispuesto a destruirlo todo (…) Para poder protegernos de la violencia y delincuencia, tenemos que aprender a respetar y aprender la valiosa labor que cumple Carabineros de Chile”, manifestó.

Sobre la visita de una delegación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que este miércoles llegó a Chile, el Mandatario fue claro al sostener el Gobierno no tiene nada que ocultar.

“(…) porque no tenemos nada que ocultar. Quiero decir que el tema de los derechos humanos en un tema esencial para nuestro Gobierno, Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas”, subrayó.

La Nación


Nueva Constitución suma apoyos: vocero de la Corte Suprema pide considerar “el clamor de la ciudadanía”

Una de las demandas más nítidas de los sectores sociales y políticos -incluso en las mismas filas de Chile Vamos- en la actual crisis es la necesidad de una nueva Constitución. A los avances del Poder Legislativo en esta materia, ya se sumó una voz importante: la del Poder Judicial, a través de su portavoz Lamberto Cisternas.

Al ser consultado en CNN Chile si el país necesita una nueva Carta Fundamental, considerando el estallido social, el vocero de la Corte Suprema lo admitió sin ambages: “Yo creo que a estas alturas sí, y digo que a estas alturas sí porque el clamor de la ciudadanía es tan grande que deberíamos abocarnos a eso”.

De acuerdo al supremo, “a lo mejor tenemos una Constitución relativamente parecida, pero no importa, estamos haciendo la revisión de acuerdo con el clamor ciudadano”.

Respecto a las opciones posibles, el ministro aseguró que una “buena” alternativa sería la realización de un plebiscito ciudadano que permita llegar a consensos.

El tema ahora está en la cancha del Ejecutivo, pero en el Gobierno están concentrados en seguir al pie de la letra un libreto que tiene como prioridades la normalización del país, la reconstrucción y la agenda social.

En la mañana, la vocera Karla Rubilar reveló la línea argumentativa del Ejecutivo al plantear que el foco estará en los cabildos ciudadanos, la fórmula de emergencia a la que el gobierno echó mano para sortear la crisis y luego “después de haber escuchado la voz de la gente, podemos poner todos los temas en el debate”.

La respuesta de Piñera

En la misma línea se expresó el Presidente Sebastián Piñera, quien ayer por la tarde después de visitar en el hospital institucional a los carabineros heridos en protestas, fue preguntado en al menos tres oportunidades sobre el tema de la nueva Constitución.

Ante la insistencia, Piñera dijo que la prioridad es la agenda social antes que la agenda política y “escuchar a los chilenos”, en alusión a los cabildos ciudadanos. “La prioridad de nuestro Gobierno en este instante son las prioridades de todos los chilenos y voy a ser muy claro, nuestras prioridades son restablecer y resguardar el orden público, la paz de los ciudadanos, la seguridad de nuestros compatriotas, proteger sus bienes, terminar con el vandalismo y la delincuencia y violencia desatada que hemos conocido”, indicó.

Luego, en una segunda etapa, precisó que “no descarto ninguna reforma estructural” sin dar más detalles. “Cuando tengamos la genuina y fiel expresión de los chilenos, vamos a iniciar una segunda etapa. En esa segunda etapa, yo no descarto ninguna medida y estoy abierto a considerarlas todas, pero en este instante las prioridades del gobierno son las prioridades de los chilenos”, finalizó el Presidente, entreabriendo la puerta a la posibilidad de discutir el tema.

El Mostrador


Estas son las demandas de los Trabajadores y Trabajadoras de Chile

Las organizaciones sociales de Chile que han confluido en un Bloque Sindical que lleva por nombre Unidad Social, tras una serie de diálogos y acuerdos han llegado a la elaboración de un Pliego que resume las principales demandas de los pueblos de Chile, movilizados en un histórico momento que hoy es noticia en el mundo entero.

