La Corte se involucra en las elecciones, que a una semana no tienen resultados

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Corte de Guyana dictamina que tiene competencia en caso electoral

La presidenta del Tribunal Supremo de Guyana, Roxane George-Wiltshire, dictaminó este domingo que la corte tiene jurisdicción para escuchar una solicitud destinada a bloquear la declaración de los resultados de las elecciones generales y regionales de 2020 hasta que sea recontados los votos en la Región Cuatro.

George-Wiltshire indicó que el tribunal analizará el caso presentado por el opositor Partido Progresista Popular (PPP) en un esfuerzo por lograr que se realice un recuento de votos en el distrito electoral Región Cuatro (Demerara-Mahaica) antes de hacer una declaración de resultados finales de la elección, como lo planeaban las autoridades electorales.

Anteriormente, el partido había obtenido una orden judicial para impedir que la Comisión de Elecciones de Guyana (GECOM) declarara los resultados de los comicios debido a que los votos declarados para la Región Cuatro (Demerara-Mahaica) no se verificaron por completo. El área de Demerara-Mahaica, conocida como la Región Cuatro, es la más grande de Guyana con 285.618 votantes registrados de un total de 660.998, una cifra que se considera inflada debido a que presuntamente no se han eliminado los migrantes y los fallecidos.

La gobernante Alianza para el Cambio (ANPU-AFC), partido que preside el actual mandatario David Granger, afirma que conservaba la ventaja en los resultados parciales de la votación publicados el jueves pasado en la mayor región de este país rico en petróleo.

Sin embargo, todo el proceso electoral en Guyana ha estado rodeado de quejas y denuncias de múltiples irregularidades desde el día de la votación, el pasado lunes 2 de marzo.

En caso de que la Corte hubiera decidido que no tiene jurisdicción, el GECOM intentaba declarar los resultados finales cuanto antes.

El director de Elecciones, Keith Lowenfield, ha preparado el informe final de las elecciones generales y regionales de la semana pasada y ha invitado a la comisión a reunirse para discutirlo antes de hacer una declaración, reveló la prensa local.

El caso fue presentado contra el Supervisor Oficial de la Región Cuatro, Clairmont Mingo, el director de Elecciones, Keith Lowenfield; y la Comisión Electoral de Guyana.

Mingo declaró los resultados de las elecciones sin verificación previa, contabilizando para la actual coalición APNU – AFC del presidente David Granger 136.458.000 votos y el partido PPP , habría recibido 77.329 mil votos.

El PPP, a través de la demanada presentada por Reeaz Holladar, representado por Anil Nandlall, está buscando una serie de recursos, incluida una orden del Tribunal Superior de que la declaración de los votos de la Región Cuatro viola las disposiciones de la Ley de Representación del Pueblo y como tal es inconstitucional.

Ademas una declaración de que GECOM no puede declarar legal o constitucionalmente los resultados de las elecciones hasta que el conteo de la Región Cuatro cumpla con el proceso establecido en la Sección 84 de la Representación de la Ley del Pueblo.

La presidenta de la Comunidad del Caribe (Caricom), la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, ha insistido en que el proceso de verificación de la Región Cuatro debe completarse en presencia de todos los partidos políticos, así como de los diversos observadores electorales.

Mottley reiteró los llamamientos a la GECOM para completar el proceso electoral que fue terminado por Mingo, quien se adelantó al dar a conocer los resultados de la región sin completar la verificación de los resultados.

Una persona murió anoche tras una protesta liderada por la oposición en Guyana, donde este sábado Caricom llamó a los funcionarios electorales en el país y a los partidos para que trabajen juntos para lograr un final pacífico y legal del proceso electoral del que sigue sin haber resultados.

Las elecciones ocurren después de que Granger convocara los comicios forzado tras la presentación con éxito de una moción de no confianza en su contra en diciembre de 2018 -con 33 votos a favor y 32 en contra- por parte del PPP con Irfaan Ali como alternativa.

La moción, la primera en salir adelante en la historia de Guyana, fue presentada por el PPP por una supuesta mala gestión de los recursos petroleros y los acuerdos alcanzados con Exxon Mobil.

Aunque Granger debía celebrar elecciones en el plazo de 90 días tras el éxito de moción, varias reclamaciones ante los tribunales retrasaron el proceso.

