Bolivia: la Cámara de Diputados denuncia al gobierno de facto por persecución a dirigentes y exfuncionarios

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Cámara de Diputados rechaza persecución política en Bolivia

La Cámara de Diputados de Bolivia rechazó la persecución política por parte del gobierno de facto, y exigió respeto a los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, precisó un comunicado de esa sección del Legislativo.

De acuerdo con el texto los diputados aprobaron por mayoría la Declaración Camaral N° 008 /2019 -2020 que rechaza la actuación de las autoridades golpistas, en especial del Ministerio Público, de no respetar las leyes nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

La Cámara de Diputados del Asamblea Legislativa Plurinacional (bicameral) denunció al gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez por el ‘hostigamiento, persecución e intimidación que sufren principalmente dirigentes de las organizaciones sociales y ex autoridades, de manera indiscriminada, que bajo falsas acusaciones de terrorismo y sedición, se los incrimina’.

Así los diputados reconocen las reiteradas denuncias de persecución política a exautoridades, candidatos y líderes del Movimiento al Socialismo, situación reconocida incluso por la Organización de Naciones Unidas que la calificó de preocupante, sobre todo por uso de las instituciones judiciales con ese fin.

Sobre el irrespeto a lo establecido en el marco jurídico del país, la parlamentaria por el MAS, Sonia Brito, señaló la inexistencia de Estado de Derecho en Bolivia, declaración que sustentó con cifras resultantes de la represión desatada por el gobierno de Áñez al asumir el poder con el pretexto de ‘pacificar’ las calles.

‘¿Se llama un estado de Derecho a 35 muertos, mil 400 detenidos y más de mil heridos?, nos parece una impostura, no somos los militantes del MAS quienes lo dicen, son los organismos internacionales de derechos humanos quienes lo dicen’, recalcó Brito ante el pleno.

La declaración de la Cámara de Diputados señala además que dicho comportamiento del gobierno de facto ponen en riesgo la paz del país andino-amazónico, y exhorta a las autoridades a cumplir con ‘su papel de hacer respetar estrictamente los derechos y garantías constitucionales si se quiere vivir en paz y en un verdadero Estado de Derecho’.

Las reprochables acciones ilegales desde el gobierno, advierte el texto, vulneran los derechos constitucionales de las y los bolivianos, y con el hostigamiento, la persecución y las detenciones de dirigentes de las organizaciones sociales y exautoridades ponen en riesgo los esfuerzos por afianzar la paz.

Prensa Latina


NOTA DE PRENSA | PLENO DE DIPUTADOS EXIGE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PAÍS

El pleno de la Cámara de Diputados exige al gobierno actual encabezado por Jeanine Añez, al Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Policía Boliviana respetar los derechos y garantías constitucionales, la libertad y la libre expresión y los derechos humanos de todos los bolivianos.

Luego de un extenso debate, Diputados aprobó, con el voto de más de dos tercios de los asistentes, la Declaración Camaral N° 008 /2019 -2020 que rechaza todas las acciones del gobierno y del Ministerio Público que no están respetando el ordenamiento jurídico nacional y tampoco las normas e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

La Declaración señala que luego de tomar el control del aparato gubernamental, el actual régimen ejecutó acciones de “hostigamiento, persecución e intimidación que sufren principalmente dirigentes de las organizaciones sociales y ex autoridades, de manera indiscriminada, que bajo falsas acusaciones de terrorismo y sedición, se los incrimina”.

La diputada Sonia Brito, durante la sesión, afirmó que no existe un estado de Derecho en nuestro país. “¿Se llama un estado de Derecho a 35 muertos, 1400 detenidos y más de 1000 heridos?, nos parece una impostura, no somos los militantes del MAS quienes lo dicen, son los organismos internacionales de derechos humanos quienes lo dicen”. El actual Gobierno dio muerte civil al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien lo buscan para matarlo y así también a Gustavo Torrico no se le respetó su inmunidad de asambleísta departamental”.

En otra parte de sus consideraciones, la el documento aprobado por el pleno denuncia que “las reprochables acciones ilegales desde el gobierno conculcan los derechos constitucionales de las y los bolivianos y que son documentados a diario por los medios de comunicación, propios y extranjeros. Los grandes esfuerzos por vivir en paz, se ponen en riesgo por el hostigamiento, la persecución y las detenciones de dirigentes de las organizaciones sociales y ex autoridades”.

La parte resolutiva de la Declaración Camaral establece:

“PRIMERO. Rechazar todas las acciones del gobierno y el Ministerio Público que no respetan nuestro ordenamiento jurídico nacional y tampoco respetan lo previsto en normas e instrumentos internacionales que garantizan nuestros derechos humanos y, con primacía, el sagrado derecho a la libertad.

