Ya van 85 líderes sociales y 24 miembros de FARC asesinados este año

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Asesinan otro líder comunal en zona rural de Tibú, Norte de Santander

Carlos Andrés Sánchez, quien era el vicepresidente de la vereda Caño Raya en el municipio de Tibú, se convierte en el cuarto líder social asesinado este año en ese municipio, en zona del Catatumbo.

Sánchez se movilizaba en su camioneta en el kilómetro 18 en la vía que comunica el municipio de Tibú con el corregimiento de La Gabarra, cuando fue interceptado por dos hombres armados en moto, quienes le dispararon en varias oportunidades.

Hasta el momento, las autoridades desconocen las causas y los autores de este crimen en una zona en donde hay presencia de diversos grupos armados como el Eln, Epl, Disidencias de las Farc y bandas criminales.

Juan Carlos Quintero, vocero de Ascamcat (Asociación Campesina del Catatumbo) dijo a RCN que “llama la atención que este asesinato se registra a tan solo un kilómetro de distancia de un puesto de control permanente instalado por el Ejército en el kilómetro 17 en la misma vía que comunica Tibú con La Gabarra”.

Así mismo, el líder social dijo que existe temor en la comunidad porque en plena pandemia se siguen registrando acciones violentas en la zona del Catatumbo en donde no existen garantías en materia de seguridad.

Frente a los otros asesinatos de líderes en Norte de Santander, las autoridades investigan las causas y autores de lo sucedido. Ese es el caso de la muerte de Efrén Jesús Ospina Velásquez, quien fue interceptado por dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta, en el sector de la Carbonera, zona rural de Tibú el pasado 9 de febrero.

Mientras que el pasado 20 de enero en el municipio de Convención se registró el homicidio de Fernando Quintero Mena, exconcejal y presidente de la junta de acción comunal de la vereda Guasiles.

Igualmente el 10 de enero asesinaron en Tibú, a Tulio César Sandóval, quien era miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo – Ascamcat y de Marcha Patriótica.

Ante lo sucedido se presume que se registren desplazamientos de familias campesinas de las distintas veredas por temor a que se presenten otras muertes selectivas.

