Así va el Acuerdo de Paz después de tres años de implementación

Así va el Acuerdo de Paz después de tres años de implementación

Colombia2020 presenta un balance de lo avanzado y de los principales rezagos punto a punto del Acuerdo Final de La Habana, suscrito entre el Estado y las antiguas Farc en noviembre de 2016. Mientras la reincorporación de los excombatientes a la vida civil y la puesta en marcha del sistema de justicia transicional presentan grandes avances, las transformaciones estructurales como las de la reforma rural siguen pendientes.

El 24 de noviembre de 2016 el Estado colombiano, en cabeza del entonces presidente Juan Manuel Santos, y la antigua guerilla de las Farc firmaron el Acuerdo Final de La Habana con el que le pusieron fin a más de 50 años de guerra. Un documento que hoy es referente en el mundo en materia de acuerdos de paz, pero cuya implementación ha tenido tropiezos en estos tres años de tratar de materializar lo que quedó en el papel.

¿Qué pasó con la ambiciosa promesa de llevar a cabo una reforma rural integral, pospuesta en el país durante décadas? ¿El sistema democrático ha dado garantías para la que la oposición ejerza su derecho de participar en política? ¿Cuál ha sido el camino de los más de 13.000 excombatientes que iniciaron el tránsito a la legalidad? ¿Cambió la forma en la que el Estado enfrenta el problema de las drogas ilícitas? ¿Y la reparación a las víctimas?

Esas son algunas de las preguntas que Colombia2020 pretende resolver en detalle, en este especial de cinco entregas, con las voces de los protagonistas, Gobierno y FARC, así como de quienes de manera más juiciosa le han hecho seguimiento a lo pactado. Conozca aquí cada entrega:

El Espectador


El limbo jurídico en el que están algunos casos del conflicto

El sueño más grande de Jhonny Duvián Soto Muñoz era ser soldado profesional. Anhelaba portar el uniforme de la institución a la que más veneraba. Prestó servicio por 14 meses en San José del Guaviare, tiempo en el que participó de la operación “Sol Naciente”, en 2007, en la que murieron 16 exguerrilleros de las Farc. Entre ellos Tomás Medina Caracas, conocido en la guerra como el Negro Acacio.

A sus 21 años quería llegar a tener un alto mando en las Fuerzas Armadas. Meses más tarde fue asesinado por miembros del Ejército, cuando lo hicieron pasar por exguerrillero “dado de baja en combate”, y aunque hay señalamientos sobre quiénes son los presuntos responsables, “nadie sabe quién dio la orden”, como dice Zoraida Muñoz, su madre.

Después de prestar servicio militar, Jhonny regresó a su casa en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Sin embargo, un día se acercó a un batallón para acompañar a uno de sus primos a presentarse. Afuera estaba Alexánder Carretero Díaz, quien prometió ayudarle a entrar nuevamente a las filas del Ejército sin mayor esfuerzo.

Según Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y quien representa a la familia, dice que se presume que el hombre los reclutaba para, en alianza con el Ejército, transportarlos a diferentes zonas y luego hacerlos pasar por exguerrilleros muertos en combate. En el caso de Soto Muñoz, su cadáver apareció a 627 kilómetros de su casa. Lo asesinaron el 12 de agosto de 2008 en Ocaña (Norte de Santander).

Por el crimen cometido contra Soto Muñoz hay 10 implicados, entre ellos el general (r) Mario Montoya. Su caso está en dos fiscalías: una de Derechos Humanos de Bogotá y una delegada de la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que desde el 13 de febrero de 2019 su caso ya no está en la justicia ordinaria, sino que lo lleva la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por tratarse de un hecho del conflicto armado, su abogado asegura que están en un “limbo jurídico”.

El 28 de febrero de 2020, a pesar de que el caso ya formaba parte del macrocaso 003 de la JEP (sobre los llamados falsos positivos), esta Jurisdicción emitió la Resolución 1142, en donde se indica que la Fiscalía no puede suspender los procesos que esté investigando, a pesar de que sean competencia de la JEP. Deben llevarlos hasta el escrito de acusación (una de las fases del juicio, previas a la sentencia).

