Colombia: 71 líderes sociales y 20 miembros de la FARC fueron asesinados en 2020

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LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ASESINADOS EN 2020*

No. Nombre Fecha de incidente Municipio Dept. Anotación
1 Carlos Cardona 2 de enero Ituango Antioquia Director de Salud Pública del hospital de Ituango. Denuncia realizada por la Asociación Colombiana de Salúd Pública y Anthoc
2 Cristian David Caicedo 3 de enero Guapi Cauca Hijo de Edgar Caicedo, integrante del Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras por el Cauca.
3 Anuar Rojas Isarama 5 de enero Nuquí Chocó Perteneciente a la guardia indígena de la comunidad Agua Blanca, en Nuquí, Chocó
4 Gloria Ocampo 7 de enero Puerto Guzmán Putumayo Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito
5 Virginia Silva 7 de enero Paez Cauca Líder y médica tradicional de Páez
6 Emilio Campaña 8 de enero Puerto Guzmán Putumayo Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito
7 Mireya Hernández 8 de enero Algeciras Huila Lider comunal
8 Oscar Quintero 8 de enero Puerto Guzmán Putumayo Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito
9 Gentil Hernández 8 de enero Puerto Guzmán Putumayo Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito
10 Henry Cuello 10 de enero Chiriguaná Cesar Lider comunal
11 Amparo Guegia 10 de enero Caloto Cauca Comunera resguardo Huellas. Movimiento Nietos del Quintín Lame. Miembro de Marcha Patriótica
12 Juan Pablo Dicué Guejia 10 de enero Caloto Cauca Comunera resguardo Huellas. Movimiento Nietos del Quintín Lame. Miembro de Marcha Patriótica
13 Nelson Enrique Meneses 10 de enero Inzá Cauca Defensor de DDHH. Miembro de Marcha Patriótica
14 Tulio César Sandoval 10 de enero Tibú Norte de Santander Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT. Miembro de marcha patriótica
15 Sergio Narváez 10 de enero Turbo Antioquia Exconsejal, líder político
16 John Freddy Álvarez 11 de enero Algeciras Huila Presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos – Astracal. Miembro de Marcha Patriótica
17 Jorge Luis Betancourt 13 de enero Montelíbano Córdoba Lider Campesino y Comunal
18 Jaiber Alexander Quitumbo 14 de enero Toribío Cauca Comunero, miembro de la guardia indígena
19 Federico Peñalosa 15 de enero Nóvita Chocó líder campesino en la junta de acción de Tamaná
20 Yordan Tovar 16 de enero Puerto Guzmán Putumayo Directivo del Sindicato de Trabajadores Campesinos Agrícolas del Putumayo. Miembro de Marcha Patriótica
21 Wilmar Alexander Sanpedro 17 de enero Tarazá Antioquia Líder del PNIS, Junta de acción comunal de la vereda Guaimaro. Anzorc
22 Carlos Andrés Chavarria 17 de enero Tarazá Antioquia Líder del PNIS, Junta de acción comunal de la vereda Guaimaro. Anzorc
23 Luis Darío Rodríguez 18 de enero Tierralta Córdoba Líder de la Asociación Unión de Familias Desplazadas y Vulnerables de Tierralta «UFADESVUL»
24 Hernando Herrera 21 de enero Sonsón Antioquia Líder de la vereda El Brasil. Excandidato al consejo de Sonsón
25 John Alexander Ulcue Mesa 25 de enero Caloto Cauca Comunero indígena, residía en la vereda de Santa Helena del municipio de Corinto. Denuncia realizada por ACIN
26 José Antonio Riascos 25 de enero El Tambo Cauca Pertenecía a la comunidad e integrante de la Junta del Consejo Comunitario Afro Renacer
27 Modesto Vega 25 de enero Puerto Guzmán Putumayo Reconocido líder de la Junta de Acción Comunal. Denuncia realizada por la Red de DDHH del Putumayo