Unidad Social está compuesto por más de 50 organizaciones sociales, es el referente social más amplio que haya conocido el país en los últimos años, pues agrupa a estudiantes, el movimiento social NO+AFP, trabajadores de la construcción, del retail y de otras ramas productivas del país, profesores, portuarios, la CUT, movimientos de diversidad sexual, agrupaciones feministas entre otros.

A continuación el pliego y el enlace para que puedas consultar las organizaciones sociales que lo componen.

Organizaciones convocantes

Pliego de los Trabajadores y Trabajadoras de Chile

Bloque sindical de Unidad Social

Chile enfrenta la crisis social y política más profunda desde el retorno a la democracia. Todos quienes festejaron en las calles el fin de la Dictadura, celebraron no solo la salida del dictador, sino la esperanza de avanzar hacia una democracia plena con más derechos y justicia social; Sin embargo, después de más de 30 años de esperar este proceso, han terminado por transformar la esperanza en rabia, con la evidente distancia que se ha ido generando entre la denominada “ciudadanía” y los “políticos”, con procesos electorales cada vez menos participativos y con movilizaciones masivas que no han implicado cambios en la vida de las y los chilenos.

Las manifestaciones vividas el 2006 (Revolución Pingüina) y 2011 por el derecho a la educación, lograron convocar a millones; movilizaciones que se replicaron, años más tarde, en las multitudinarias marchas por el fin de las AFP’s. No obstante, hoy se sigue luchando para asegurar el derecho a educación gratuita y de calidad, y se discute en el Parlamento un proyecto de ley que, en vez de terminar con el actual sistema de pensiones, lo profundiza y fortalece. A ello se suma el descontento frente a los abusos, la corrupción y las desigualdades, no solo de ingresos, sino también de privilegios y trato que viven diariamente millones de trabajadores y trabajadoras.

La crisis de Chile no es de “orden público”, es una crisis de fractura social, expectativas y promesas incumplidas. Es una crisis ante un sistema económico profundamente desigual. La respuesta del Estado no puede ser solo control social y seguridad, se requieren respuestas políticas que derroten las lógicas del Neoliberalismo y la mercantilización para recuperar las confianzas.

Las organizaciones sindicales, agrupadas en Unidad Social, insta a los partidos políticos y parlamentarios a recoger planteamientos del movimiento social y enfrentar de manera efectiva la crisis social y política en curso.

Chile no está en guerra, Chile quiere paz, pero una paz verdadera y duradera solo puede
ser con justicia social y defendiendo la democracia que tanto nos costó recuperar.

Asimismo, llamamos al Congreso Nacional a que no continúe con la tramitación de los proyectos de Ley impulsados desde el Gobierno. No se puede decir que hay voluntad de diálogo y forzar al parlamento a legislar, sin debate, los proyectos de ley que han sido rechazados permanentemente por las organizaciones sindicales y sociales, incluido en ello, nuestro llamado a no ratificar por parte del senado el TPP 11.

Hoy es el minuto para que la oposición, que tiene mayoría en el parlamento, actúe a la altura de la crisis institucional que estamos enfrentando.

Ante autoridades que no dimensionan la grave crisis que enfrentamos, como bloque sindical
de unidad social los emplazamos a pronunciarse sobre una agenda de derechos fundamentales que realmente represente al pueblo de Chile. Aquí no se trata de pedir disculpas por años de sordera, ni de asumir como un acto de beneficencia el pago de salarios justos; años de abusos y colusiones, no se resuelven solo con buenas intenciones, se trata de avanzar en justicia social efectiva.

1.- Discusión inmediata de un salario mínimo nacional de $500.000 líquido para
trabajadores público y privados.

Durante años hemos demandado la construcción de una Política Salarial para Chile que permita, efectivamente a cada familia, vivir de su sueldo. Además que establezca un tope a las rentas altas y que termine con las brechas salariales entre hombres y mujeres.

