Ecuador: Tribunal rechaza recurso a favor de la prefecta de Pichincha Paola Pabón

El Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha rechazó este 13 de noviembre el recurso de Habeas Corpus que presentó la defensa de la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón. Su abogado, Ramiro Aguilar, dijo que, pese a la negativa, se ratificó que se ha llevado con lentitud la apelación a la prisión preventiva.

El abogado de la Prefecta de Pichincha dijo que el Tribunal «no quiso pronunciarse sobre el fondo de este tema, pero exhortaron a que conozca la sala con la mayor celeridad la apelación sobre la prisión preventiva que pesa sobre ella, desde el pasado 15 de octubre, esto será presentado por parte de la defensa de la Prefecta a la CIDH».

Pese a la negativa, el exhorto del Tribunal a la Sala que debe conocer la apelación, para que respete el debido proceso y lo tramite con la celeridad del caso, “ya es algo positivo”, indicó Aguilar, porque, dijo, “finalmente el Tribunal, al conocer el habeas corpus, ha destrabado la acción del recurso de apelación que está absurdamente pendiente hasta el 28 de noviembre”.

La Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, dijo su defensa, seguirá “ilegalmente detenida». El jurista manifestó que se debía agotar este mecanismo para agregarlo al expediente de las medidas cautelares que lo presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La CIDH será informada de la negativa de Habeas Corpus”, afirmó Aguilar.

Pabón se mantendrá con prisión preventiva y con el reconocimiento del Tribunal que su apelación ha sido sustanciada con extremada lentitud.

“Pensamos que ahora iba a actuar la legalidad, la transparencia, pero vemos que estamos metidos en este círculo que es la politización de la justicia, esperamos ahora el 28 de noviembre, tenemos la esperanza que seguiremos apostando que los jueces en apelación nos van a dar la libertad y le van a permitir a Paola que salga de con medidas cautelares”, dijo la hermana de la Prefecta, Priscila Pabón.

Pichincha Universal


Diálogo está estancado, a un mes del paro

Ayer (13 de octubre del 2019) se cumplió un mes desde que el Gobierno y la Conaie coincidieron en una mesa de negociaciones, tras la crisis de octubre. Desde entonces, no ha habido otro encuentro del mismo nivel y es poco probable que ocurra nuevamente por varios factores. Por parte del Gobierno, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dice que la Conaie no cumplió con su parte del trato, que era elaborar un decreto sustitutivo para la focalización del subsidio a los combustibles . El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jaime Vargas, dice que un decreto es algo pequeño comparado con la dimensión de las protestas.

Vargas asegura que apenas iniciado el diálogo llegaron las demandas y que muchos miembros de la Conaie están apresados y que ante eso se efectuaron más pedidos de carácter económico al Gobierno. La Ministra no ve disposición de la Conaie al diálogo y dice que no cederán ante amenazas y chantajes. Jaime Vargas, presidente de la Conaie: ‘Nos pareció absurdo sacar el decreto en menos de 48 horas’

¿Qué ha pasado en estos 30 días, después de que se inició la mesa de diálogo con el Gobierno? Nosotros no dijimos vamos construyendo un diálogo, sino constituir una mesa técnica de trabajo para llegar a consensos. El problema es que cuando terminamos la movilización, al siguiente día, empezamos a recibir demandas. Nos empezó a seguir la inteligencia policial y militar. También había presión de los hermanos y familiares de los fallecidos, encarcelados. Entonces no había ambiente de trabajo. No había esa confianza.

¿El problema básicamente fue que pedían una suerte de amnistía? La movilización, las protestas sociales, son derechos constituidos. El derecho a la resistencia. Nosotros solicitamos al Presidente que se liberen los hermanos que aún se mantienen encarcelados. Con el pedido de nuestros dirigentes solicitamos un tiempo adecuado para tomar decisiones. Lo que nos preocupó es que el ministro de Finanzas (Richard Martínez), Juan Sebastián Roldán (Secretario Particular de la Presidencia) y otros representantes nos decían es urgente crear el nuevo decreto. Nos pareció algo absurdo sacar otro decreto en menos de 48 horas. Viendo la transmisión se había entendido que esa misma noche se haría el Decreto, ¿qué pasó ahí? Ese momento empezamos a construir una agenda de trabajo. Dijimos no solamente podemos enfocarnos en el tema de subsidios, empecemos a revisar. Porque cuando hablamos del tema económico, no solo se puede topar un punto sino debatir de forma global. Dijimos que se abra esa mesa de debate para buscar alternativas.

¿Fue el primer problema? Fue en ese momento cuando el presidente (Moreno) y el señor Roldán dijeron que sí era posible, a las 02:00 del 14 de octubre ya tenía que haber un nuevo decreto. Cuando empezamos a discutir, el interés del Gobierno era sacar otro decreto idéntico al 883.

¿Para qué se lo dio de baja si se iba a ratificar? Nuestra comisión técnica solicitó una mesa de debate para ir construyendo esta propuesta.

¿Qué pasó con la propuesta que hizo el Parlamento de los Pueblos? Estamos dando alternativas de solución a esta supuesta crisis económica. No es como se ha dicho, que esto es una Ley. Es una propuesta alternativa que hay que discutir. De lo que sé, el Gobierno manifiesta que tiene más de 70 propuestas de otras organizaciones. Hay planteamientos del régimen, de los banqueros, de poderes económicos, del FMI. Yo creo que esas propuestas tienen que abrirse y discutirse ampliamente.