28 Fernando Quintero Mena 26 de enero Convención Norte de Santander Exconsejal en el periodo 2012-2015, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guasiles y presidente de la Asociación de Juntas del corregimiento de la Trinidad. Denuncia realizada por JAC
29 Bayron Rueda Ruíz 29 de enero Puerto Asís Putumayo Ex-presidente de la vereda “La 18” y actual afiliado a la JAC de la vereda El Azul, Corredor Puerto Vega-Teteyé, Puerto Asís, Putumayo. Denuncia realizada por Red de DDHH Putumayo
30 Jhonatan Borja Perez 30 de enero Candelaria Valle Excandidato a la alcaldía de Candelaria por Colombia Humana – Polo Democrático Denuncia realizada por Colombia Humana
31 Iván Giraldo 30 de enero Candelaria Valle Excandidato al consejo de Candelaria por Colombia Humana – Polo Democrático Denuncia realizada por Colombia Humana
32 Segundo Girón 1 de febrero Tumaco Nariño Integrante del consejo comunitario de Río Mejicano. Asesinado tras confrontación con policías que erradicaban coca y la comunidad se opuso a dicha erradicación.
33 Javier Girón Triviño 2 de febrero Santander de Quilichao Cauca Guardia Indígena Kiwe Thegnas del resguardo de Nasa Kiwe Tehk Ksxa’w. Denuncia realizada por ACIN
34 Johan Sebastián Muñoz Restrepo 3 de febrero Remedios Antioquia Trabajador minero, habitante de vereda desde hace 5 meses y estaba en proceso de afiliación a la Junta de Acción Comunal. La denuncia la hace Cahucopana
35 Libardo Arciniegas 4 de febrero Cocuy Boyacá Tesorero de la junta comunal de Pachacual Centro del municipio del Cocuy, Boyaca. Denuncia realizada por las JAC Colombia
36 Eliecer Gañan 4 de febrero Supía Caldas Comunero indígena de Cauroma. Denuncia la hizo el Consejo Regional Indígena de Caldas –Cridec-
37 Deigober Gañan 4 de febrero Supía Caldas Comunero indígena de Cauroma. Denuncia la hizo el Consejo Regional Indígena de Caldas –Cridec-
38 Yamid Alonso Silva 6 de febrero Guicán Boyacá Guardaparque del Parque Nacional Natural El Cocuy. La denuncia la realiza parques Nacionales Naturales
39 Efrén Ospina Velázquez 8 de febrero Tibú Norte de Santander Vicepresidente de la vereda de Totumito, Tibú e integrante del PNIS
40 Sandra Mayerly Vaquero 8 de febrero Arauca Arauca Docente sindicalizada
41 Ismael Angucho Yunda 9 de febrero Belén de los Andaquíes Caquetá Los indígenas eran fundadores del Resguardo Misak El Águila. Denuncia realizada por el Resguardo Indígena El Águila en Belén de la Andaquies.
42 Pedro Yunda 9 de febrero Belén de los Andaquíes Caquetá Los indígenas eran fundadores del Resguardo Misak El Águila. Denuncia realizada por el Resguardo Indígena El Águila en Belén de la Andaquies.
43 Jaime Toscano Fernández 10 de febrero San José de Uré Córdoba Gestor de paz del programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito. Beneficiario del PNIS.
44 Jeovanny Alirio Oliveros 10 de febrero Cunday Tolima Concejal del Partido Verde
45 Luis Alberto Parra 12 de febrero Puerto Guzmán Putumayo Fiscal de la JAC de la vereda Villa Fátima, municipio de Puerto Guzmán Putumayo . Previamente secuestrados, denuncia realizada por la JAC.
46 Jader Alberto Parra 12 de febrero Puerto Guzmán Putumayo Coordinador del Comité de Obras de la JAC de la vereda Villa Fátima, municipio de Puerto Guzmán Putumayo. Previamente secuestrados, denuncia realizada por la JAC .
47 Emilio Dauqui 15 de febrero Buenos Aires Cauca Comunero indígena resguardo Las Delicias
48 Albeiro Silva Mosquera 16 de febrero Miranda Cauca Defensor de DD.HH, integrante de la Guardia Campesina, la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Morena y de la Asociación Pro constitución Zona de ReservaCampesina del Municipio de Miranda Cauca ASPROZONAC, filial de FENSUAGRO – CUT, de ANZORC, del PUPSOC y de Marcha Patriótica Cauca.