Según el abogado de la CCJ, el fiscal del caso argumentó que a nivel interno la directriz que tenía validez era la Circular 003 de la Fiscalía, que ordena que esta entidad debe abstenerse de “adoptar decisiones que determinen la responsabilidad de los investigados” (y entre esas diligencias están las acusaciones).

En términos jurídicos, se genera un “conflicto de competencias”, es decir, un “choque” entre ambas jurisdicciones para saber quién continúa con la investigación. “En este momento estamos en ese limbo. La JEP ordenó que fuera la Fiscalía la que llevara el caso hasta esa fase, pero el fiscal se niega a avanzar, porque no es de su competencia”, señala Sebastián Bojacá.

En este “choque” de normativas hay varios procesos estancados. Germán Romero Sánchez, abogado de la organización dhColombia, representante de las víctimas de la masacre de San José de Apartadó, asegura que la misma circular (la 003 de la Fiscalía) está impidiendo que el general (r) Héctor Jaime Fandiño sea compareciente (en la justicia ordinaria o en la especial).

En la masacre fueron asesinadas ocho personas (entre ellas cuatro menores de edad). La JEP declaró este crimen cometido, en alianza entre los paramilitares e integrantes del Ejército, como de lesa humanidad en la Resolución 2511, para evitar su prescripción.

Por este hecho la Corte Suprema de Justicia, en abril de 2019, condenó a 34 años de prisión a 10 exintegrantes del Ejército. Sin embargo, el 30 de diciembre del año pasado, una magistrada de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó suspender las órdenes de captura -que nunca se hicieron efectivas porque, en nueve meses, no dieron con ellos, con el fin de incluirlos como comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Esta decisión fue fuertemente cuestionada porque la suspensión de las órdenes de captura se dio sin que ninguno de los implicados hubiera formalizado su compromiso de estar en la justicia transicional para contribuir al esclarecimiento de la verdad y reparación de sus víctimas. Tres de los uniformados en retiro aceptaron someterse a la JEP, pero aclararon que eso no implicaba que aceptaran su responsabilidad en la masacre.

Héctor Jaime Fandiño, quien para ese entonces era comandante de la Brigada XVII en Carepa (Urabá), fue requerido por la justicia en 2013 para rendir cuentas sobre esta masacre con complicidad paramilitar. Hasta julio de 2019, Fandiño era compareciente ante la jurisdicción ordinaria y el fiscal del caso debía decidir si acusaba o no al exmilitar, pero “ahí quedó todo suspendido porque en ese mes sacaron la Circular 003 y no continuaron con el proceso, porque era competencia de la JEP”, dice el abogado Romero.Una de las máximas preocupaciones de la defensa es que Fandiño no ha mostrado voluntad de someterse a la JEP y su caso, que venía avanzando en la Fiscalía, quedó detenido y en otro limbo jurídico que, por ahora, parece no tener salida a la vista.

En una situación similar está el caso de Óscar Morales Tejada, un joven de 23 años asesinado en enero del 2008 por el miembros del Ejército del Batallón de Artillería La Popa (Valledupar), quienes lo hicieron pasar por “guerrillero dado de baja en combate”. Aunque esta Unidad del Ejército está priorizada en el macrocaso 003 de la Jurisdicción Especial para la Paz, Sebastián Bojacá, abogado de la familia, explica que solo un exmilitar ha querido hablar y admitir su responsabilidad en este hecho. Sin embargo, la Fiscalía no le ha tomado el testimonio para iniciar juicio y la JEP no lo ha citado a dar sus versiones voluntarias.

“Cuando el exmilitar comenzó a contar algunas cosas, le dijimos al fiscal del caso que imputara y se fuera a juicio, porque además tenemos más material probatorio, pero el fiscal dijo que no podía avanzar más porque era competencia de la JEP, y aunque esta Jurisdicción sí tiene el caso priorizado, tememos que la falta de colaboración de Fiscalía afecte el avance del proceso”, explica el abogado.

En uno de los informes de falsos positivos presentados por la defensa a la Jurisdicción, comprometen al comandante (r) Adolfo León Hernández Martínez en el caso de Morales Tejada, pues señalan que en ese momento era comandante de ese Batallón.