SEGUNDO. Exigimos que el gobierno garantice el Estado de Derecho como corresponde y que las autoridades del Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Policía Boliviana respeten los derechos y garantías constitucionales. Ante todo, se garantice el derecho a la libertad y la libre expresión establecidas en la Constitución Política del Estado y en los Instrumentos y Tratados Internacionales sobre derechos humanos.

TERCERO. Finalmente exhortamos a que el Ministerio Público cumpla su papel de hacer respetar estrictamente los derechos y garantías constitucionales si se quiere vivir en paz y en un verdadero Estado de Derecho”.

Diputados


Mesa presenta demanda para incluir a Evo y Álvaro en el proceso por delitos electorales

El candidato a la Presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, presentó este miércoles ante la Fiscalía General del Estado una demanda por delitos electorales que pide ampliar las investigaciones en este caso contra el expresidente Evo Morales y cuatro de sus principales allegados, por considerar que fueron los directos beneficiarios del “fraude” en los anulados comicios del 20 de octubre de 2019.

El postulante explicó que la solicitud de ampliación de investigaciones en curso busca enjuiciar a los “autores intelectuales” del “gigantesco fraude” de octubre y no dejar que el proceso transcurra únicamente contra quienes son identificados como los presuntos autores materiales de este delito, los exmiembros del tribunal Supremo Electoral.

El documento pide también ampliar las investigaciones contra el exvicepresidente Álvaro García Linera y los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero y de Justicia, Héctor Arce.

“Los autores materiales de este fraude fueron los miembros del Tribunal Supremo Electoral, pero respondieron clara y evidentemente a un autor intelectual; al Gobierno de Evo Morales y la prueba obvia de que esto es así es que el beneficiario directo de ese fraude fue el candidato Evo Morales. No se puede hace una separación entre el acto material de fraude y el acto intelectual”, argumentó Mesa.

Asimismo, el candidato afirmó que las acciones anuladas de 2019 generaron un daño económico al Estado de Bs 217 millones, costo que tuvo el proceso electoral, y que ahora considera que debe ser resarcido por los responsables del delito.

“Nosotros fuimos víctimas directas del fraude, nosotros como candidatos que ganamos las elecciones. Pero el principal perjudicado fue le pueblo boliviano que por segunda vez vio violada la soberanía popular”, acotó.

Mesa estuvo acompañado en la presentación de la demanda por Silvia Salame, expresidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y candidata a primera senadora por el departamento de Chuquisaca, además de Carlos Alarcón, candidato a diputado y asesor jurídico de esta alianza.

Un informe de la OEA concluyó que hubo una “manipulación dolosa” en los comicios de octubre de 2019, donde Morales apareció como ganador en primera vuelta tras un sospechoso incidente en uno de los sistemas de seguimiento de la votación, que ahora se investiga en la justicia ordinaria. El Ministerio Público abrió un proceso por delitos electorales, donde los principales acusados son los exvocales del Tribunal Electoral.

La Razón


Finaliza en Bolivia entrega de enmiendas a candidaturas observadas

En Bolivia concluyó la presentación de enmiendas a las observaciones de candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de cara a los comicios generales del 3 de mayo derivados del golpe de Estado.

Del Movimiento al Socialismo (MAS) fueron observadas varias candidaturas, entre ellas la del expresidente Evo Morales (2006-2019), aspirante a senador del MAS por el departamento de Cochabamba, unos 350 kilómetros al sureste de La Paz.

También de esa fuerza polítca, la más numerosa del país, resultaron con observaciones las candidaturas de Luis Arce, presidenciable, y de Diego Pary, quien opta para ser primer senador de Potosí, 530 kilómetros al sur de esta ciudad.

El candidato presidencial del MAS aseguró que muchos tienen miedo al líder de esa fuerza política, Evo Morales, al referirse a la observación de su candidatura a senador.

Según el presidente del TSE, designado por la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, la institución inhabilitó a 365 candidatos aspirantes por supuesto incumplimiento de requisitos legales.

El partido Frente Para la Victoria tiene la mayor cantidad de inhabilitados con 205 candidatos; seguido por el MAS con 57; Acción Democrática, 44; y el Partido de Acción Nacional Boliviano, 36.

Fueron impedidos porque ‘no presentaron ningún tipo de papel, lo que implicó su inhabilitación y ya no es posible presentar documentos complementarios’, dijo Romero.

En tanto el líder indígena, llamó a través de su cuenta en Twitter a todos los bolivianos a ‘generar condiciones para que las elecciones sean un verdadero escenario de reencuentro, donde se respete a la pollera, la wiphala y la corbata, y podamos convivir como hermanos, valorando nuestra diversidad, sin odio ni racismo’.

Para este jueves el TSE tiene previsto, de acuerdo con el cronograma electoral, la verificación de requisitos y causales de inelegibilidad de las candidaturas a senadurías y diputaciones que presentaron enmiendas.

Luego, a partir del viernes 21 comenzará la publicación de las listas de los candidatos habilitados de las organizaciones políticas y alianzas por el TSE en su portal web.

La Época

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