Telesur


Tribunal ordena investigar filtración de resultados de los comicios en Guyana

Un tribunal ordenó que se investigue la filtración de los resultados de un distrito electoral en las elecciones generales y locales celebradas el pasado lunes en Guyana, que todavía no han sido anunciados oficialmente mientras crece la impaciencia y la tensión entre los partidos de ese país suramericano.

El Tribunal Superior de Guyana ordenó el viernes a la Comisión Electoral (Gecom, inglés) una investigación que explique por qué se filtró la información, tras celebrarse en Guyana unos comicios cuyos resultados son esperados con ansiedad mientras se han reportado incidentes con los observadores desplazados para garantizar la imparcialidad del proceso.

La investigación llega después de que se hiciera público que un funcionario habría filtrado supuestamente los resultados de la región administrativa 4, la más grande del país.

El opositor Partido Progresista del Pueblo (PPP) hizo una reclamación judicial que provocó por parte del tribunal la exigencia de explicaciones y del seguimiento estricto de la normativa electoral.

Gecom trata de verificar los resultados de la Región Cuatro, donde se produjo la filtración del funcionario electoral.

La embajadora de los Estados Unidos, Sarah-Ann Lynch; el alto comisionado del Reino Unido, Greg Quinn; la alta comisionada de Canadá, Lilian Chatterjee, y el embajador de la Unión Europea, Fernando Ponz, han pedido a Gecomy a todas las partes interesadas que el proceso de recuento de votos se lleve a cabo de acuerdo a la normativa vigente.

La polémica provocó una declaración de la Comunidad del Caribe (Caricom) sobre el proceso en la que expresó su preocupación por las acusaciones que se hacen sobre las elecciones de Guyana con respecto al recuento de votos.

Denuncias de supuesta interferencia rusa
Mientras crece la tensión por el retraso del resultado de los comicios, el ministro de Seguridad Pública, Khemraj Ramjattan, informó que ha sido incautado material cibernético y que tres personas, supuestamente rusos, habrían sidos deportados por un hipotético intento de interferir en el resultado.

Un cuarto ciudadano ruso estaría en búsqueda y el equipo cibernético incluía computadoras y cámaras fotográficas.

Medios locales señalan que hay acusaciones contra la Asociación de la Cámara Americana de Guyana de dar apoyo a los cuatro ciudadanos rusos desde su llegada al país el sábado 29 de febrero, aunque la entidad lo rechazó.

Mientras la impaciencia y tensión crecen en Guyana a la espera de los resultados, la información disponible apunta a que el opositor PPP, con Irfaan Ali a la cabeza, lleva ventaja para imponerse en los comicios.

Medios locales aseguran que la coalición Una Asociación para la Unidad Nacional + Alianza para el Cambio (APNU + AFC), que lidera el hasta ahora presidente David Granger, está perdiendo las elecciones contra el PPP tras más del 80 % de los votos escrutados.

Las elecciones ocurren después de que Granger convocara los comicios forzado tras la presentación con éxito de una moción de no confianza en su contra en diciembre de 2018 -con 33 votos a favor y 32 en contra- por parte del PPP con Irfaan Ali como alternativa.

La moción, la primera en salir adelante en la historia de Guyana, fue presentada por el PPP por una supuesta mala gestión de los recursos petroleros y los acuerdos alcanzados con Exxon Mobil.

Aunque Granger debía celebrar elecciones en el plazo de 90 días tras el éxito de moción, varias reclamaciones ante los tribunales retrasaron el proceso.

Efecto Cocuyo


Chief Justice denies GECOM’s bid to prevent ‘elections challenge’

The Guyana Elections Commission (GECOM) on Sunday lost its bid to prevent Chief Justice (ag) Roxane George from hearing an application which states that the Returning Officer (RO) for Region Four (Demerara-Mahaica) violated the statutes when he declared results for that district in violation of the process prescribed under Section 84 of the Representation of the People Act. Chief Justice (ag) Roxane George The Chief Justice gave her ruling at about 14:30h amidst a packed courtroom including representatives of political parties, local and international observers and several members of the legal fraternity among others.

The Chief Justice was adamant that cognisant of certain restrictions, there is a precedent where the court’s supervisory jurisdiction can be invoked to ensure the smooth operation of elections proceedings or process and “a court cannot shirk its duty in this regard.”