La principal preocupación con los casos que quedan en ese “limbo” es la infinita incertidumbre a la que están expuestas las víctimas. Ambos abogados coinciden en que “no tenemos razón para darles a las personas sobre sus procesos”. Más que el tema jurídico, según Bojacá, hay “falta de voluntad de la Fiscalía de contribuir, hasta donde debe, a la investigación de casos de conflicto armado que lleva la JEP”.

El Espectador


FARC denuncia asesinatos de excombatientes a CIDH

Por Sergio Saavedra

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), ha tomado la determinación de enviar un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido al asesinato selectivo. Tras la firma del Acuerdo de Paz —24 de noviembre de 2016— han sido asesinados 196 personas en proceso de reincorporación.

Cabe señalar que, en las horas de la noche de este jueves 7 de mayo fue asesinado el firmante de paz Wilder Daniel Marín Alarcón. El Cuerpo del excombatiente fue encontrado en el barrio Caballas en el Municipio de Bello. Wilder era estudiante del SENA de técnica de Auxiliar Contable y hacía parte de la Cooperativa Multiactiva Tejiendo Paz (COOTEPAZ). Tan solo en Antioquia han sido asesinados 27 exguerrilleros, tras la firma del Acuerdo.

Diego Martínez, abogado de FARC, señaló ante la opinió pública que “Hemos decidido acudir al Sistema Interamericano y también ante Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Solicitaremos la intervención de la Comisión Interamericana y una visita in loco (visita de campo) al país para constatar que está ocurriendo un exterminio sistemático contra excombatientes”.

Según cifras del Consejo Nacional de Reincorporación FARC, desde el 24 de febrero, fecha en que el riesgo para Colombia de COVID-19 ascendió a moderado, han sido asesinadas 12 personas en proceso de reincorporación, de ellas siete (7) desde la expedición del decreto de emergencia sanitaria (22 de marzo). En 2020 se han registrado 25 asesinatos de firmantes de paz en Colombia.

De acuerdo con Farc, se busca solicitar la visita de la Corte Interamericana para que investigue esta situación como exterminio, dada la sistematicidad de los asesinatos, y se presente un Informe al Sistema interamericano. Esto en medio de 679 casos de riesgo (Amenazas, Atentados, Desplazamientos forzados, Persecución, Extorsión), a febrero, que la propia ARN tiene conocimiento y tendría que ayudar a tramitar con las entidades pertinentes, entre ellas la UNP.

Según datos del Sistema de información SIPARES, los tres departamentos más victimizados por la violencia letal en contra de firmantes de paz son: Cauca, Nariño y Antioquia. Asimismo, más del 80 % de los casos las autoridades no han podido determinar el agente perpetrador.

 

Indolencia

Las solicitudes del Partido FARC han sido una constante durante el año y medio de gobierno. Posterior a la firma del Acuerdo solicitaban medidas de protección a los cerca de 13 mil hombres y mujeres que le apostaron al proceso de paz. Sin dudas, desde la posesión de Iván Duque, la exigencia del partido ha sido la implementación del Acuerdo y, fundamentalmente, las garantías para la vida de los y las miles de firmantes de paz.

El Acuerdo de Paz está bajo amenaza de muerte, con la mirada tolerante del gobierno del presidente Iván Duque, como lo han venido señalando los comunicados de Farc desde que se acrecentó la violencia letal en plena emergencia sanitaria del Covid-19.

Mapa de víctimas que corresponden a personas en proceso de reincorporación asesinadas después de la firma del Acuerdo de Paz. Mapa: Pares.

Asimismo, cómo lo señaló en un comunicado FARC, tras el asesinato del jueves pasado de Wilder, en el marco de la pandemia y la emergencia que ha generado, no paran los asesinatos en contra de líderes sociales y los reincorporados de FARC y no nos cansaremos de repetir que la paz no nos puede seguir costando la vida”.

Esquemas colectivos: una apuesta especial

Cabe señalar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para finales de abril decidió estudiar de oficio medidas cautelares de protección colectiva para la población en proceso de reincorporación. Si bien no hay nada definido, el tribunal especial avanza hacia una alternativa que permita hacer frente a la violencia selectiva.

