Bloqueo económico: EEUU sanciona a dos empresas mexicanas por comerciar con Venezuela

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EEUU sancionó a dos empresas mexicanas por sus relaciones con Venezuela

El Gobierno de los Estados Unidos sancionó este jueves 18 de junio a tres ciudadanos y dos compañías mexicanas por sus vínculos con el Gobierno de venezolano de Nicolás Maduro.

En concreto, las medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) fueron dirigidas a Verónica Esparza García, su hija Olga María Zepeda Esparza y a Joaquín Leal Jiménez, así como las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group, dedicadas al intercambio de comida y agua potable por petróleo.

Esparza García es al mismo tiempo copropietaria de Libro Abordo, junto a su hija, y gerente de Schlager, dos empresas vinculadas entre sí que estaban siendo investigadas por Estados Unidos desde hace meses por presuntamente violar las sanciones contra la exportación de petróleo por parte del Gobierno venezolano, según informó el periódico ABC.

Leal Jiménez, en cambio, es acusado de participar de este intercambio de petróleo por comida como corredor, y de mantener vínculos con el empresario colombiano Alex Saab.

Libre Abordo y Schlager Business Group surgieron recientemente como los principales intermediarios para el crudo de Pdvsa.

Las empresas dijeron a la agencia Reuters que firmaron un acuerdo con el gobierno de Maduro para suministrar bienes, incluyendo maíz y camiones cisternas para agua, a cambio de petróleo, que luego revenderían.

Las firmas mexicanas dijeron que el intercambio de alimentos por petróleo está permitido por las sanciones, siempre que no lleguen pagos en efectivo al Gobierno de Maduro. Las compañías dijeron no tener conocimiento sobre investigaciones de Estados Unidos a sus actividades.

El 11 de febrero, el tanquero de bandera panameña Athens Voyager cargó unos 700.000 barriles de crudo en el noroeste de Venezuela, según datos de Refinitiv Eikon. Su cliente era Libre Abordo, según un documento interno de Pdvsa visto por Reuters.

Panorama


Venezuela llevará ante la CPI sanciones contra industria petrolera

El ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este jueves que las nuevas medidas coercitivas impuestas por Estados Undios contra las empresas Schlager Business Group y Libre Abordo, con sede en México, por vínculos comerciales con la nación bolivariana, serán llevadas ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La denuncia se refiere a las afirmaciones hechas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, donde asegura que las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump, son para «para evitar que el régimen de Maduro robe el petróleo de Venezuela».

Estados Unidos impuso este jueves sanciones a compañías e individuos mexicanos y a dos petroleros en un programa destinado a presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Según información de EFE, las compañías fueron acusadas de «transportar petróleo robado al pueblo venezolano» y ayudar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a sortear las restricciones impuestas por Washington.

Mediante un comunicado el Departamento del Tesoro dijo que impuso sanciones a tres individuos, ocho entidades extranjeras y dos embarcaciones por actividades relacionadas con una red que intentaba eludir las sanciones estadounidenses a Venezuela,

En la lista negra figuraban la empresa mexicana Libre Abordo y Schlager Business Gruop, así como sus copropietarios, la mexicana Olga María Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García.

El Tesoro también apuntó al mexicano Joaquín Leal Jiménez, a quien acusó de haber trabajado con Alex Saab, Libre Abordo y Schlager Business Group, para negociar la reventa de millones de barriles de crudo venezolano.

Ambas empresas comenzaron a recibir crudo venezolano para su reventa en los mercados asiáticos a finales del año pasado, después de firmar dos contratos con el gobierno de Maduro a mediados de 2019, reseñan medios locales de México.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez denunció a través de su cuenta twitter el asedio del Gobierno de los Estados Unidos, al imponer sanciones contra el Gobierno y el pueblo venezolano.

De este modo, Delcy Rodríguez exhortó de manera textual, por twitter que «durante el minuto en que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, no está: robando, engañando o mintiendo, según sus propias palabras, declara y confiesa que las sanciones ilícitas son para impedir la llegada de alimentos a Venezuela. Gracias. Una prueba más del crimen de exterminio de EEUU contra nuestro pueblo», reza el post.

Con relación a las medidas coercitivas recientes, que los Estados Unidos toma para evitar que el pueblo venezolano adquiera alimentos con la exportación de petróleo, bajo el esquema de «petróleo por alimentos», el Ejecutivo Nacional puntualizó que el cerco promovido por el imperio norteamericano, pretende que el país bolivariano no pueda exportar petróleo para que el pueblo venezolano se quede sin alimentos, medicinas y gasolina.