49 Luis Hugo Silva Mosquera 16 de febrero Miranda Cauca Defensor de DD.HH, integrante de la Guardia Campesina, la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Morena y de la Asociación Pro constitución Zona de ReservaCampesina del Municipio de Miranda Cauca ASPROZONAC, filial de FENSUAGRO – CUT, de ANZORC, del PUPSOC y de Marcha Patriótica Cauca.
50 Miguel Ángel Marín Arango 17 de febrero Medellín Antioquia Líder juvenil y cultural en comuna 13 de Medellín
51 Jorge Humberto Alpala 18 de febrero Cumbal Nariño Líder indígena, quien se desempeñó como Regidor, Gobernador y Alcalde Municipal de Cumbal
52 Cristobal Anaya González 20 de febrero Lebrija Santander Lider Corporación de Derechos Humanos Sobrevivientes de Minas Antipersonas y Atentados en Colombia (Csomiaconcol)
53 Luis Mario Tálaga 20 de febrero Puerto Tejada Cauca Miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la industria agropecuaria
54 Marco Tulio Chocué 23 de febrero Corinto Cauca Pertenece al resguardo indígena Lopez Adentro de Caloto. Denuncia realizada por ACIN
55 Didian Arley Agudelo 25 de febrero Campamento Antioquia Exconcejal del municipio de Campamento, además hijo de quien es en la actualidad el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda
56 Amado Torres 29 de febrero San José de Apartadó Antioquia Líder social de la vereda la Miranda
57 Julio Gutierrez 2 de marzo Campoalegre Huila Residente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Esmero, había fundado la Asociación de Trabajadores del Campo de Campoalegre (ATC) y también hacía parte del Grupo Asociativo El Esmero
58 William Montoya 6 de marzo Montería Córdoba Minero artesanal y era el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (Jac) del corregimiento Puerto Antioquia, de Tarazá.
59 Cristian Adrián Angulo 8 de marzo Cali Valle Gestor Social de Cali
60 Humberto Guzmán Morales 6 de marzo Algeciras Huila Defensor de derechos humanos ex integrante Unión Patriotica
61 Alexis Vergara 10 de marzo Puerto tejada Cauca Delegado ante la Asamblea Sindical de SINTRAINCABAÑA Puerto Tejada Cauca. Denuncia CGT Colombia
62 Ilario Mecha Pedroza 15 de marzo Bogotá D.C Bogotá D.C Guardia indigena cabildo Wounaan Noham
63 Laureano Alberto Tróchez 15 de marzo Caloto Cauca Comunero indígena, resguardo López Adentro
64 Ivo Humberto Bracamonte 18 de marzo Puerto Santander Santander Ex concejal del municipio de Puerto Santander y dirigía el noticiero comunitario virtual “NPS”
65 Marco Leopoldo Rivadeneira 19 de marzo Puerto Asís Putumayo Dirigente político y social, integrante del Congreso de los Pueblos y presidente de la Asociación Campesina del Puerto Asís (ASOPUERTOASÍS)
66 Angel Ovidio Quintero González 19 de marzo San Francisco Antioquia Concejal y Presidente del Concejo Municipial de San Francisco – Antioquia, también era presidente de la Asociación de Mineros Artesanales en el mismo municipio.
67 Omar Guisurama Nacabera 25 de marzo Bolívar Valle Líder indígena Embera integrante de ORIVAC
68 Ernesto Guisurama Nacabera 25 de marzo Bolívar Valle Líder indígena Embera integrante de ORIVAC
69 Carlota Isabel Salinas 25 de marzo San Pablo Bolívar Fue la coordinadora de Mujeres del Valle del Río Cimitarra perteneció por más de 10 años a la OFM
70 Alejandro Carvajal 26 de marzo Sardinata Norte de Santander Campesino participaba en concentracion de campesinos en contra de erradicaciones forzadas
71 Luis Soto 27 de marzo Puerto Libertador Córdoba Ex concejal Municipio de la Apartada