Asimismo, la magistrada de la Sección de Casos con Ausencia de Reconocimiento —Reinere de los Ángeles Jaramillo—; ha explicado que estas acciones de protección colectivas pretenden garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas en el marco de las garantías de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.

Esta acción, emprendida por JEP contempla a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación , la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Consejo Nacional de Garantías de Seguridad y los ministerios de Interior y Defensa.

Sergio Marín, representante de FARC en el Congreso, se han solicitado acciones concretas del Gobierno Nacional, puntulamente se ha dirigido a la Ministra de Interior, Alicia Arango, en el debate de control político»Ministra ¿Cuál es la propuesta POLÍTICA, con mayúsculas, de gobierno frente al Diálogo Nacional que proponemos no sólo para sacar las armas de la Política, si no para enfrentar el no funcionamiento del congreso?»

De igual forma, Marín precisó no podemos cansarnos de insistir en la necesidad de que se avance seriamente en medidas que conduzcan a evitar la continuación del desangramiento. Creemos firmemente en la Paz de nuestro País. Estamos absolutamente seguros que quienes activan los gatillos no son los principales responsables, detrás de esas personas hay quienes dan las órdenes y a uno le sorprende que nos hayan realmente resultados en las investigaciones.

La estigmatización: un lastre en esta violencia

Por otra parte, resulta importante insistir que la población en proceso de reincorporación le han manifestado a Pares, con preocupación, la estigmatización a la que han sido expuestos por discursos del Gobierno Nacional o de la institucionalidad sobre su vinculación a las disidencias o a economías ilegales.

Es importante recordar que, acuerdo con el investigador nacional Javier Alejandro Jiménez, desde Pares se han formulado tres hipótesis que intentan dar cuenta del asesinato de los y las firmantes de paz:

· “La primera de ellas está ligada a la resistencia de la población en proceso de reincorporación para sumarse a las Estructuras Armadas Ilegales. Ante dicha negativa, son asesinados”.

· La segunda esta ligada con temas de venganzas por parte de grupos armados en las zonas en las que los y las firmantes de paz adelanatan su proceso de reincorporación.

· La tercera tiene que ver con venganzas de personas debidos a abusos o hechos que haya cometido la extinta guerrilla de las FARC- EP contra la población civil en su momento.

PARES


Hay que hacerle control político al gobierno ya: FARC

En una rueda de prensa que tuvo lugar este martes 12 de mayo, la bancada del partido Fuerza Revolucionaria del Común (FARC) presentó un paquete de medidas para modificar, derogar y adicionar elementos a los decretos con fuerza de Ley que ha expedido el presidente Duque en el marco del estado de emergencia por la pandemia del Covid-19.

Las propuestas resultan determinantes en momentos en que congresistas de la oposición han señalado la necesidad de que el legislativo se active para cumplir con su función de control a las decisiones del ejecutivo, y además, en medio de denuncias por beneficios, vía decreto, a los grandes capitales en detrimento de las personas.

Los decretos que busca modificar FARC

El senador Julian Gallo, más conocido como Carlos Lozada, explicó que el paquete legislativo surge como continuación al Plan de Choque Social propuesto hace apenas unas semanas por la colectividad. De allí que algunos elementos respondan a avances legislativos sobre temas como salud, educación o gasto público que ya aparecían en el mencionado documento.

En primer lugar, FARC propone modificar el decreto de excarcelación (Decreto Ley 546 de 2020), para que sean excluídos de este beneficio personas condenadas «por delitos que por su especial gravedad presenten un peligro para la sociedad y las víctimas». Así, responderían al llamado de cientos de internos en las cárceles que, incluso sin estar condenados, están expuestos a una difícil situación sanitaria en los penales.

En segundo lugar, FARC presentará una adición al Decreto Legislativo 533 de 2020, relacionado con el Plan de Alimentación Escolar (PAE), que dadas las cirunstancias de la pandemia, tuvo que modificarse para que estudiantes lo sigan recibiendo en su casa. En ese sentido, la adición contiene aportes anticorrupción, mediante el fortalecimiento de la denuncia ciudadana y la veeduría en contratación.

