Polémica “Ley Antisaqueos”: el gobierno presenta las primeras 15 querellas

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Contexto Nodal
El 4 de octubre el presidente Piñera anunció el aumento del transporte público en unos 30 pesos (1,16 USD, aproximadamente), lo que provocó que estudiantes secundarios impulsaran “evasiones” en el Metro para no pagar el pasaje. Esa forma de protesta se masificó desde el 17 de octubre y dio lugar a un estallido social en el que salieron a la luz las múltiples demandas del pueblo chileno. La respuesta del gobierno fue la represión y la implementación del Estado de Emergencia y el Toque de Queda. Las movilizaciones, huelgas y cacerolazos continúan en todo el país. Hay numerosas denuncias de violaciones a los DDHH: asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y abuso sexual por parte de las fuerzas de seguridad.

Gobierno presenta las primeras 15 querellas por Ley Antisaqueos y anuncia 9 más

¿Qué pasó?

Este jueves entró en vigencia la Ley Antisaqueos, la cual aumenta las penas para las personas que participen en saqueos y tipifica las acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos.

Tras esto, el Gobierno ya se querelló contra 15 personas por los saqueos ocurridos en la madrugada de este jueves, en medio de las manifestaciones por la muerte del hincha de Colo Colo que fue atropellado por un camión de Carabineros, y anunció que este viernes presentará otra acción judicial contra otros nueve individuos.

Las querellas

De estas 15 personas, nueve fueron detenidas por haber saqueado un supermercado Santa Isabel en la comuna de Quilicura, ubicado en la avenida Lo Marcoleta.

El hecho habría ocurrido cuando un grupo de cerca de 200 individuos forzaron la reja perimetral del recinto para robar especies. Una vez en su interior descerrajaron con herramientas la puerta de acceso y procedieron a sustraer diversas especies.

En tanto, las otras seis personas fueron detenidas por un saqueo a un supermercado Alvi, ubicado en Avenida Grecia con Tobalaba, comuna de Peñalolén, donde un grupo de desconocidos habrían cortado la calle y causado daños en la vía pública.

Tras esto, algunos individuos ingresaron al supermercado, perforando la puerta principal, y fueron detenidos en el interior del local cuando estaban sustrayendo especies.

Respecto a la querella que se presentará el viernes, se trata de nueve detenidos por el saqueo de otro supermercado Alvi, en la comuna de San Ramón.

Ley Antisaqueos

La Ley Antisaqueos sanciona con una pena de 61 a 541 días de presidios a las personas que, mediante violencia o intimidación o la instalación de obstáculos levantados en la vía, interrumpan la libre circulación. La misma pena se aplica a quienes interpongan vehículos en la vía (sin mediar desperfectos mecánicos) para hacer imposible el tránsito.

También castiga, con 61 días a 3 años de presidio, a quienes le lancen a las personas o vehículos instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales.

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A poco de entrar en vigencia: Fiscalía invoca ley antisaqueos por robo de chocolates en Valdivia

A pocas horas de su entrada en vigencia, en Valdivia se conocieron los primeros casos de aplicación de la ley antisaqueos, luego de que la polémica norma entrara en vigencia a las cero horas de ayer.

Se trató de cuatro mujeres que, pasada la medianoche del miércoles, habrían entrado a robar chocolates al local Entrelago de la ciudad valdiviana. Lo anterior, en el contexto de las manifestaciones por la muerte del hincha de Colo Colo, que fue atropellado en Santiago por un camión de Carabineros, a principios de esta semana.

De acuerdo a lo que explicó la Fiscalía de Valdivia, tras el control de detención, de doce personas que fueron detenidas en comisión de ilícitos, sólo las cuatro mujeres -tres adultas y una menor- fueron formalizadas bajo el paraguas de la ley antisaqueo, debido a que habrían sido sorprendidas robando, al sustraer 500 mil pesos en chocolates desde la Chocolatería Entrelago, pasadas las cero horas de ayer, con la norma en plena vigencia.

“Los asesores jurídicos han estado toda la mañana trabajando para presentan las querellas contra quienes resulten responsables, atendiendo la nueva Ley 21.208. Por lo tanto, todos los detenidos que estaban posteriormente de las cero horas van a ser querellados de acuerdo a la nueva ley”

– César Asenjo, intendente de Los Ríos

Para el resto de los imputados, sólo corrió el delito en robo no habitado, pero sin el agravante de la ley antisaqueo, debido a que habrían sido detenidos antes que la norma entrara en vigencia, tras su publicación ayer en el Diario Oficial.

