Víctimas de trauma ocular por la represión reclaman reparación real al gobierno

784
Contexto Nodal
El 4 de octubre el presidente Piñera anunció el aumento del transporte público en unos 30 pesos (1,16 USD, aproximadamente), lo que provocó que estudiantes secundarios impulsaran “evasiones” en el Metro para no pagar el pasaje. Esa forma de protesta se masificó desde el 17 de octubre y dio lugar a un estallido social en el que salieron a la luz las múltiples demandas del pueblo chileno. La respuesta del gobierno fue la represión y la implementación del Estado de Emergencia y el Toque de Queda. Las movilizaciones, huelgas y cacerolazos continúan en todo el país. Hay numerosas denuncias de violaciones a los DDHH: asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y abuso sexual por parte de las fuerzas de seguridad.

Víctimas de trauma ocular reclaman reparación real al gobierno

Como una pandemia la cifra de lesionados oculares no cesa y ya son más de 350 los heridos por ataques de Carabineros en manifestaciones. Es por ello que la vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, Marta Valdés, en entrevista con la radio Universidad de Chile, apeló a las sanciones que le caben a la institución y también la responsabilidad de reparación que debe asumir el gobierno.

En ese marco dijo que se deben castigar a los altos mandos policiales. «Llama la atención que, con la conducta que ha tenido Mario Rozas, el Gobierno no tome medidas contra este personaje y lo saque de su responsabilidad como Director General de Carabineros. Yo creo que amerita, hace mucho rato y desde los primeros traumas oculares, el que el Presidente le pida la renuncia», indicó.

Respecto al programa de reparación que se anunció en La Moneda, la dirigenta explicó que “las víctimas de trauma ocular todavía no ven esa reparación del gobierno. Hay anuncios que son engañosos desde el Ejecutivo».

«Primero que todo, el Gobierno jamás se ha entrevistado con las víctimas de traumas oculares, nunca nos ha solicitado una reunión o, tampoco, el gobierno en ningún minuto ha hablado de una reparación real. Estamos hablando de mutilaciones, son mutilaciones para toda la vida, hay muchos jóvenes con trauma ocular que no pueden seguir estudiando, hay muchos que no van a poder ejercer sus trabajos porque sus trabajos dependen absolutamente de la vista y, de esas reparaciones, el Gobierno no ha hablado”, agregó.

Asimismo, Valdés abordó en el medio radial el rol que está jugando el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. «Dice ‘sí, vamos a ver, vamos a estudiar’. Siempre es lo mismo, ‘vamos a ver, vamos a estudiar’, pero en la realidad no se está haciendo nada. Hoy, bajo su administración como ministro del Interior, siguen ocurriendo traumas oculares, entonces cambiamos el nombre del ministro del Interior, pero la conducta de represión y violaciones a los derechos humanos continua igual. La verdad es que estas son medidas engañosas que toma el Gobierno”, manifestó.

La vocera de la coordinadora, igualmente, criticó en radio Universidad de Chile el actuar del intendente Felipe Guevara. “Es impresionante pasar cerca de las cinco de la tarde y ver la cantidad enorme de efectivos de Carabineros para evitar manifestaciones. Pese a esto los chiquillos igual se manifiestan, porque con eso lo único que producen es más rabia y más dolor, el mismo atropellamiento de Oscar Pérez produce mucha rabia y mucho dolor, pero hay una cosa que no produce: el miedo. No produce miedo, sino que genera más ganas de salir a la calle a manifestarse para que esto se detenga”, apuntó.

El Siglo


Informe INDH reitera graves violaciones a los DD.HH. y apunta a excesiva e «indebida» autonomía de Carabineros

Otro duro golpe recibió este lunes el Gobierno de Sebastián Piñera en materia de derechos humanos, luego que se diera a conocer el contenido del informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que da cuenta de graves violaciones a los DDHH desde el inicio del estallido social el 18 de octubre pasado.

Si bien se trata de un informe anual, el mismo estuvo enfocado principalmente en el período del 17 de octubre al 30 de noviembre de 2019, periodo del estallido social, apuntando además a una «indebida» autonomía por parte de Carabineros.

«En primer lugar, el Consejo del INDH ha llegado a la convicción de que, a la fecha, se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, entre otros derechos», dice el informe anual de 109 páginas del INDH, que agrega que «le preocupan de especial manera las denuncias por uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual, y las lesiones oculares. Sin perjuicio de lo anterior, será tarea de los tribunales determinar la verdad judicial sobre las circunstancias específicas de los hechos y personas involucradas».

Además, sostienen que el conflicto social que se ha desarrollado en el país se gestó durante «décadas de falta de respuesta de nuestro sistema político a las demandas principalmente sociales».

El informe del INDH termina de corroborar lo revelado por otros organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), que en días pasados también señalaron que en Chile se han violado los derechos fundamentales de las personas.

El documento también reveló que el mayor número de de muertes y la mayor proporción de lesiones por trauma ocular, como de personas heridas, se produjo durante el período de estado de emergencia.

«De acuerdo a las inspecciones realizadas en recintos hospitalarios al 30 de noviembre, hubo un total de 347 personas con heridas oculares, entre las que se cuentan estallidos del globo ocular, pérdidas de visión por trauma ocular irreversible y traumas oculares. A esa fecha de corte, el INDH había presentado 29 querellas por ese tipo de afectaciones», señalan.