Este es un mecanismo complementario para avanzar en la disminución de la desigualdad de ingresos para nuestro país, pero no puede reemplazar el derecho pleno y efectivo a negociar por rama, que es el mecanismo por excelencia para contener y superar la desigualdad económica. Respecto del sector público, esta demanda no reemplaza la negociación de la mesa del sector público que año a año negocia con la autoridad.

El salario mínimo debe alcanzar para sacar al trabajador y su familia de la pobreza. Según la casen 2017 los hogares más pobres del país están caracterizados por familias donde trabaja una persona y viven en promedio 6 personas, en el primer decil y 4 personas en el segundo decil. Si queremos sacar a esta población de la pobreza por medio del trabajo, corresponde usar 5 líneas de la pobreza, lo que equivale a $510.000 líquidos.

2.- Reconocimiento Pleno de la Libertad Sindical: Negociación Colectiva Ramal y
respeto del Derecho a Huelga como derecho fundamental.
Si asumimos como el gran conflicto de Chile la fractura social, producto del aporte que hacemos los trabajadores y trabajadoras al desarrollo de Chile versus la retribución a este aporte en materia de salarios y protección social, es evidente que estamos muy lejos. No pretendemos que todo lo resuelva el Estado. Por eso, para avanzar en mecanismos efectivos de redistribución de la riqueza, debemos fortalecer la Negociación Colectiva a todo nivel, siendo las contrapartes del mundo del trabajo las llamadas a construir el efectivo diálogo social. Fin a todas las limitaciones al ejercicio efectivo del derecho a huelga (empresas estratégicas, servicios mínimos y adecuaciones necesarias). Termino de la subcontratación como forma de precarización del empleo.

3.- Pensión mínima equivalente al salario mínimo que proponemos
El debate de pensiones dignas no puede limitarse solo al aumento de la Pensión Básica Solidaria (financiada por el Estado). Hoy se requiere un verdadero Sistema de Seguridad Social, representado en la propuesta de la Coordinadora No + AFP, que en lo inmediato asegure -vía proyecto de ley- una pensión mínima que no sea inferior al salario mínimo de $500.000 que proponemos.

4.- Canasta de servicios básicos protegidos (agua, luz, gas, teléfono, cable, internet)
Enfrentar las desigualdades y abusos no significa solo saldar la deuda que se tiene con los trabajadores y trabajadoras en materia de ingresos. Es necesario establecer un tope de renta para servicios esenciales. Eso debe traducirse en que ningún gasto en pago de servicios, debe ser superior al 15% del salario mínimo. Considerando que las empresas son las principales consumidoras de agua (95%), el costo de ese consumo debe ser mayor para financiar, con esa diferencia, parte del consumo doméstico.
Esto, como medida inmediata, mientras se discute una nueva constitución que resuelva si servicios esenciales como los mencionados en esta canasta básica pueden seguir en manos de privados o deben pasar a ser controlados por el Estado.

5.- Transporte
Necesitamos un sistema de transporte único, que considere tanto las carreteras, autopistas, buses, metro y trenes. Estamos cerca del termino de los contratos de concesión de autopistas y carreteras, con la posibilidad que su administración vuelva al estado y, por lo tanto, el beneficio social se imponga sobre las utilidades. Junto a ello, necesitamos un sistema integrado de transporte, que asegure calidad, confiabilidad, movilidad y tarifa a todos los chilenos.

El transporte público debe ser considerado un derecho, en el marco de ciudades desiguales territorialmente. Frente a los millonarios subsidios que entrega el Estado, es necesario que esos recursos tengan un impacto en la rebaja de la tarifa de transporte.

 Tarifa Social Justa que permita el fácil acceso de los usuarios al transporte público.
 Gratuidad en el pasaje adulto mayor.
 Gratuidad en la TNE y en pasaje estudiantil.
 Eliminación de los TAG, vuelta de las carreteras a manos del Estado.