Las tres mujeres adultas quedaron con arresto domiciliario nocturno y la menor con prohibición de acercarse al local comercial.

Gobierno confirma querellas

En tanto, la mañana de ayer el gobierno en Los Ríos confirmó que también invocará la Ley Antisaqueos en las querellas que presentará por los incidentes ocurridos, donde hubo saqueos a un banco y al cantón de reclutamiento del Ejército en la zona.

El intendente de Los Ríos, César Asenjo, entregó un balance de los incidentes que se produjeron en el centro de Valdivia, tras una marcha no autorizada en la que participaron unas 400 personas.

“Los asesores jurídicos han estado toda la mañana trabajando para presentan las querellas contra quienes resulten responsables, atendiendo la nueva Ley 21.208. Por lo tanto, todos los detenidos que estaban posteriormente de las cero horas van a ser querellados de acuerdo a la nueva ley”, dijo Asenjo.

La misma autoridad regional agregó que tras la movilización se registraron barricadas, daños a la Corte de Apelaciones de Valdivia y al Juzgado de Policía Local, como también el saqueo de mobiliario al Banco Scotiabank y al Cantón de Reclutamiento del Ejército de Chile.

Asimismo, indicó que dos carabineros resultaron lesionados y 14 personas fueron detenidas por estos hechos, por los cuales el Gobierno presentará querellas, en algunos casos invocando la Ley Antisaqueos.

Desde el cuartel reclutamiento del Cantón del Ejército en Valdivia, el suboficial Mario Hernández, confirmó que tendrán que cerrar la oficina tras los daños recibidos, evaluándose de momento una nueva ubicación.

Sesenta días de investigación

También, durante el control de detención se fijó un plazo de 60 días de investigación.

El fiscal adjunto de Valdivia, Alex Montecinos, indicó que “pasaron por el delito de robo en lugar no habitado, agravada por el artículo 449 ter, que entró en vigencia hoy (ayer), el cual aumenta la pena del robo en lugar no habitado, cuando se da en contexto o con ocasión de la alteración del orden público”.

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Entró en vigencia la Ley Antisaqueos: Tipifica como delito el denominado “el que baila, pasa”

En el marco del estallido social, los manifestantes comenzaron a realizar una acción que se extendió en diversos puntos del país, la cual consistía en bloquear una ruta y pedir a los conductores de los vehículos que se bajaran y bailaran para que pudieran seguir avanzando.

A esta práctica se le denomino “el que baila pasa” y fue ampliamente realizada por distintos grupos y diferentes manifestaciones. Si bien hubo algunos que se lo tomaron con humor, hubo otros que no les gustó e incluso generó conflictos entre los propios ciudadanos.

Decenas de videos se viralizaron en redes sociales, convirtiéndose en uno de los símbolos del descontento social y la crisis que vive en el país.

Fue debido a esto que los parlamentarios decidieron legislar sobre este tema, con la denominada Ley Antisaqueos, con el fin de tipificar como delito las acciones que “atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios”, tales como saqueos, barricadas y la acción antes mencionada.

Dicha ley (N°21.208), la cual modifica el Código Penal, fue publicada este jueves en el Diario Oficial, por lo que ya entró en vigencia.

Según indica esta nueva normativa, “el que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo”, es decir, desde 61 a 540 días de cárcel.

 

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ONU critica “Ley Antisaqueos” por restringir derecho a reunión y gobierno envía informe a Ginebra

El pasado 23 de enero Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH (ACNUDH), envió a Chile una comunicación reservada, en la que manifestó su preocupación por “Ley Antisaqueos”, aprobada el 16 del mismo mes y que pronto será promulgada.

Básicamente, el alto funcionario criticó la modificación del artículo 268 del Código Penal que sanciona a las personas que -careciendo de autorización para manifestarse- interrumpan el libre tránsito de vehículos y personas con métodos violentos (el que baila pasa) y por extensión robos, saqueos y daños.

“Si bien los actos de robo, saqueo o daños son conductas ilegales y punibles, en esta instancia el legislador parece estar fallando en distinguir entre interrumpir la libre circulación mediante violencia, y la simple interrupción (…) durante las manifestaciones”, se lee en el documento de 3 páginas al que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

Lea el documento

Y agrega: “Que sea autorizada o no (una manifestación), instalar obstáculos o interponer vehículos en la vía pública en el contexto de las manifestaciones es un fenómeno común que no debe ser criminalizado (…) ni tampoco (…) los participantes, ya que no equivale necesariamente a la violencia”.

A juicio del Relator Especial, esta falta de claridad deja un amplio margen de interpretación legal y atentaría en contra de la “expresión legítima del derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación”.