Un tema que se hizo presente en el Plan de Choque fue el tema sanitario. FARC presentó una reforma al Decreto Legislativo 538 de 2020, con la intención de aumentar la capacidad de atención en centros hospitalarios mediante equipos médicos, garantías para el personal relacionado con el derecho a la salud y la adquisición de tecnología para enfrentar la pandemia.

También se incluyó una modificación al Decreto Legislativo 460 de 2020, relacionado con el funcionamiento de las comisarías de familia, para que los funcionarios de estas instituciones cuenten con mayores elementos de higiene y bioseguridad que les permitan seguir desempeñando sus funciones, en momentos en que la violencia contra la mujer, los niños, niñas y adolescentes presenta un pico.

Por último, FARC presentó una modificación al Decreto Legislativo 553 de 2020 para que los adultos mayores, beneficiarios del programa Colombia Mayor reciban un aporte durante 6 meses, no se les reduzca este beneficio por ninguna razón y se autorice a entes territoriales a cofinanciar el subsidio, si así lo determinan para que esta población esté protegida de la crisis económica.

Los decretos que proponen derogar

Organizaciones sociales y congresistas como el senador Wilson Arias han denunciado algunos decretos que consideran que no atienden a la población que sufre la pandemia, y en cambio sí benefician a los grandes capitales. Con una idea similar, FARC propuso la derogación de dos decretos que consideró relevantes en este momento.

El Decreto Legislativo 488 de 2020 que se refería al retiro de cesantias de fondos privados, el otorgamiento de vacaciones y de protección a las personas que pierden su trabajo se derogaría. La intención del partido es que se proteja a los trabajadores evitando despidos de manera unilateral, y se les brinde un beneficio económico a los trabajadores de Empresas de Servicio Temporal.

Por último, FARC presentó la derogación del Decreto Legislativo 558, «toda vez que significa una reforma pensional en detrimento del fondo público de pensiones Colpensiones». El decreto permite hacer un aporte menor a la salud y pensión tanto de trabajadores del sector público y privado, así como aquellos que son independientes.

Todas las propuestas de FARC, que incluyen algunos ajustes a otros decretos y la renta básica, tendrán que ser discutidos por el Congreso de la República, en momentos en que algunos parlamentarios luchan porque se reinicien las sesiones semipresenciales, mientras otros impulsan la idea de mantener el congreso operando de manera virtual, y con funciones reducidas.