FIRMANTES DE ACUERDO DE PAZ. EXCOMBATIENTES FARC ASESINADOS/AS EN 2020

1 Benjamín Banguera González 1 de enero Guapi Cauca
2 Carlos Andrés Ricaurte 11 de enero Finlandia Quindío
3 Gerson Moises Morales 11 de enero Finlandia Quindío
4 Crescencio Santos 12 de enero Quibdó Chocó
5 Hober Arias Giraldo 15 de enero Dabeiba Antioquia
6 Duver Esneider Solano 22 de enero Mesetas Meta
7 Jhon Freddy Vargas Rojas 25 de enero Pitalito Huila
8 Cesar Dario Herrera Gomez 24 de enero Ituango Antioquia
9 Rafaél Zapata 14 de febrero San Juan de Arama Meta
10 Daniel Jiménez Ospina 16 de febrero Puerto Guzmán Putumayo
11 Wiston Antonio Moreno 21 de febrero Quibdó Chocó
12 Esder Pineda Peña 21 de febrero Algeciras Huila
13 José Elias Peralta 21 de febrero Puerto Asís Putumayo
14 Holman Antonio Montes 27 de febrero San Vicente del Caguán Caquetá
15 Astrid Conde 5 de marzo Bogotá D.C Bogotá D.C
16 Edwin de Jesús Carrascal 10 de marzo Coloso Sucre
17 Bella Esther Carrillo 17 de marzo La Macarena Meta
18 Alveiro Antonio Gallego 21 de marzo La Macarena Meta
19 José Isidro Cuesta Ricas 29 de marzo Jiguamiandó Chocó
20 Juan Carlos Castillo Certijama 30 de marzo Puerto Asís Putumayo

Indepaz


Asesinan a excombatiente de las Farc en Carmen del Darién, Chocó

El partido FARC denunció que el excombatiente José Isidoro Cuesta, fue asesinado el domingo 29 de marzo en la zona rural de Carmen del Darién, Chocó. Cuesta se encontraba acreditado desde el 11 de diciembre de 2019 como excombatiente del Frente 57 de las Farc.

La Defensoría del Pueblo a través del Alerta Temprana 009 de 2020 advirtió sobre el riesgo que enfrentan los municipios de Riosucio y Carmen del Darién en el Bajo Atrato por cuenta de las acciones de grupos armados ilegales que hacen presencia en esta región.

“En el municipio de Carmen del Darién se encuentran en situación de riesgo 13.189 personas, principalmente de comunidades indígenas y afrodescendientes de las cuencas de los ríos Atrato, Curavaradó, Jiguamiandó y Domingodó”, se lee en la Alerta Temprana.

Además del asesinato de Cuesta, este martes 31 de marzo Juan Carlos Castillo, de 29 años, fue encontrado sin vida y con varios impactos de bala entre el resguardo indígena Kwisna Cxhab y la vereda Alto Lorenzo en el corregimiento La Carmelita, en Puerto Asís (Putumayo). Castilllo se encontraba registrado en el ETCR Heiler Mosquera.

“Estos casos alteran el bienestar y tranquilidad de las comunidades. Además, evidencian la falta de garantías y seguridad en los territorios donde claramente existe alta presencia de Policía y Ejército, pero no es suficiente para evitar o prevenir que estos casos se sigan presentando”, dijo la Red de Derechos Humanos de Putumayo, organización que denunció el asesinato de Castillo.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) han asesinado a 71 líderes sociales y 20 excombatientes en lo que va del año.

El Espectador


ONU pide al gobierno colombiano frenar tragedia de asesinatos de líderes sociales y defensores de DDHH

En el último Informe trimestral sobre Colombia, presentado este martes, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, plantea tres prioridades para la implementación integral del Acuerdo Final de Paz para el 2020.

Esas prioridades son:

1.- Adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a la tragedia de los asesinatos de líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes;

2.- Fortalecer la sostenibilidad a largo plazo del proceso de reincorporación y asegurar que los beneficios de la reincorporación lleguen a todos los y las excombatientes; y

3.- Asegurar que las comunidades, y en especial las víctimas, estén en el centro de todos los esfuerzos de consolidación de la paz.