6.- Reducción de la Jornada de Trabajo
En relación a las jornadas de trabajo, creemos que Chile está en condiciones de reducir la jornada a 40 horas o menos, pues los efectos sociales y laborales son ampliamente beneficiosos para nuestro país.
La experiencia internacional y los estudios ampliamente conocidos, respaldan el hecho que las jornadas laborales son demasiado extensas en nuestro país y que los países desarrollados van tendiendo a jornadas de 36 horas.

Sin embargo, la reducción de la jornada de trabajo no puede ser una puerta a la flexibilidad laboral (precarización) que propone el Gobierno, por lo que el Congreso Nacional debiese aprobar dicha reducción sin ningún elemento de flexibilidad.

7.- Salud, Educación, vivienda: Derechos sociales.
El pleno derecho y acceso a la salud, la educación y vivienda para toda la población, deben ser la primera prioridad para el Estado. Ello debe efectivizarse a través de la priorización de sistemas públicos con financiamiento adecuado y que permitan la gratuidad en su acceso.

En lo inmediato, se debe terminar con el lucro y negocio con estos derechos sociales y se debe establecer espacios reales de participación en su gestión. Una lógica similar debe establecerse para todos los derechos sociales fundamentales.

8.- Derechos Humanos
Desmilitarización permanente del territorio nacional. Investigación, juicio y castigo de las violaciones de los derechos humanos que se han ejercido durante el llamado “Estado de excepción”, estado de emergencia ampliamente transgredido al producirse la veintena de muertes de las que nos hemos informado, las más de 3.000 detenciones ejercidas, y el más de centenar de compatriotas y hermanos migrantes con lesiones oculares y pérdida de visión, por el uso desmedido de la fuerza.

Chile no puede permitirse nunca más, transformar la violación de los derechos humanos en el mecanismo para inhibir la diferencia e imponer políticas, como ocurriera en dictadura.

9.- Presupuesto Fiscal 2020
El año 2020 se prevé como uno de los años más difíciles desde la gran crisis del 2008; la guerra comercial desatada a nivel internacional, bajará las expectativas de crecimiento mundial en un 1% y la de Chile en un 0,5%, pero además debemos sumar a esto un presupuesto de la nación que hace poco y nada para reactivar la economía. Por ello, llamamos a que se discuta el presupuesto público 2020 con la mirada puesta en la protección de derechos sociales de los chilenos y chilenas. Necesitamos un presupuesto 2020 con prioridades sociales y económicas, que disminuya la desigualdad del país.

Es presupuesto presentado este año es el que menos crece desde el año 2003, es necesario al menos doblar el crecimiento a 6%, y concentrar este aumento, en inversión pública con alto impacto en la creación de empleo y bienes públicos.

10.- Nueva Constitución Política vía Asamblea Constituyente
La deuda de Chile con los trabajadores y trabajadoras, no es solo una deuda sobre derechos, es también de mínimas garantías democráticas. Se nos invita a participar de los procesos electorales como el gran espacio para ejercer nuestra voz y soberanía, pero sobre los proyectos más relevantes para el futuro de nuestras vidas -como la educación, salud, vivienda, pensiones, salarios- no tenemos ningún espacio de participación directa. Hoy es necesario profundizar la democracia con más derechos, pero también con mecanismos de participación efectiva, que encanten a la ciudadanía con la política.

Para construir un Nuevo Pacto Social, no basta con lograr “acuerdos”. Discutir un Nuevo Pacto Social es construir entre todos y todas una nueva Constitución, considerando la más amplia participación. Y el único mecanismo que nos permite abrir las puertas a que todas y todos nos sintamos convocados e interpelados es a través de una Asamblea Constituyente.

Somos conscientes de que ningún actor, social o político, puede ni debe atribuirse la representatividad o vocería de las mayorías sociales movilizadas, pero con esa misma claridad señalamos que no permitiremos que sean los acuerdos entre cuatro paredes los que se impongan, escudados en que no hay “propuestas” claras tras la movilización social.

BLOQUE SINDICAL DE UNIDAD SOCIAL
Octubre 28 de 2019

El Ciudadano

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