RCN Radio


Líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en 2020*

No. Nombre Fecha de incidente Municipio Dept. Anotación
1 Carlos Cardona 2 de enero Ituango Antioquia Director de Salud Pública del hospital de Ituango. Denuncia realizada por la Asociación Colombiana de Salúd Pública y Anthoc
2 Cristian David Caicedo 3 de enero Guapi Cauca Hijo de Edgar Caicedo, integrante del Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras por el Cauca.
3 Anuar Rojas Isarama 5 de enero Nuquí Chocó Perteneciente a la guardia indígena de la comunidad Agua Blanca, en Nuquí, Chocó
4 Gloria Ocampo 7 de enero Puerto Guzmán Putumayo Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito
5 Virginia Silva 7 de enero Paez Cauca Líder y médica tradicional de Páez
6 Emilio Campaña 8 de enero Puerto Guzmán Putumayo Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito
7 Mireya Hernández 8 de enero Algeciras Huila Lider comunal
8 Oscar Quintero 8 de enero Puerto Guzmán Putumayo Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito
9 Gentil Hernández 8 de enero Puerto Guzmán Putumayo Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito
10 Henry Cuello 10 de enero Chiriguaná Cesar Lider comunal
11 Amparo Guegia 10 de enero Caloto Cauca Comunera resguardo Huellas. Movimiento Nietos del Quintín Lame. Miembro de Marcha Patriótica
12 Juan Pablo Dicué Guejia 10 de enero Caloto Cauca Comunera resguardo Huellas. Movimiento Nietos del Quintín Lame. Miembro de Marcha Patriótica
13 Nelson Enrique Meneses 10 de enero Inzá Cauca Defensor de DDHH. Miembro de Marcha Patriótica
14 Tulio César Sandoval 10 de enero Tibú Norte de Santander Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT. Miembro de marcha patriótica
15 Sergio Narváez 10 de enero Turbo Antioquia Exconsejal, líder político
16 John Freddy Álvarez 11 de enero Algeciras Huila Presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos – Astracal. Miembro de Marcha Patriótica
17 Jorge Luis Betancourt 13 de enero Montelíbano Córdoba Lider Campesino y Comunal
18 Jaiber Alexander Quitumbo 14 de enero Toribío Cauca Comunero, miembro de la guardia indígena
19 Federico Peñalosa 15 de enero Nóvita Chocó líder campesino en la junta de acción de Tamaná
20 Yordan Tovar 16 de enero Puerto Guzmán Putumayo Directivo del Sindicato de Trabajadores Campesinos Agrícolas del Putumayo. Miembro de Marcha Patriótica
21 Wilmar Alexander Sanpedro 17 de enero Tarazá Antioquia Líder del PNIS, Junta de acción comunal de la vereda Guaimaro. Anzorc
22 Carlos Andrés Chavarria 17 de enero Tarazá Antioquia Líder del PNIS, Junta de acción comunal de la vereda Guaimaro. Anzorc
23 Luis Darío Rodríguez 18 de enero Tierralta Córdoba Líder de la Asociación Unión de Familias Desplazadas y Vulnerables de Tierralta «UFADESVUL»
24 Hernando Herrera 21 de enero Sonsón Antioquia Líder de la vereda El Brasil. Excandidato al consejo de Sonsón
25 John Alexander Ulcue Mesa 25 de enero Caloto Cauca Comunero indígena, residía en la vereda de Santa Helena del municipio de Corinto. Denuncia realizada por ACIN
26 José Antonio Riascos 25 de enero El Tambo Cauca Pertenecía a la comunidad e integrante de la Junta del Consejo Comunitario Afro Renacer
27 Modesto Vega 25 de enero Puerto Guzmán Putumayo Reconocido líder de la Junta de Acción Comunal. Denuncia realizada por la Red de DDHH del Putumayo
28 Fernando Quintero Mena 26 de enero Convención Norte de Santander Exconsejal en el periodo 2012-2015, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guasiles y presidente de la Asociación de Juntas del corregimiento de la Trinidad. Denuncia realizada por JAC
29 Bayron Rueda Ruíz 29 de enero Puerto Asís Putumayo Ex-presidente de la vereda “La 18” y actual afiliado a la JAC de la vereda El Azul, Corredor Puerto Vega-Teteyé, Puerto Asís, Putumayo. Denuncia realizada por Red de DDHH Putumayo
30 Jhonatan Borja Perez 30 de enero Candelaria Valle Excandidato a la alcaldía de Candelaria por Colombia Humana – Polo Democrático Denuncia realizada por Colombia Humana
31 Iván Giraldo 30 de enero Candelaria Valle Excandidato al consejo de Candelaria por Colombia Humana – Polo Democrático Denuncia realizada por Colombia Humana
32 Segundo Girón 1 de febrero Tumaco Nariño Integrante del consejo comunitario de Río Mejicano. Asesinado tras confrontación con policías que erradicaban coca y la comunidad se opuso a dicha erradicación.