En su Informe, el Secretario General reconoce los retos que trae el brote de COVID-19 a la implementación de la paz, pero saluda los esfuerzos conjuntos de FARC y el Gobierno para tomar medidas preventivas con la población de excombatientes.

Al margen del informe, el Secretario General expresó que acoge con beneplácito el anuncio por parte del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (Eln) de un cese al fuego unilateral de un mes a partir del 1 de abril para facilitar la respuesta a la pandemia COVID-19 en Colombia.

Declara que espera que este gesto, luego de su llamado mundial a cese del fuego, pueda brindar alivio a las comunidades y grupos vulnerables en las regiones afectadas por conflicto en Colombia, y ayudar a las autoridades a centrarse en la lucha contra la pandemia.

El Secretario General hace un llamado a otros grupos armados para que hagan lo mismo.

Estos son apartes fundamentales de la versión que publicó la ONU sobre el informe del Secretario General, Antonio Guterres, sobre Colombia:

Con el augurio que este año 2020 traiga avances alentadores para Colombia mediante la implementación del Acuerdo de Paz, el Secretario General de las Naciones Unidas destaca los avances y los retos de la implementación del Acuerdo en su más reciente Informe trimestral al Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que cubre el período entre el 27 de diciembre 2019 y el 26 de marzo de 2020.

El Secretario General hace especial énfasis en el papel de las autoridades locales y departamentales en la implementación del Acuerdo. El Secretario General acoge “con gran satisfacción las múltiples expresiones de apoyo y compromiso para la implementación del Acuerdo de Paz de los alcaldes y alcaldesas y gobernadores y gobernadoras” posesionados en enero, incluyendo a 12 excombatientes y candidatos del partido FARC que también fueron elegidos en los comicios locales de 2019. En este sentido, el Informe destaca el lanzamiento de la Red Nacional de Autoridades Locales para la Paz en febrero y también el lanzamiento de la hoja de ruta para la protección efectiva de líderes sociales desde los departamentos en la “Mesa por la Vida” celebrada en Puerto Asís en marzo. También señala que 162 municipios y 15 departamentos han adoptado medidas jurídicas para incluir los programas de desarrollo con enfoque territorial en sus instrumentos de planificación territorial. El Informe comenta que la cooperación de las autoridades locales será fundamental para incorporar los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación en el ordenamiento territorial y los instrumentos de planificación municipales.

El Informe reconoce que el brote de COVID-19 planteará muchos retos a Colombia en los próximos meses. Sin embargo, el Secretario General celebra el compromiso del Gobierno de asegurar la implementación sostenida de programas relacionados con la paz en este difícil contexto y acoge con beneplácito “que FARC y el Gobierno hayan tomado de manera rápida y colaborativa medidas preventivas en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación”. Específicamente, el Informe destaca que el 98% de excombatientes se han afiliados al sistema nacional de salud.

Además de hacer un balance de la implementación durante este período, el Secretario General propone tres prioridades para el 2020. El Secretario General señala como la principal prioridad para el 2020, la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la tragedia de los asesinatos de líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes. Durante el periodo del Informe se señala que la Misión verificó 16 asesinatos de ex miembros de las FARC-EP (incluida una mujer), con lo que la cifra total desde la firma del Acuerdo de Paz asciende a 190 (incluidas tres mujeres). Aproximadamente el 73% del total de asesinatos de excombatientes se han producido en zonas rurales caracterizadas por una presencia limitada del Estado, pobreza, economías ilícitas y la presencia de organizaciones criminales.

El Informe también destaca que, del 1 de enero al 24 de marzo de este año, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha recibido 56 denuncias de asesinatos de líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos, 6 de los cuales han sido verificados, entre ellos los asesinatos de dos mujeres.

En este sentido, el Secretario General afirma que “no se deben escatimar esfuerzos para garantizar la protección y la seguridad de quienes enfrentan riesgos específicos debido a su papel en la promoción de los derechos humanos, en la implementación del Acuerdo de Paz y en la defensa de los intereses de sus comunidades, y de quienes dejaron las armas y siguen comprometidos con el proceso de paz.”