A renglón seguido, Nyaletsossi Voule, asegura que el nuevo cuerpo legal es preocupante “tomando en cuenta el contexto local que ha caracterizado el país desde el octubre pasado (…) por el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes (incluyendo niños, niñas y adolescentes)”.

Por lo anterior, solicitó que La Moneda explicara en un informe al ACNUDH, cómo la autoridad pretendía adecuar el marco normativo a los compromisos y estándares internacionales adquiridos por Chile y “garantizar la protección del derecho a la libertad de reunión pacífica, tanto a nivel administrativo como a nivel operativo”.

Brazos cruzados

La respuesta de La Moneda al órgano dirigido por Michelle Bachelet, no se hizo esperar y a través de la Misión Permanente de Chile en Ginebra, Suiza, entregó un detallado informe, el pasado 27 de enero.

En el documento de 6 páginas, al que también accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el gobierno “considera que no existe una afectación a las libertades de reunión y asociación”.

Lea la respuesta del Estado

Se indicó que durante la tramitación legislativa del proyecto, fueron considerados “cuidadosamente” esos preceptos constitucionales. Para ejemplificar, usó la explicación que entregó el senador Felipe Harboe en el segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta.

“En efecto, tal como se señaló por senadores que intervinieron en el estudio del proyecto de ley, el derecho a reunión pacífica no se vería coartado por la tipificación de este delito, ya que, de acuerdo a un ejemplo puesto: “(…) si un grupo de personas se cruza de brazos e interrumpe completamente el tránsito en una calle (…) no queda sancionada por esta disposición”, señala el documento.

En la respuesta La Moneda insiste en que la nueva legislación permite “que las personas manifiesten sus opiniones en la vía pública, perturbando e incluso interrumpiendo el tráfico, siempre que lo hagan de manera pacífica”. Otra cosa, se lee en el documento, es que lo hagan usando “barreras, estorbos, barricadas u obstáculos en general, ya que este tipo de elementos ponen en grave peligro la vida y la integridad física de quienes circulan en vehículos”.

De una u otra manera, la respuesta entregada por el gobierno a la ACNUDH, se relaciona con la acusación constitucional en contra del suspendido intendente metropolitano, Felipe Guevara, que ya aprobó la Cámara de Diputados, el 23 de enero pasado. En otras palabras, el mismo día en que el organismo internacional pidió un informe a Chile.

Los parlamentarios de distintas bancadas acusaron a Guevara de haber ejecutado un “copamiento” policial en la llamada Plaza de la Dignidad (o Baquedano), impidiendo con ello el derecho a reunión consagrado en la Constitución. La decisión final la votará la próxima semana el Senado.

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Gobierno defiende permanencia del director de Carabineros

“Todos los que estamos en cargos de responsabilidad pública y que dependemos directamente del Presidente de la República, mientras estamos en los cargos es porque contamos con el respaldo del Presidente de la República”. Con estas palabras, el ministro Gonzalo Blumel respondió ayer a los emplazamientos de la oposición, particularmente del Frente Amplio (que amenazó con una acusación constitucional contra el titular de Interior), para que el gobierno remueva al general director de Carabineros, Mario Rozas.

Así, el jefe de gabinete recalcó que Rozas sigue contando con el respaldo del Mandatario, justo luego de que la noche del miércoles recrudecieran los hechos de violencia a raíz de la muerte de un hincha de Colo Colo tras ser atropellado por un camión de Carabineros.

La jornada, incluso, fue calificada por la propia institución como la “más violenta” de 2020, diagnóstico que fue compartido por La Moneda. Al respecto, Blumel indicó que “efectivamente tuvimos una noche con muchos hechos de violencia y queremos condenarlos. Tuvimos 20 comisarías atacadas, saqueos y barricadas”.

En esa línea, sostuvo que “queremos, además, dar la seguridad de que no va a haber impunidad”, destacando que tras la entrada en vigencia de la ley antibarricadas y antisaqueos hay más herramientas para condenar a los responsables.

Más temprano, la vocera de gobierno, Karla Rubilar, en una entrevista en Radio Futuro también se refirió a la situación de Rozas. La secretaria de Estado sostuvo que, más que Rozas en particular, la situación de Carabineros como institución está pasando por momentos de poca credibilidad, recordando episodios como la Operación Huracán, el caso Catrillanca y las denuncias durante la crisis social. En ese sentido, Rubilar indicó que “eso, obviamente, impacta en la institución, y hemos visto que, a pesar de grandes cambios en generales, esto habla que no puede estar suscitado en una persona, sino que está suscitado en cómo cambiamos la institución total”.