33 Javier Girón Triviño 2 de febrero Santander de Quilichao Cauca Guardia Indígena Kiwe Thegnas del resguardo de Nasa Kiwe Tehk Ksxa’w. Denuncia realizada por ACIN
34 Johan Sebastián Muñoz Restrepo 3 de febrero Remedios Antioquia Trabajador minero, habitante de vereda desde hace 5 meses y estaba en proceso de afiliación a la Junta de Acción Comunal. La denuncia la hace Cahucopana
35 Libardo Arciniegas 4 de febrero Cocuy Boyacá Tesorero de la junta comunal de Pachacual Centro del municipio del Cocuy, Boyaca. Denuncia realizada por las JAC Colombia
36 Eliecer Gañan 4 de febrero Supía Caldas Comunero indígena de Cauroma. Denuncia la hizo el Consejo Regional Indígena de Caldas –Cridec-
37 Deigober Gañan 4 de febrero Supía Caldas Comunero indígena de Cauroma. Denuncia la hizo el Consejo Regional Indígena de Caldas –Cridec-
38 Yamid Alonso Silva 6 de febrero Guicán Boyacá Guardaparque del Parque Nacional Natural El Cocuy. La denuncia la realiza parques Nacionales Naturales
39 Efrén Ospina Velázquez 8 de febrero Tibú Norte de Santander Vicepresidente de la vereda de Totumito, Tibú e integrante del PNIS
40 Sandra Mayerly Vaquero 8 de febrero Arauca Arauca Docente sindicalizada
41 Ismael Angucho Yunda 9 de febrero Belén de los Andaquíes Caquetá Los indígenas eran fundadores del Resguardo Misak El Águila. Denuncia realizada por el Resguardo Indígena El Águila en Belén de la Andaquies.
42 Pedro Yunda 9 de febrero Belén de los Andaquíes Caquetá Los indígenas eran fundadores del Resguardo Misak El Águila. Denuncia realizada por el Resguardo Indígena El Águila en Belén de la Andaquies.
43 Jaime Toscano Fernández 10 de febrero San José de Uré Córdoba Gestor de paz del programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito. Beneficiario del PNIS.
44 Jeovanny Alirio Oliveros 10 de febrero Cunday Tolima Concejal del Partido Verde
45 Luis Alberto Parra 12 de febrero Puerto Guzmán Putumayo Fiscal de la JAC de la vereda Villa Fátima, municipio de Puerto Guzmán Putumayo . Previamente secuestrados, denuncia realizada por la JAC.
46 Jader Alberto Parra 12 de febrero Puerto Guzmán Putumayo Coordinador del Comité de Obras de la JAC de la vereda Villa Fátima, municipio de Puerto Guzmán Putumayo. Previamente secuestrados, denuncia realizada por la JAC .
47 Emilio Dauqui 15 de febrero Buenos Aires Cauca Comunero indígena resguardo Las Delicias
48 Albeiro Silva Mosquera 16 de febrero Miranda Cauca Defensor de DD.HH, integrante de la Guardia Campesina, la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Morena y de la Asociación Pro constitución Zona de ReservaCampesina del Municipio de Miranda Cauca ASPROZONAC, filial de FENSUAGRO – CUT, de ANZORC, del PUPSOC y de Marcha Patriótica Cauca.
49 Luis Hugo Silva Mosquera 16 de febrero Miranda Cauca Defensor de DD.HH, integrante de la Guardia Campesina, la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Morena y de la Asociación Pro constitución Zona de ReservaCampesina del Municipio de Miranda Cauca ASPROZONAC, filial de FENSUAGRO – CUT, de ANZORC, del PUPSOC y de Marcha Patriótica Cauca.
50 Miguel Ángel Marín Arango 17 de febrero Medellín Antioquia Líder juvenil y cultural en comuna 13 de Medellín
51 Jorge Humberto Alpala 18 de febrero Cumbal Nariño Líder indígena, quien se desempeñó como Regidor, Gobernador y Alcalde Municipal de Cumbal
52 Cristobal Anaya González 20 de febrero Lebrija Santander Lider Corporación de Derechos Humanos Sobrevivientes de Minas Antipersonas y Atentados en Colombia (Csomiaconcol)
53 Luis Mario Tálaga 20 de febrero Puerto Tejada Cauca Miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la industria agropecuaria
54 Marco Tulio Chocué 23 de febrero Corinto Cauca Pertenece al resguardo indígena Lopez Adentro de Caloto. Denuncia realizada por ACIN
55 Didian Arley Agudelo 25 de febrero Campamento Antioquia Exconcejal del municipio de Campamento, además hijo de quien es en la actualidad el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda
56 Amado Torres 29 de febrero San José de Apartadó Antioquia Líder social de la vereda la Miranda
57 Julio Gutierrez 2 de marzo Campoalegre Huila Residente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Esmero, había fundado la Asociación de Trabajadores del Campo de Campoalegre (ATC) y también hacía parte del Grupo Asociativo El Esmero
58 William Montoya 6 de marzo Montería Córdoba Minero artesanal y era el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (Jac) del corregimiento Puerto Antioquia, de Tarazá.