Prima facie

Having found that there was prima facie evidence to support the court having jurisdiction to hear the matter, she ruled in favour of the application and held that the injunctions against GECOM be maintained as absolute, until a final determination of the matter. Senior Counsel Douglas Mendes and Attorney Anil Nandlall on Sunday Attorneys for GECOM have since been given until Tuesday morning to file an affidavit in response, after which the litigation will continue.

The Chief Justice, in prefacing her ruling, recounted arguments made by GECOM through Attorney-at-Law Neil Boston, SC, on behalf of the Elections Commission and Senior Counsel, Douglas Mendes.

Attorneys Anil Nandlall and Norman Robin Hunte also appeared on behalf of—Holladar—the applicant, while attorney Roysdale Forde, an APNU/AFC candidate, while not formally entered for the proceedings, appeared alongside Boston. GECOM’s Attorney, Neil Boston Prior to her ruling, the Chief Justice firstly admonished litigants to respect the ruling of the court since at the end of the day one of the parties would not be in agreement.

Boston in his arguments on Saturday had contended that the application should have had to wait until the completion the entire process and await the declaration of the overall final results before making a challenge by way of an elections petition.

He contended that the law did not provide for a “two-stage attack” against the elections process.

Attorneys for the application have, however, argued that the matter of an election petition was not relevant since that speaks to a challenge of the election result when what is being called for in the application is that the RO complies with the process as set out in the law.

The Chief Justice. in handing down her ruling, said that some of the orders being sought by the application would be better dealt with through an election petition but that the court has jurisdiction to determine whether the Returning Officer (RO) had complied with Section 84 of the Representation of People Act.

In handing down her ruling, the Chief Justice relied heavily on a previous ruling by the then Chief Justice Desiree Bernard in the case of Joseph Hamilton vs Chief Elections Officer.

That case had dealt with the compliance of the very Article under contention—compliance with Section 84 of the Representation of People Act.

Chief Justice Bernard had at that time found that the validity of the results can only be challenged by way of the elections petition and Justice George noted that in that case, the applicant’s claim did not speak to the validity of the election but rather the process.
She said that “The situation is no different,” and the case clearly contemplated judicial review during the process.

Chief Justice George further noted that there were several case law precedents where the supervisory jurisdiction of the court can be invoked prior to the declaration of the results.

Blatant violation

Senior Counsel Mendes, prior to the adjournment of the matter, raised a concern over the absence of the Chief Elections Officer (CEO), Keith Lowenfield—named as a respondent in the case. This is in addition to bringing to the attention of the court, a missive by Lowenfield to GECOM Chairperson, retired Justice Claudette Singh, where he indicated that a report had been completed and is ready to be gazetted and requested a meeting of the Commission.

He told the court that the missive appears to imply that the CEO was in blatant violation of the court orders via the injunction and asked that the situation not be countenanced by the court especially since the matter was ongoing.

He told the court the applicant’s team was concerned that Lowenfield might have acted unlawfully and in contempt of the court and further that the final report completed would contain information that he was prohibited from using.

GECOM’s attorney pointed out a response from the Chair, however, which was circulated by the entity’s Public Relations Officer, Yolanda Ward.

That communication, according to Boston, indicated that the Chairperson had no intention of failing to comply with any of the court orders and that no meeting for the Commission would be held. The CJ sidestepped the issue of Lowenfield’s contempt of the court for compiling a “final” elections report.

Boston subsequently told media operatives that as it relates to the declaration of the 2020 General and Regional Elections, “everything has been put on hold.”

Asked about the impact of the litigation with regards to the 15-day deadline imposed on GECOM to provide completed results, Boston told media operatives he was confident a ruling would be handed down before that time.

Nandlall, another of the attorneys appearing on behalf of Holladar, the applicant, in his brief to the local media corps pointed to the fact that the court managed to extract from Boston, an undertaking that the CEO would not undertake to proceed to do anything with the report he has compiled and called for the Commission to approve.

“That report was prepared in violation of one of the injunctions,” which restrained Lowenfield and RO, Clairmont Mingo, from proceeding to prepare any final results, unless and until the Section 84 of the Representation of the People Act had been complied with, according to Nandlall.

Guyana Times


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