El Secretario General hace un llamado a que se fortalezcan los mecanismos previstos en el Acuerdo para garantizar la seguridad y protección de esas personas y sus comunidades. Por un lado, reitera su llamado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad de avanzar en la adopción de una política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo. También apunta la importancia de dotar de suficientes recursos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para así atender más de 400 solicitudes pendientes de esquemas de protección. Finalmente, el Informe resalta los avances de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía en las investigaciones de varios asesinatos de ex miembros de las FARC-EP, y a la vez insta a todos los actores relevantes a que apoyen plenamente la decisiva labor de la Unidad para llevar ante la justicia a los autores de esos ataques, incluidos sus autores intelectuales.

El Informe señala que la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación sigue coordinando la implementación de las medidas anunciadas por el Gobierno en junio de 2019 para reforzar la protección de los excombatientes y apoyar a las entidades encargadas de investigar los ataques contra ellos. Destaca, por ejemplo, las cuatro reuniones a nivel regional de la Mesa de Coordinación Interinstitucional de Seguridad y Protección, incluyendo en el municipio de Ituango, donde el Secretario General señala su especial preocupación dado que es el municipio con el mayor número de ataques contra excombatientes desde la firma del Acuerdo.

Como una segunda prioridad para este año, el Secretario General observa que se deben fortalecer las bases del proceso de reincorporación a más largo plazo, y asegurar que los beneficios de la reincorporación lleguen a todos los y las excombatientes. El Informe reconoce la aprobación en diciembre de la Ruta de Reincorporación, que fue acordada entre las partes y establece el marco para el proceso de reincorporación socioeconómica a largo plazo y alienta a las partes a que sigan trabajando conjuntamente, en un espíritu de diálogo constructivo, durante su implementación. El Secretario General hace especial énfasis en el tema de acceso a la tierra, tanto para los antiguos espacios territoriales como para los proyectos productivos, como un elemento fundamental para que los excombatientes y sus familias puedan desarrollar sus proyectos de vida de la mano de las comunidades locales.

El Informe destaca los 49 proyectos colectivos y los 1225 proyectos individuales aprobados que benefician a un poco más de 3500 excombatientes. El Secretario General recuerda que esta cifra representa el 27% de los ex integrantes de las FARC-EP acreditados.

El Secretario General señala en el Informe la situación de más de 9.400 excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Si bien 22 de los 49 proyectos productivos colectivos aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) benefician a excombatientes que residen fuera de los antiguos ETCRs, “la mayoría de estos excombatientes residen en lugares con acceso limitado a tierras, vivienda, educación, oportunidades productivas, atención de salud y seguridad.” En este sentido, el Secretario General plantea que es necesario que todos los actores —incluidos FARC, el Gobierno, las autoridades locales y la comunidad internacional— se adapten a esa realidad. “El proceso de reincorporación solo tendrá éxito si todos y cada uno de los excombatientes que siguen comprometidos con el proceso de paz reciben oportunidades, protección y seguridad, independientemente del lugar donde viven,” observa el Secretario General.

Como tercera prioridad para el 2020, el Secretario General se enfoca en la importancia de que las comunidades, y en especial las víctimas, estén al centro de todos los esfuerzos de consolidación de la paz. “El éxito a largo plazo del Acuerdo de Paz vendrá determinado en última instancia por la medida en que las comunidades que sufrieron décadas de violencia puedan disfrutar de los beneficios de la paz,” señala el Secretario General.

En este sentido, el Informe señala que lograr avances sustanciales en la puesta en marcha del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios –previsto en el Acuerdo– tendría efectos positivos en la grave situación de la seguridad de comunidades en zonas rurales del país. El Secretario General también apunta que será esencial el progreso sostenido en la reforma rural integral, incluidos los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), manteniendo la participación social y su coordinación efectiva con otros programas. Finalmente, el Secretario General reitera su valoración que la presencia sostenida e integrada de las instituciones del Estado sigue siendo el medio más eficaz para garantizar la paz y la estabilidad en los territorios. Sobre este punto, el Secretario General confía que, en los casos donde se decida trasladar algunos antiguos ETCRs por motivos de seguridad, esto no dará lugar a una reducción de la presencia del Estado sino, por el contrario, a su fortalecimiento, a fin de garantizar la protección de las comunidades en esas zonas.