Contagio Radio


Líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en 2020*

Nombre Fecha Municipio Departamento Calidad
1 CARLOS ANDRES CARDONA RUIZ 02/01/2020 ITUANGO ANTIOQUIA SINDICAL
2 ANUAR ROJAS ISARAMÁ 05/01/2020 NUQUI CHOCO INDIGENA
3 GLORIA ISABEL OCAMPO 07/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
4 VIRGINIA SILVA 07/01/2020 PAEZ CAUCA INDIGENA
5 OSCAR QUINTERO VALENCIA 08/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
6 GENTIL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 08/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
7 EMILIO CAMPAÑA 08/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
8 MIREYA HERNÁNDEZ GUEVARA 08/01/2020 ALGECIRAS HUILA COMUNAL
9 HENRY WILSON CUELLO VILLAREAL 10/01/2020 CHIRIGUANA CESAR COMUNAL
10 SERGIO NARVÁEZ TAPIAS 10/01/2020 TURBO ANTIOQUIA CIVICO
11 NELSON ENRIQUE MENESES QUILES 10/01/2020 INZA CAUCA CAMPESINO – COMUNAL
12 AMPARO GUEJIA MESTIZO 10/01/2020 CALOTO CAUCA INDIGENA
13 TULIO CESAR SANDOVAL CHIA 10/01/2020 TIBU NORTE DE SANTANDER CAMPESINO – COMUNAL – PNIS
14 JHON FREDDY ÁLVAREZ 11/01/2020 ALGECIRAS HUILA CAMPESINO – COMUNAL
15 JORGE LUIS BETANCOURT ORTEGA 13/01/2020 MONTELIBANO – PUERTO LIBERTADOR CORDOBA CAMPESINO
16 JAIBER ALEXANDER QUITUMBO ASCUE 14/01/2020 TORIBIO CAUCA INDIGENA
17 SAMUEL FEDERICO PEÑALOSA 16/01/2020 NOVITA CHOCO CAMPESINO – COMUNAL
18 YORDAN TOBAR 16/01/2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
19 WILMAR ALEXANDER SAN PEDRO POSADA 17/01/2020 TARAZA ANTIOQUIA CAMPESINO – PNIS
20 CARLOS ANDRÉS CHAVARRIA POSADA 17/01/2020 TARAZA ANTIOQUIA CAMPESINO – PNIS
21 LUIS DARIO RODRIGUEZ NARVAEZ 17/01/2020 TIERRA ALTA CORDOBA CAMPESINO – COMUNAL
22 HERNANDO HERRERA 21/01/2020 SONZON ANTIOQUIA CAMPESINO – COMUNAL
23 MODESTO VEGA TORREGROSA 25/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
24 JOSÉ ANTONIO RIASCOS 25/01/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
25 JOHN ALEXANDER ULCUE MESA 25/01/2020 CALOTO CAUCA INDIGENA
26 FERNANDO QUINTERO MENA 26/01/2020 CONVENCION NORTE DE SANTANDER CAMPESINO – COMUNAL
27 BAYRON RUEDA RUÍZ 29/01/2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
28 JHONATAN BORJA PÉREZ 30/01/2020 PALMIRA VALLE DEL CAUCA CIVICO
29 IVÁN GIRALDO FUQUEME 30/01/2020 PALMIRA VALLE DEL CAUCA CIVICO
30 SEGUNDO MARTIN GIRÓN ZAMBRANO 01/02/2020 TUMACO NARIÑO AFRODESCENDIENTE
37  JAVIER GIRÓN TRIVIÑO 02/02/2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA INDIGENA
32 JOHAN SEBASTIÁN MUÑOZ RESTREPO 03/02/2020 REMEDIOS ANTIOQUIA MINERO
33 LIBARDO ARCINIEGAS 04/02/2020 COCUY BOYACA CAMPESINO – COMUNAL
34 ELIECER GAÑAN 04/02/2020 SUPIA CALDAS INDIGENA
35 FELIPE DEIGOBER GAÑAN 04/02/2020 SUPIA CALDAS INDIGENA
36 FREIMAN SALAZAR 05/02/2020 CALOTO CAUCA INDIGENA
37 YAMITH ALONSO SILVA TORRES 06/02/2020 COCUY BOYACA CAMPESINO – COMUNAL
38 EFREN DE JESUS PABON 08/02/2020 TIBU NORTE DE SANTANDER CAMPESINO – COMUNAL – PNIS
39 SANDRA MAYERLY BAQUERO 08/02/2020 ARAUCA ARAUCA SINDICAL
40 RAFAEL MANOTAS 09/02/2020 PUEBLO NUEVO CORDOBA COMUNAL
41 FELIPE ANGUCHO YUNDA 09/02/2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA INDIGENA
42 ISMAEL ANGUCHO YUNDA 09/02/2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA INDIGENA
43 MIGUEL ANGEL CASTELLANOS MARIN 08/02/2020 MEDELLIN ANTIOQUIA CIVICO
44 JAIME TOSCANO FERNANDEZ 10/02/2020 SAN JOSE DE URE CORDOBA CAMPESINO – PNIS
45 JEOVANNY ALIRIO OLIVEROS MAYORGA 11/02/2020 CUNDAY TOLIMA CIVICO
46 WILSON MESA 11/02/2020 TORIBIO CAUCA INDIGENA
