Ecuador: Rafael Correa denuncia nuevamente persecución política por juicio en su contra

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El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó como una persecución política en su contra la decisión de la jueza Daniella Camacho, quien este viernes anunció que llamará a juicio al exmandatario y 20 personas más por un caso de presuntos sobornos.

“ECUADOR sabe que todo es una persecución, fruto de la traición de (el presidente Lenín) Moreno y la cooptación de la justicia, con el apoyo de gente como MF (María Fernanda) Espinosa y su esposo”, aseveró el exgobernante en un mensaje colocado en su cuenta de la red social de Twitter.

El expresidente del país suramericano (2007-2017) consideró el objetivo del gobierno ecuatoriano como “doloroso, muy doloso”.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer el viernes que “veintiún personas son llamadas a juicio y tres son sobreseídos; la jueza Daniella Camacho informó su decisión una vez analizados los elementos de convicción presentados durante la audiencia”.

Durante el caso, conocido como “Sobornos 2012-2016”, la Fiscalía acusó a Correa (2007-2017) y a una veintena de personas más de formar parte de una estructura entre funcionarios del Estado ecuatoriano y empresarios para la entrega de sobornos, a cambio de contratos de obra pública.

El movimiento político Revolución Ciudadana, dirigido por Correa, afirmó en un tuit que “el caso ‘Sobornos’, armado de la noche a la mañana sobre la base del famoso cuaderno de Pamela Martínez que lo escribió en un vuelo Quito – Guayaquil, tiene un objetivo claro: impedir que @MashiRafael participe en las elecciones de 2021. #NoMásPersecución”.

El movimiento social y la bancada de Revolución Ciudadana “rechazan tajante y enérgicamente el uso de la justicia para fines políticos”, externó el partido político en un comunicado.

Telesur


Llamado a juicio a Rafael Correa en caso Sobornos se basa en archivos y testimonio

Faltaban pocos minutos para las 17:00 del pasado viernes y la jueza nacional Daniella Camacho retomaba, luego de su tercer receso, la lectura del análisis que hizo durante 39 días para resolver el llamado a juicio de 21 de los 24 procesados por el delito de cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016.

Para esta última parte de una audiencia que llevaba hasta ese punto más de cinco horas de lectura, Camacho empezaba a definir los elementos de convicción específicos contra los exfuncionarios públicos a los que la Fiscalía acusaba de autores y cómplices por considerarlos partícipes de los hechos delictivos investigados.

A este punto el análisis de Camacho apuntaba al expresidente Rafael Correa. Él, decía ella, habría sido identificado en el esquema de sobornos bajo los códigos SP (Señor Presidente), RC (Rafael Correa), RCD (Rafael Correa Delgado) y A1.

Estos códigos son parte de la información de los llamados “archivos verdes” encontrados en las computadoras de la exasistente de Presidencia y procesada Laura Terán y que fueron periciados.

Camacho retomaba la argumentación de la Fiscalía para explicar que Correa habría estado en el “mando jerárquico superior de la estructura delincuencial”, que habría conocido de las “ofertas y de la entrega de favores y habría dispuesto que una persona de su confianza manejara las mismas”, ejerciendo supervisión y aprobación de la recepción de los valores provenientes de empresas privadas.

La jueza resaltó dos elementos de convicción que relacionaban a Correa con el delito de cohecho: el 80, que hablaba de un depósito de $6000 en una cuenta corriente del exmandatario, en mayo de 2014, y el 81, que refería la ampliación de la versión de la exasesora Francoise Villalba, de septiembre de 2019, quien reconoció que su jefe inmediato en la Presidencia de la República fue Correa y que él solicitó un préstamo de $6000 que fue pagado íntegramente en 12 cuotas de $500.

Durante los días de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en noviembre pasado, la fiscal general, Diana Salazar, enumeró 21 elementos de convicción que revelaban la supuesta participación en el caso del líder de la Revolución Ciudadana (RC), que ahora reside en Bélgica.

Correa, mediante su cuenta personal de Twitter, calificó al caso Sobornos como una “gran payasada” y añadió que “pasará a la historia” que el gran ‘indicio’ contra él sea el préstamo de $6000 “del fondo que teníamos en Presidencia con nuestros propios aportes, y pagado hasta el último centavo”.

Villalba en su ampliación de versión habría indicado que recibía instrucciones directas de parte de Correa en algunos temas que él solicitaba, en asuntos de sus funciones y temas personales que él requería.

“Ecuador sabe que todo es una persecución, fruto de la traición de (Lenín) Moreno y la cooptación de la justicia, con el apoyo de gente como MF (María Fernanda) Espinosa y su esposo”, dijo el expresidente Correa en otro tuit.

En un comunicado, integrantes de la RC afirmaron que el caso Sobornos tiene un objetivo claro: impedir que Correa participe en las elecciones de 2021. “Vamos dos años y medio de acusaciones sin pruebas, propio de una justicia amañada en la que la Fiscalía no ha sido capaz de sostener el caso, lo que evidencia su absoluta debilidad”, indica el texto.

A cuatro procesados se les cambiaron medidas cautelares

La jueza Daniella Camacho decidió este sábado cambiar la medida de prisión preventiva que pesaba contra el exasesor de la exministra María Duarte, Yamil Massuh, y el empresario William Phillips, dentro del caso Sobornos, por la presentación periódica, prohibición de salida del país y el uso del grillete electrónico para el primero; y el pago de una caución de $ 300 000 para el segundo.

Además, resolvió dar paso al pedido hecho por la defensa de la exasesora Pamela Martínez para que en lugar de presentarse los lunes y los jueves en la Corte Nacional de Justicia, lo haga en la Corte de Justicia del Guayas, en Guayaquil, lugar de residencia de la exasesora de Presidencia llamada a juicio.

Finalmente, Camacho ante el pedido por un tema de salud del retiro del grillete electrónico que mantiene la exministra Duarte y con el fin de precautelar su vida, ordenó a la Fiscalía que disponga una valoración médica de un servicio público de salud para conocer si existe afectación de la exfuncionaria pública por el uso del dispositivo.

El Universo

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