El Secretario General destaca que en cada una de estas tres prioridades se debe prestar atención especial a las necesidades específicas de las mujeres, los niños y niñas, las comunidades étnicas y las personas jóvenes.

El Secretario General también reitera su apoyo a los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición —la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad—. En su Informe reconoce que los siete casos abiertos por la Jurisdicción Especial para la Paz siguen avanzando, recibiendo versiones de 291 ex miembros de las FARC-EP, 232 de la Fuerza Pública, 7 agentes estatales no combatientes y terceros, y con la acreditación de más de 260,000 víctimas. En este sentido, el Secretario General exhorta a todos los actores a que contribuyan plenamente a su labor, en particular demostrando sinceridad en sus contribuciones a la verdad y empatía en su reconocimiento del sufrimiento de las víctimas.

El Secretario General concluye su Informe reafirmando que, a pesar de las difíciles circunstancias relacionadas con el COVID-19, confía que el año 2020 pueda traer avances alentadores para Colombia mediante la implementación integral del Acuerdo de Paz.

El Informe del Secretario General será presentado por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, Sr. Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York el 14 de Abril de 2020.

Radio Santa Fe


Tras asesinato de indígena, Pueblo Awá exige garantías en medio de las balas y el Covid-19

El día 26 de marzo del 2020 cerca de las 9:00 am en Barbacoas, Nariño fue asesinado Wilder García, indígena Awá perteneciente al Resguardo de Tortugaña Telembí, la comunidad afirma que mientras hacen lo posible por cumplir con la medida de aislamiento, grupos armados han puesto en la mira a líderes y lideresas.

Los sucesos ocurrieron en la vivienda de Wilder, en cercanías al río Pipalta en el municipio de Barbacoas, Nariño cuando los atacantes irrumpieron en su hogar y lo asesinaron frente de su familia compuesta por su esposa y dos menores. La comunidad resalta que debido a la actual situación de aislamiento y las amenazas de los grupos armados, resultó complejo avanzar en el levantamiento del cuerpo sin vida de su compañero.

La Organización Nacional Indígena de Colombia, (ONIC) ha alertado que el pueblo indígena habita en medio de un conflicto en el cual participan “quince grupos al margen de la ley”, incluidas las disidencias de las FARC, bandas delincuenciales y el ELN, grupos que se disputan el territorio y el control sobre los cultivos de uso ilícito en Nariño.

A esta situación se suma la ocurrida el pasado 24 de marzo cuando hombres armados intimidaron a quienes pasaban frente al centro educativo “Los Telembies” en el corregimiento de Buena Vista, realizando disparos en la zona, donde se encuentran comunidades y familias Awá en situación de desplazamiento.

Pueblo Awá pide no desviar la atención de la crisis humanitaria

«Sabemos que la preocupación por el Coronavirus ha hecho que la atención de todos, se vuelque a la pandemia y con justa razón, pero en los territorios se sigue atentando contra los derechos humanos de quienes buscamos pervivir en paz » expresó la UNIPA. (Le recomendamos leer: Asesinan a Leonardo Nastacuas, líder de la comunidad Awá en Nariño)

«El pueblo Awá es un pueblo indígena que se encuentra en vía de extinción física y cultural por que ha tenido que sobrevivir en medio de la guerra y en plena cuarentena siguen asesinando a jóvenes en el territorio», manifestó Carlos Nastacuas, integrante de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA).

«Vemos una afectación muy grave y más cuando el Gobierno ha dicho que cada grupo étnico atenderá la pandemia según sus costumbres, pero mirando la situación del pueblo Awá es muy difícil por el olvido histórico del Gobierno», explica a medios locales Rider Pai, Consejero Mayor asegurando que el conflicto armado está aprovechando esta pandemia para atacar a los pueblos ancestrales cuando están en casa salvaguardándose.

Ante estos sucesos, la comunidad Awá ha exigido a los diversos grupos armados legales e ilegales que respeten la vida de sus habitantes, reiterando que se abstengan de entrar a sus territorios indígenas no solo por la actual pandemia sino en respeto de su autonomía.

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