47 LUIS ALBERTO PARRA LOZADA 12/02/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
48 JADER ALBERTO PARRA 12/02/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
49 PEDRO YUNDA 12/02/2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA INDIGENA
50 EMILIO DAUQUI 15/02/2020 BUENOS AIRES CAUCA INDIGENA
51 FLORENTINO YOSANDO MESTIZO 16/02/2020 BUENOS AIRES CAUCA INDIGENA
52 ALBEIRO SILVA MOSQUERA 17/02/2020 MIRANDA CAUCA INDIGENA
53 LUIS HUGO SILVA MOSQUERA 17/02/2020 MIRANDA CAUCA INDIGENA
54 MIGUEL ANGEL MARIN ARANGO 17/02/2020 MEDELLIN ANTIOQUIA CIVICO
55 JORGE HUMBERTO ALPALA 18/02/2020 CUMBAL NARIÑO INDIGENA
56 CRISTOBAL ANAYA GONZALEZ 20/02/2020 LEBRIJA SANTANDER CIVICO
57 LUIS MARIO TALAGA WALLIS 20/02/2020 PUERTO TEJADA CAUCA AFRODESCENDIENTE
58 YURI ALEXANDRA ORTIZ MORENO 21/02/2020 SEGOVIA ANTIOQUIA CIVICO
59 MARCO TULIO CHOCUE 23/02/2020 CORINTO CAUCA INDIGENA
60 DIDIAN ARLEY AGUDELO 29/02/2020 CAMPAMENTO ANTIOQUIA CAMPESINO – COMUNAL
61 AMADO TORRES 29/02/2020 SAN JOSE DE APARTADO ANTIOQUIA CAMPESINO – COMUNAL
62 JULIO GUTIERREZ AVILES 02/03/2020 CAMPOALEGRE HUILA CAMPESINO – COMUNAL
63 WILLIAM RAMIRO MONTOYA GARCIA 03/03/2020 TARAZA ANTIOQUIA CAMPESINO – COMUNAL
64 JORGE MACANA 07/03/2020 EL TAMBO CAUCA CAMPESINO – COMUNAL
65 LUZ ENEIDA IPIA CHOCUE 08/03/2020 BUENOS AIRES CAUCA INDIGENA
66 CRISTIAN ADRIAN ANGULO 08/03/2020 CALI VALLE DEL CAUCA CIVICO
67 ALEXIS VERGARA 10/03/2020 PUERTO TEJADA CAUCA SINDICAL
68 HUMBERTO GUZMAN MORALES 11/03/2020 ALGECIRAS HUILA CIVICO
69 ILARIO MECHA PEDROZA 15/03/2020 BOGOTA DC BOGOTA DC INDIGENA
70 LAUREANO ALBERTO TRÓCHEZ MENZA 15/03/2020 CALOTO CAUCA INDIGENA
71  YILBER ANDRES YATACUÉ MÉNDEZ 15/03/2020 TORIBIO CAUCA INDIGENA
72 IVO HUMBERTO BRACAMONTE QUIROZ 19/03/2020 PUERTO SANTANDER SANTANDER CIVICO
73 MARCO LEOPOLDO RIVADENEIRA 19/03/2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
74 ANGEL OVIDIO QUINTERO GONZALEZ 19/03/2020 SAN FRANCISCO ANTIOQUIA MINERO
75 OMAR GUASIRUMA NACABERA 23/03/2020 BOLIVAR VALLE DEL CAUCA INDIGENA
76 ERNESTO GUASIRUMA NACABERA 23/03/2020 BOLIVAR VALLE DEL CAUCA INDIGENA
77 CARLOTA ISABEL SALINAS 24/03/2020 SAN PABLO BOLIVAR CAMPESINO
78 WILDER GARCIA 26/03/2020 BARBACOAS NARIÑO INDIGENA
79 ALEJANDRO CARVAJAL 26/03/2020 SARDINATA NORTE DE SANTANDER CAMPESINO
80 LUIS SOTO 27/03/2020 PUERTO LIBERTADOR CORDOBA CIVICO
81 MARLLY FERNANDA QUINA CAMPO 27/03/2020 TOTORO CAUCA INDIGENA
82 HAMILTON GASCA ORTEGA 04/04/2020 PIAMONTE CAUCA CAMPESINO
83 JAIRO BELTRAN BECERRA 15/04/2020 BOGOTA DC BOGOTA DC CIVICO
84 TEODOMIRO SOTELO ANACONA 17/04/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
85 ANDRES CANSIMANCE BURBANO 18/04/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
86 MARIO CHILHUESO CRUZ 19/04/2020 BUENOS AIRES CAUCA CAMPESINO
87 JESÚS ALBEIRO RIASCOS 22/04/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
88 SABINO ANGULO 22/04/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
89 ÁNGEL ARTEMIO NASTACUAS VILLARREAL 22/04/2020 TUMACO NARIÑO INDIGENA
90 HUGO DE JESÚS GIRALDO LÓPEZ 22/04/2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA CAMPESINO
91 ALEJANDRO LLINÁS SUÁREZ 24/04/2020 SANTA MARTA MAGDALENA CAMPESINO
92 FLORO SAMBONI GOMEZ 24/04/2020 ALMAGUER CAUCA CAMPESINO – COMUNAL
93 JAIRO DE JESUS JIMENEZ 28/04/2020 ABEJORRAL ANTIOQUIA SINDICAL
94 ALVARO NARVAEZ DAZA 29/04/2020 MERCADERES CAUCA CAMPESINO – COMUNAL
95 JOHNIS ELIAN JIMENEZ 30/04/2020 CACERES ANTIOQUIA INDIGENA
96 CARLOS ANDRES SANCHEZ VILLA 05/05/2020 TIBÚ DIAZ NORTE DE SANTANDER COMUNAL