59 Cristian Adrián Angulo 8 de marzo Cali Valle Gestor Social de Cali
60 Humberto Guzmán Morales 6 de marzo Algeciras Huila Defensor de derechos humanos ex integrante Unión Patriotica
61 Jorge Macana 8 de marzo El Tambo Cauca Era un líder reconocido desde hace muchos años y su trabajo se enfocaba en las labores del campo. Él había impulsado la creación del colegio en Plata Rica, y de igual forma, trabajó por la construcción de la vía para llegar a esta zona de El Tambo.
Con el Acuerdo de Paz, el líder le apostó a la sustitución de cultivos de uso ilícito, y hacía parte de la Mesa Departamental encargada de tratar ese tema.
62 Alexis Vergara 10 de marzo Puerto tejada Cauca Delegado ante la Asamblea Sindical de SINTRAINCABAÑA Puerto Tejada Cauca. Denuncia CGT Colombia
63 Ilario Mecha Pedroza 15 de marzo Bogotá D.C Bogotá D.C Guardia indigena cabildo Wounaan Noham
64 Laureano Alberto Tróchez 15 de marzo Caloto Cauca Comunero indígena, resguardo López Adentro
65 Ivo Humberto Bracamonte 18 de marzo Puerto Santander Santander Ex concejal del municipio de Puerto Santander y dirigía el noticiero comunitario virtual “NPS”
66 Marco Leopoldo Rivadeneira 19 de marzo Puerto Asís Putumayo Dirigente político y social, integrante del Congreso de los Pueblos y presidente de la Asociación Campesina del Puerto Asís (ASOPUERTOASÍS)
67 Angel Ovidio Quintero González 19 de marzo San Francisco Antioquia Concejal y Presidente del Concejo Municipial de San Francisco – Antioquia, también era presidente de la Asociación de Mineros Artesanales en el mismo municipio.
68 Omar Guisurama Nacabera 25 de marzo Bolívar Valle Líder indígena Embera integrante de ORIVAC
69 Ernesto Guisurama Nacabera 25 de marzo Bolívar Valle Líder indígena Embera integrante de ORIVAC
70 Carlota Isabel Salinas 25 de marzo San Pablo Bolívar Fue la coordinadora de Mujeres del Valle del Río Cimitarra perteneció por más de 10 años a la OFM
71 Alejandro Carvajal 26 de marzo Sardinata Norte de Santander Campesino participaba en concentracion de campesinos en contra de erradicaciones forzadas
72 Luis Soto 27 de marzo Puerto Libertador Córdoba Ex concejal Municipio de la Apartada
73 Marlly Fernanda Quina Campo 27 de marzo Totoró Cauca Lideresa del cabildo indígena Paniquitá. Denuncia realizada por la ACIN
74 Hamilton Gasca Ortega 4 de abril Piamonte Cauca Afiliado a ASINTRACAMPIC-FENSUAGRO
Asesinados con él, dos de sus hijos
75 Jairo Beltrán Becerra 15 de abril Bogotá Bogotá líder social y comunal destacado por defender principalmente la población LGBTI.
76 Teodomiro Sotelo Anacona 17 de abril El Tambo Cauca Líder del consejo comunitario de la vereda Betania, hacía parte de la mesa alternativa de cultivos del el proceso intercultural para la transformación productiva del territorio impulsado por CNA
77 Andrés Cacimance Burbano 18 de abril El Tambo Cauca Esposo de una líderesa comunitaria de la
vereda Honduras, a quien asesinaron con arma de fuego en presencia de la comunidad. Lo asesinan en razón del liderazgo de su esposa. Denuncia interpuesta por CNA y la Red por La Vida
78 Mario Chilhueso 19 de abril Buenos Aires Cauca Líder campesino del Naya y presidente de ASTCAP
79 Ángel Artemio Nastacuas Villarreal 22 de abril Tumaco Nariño Indígena Awá del resguardo Pialapí Pueblo Viejo –Ricaurte. Muere en acción de erradicadores y policía. Denuncia la Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA
80 Hugo de Jesús Gildarlo López 22 de abril Santander de Quilichao Cauca Integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos y Pequeños Productores Agrícolas del Municipio de Buenos Aires Cauca ASTCAP, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC y la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca. Denuncia puesta por Marcha Patriótica
81 Jesús Albeiro Riascos 22 de abril El Tambo Cauca CNA- Consejo Comunitario Afrorenacer. Aguas Claras Cauca, Cañón del Micay. Denuncia hecha por la red por la vida
82 Sabino Angulo 22 de abril El Tambo Cauca CNA- Consejo Comunitario Afrorenacer. Aguas Claras Cauca, Cañón del Micay. Denuncia hecha por la red por la vida
83 Floro Samboní Gómez 24 de abril Almaguer Cauca Presidente de la JAC de la vereda Loma Larga
84 Alejandro Llinas 24 de abril Santa marta Magdalena Líder de la Colombia Humana en la Sierra Nevada de Santa Marta. Denuncia puesta por Colombia Humana