En esa línea, la titular de la Segegob puso el énfasis en las medidas que está trabajando Blumel junto a una comisión, la que entrega hoy el informe final y que contiene medidas para reformar a la institución.

En este sentido, el senador del PPD Felipe Harboe -quien ayer se adelantó al Ejecutivo y presentó un documento con 23 propuestas para una reestructuración profunda de Carabineros, las que viene trabajando con un grupo de expertos desde fines de noviembre y entre las que destaca la creación de un ministerio de Seguridad Pública y reforzar el rol fiscalizador del Congreso- dijo que la solución a la situación que afecta a la policía uniformada es de largo aliento y no se relaciona directamente con la salida de Rozas.

“Nosotros estamos hablando de reformas estructurales, no nos vamos a meter en la contingencia, creo que no es adecuado en este minuto (..) Creo que el problema de fondo no se resuelve con un general más o un general menos”, dijo Harboe .
Preocupación por violencia

Más allá de la permanencia de Rozas, en La Moneda volvió a instalarse la inquietud por los episodios de violencia, ya que estos “venían a la baja” (ver pág. 4). En ese sentido, en el gobierno afirman que están monitoreando si corresponde solo a una respuesta a la muerte del barrista o si existe el riesgo de un recrudecimiento de las manifestaciones.

En Palacio reconocen que la situación es compleja y “frágil” desde que se originó el estallido social. Y agregan que mantener el orden público se ha transformado en el principal problema que tienen que afrontar, porque, además, es el factor que ha generado desafección de la propia centroderecha con el gobierno.

En las reuniones que el miércoles sostuvo el Presidente Piñera con los senadores y diputados de Chile Vamos, uno de los temas conversados fue, precisamente, el orden público y la seguridad.

Aunque sin mencionar al general Rozas o entrar en detalles respecto de algún caso en particular, según comentan varios de los presentes, el Mandatario hizo un crudo diagnóstico en torno a las condiciones en que las policías y los servicios de inteligencia se encontraban para el 18 de octubre. De hecho, para dar cuenta de la precariedad en que estaba el equipamiento policial, Piñera citó como ejemplo que, en esa fecha, en todo Chile había un total de 13 carros lanzaguas y más de la mitad eran de la década de los 80, al tiempo que la cantidad de carabineros en servicio activo en Santiago era insuficiente para resguardar apenas un tercio de las estaciones de Metro.

En ese sentido, el Jefe de Estado transmitió que el tema de orden público no es un tema de “voluntad”, sino de “capacidad”. Sin embargo, también planteó los avances que el gobierno ha hecho en la materia, junto con destacar que se ha buscado entregar herramientas a las policías y a los tribunales de justicia a través de proyectos de ley -antisaque os y antiencapuchados-, adecuar protocolos y modificar procesos administrativos.

En ese contexto, Piñera fue enfático en decirles a los parlamentarios oficialistas que la seguridad es su primera prioridad y a lo que dedica su “máximo esfuerzo”, pues entiende -dicen en el oficialismo- que el orden público es la base para encarar los problemas de desempleo y la percepción negativa hacia su gobierno. Es más, el Mandatario reconoció -según presentes- un rol central a la inseguridad como factor de su caída en las encuestas, reflejado en el 6% de la última CEP.

“Hay plena conciencia de que el tema del orden público es clave, porque afecta directamente a la economía, a la seguridad, a la gobernabilidad y -hay que decirlo también- a la popularidad del gobierno”, dijo el diputado UDI Guillermo Ramírez.

De acuerdo al jefe del comité de senadores RN, Rodrigo Galilea, “el Presidente está -y así nos dijo- absolutamente consciente de que la paz social, la tranquilidad y la confianza de los chilenos es lo que hay que resolver como prioridad”. Sobre el punto, añadió que “si no tenemos un país tranquilo, en que toda la gente tenga confianza en que las cosas funcionan, en que pueden salir a la calle, todos los esfuerzos que hagamos en otro tipo de reformas quedan cojos”.

Por otra parte, ante una consulta del senador UDI Iván Moreira, Piñera afirmó en el almuerzo con los senadores que para garantizar el orden público ocuparía “todas las herramientas que le entrega la ley y la Constitución”, no descartando decretar nuevamente un estado de emergencia.

De hecho, varios de los presentes le transmitieron al Jefe de Estado su preocupación por lo que podría ocurrir en marzo, donde se espera un aumento de las movilizaciones, para lo cual le pidieron a Piñera tener un plan bien elaborado, a lo que el Mandatario habría respondido que están trabajando en ello.

La Tercera


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