Familiares o relacionados con Líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en 2020*

Nombre Fecha Municipio Departamento Parentesco o relación con el líder
1 CRISTIAN DAVID CAICEDO 03/01/2020 GUAPI CAUCA HIJO
2 JUAN PABLO DICUÉ GUEJIA 10/01/2020 CALOTO CAUCA HIJO
3 ARLEY HERNAN CHALA 04/03/2020 CALI VALLE ESCOLTA
4 KEVIN JOHAN GASCA ARROLLO 04/04/2020 PIAMONTE CAUCA HIJO
5 ROBER GASCA ARROLLO 04/04/2020 PIAMONTE CAUCA HIJO
6 MARIA DELIA DAZA RODIRGUEZ 29/04/2020 MERCADERES CAUCA ESPOSA
7 CRISTIAN NARVAEZ DAZA 29/04/2020 MERCADERES CAUCA HIJO
8 JENNY KATERINE LOPEZ NARVAEZ 29/04/2020 MERCADERES CAUCA NIETA

Firmantes de acuerdo de paz. Excombatientes Farc asesinados/as en 2020

1 Benjamín Banguera González 1 de enero Guapi Cauca
2 Carlos Andrés Ricaurte 11 de enero Finlandia Quindío
3 Gerson Moises Morales 11 de enero Finlandia Quindío
4 Crescencio Santos 12 de enero Quibdó Chocó
5 Hober Arias Giraldo 15 de enero Dabeiba Antioquia
6 Duver Esneider Solano 22 de enero Mesetas Meta
7 Jhon Freddy Vargas Rojas 25 de enero Pitalito Huila
8 Cesar Dario Herrera Gomez 24 de enero Ituango Antioquia
9 Rafaél Zapata 14 de febrero San Juan de Arama Meta
10 Daniel Jiménez Ospina 16 de febrero Puerto Guzmán Putumayo
11 Wiston Antonio Moreno 21 de febrero Quibdó Chocó
12 Esder Pineda Peña 21 de febrero Algeciras Huila
13 José Elias Peralta 21 de febrero Puerto Asís Putumayo
14 Holman Antonio Montes 27 de febrero San Vicente del Caguán Caquetá
15 Astrid Conde 5 de marzo Bogotá D.C Bogotá D.C
16 Edwin de Jesús Carrascal 10 de marzo Coloso Sucre
17 Bella Esther Carrillo 17 de marzo La Macarena Meta
18 Irnel Flores Forero 17 de marzo La Macarena Meta
19 Alveiro Antonio Gallego 21 de marzo La Macarena Meta
20 José Isidro Cuesta Ricas 29 de marzo Jiguamiandó Chocó
21 Juan Carlos Castillo Certijama 30 de marzo Puerto Asís Putumayo
22 Carlos Alberto Castillo 3 de abril Planadas Tolima
23 Jhon Jairo Londoño Bedoya 15 de abril La Uribe Meta
24 Rigoberto García 17 de abril Urrao Antioquia
25 Wilder Daniel Marin Alarcón 7 de mayo Bello Antioquia

Indepaz


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