Firmantes de acuerdo de paz. Excombatientes Farc asesinados/as en 2020

1 Benjamín Banguera González 1 de enero Guapi Cauca
2 Carlos Andrés Ricaurte 11 de enero Finlandia Quindío
3 Gerson Moises Morales 11 de enero Finlandia Quindío
4 Crescencio Santos 12 de enero Quibdó Chocó
5 Hober Arias Giraldo 15 de enero Dabeiba Antioquia
6 Duver Esneider Solano 22 de enero Mesetas Meta
7 Jhon Freddy Vargas Rojas 25 de enero Pitalito Huila
8 Cesar Dario Herrera Gomez 24 de enero Ituango Antioquia
9 Rafaél Zapata 14 de febrero San Juan de Arama Meta
10 Daniel Jiménez Ospina 16 de febrero Puerto Guzmán Putumayo
11 Wiston Antonio Moreno 21 de febrero Quibdó Chocó
12 Esder Pineda Peña 21 de febrero Algeciras Huila
13 José Elias Peralta 21 de febrero Puerto Asís Putumayo
14 Holman Antonio Montes 27 de febrero San Vicente del Caguán Caquetá
15 Astrid Conde 5 de marzo Bogotá D.C Bogotá D.C
16 Edwin de Jesús Carrascal 10 de marzo Coloso Sucre
17 Bella Esther Carrillo 17 de marzo La Macarena Meta
18 Irnel Flores Forero 17 de marzo La Macarena Meta
19 Alveiro Antonio Gallego 21 de marzo La Macarena Meta
20 José Isidro Cuesta Ricas 29 de marzo Jiguamiandó Chocó
21 Juan Carlos Castillo Certijama 30 de marzo Puerto Asís Putumayo
22 Carlos Alberto Castillo 3 de abril Planadas Tolima
23 Jhon Jairo Londoño Bedoya 15 de abril La Uribe Meta
24 Rigoberto García 17 de abril Urrao Antioquia

Indepaz


‘Que excombatientes no sean asesinados es garantía para las víctimas’

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió estudiar, de oficio, medidas cautelares de protección colectiva ante las amenazas y asesinatos de las que han sido víctimas los excombatientes de las Farc y antiguos miembros de la Fuerza Pública.

En este estudio fueron vinculadas varias entidades del Estado para que aporten información sobre su labor, como los ministerios de Defensa y del Interior, la Unidad Nacional de Protección, el Consejo Nacional de Garantías de Seguridad, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

En las motivaciones del estudio de estas medidas, la JEP cita cifras como el asesinato de al menos 193 exmiembros de las Farc (a marzo de 2020) y las amenazas contra por lo menos 16 miembros retirados de la Fuerza Pública.

La magistrada ponente, Reinere de los Ángeles Jaramillo, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal para la Paz de la JEP, cuenta qué buscan en estas medidas y por qué apuntan a garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas del conflicto.

¿Por qué deciden estudiar estas medidas cautelares?

Esta es una preocupación que la sección tiene desde el año pasado. Las cifras de asesinatos aumentan y no se nota que vayan a parar. Uno ve que en festividades no pararon, llegamos a una cuarentena y no paran, entonces la sección tomó la decisión de asumir y revisar con detalle esta problemática que viene de tiempo atrás.

¿Revisar con detalle significa ver qué pueden hacer como JEP?

Exactamente. Tenemos unos deberes con los comparecientes, quienes suscribieron un régimen de condicionalidad que los compromete a contar la verdad plena y exhaustiva de lo ocurrido, de manera que se satisfagan los derechos de las víctimas y no se repita el horror de un conflicto que dejó tanto dolor especialmente en los territorios rurales donde se vivió con mayor rigor la confrontación armada, en los cuales se resiste el retorno de la paz. Como tribunal de paz, tenemos unos deberes con los comparecientes y un mandato constitucional de ser garantes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y también de la implementación,por tanto no podemos quedarnos expectantes frente a lo que está pasando.

¿Consideran que la protección individual es insuficiente?

Creemos que las medidas individuales y colectivas que se han tomado son muy importantes, pero los hechos muestran que terminan siendo insuficientes. No es posible que a cada ciudadano y a cada compareciente de manera específica, el Estado le ponga una protección individual. Y no es suficiente. Estas medidas tienen que ser complementarias para garantizar la seguridad integral.