También «la falta de control sobre los medios disuasivos y métodos utilizados por parte de Carabineros es un problema que se explica, entre otras causas, por una indebida autonomía exhibida, desde el inicio de la democracia, por parte de dicha institución respecto de la autoridad civil, cuestión que también quedó en evidencia en los recientes escándalos por casos de corrupción de gran magnitud, por lo que se hace imperativo un abordaje integral a dicho problema, con medidas consistentes con la gravedad y profundidad de las irregularidades detectadas».

Otra de las conclusiones apunta directamente al Estado, señalando que «ha faltado gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada, libertad religiosa, libertad de circulación y otros que describe este Informe, al no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana».

«Es también preciso señalar que, el pleno acceso y ejercicio de todos los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente, requiere de condiciones mínimas de seguridad que un Estado democrático debe respetar y garantizar. Aunque resulte paradójico, así como se ha de controlar el ejercicio del poder del Estado para que no atente contra sus habitantes, este también debe contar con facultades efectivas y razonables para brindarles protección ante la violencia y el crimen, y así resguardar las prerrogativas de la ciudadanía. Así, la dicotomía entre derechos humanos y seguridad pública no es tal, pues para que esta sea efectiva y aceptable en un Estado de Derecho, debe realizarse con estricto apego a las garantías fundamentales», finaliza el informe.

Torturas y tratos crueles
El informe del INDH también dio cuenta de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En esa línea, informaron que desde el 19 de octubre al 30 de noviembre de 2019, han presentado 476 querellas por torturas y tratos crueles, en favor de 568 víctimas.

«Del total de querellas por torturas y tratos crueles(476), 433 fueron presentadas por hechos ocasionados por funcionarios de Carabineros de Chile, 33 por la participación de algún miembro de las Fuerzas Armadas, 10 por participación de funcionarios de la Policía de Investigaciones. Como punto de comparación, la cantidad de querellas presentadas contra Carabineros por torturas en los 9 años de historia del INDH previos al estallido social eran 174 (entre 2010 y primer semestre de 2019)», dice el documento.

También han presentado 96 querellas por torturas o tratos crueles con violencia sexual. Las víctimas totales ascienden a 135, de las cuales 71 son mujeres (equivalente al 53%) y 64 son varones (correspondiente al 47%). «Estos datos demuestran que la violencia sexual afectó en mayor medida a mujeres y niñas, pues del total de víctimas representadas por el INDH tres de cada diez mujeres denunciaron este tipo de delitos, en comparación a uno de cada diez hombres».

El Mostrador


Director del INDH tras entregarle informe a Piñera: «Nosotros les hemos planteado que traten de cumplir los protocolos, pero en los hechos no se cumplen»

Poco antes del mediodía del martes, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, llegó a La Moneda para hacerle entrega al Presidente Sebastián Piñera del informe emanado desde la entidad sobre las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Chile desde el estallido social.

Tras la cita, Micco dijo que el INDH le planteó al Presidente que “estamos frente a las más graves violaciones de DD.HH. desde 1989”, lo que está plasmado en el documento, el que los próximos días será entregado por el organismo al Congreso y a la Corte Suprema.

El director del INDH informó que se le presentaron 15 propuestas al gobierno para que “acaben ahora ya las violaciones a los DD.HH. y para que se establezcan políticas que, por ejemplo, hagan una reforma profundísima de Carabineros, porque hay, a nuestro juicio, una indebida autonomía”.

Según el director de la entidad, el Presidente y los ministros del Interior, Gonzalo Blumel, y de Justicia, Hernán Larraín -también presentes en la reunión-, se comprometieron a ir sacando adelante las medidas que nosotros hemos propuesto, en las que coinciden. En eso se basó básicamente la reunión”.

Sobre las declaraciones dadas minutos antes por la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren, quien aseguró que el gobierno ha tomado medidas, y que tras estas han disminuido las denuncias de violaciones a los derechos humanos, Micco declaró que “nosotros les hemos planteado de que traten de cumplir los protocolos, pero en los hechos no se cumplen. Nosotros tenemos ahí una dificultad muy grande, que se toman medidas, y que después seguimos con uso y abuso de escopetas antidusturbios, entonces, por eso la importancia de señalar que tenemos un problema de decisiones que se toman en la autoridad política y que no se cumplen en la práctica”.

“Nosotros somos observadores en materia de reforma de policías, hemos tenido varias reuniones con respecto a la aplicación de protocolos y nuestro rol es insistir en estas materias, pero obviamente eso no depende del Instituto. Nosotros observamos, condenamos, presentamos querellas, exigimos el cumplimiento de la ley, y ahora nuestra responsabilidad llega hasta ahí, no podemos hacer más, si pudieramos, lo haríamos”, agregó sobre este tema.

Al ser consultado sobre si han ocurrido violaciones sistemáticas desde el estallido social, señaló que  -tal como se manifestó en el Consejo del INDH, el 3 de noviembre- es una materia sobre la que el Instituto “en su momento se va a pronunciar” al igual que -estima- lo tienen que hacer organismos internacionales y los tribunales de justicia.

La Tercera


VOLVER

Más notas sobre el tema