¿Cree que el Gobierno lo debatirá? El Gobierno hace una mala práctica. La propuesta del Parlamento quedó ahí, y las otras de organizaciones quedaron enel archivo. De lo que sabemos el vicepresidente (Otto Sonnenholzner) y los ministros están caminando en las comunidades indígenas, sectores sociales, participando en reuniones, ofreciendo obras, proyectos, bono de vivienda, proyectos…

¿Creen que es una intervención del Estado al movimiento indígena? La estrategia es dividir a las organizaciones, como la Conaie, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otras. Entonces eso no va a permitir que avance el proceso.

¿Qué hará la Conaie? Estamos convocando a la unidad nacional y vamos a fortalecer el Parlamento de los Pueblos, caminando en todos los territorios. No nos vamos a meter en la casa de Otto (sonríe) sino vamos con las organizaciones sociales.

¿Son nuevas movilizaciones las que están convocando este momento? No estamos convocando a la movilización nacional, pero eso no se ha parado. Si no hay justicia para los pueblos ecuatorianos no habrá paz, eso es lo que hemos dicho. Nuestro objetivo va más allá de eso. Derogar el 883 fue una partecita. Nuestra lucha va más allá, por nuestros territorios, porque casi el 90% están concesionados a la minería, petróleo, hidroeléctricas.

¿Eso no significa implantar un estado dentro del propio Estado? No es así. Hablamos de autodeterminación, hablamos de que habrá control territorial, seguridad, justicia indígena, de todo nivel. María Paula Romo, ministra de Gobierno:‘Un compromiso de la Conaie fue el decreto y no cumplió’

¿Es pertinente el juicio político en su contra? Hoy más que nunca estoy interesada en asistir a la Asamblea y poder comentarle al país todo lo que ha sucedido y cuál ha sido mi labor como Ministra, cuál ha sido la labor de la Policía Nacional, que ha hecho un trabajo indispensable para mantener la estabilidad y el estado de Derecho. Se habló de un diálogo para un decreto sustitutivo, pero el diálogo con la Conaie está parado… El diálogo siempre ha estado en el Gobierno y va a seguir. En estas semanas de crisis hemos visto que necesitamos profundizar el encuentro de varios sectores, no solo con Gobierno, sino un diálogo multilateral. Sobre el diálogo con la Conaie, para el país entero resulta evidente la postura de la Conaie, cómo ha ido mudando de temas, como ha ido cambiando posiciones.

¿Qué es dialogar? Es respetar a la otra parte, ustedes oyen que cada ocasión los dirigentes de la Conaie se expresan de maneras irrespetuosas, violentas, amenazantes respecto del Gobierno. Dialogar no es imponer, no es amenazar.

¿Y qué va a pasar con el decreto sustitutivo? Uno de los compromisos de la Conaie fue trabajar en un decreto sustitutivo. Es un compromiso que no cumplió y no tiene voluntad de cumplir, porque ahora dice hay una gran lista de requisitos antes de poder dialogar. Esa es una posición de un sector de un país. Uno de los temas principales del Gobierno es cuál es la mejor manera de focalizar los subsidios. En diciembre liberalizó la gasolina súper, ni es algo que empezó en octubre ni con el Decreto 883, es una línea de comportamiento del Gobierno y vamos a seguir trabajando así.

¿Van a tomar los pedidos de la Conaie y el Parlamento de los Pueblos? Una cosa es decir no cobren impuestos y al mismo tiempo exigir que invierta más en determinadas tareas. El Gobierno tiene la responsabilidad de financiar el presupuesto y equilibrar la economía y no vamos a dejar de cubrir las cosas elementales que el país necesita. No vamos a caer en la demagogia: una cosa es decirlo fuera del Gobierno y otra es cuando hay la responsabilidad de cuadrar el presupuesto. El Gobierno ha planteado que hay que cobrar impuestos. Hay dos impuestos nuevos en la reforma económica, para personas que cobran más de USD 10 000 mensuales y a las empresas que facturan más de USD 1 millón al año. Al momento hay 312 procesados penales.

¿Cuántos fueron denunciados por el Ministerio de Gobierno? De 1 200 detenidos, 300 están procesados. Eso indica que el Ministerio no está tratando de manipular a la Justicia. Pusimos denuncias en los casos de secuestros, lo que hacíamos era darle una legalidad a una acción, para pedir un allanamiento. La instrucción a la Policía fue evitar al máximo confrontaciones, mientras no estaba en riesgo la vida de los policías. Hubo un secuestro en el que estaba en riesgo la vida de los policías y se autorizó el rescate. En eso casos hubo demandas. Es importante ver las fechas, no es cierto que tras el diálogo, al día siguiente el Gobierno puso denuncias. Sobre los muertos, los datos del Ministerio dicen que hubo seis, y no coinciden con los de la Defensoría del Pueblo que hablan de que son 11…

¿Cuántas personas han muerto en el Ecuador durante esos 11 días? La pregunta es si esas muertes son atribuibles a un uso no apropiado de la fuerza. Hay personas que murieron en accidentes de tránsito que están en la lista de la Defensoría. Si la pregunta es ¿de estos 11 casos que habla la Defensoría están relacionados por el uso de la fuerza? Hay dos que son investigados.

¿Y se va a transparentar? Sí. Nada es secreto. Es información pública. Hay familiares de afectados que dicen que por el Estado de excepción no tienen los partes policiales de esas muertes. Nunca es suficiente la explicación que se le dé a un familiar. Para todos los familiares de los afectados, desde lo humano, nuestra solidaridad. Y desde el punto de vista del Estado, la mejor atención posible en estos casos. Nada repara eso. Desde el punto de vista de investigaciones, todas son públicas, aunque no todas van a satisfacer a quienes quieran encontrar responsabilidad estatal.

El Comercio