¿Cómo se entiende esa seguridad integral?

La Corte Constitucional ha dicho que la garantía de seguridad integral tiene que ver primero con la protección de los derechos fundamentales, garantizar la paz, la democracia y el pensamiento diferente, que puedan ejercer libremente los derechos en todo el territorio nacional, que sientan confianza para continuar cumpliendo con los compromisos de rendir cuentas ante el Sitema integral. Dicho de manera clara, hay que combinar la protección desde lo individual y lo colectivo.

Para el caso del acuerdo, ¿tiene sentido por el desarme colectiva de las Farc?

Ese es el sentido. Pero quiero ser contundente en decir que la JEP avoca el conocimiento de oficio como cumplimiento de un mandato constitucional para identificar cuáles son esas causas estructurales del riesgo. No estamos tomando ninguna medida. Decidimos avocar de oficio, examinar con detalle qué viene pasando y por qué es insuficiente la protección individual, para poder identificar cuáles son las causas estructurales del riesgo y determinar qué decisiones judiciales se tendrán que tomar en el futuro inmediato.

Ustedes recogen que desde 2018 el Gobierno viene anunciando medidas de protección colectiva, ¿van a evaluar si esos instrumentos funcionan?

Esa es parte de la tarea que le espera al tribunal. Se vinculó a unas entidades que tienen competencia con todo el tema de seguridad, en virtud del mandato constitucional y del acuerdo de paz. A partir del análisis de toda esta información esperamos poder identificarlo.

¿Entonces, no dicen que no funciona, sino que lo van a evaluar?

Sí. Además, sería irresponsable, sin tener toda la información necesaria, decir qué está pasando. Esa es la razón por la que el auto vincula a diferentes entidades del orden nacional con algunas preguntas que nos permitan determinar si las políticas que se han construido corresponden al mandato de la protección colectiva de los comparecientes del Sistema, pero fundamentalmente a garantizar los derechos de las víctimas a conocer la verdad completa, detallada y exhaustiva.

En el caso de los miembros de la Fuerza Pública, ¿las amenazas han afectado la contribución de verdad?

De acuerdo con información que hoy reposa en la JEP, en la Unidad de Investigación y Análisis (UIA) y las compulsas de copias que han hecho los magistrados del caso 03 (ejecuciones extrajudiciales), sí hay un riesgo muy alto. Si nosotros no logramos que los comparecientes tengan tranquilidad y seguridad de que no les va a pasar nada, su aporte a la verdad puede verse afectado. ¿En qué magnitud? Hoy no lo podemos determinar, pero es un riesgo que más bien tiende a incrementarse.

¿La protección colectiva puede conjurar riesgos que incluso no hayan sido denunciados?

Sí, por eso la medida incluye a todos los comparecientes. Cualquier desprevenido dirá que no hay un solo muerto de Fuerza Pública y hay 193 de Farc ¿Por qué una medida para todos? La respuesta está ahí: estamos previendo que puede haber un riesgo, pero desde un trato equilibrado, diferenciado y simétrico. Si hay miedo y angustia de los comparecientes ante el Sistema, se van a inhibir de dar la verdad amplia, exhaustiva y necesaria que permita identificar las cosas que pasaron en el país.

¿Qué esperan determinar con la información que piden a las entidades?

Si se han adoptado todos los requerimientos necesarios, identificar si en efecto se están protegiendo, si se están haciendo los estudios necesarios y adecuados para identificar los riesgos, si la política de seguimiento a la seguridad cuenta con los indicadores necesarios para verificar su cumplimiento y si están tomando las medidas que permitan enfrentar esas causas estructurales que originan y mantienen el riesgo, tanto en las personas como en los territorios mas golpeados por el conflicto armado.

Probablemente las entidades respondan que sí lo están haciendo, pese a que los asesinatos siguen ocurriendo ¿Cómo van a evaluar esos programas?

Todas las políticas tienen unos planes de acción que identifican indicadores de impacto y resultados. Cuando logras mirar la información en conjunto puedes llegar a conclusiones serias de si en efecto existen los mecanismos necesarios y si estos se están cumplimiento integralmente. A veces tenemos la percepción de que lo que está creado es suficiente, pero cuando se revisa puede que no lo sea. Eso es lo que se quiere establecer.

¿La JEP busca diagnosticar si la institucionalidad de protección está bien?

No lo puedo decir con certeza, es parte de las discusiones que tenemos, pero seguro con la información en el camino se podrá identificar si una medida es una adecuada articulación institucional. La magistratura no se aventura a decir qué medidas quiere tomar porque sería irresponsable. De esa información que estamos solicitando, pero también de fuentes abiertas, la magistratura identificará cuáles son las mejores medidas para la protección colectiva. Es probable que existan y aun así no se materialicen o se materialicen de manera descordinada. Es complicado aventurarse a poner las hipótesis sobre la mesa.

Ustedes hablan de una urgencia en el estudio de estas medidas, ¿cuánto tiempo tomará?

A las entidades les dimos 20 días, pero hacia adentro la magistratura está revisando información que tienen que tener registrada en sus portales y sus planes de acción en el Departamento Nacional de Planeación. Estamos trabajando para poder cotejar información. El tiempo no lo puedo decir porque no es el único tema de la sección, pero es importante y necesario.

Ustedes como jueces, ¿tienen facultades para involucrarse en la implementación del acuerdo?

En efecto, nosotros somos garantes de manera general de la implementación del acuerdo. Parte de esa garantía pasa por prever y generar las condiciones, desde nuestras competencias, para que aquellos que decidieron llegar al Sistema producto de un acuerdo puedan tener todas las garantías para participar dentro de él, pero también dentro de la sociedad. Si no tiene las garantías para estar dentro del Sistema, tampoco las van a tener para ejercer derechos como la participación en política o reincorporarse con tranquilidad. Es muy difícil escindir un tema del otro. El mismo acuerdo planteó que los comparecientes, particularmente de Farc, tenían una presunción de riesgo extraordinario, y los estudios que ha hecho la UIA vienen diciendo que hay una alta vulnerabilidad. Pero también hay riesgos para la Fuerza Pública. Y nos tienen que interesar por la garantía del derecho a la vida, pero también por las garantías de los derechos de las víctimas, que son la centralidad del sistema.

¿No han considerado a los terceros y agentes del Estado distintos de la Fuerza Pública?

odavía no. Hizo parte de las discusiones, pero estamos hablando de comparecientes obligatorios, y los terceros son voluntarios. Tampoco abordamos el asesinato a defensores de derechos humanos y lideres sociales porque, aunque puedan estar relacionados de alguna manera, no tenemos una competencia directa, como sí la tenemos con los comparecientes de la Fuerza Pública y Farc.

¿Por qué cree que es importante históricamente este estudio que comienzan?

Como dijo el presidente de nuestra sección, el magistrado Alejandro Ramelli, no pueden seguir matando a quienes le dijeron al país que estaban dispuestos a comprometerse con un acuerdo de paz. Pero ante todo, que los comparecientes no sean asesinados, ni amenazados, porque ellos son quienes tienen mayor deber con la garantía de que las víctimas y el país sepan qué pasó y por qué pasó, esa otra verdad que tanto necesitamos. Tenemos una deuda histórica con las víctimas del conflicto, con la memoria y con el derecho de la sociedad a vivir en paz.

El Tiempo


Gobierno pide a la JEP que no se dupliquen beneficios para excombatientes

El consejero presidencial, Emilio Archila, envió una carta al magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, solicitando que, ante el trámite de medidas cautelares, para los excombatientes en proceso de reincorporación, el tribunal debe tener en cuenta todas las medidas que ya ha tomado el gobierno y evitar duplicar los beneficios.

Archila asegura que no solo el Gobierno, sino del Estado en su integridad ha puesto en marcha múltiples beneficios para esta población, por lo que las medidas adicionales deben ser complementarias, flexibles y articuladas con la consejería para garantizar mejores resultados.

“Reiterando absoluto respeto a la autonomía e independencia de la JEP, entendemos que, bajo el enfoque de la colaboración armónica entre las autoridades, y evitando duplicidades en el desarrollo de sus funciones, se deben prevenir situaciones de dobles beneficios indebidamente otorgados a comparecientes ante este tribunal”, afirma la carta.

El consejero reitero que se debe seguir ejerciendo la coordinación interinstitucional, para que se siga protegiendo la vida y la seguridad de quienes le apostaron al proceso de construcción de paz.

Caracol

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