Asimismo, se ha exhortado al sistema multilateral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a reaccionar ante las políticas injerencistas del Gobierno Norteamericano, al tiempo que se reafirma que Venezuela llevará este caso a la Corte Penal Internacional (CPI).

El pasado 16 de junio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció estar dispuesto a vender gasolina a Venezuela por razones humanitarias, pese a las medidas coercitivas unilaterales impuesta por el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) a la nación Bolivariana.

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Venezuela denuncia conspiración entre el «procurador» de Guaidó y el presidente del Banco Mundial para apoderarse de Citgo

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que el abogado José Ignacio Hernández, supuesto «procurador especial» designado por el diputado opositor Juan Guaidó, junto al director del Banco Mundial (BM), David Malpass, impulsan acciones para apoderarse de Citgo, filial en Estados Unidos de la empresa estatal petrolera venezolana Pdvsa, con el fin de entregarla a ConocoPhillips. Presentó como evidencias los audios de Hernández afirmando que él, junto al director del Banco Mundial, «está logrando una estrategia para apoyar a ConocoPhillips, con el objetivo de quedarse con Citgo. Debe abrirse una investigación contra el director del Banco Mundial«, expresó la vicepresidenta.

En el audio, Hernandez afirma que «yo en lo personal dirigí una estrategia directamente con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, y con el Ciadi, y con ello logramos dos victorias importantes: una, el comité de apelaciones negó la pretensión de Maduro de sacarnos del caso, y dos (…) recibí una comunicación del Ciadi reconociendo al gobierno del presidente Juan Guaidó a los fines de tramitar los arbitrajes».

El Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) es una institución del Banco Mundial con sede en Washington.

Rodríguez agregó que «en un periodo de 2 años», el actual presidente del Banco Mundial, antes funcionario del Gobierno del gobierno de Donald Trump, «sancionó a más de 70 funcionarios e instituciones de Venezuela», lo que, a su juicio, devela que este plan es anterior a enero del año 2019, cuando Guaidó se autoproclamó.

«Esa Procuraduría de Guaidó no ha existido, no tiene funcionarios, solo es una corporación criminal que nos saquea. Los intereses que gana la empresa Citgo han sido depositados en cuentas de Guaidó«, detalló la vicepresidenta.

Y agregó: «No crean que nuestros activos financieros que han sido congelados, están congelados en cuentas. Muchos de ellos han sido trasladados a la Reserva Federal estadounidense».

«José Ignacio Hernández creó un artificio antijurídico para justificar el llevarse todo de Venezuela, como sea. Este plan antipolítico de Guaidó y Leopoldo López nunca ha buscado defender a Venezuela. Ellos defienden a Estados Unidos», expuso. Recordó además que Hernández fue abogado de Crystallex y participó en el juicio de Venezuela defendiendo a dicha empresa canadiense. «¿Cómo puede él representar los intereses de Venezuela?», se preguntó.

Tanto la empresa canadiense Crystallex como la estadounidense ConocoPhillips han introducido demandas ante el tribunal del Ciadi, institución del Banco Mundial con sede en Washington, con el fin de que Venezuela les pague compensaciones millonarias por supuestos contratos incumplidos. En el caso de Crystallex, se trataría de una compensación de 1.200 millones de dólares por el caso de la mina de oro Las Cristinas, mientras que en el caso de Conoco Phillips, se trataría de una compensación de 33 millones de dólares. Al respecto, un tribunal estadounidense autorizó la confiscación de las acciones de la empresa Citgo para pagar las compensaciones.

Por otro lado, Rodríguez señaló que Ricardo Ramos D’Agostino, hijo del diputado opositor Henry Ramos Allup, «también es parte de la conspiración para robar recursos de Pdvsa», ya que junto al empresario Francisco Murillo, fueron acusados por filtrar información interna de PDVSA a petroleras extranjeras. Ambos fueron defendidos por el mismo abogado José Ignacio Hernández.

«Hemos solicitado al fiscal general de la República [Tarek William Saab] que se inicien las investigaciones pertinentes a efectos de determinar las responsabilidades y el procurador presentará ante el Tribunal Supremo de Justicia una acción para que desde el punto de vista civil también le sea retirado el título de abogado a este estafador», sostuvo.

La vicepresidenta reiteró que en Venezuela el procurador se llama Reinaldo Muñoz, y es quien representa los intereses del país, la defensa judicial y extrajudicial de a nivel internacional.

«Juan Guaidó, jefe de esta pandilla de criminales, y José Ignacio Hernández: no tengan la menor duda de que la justicia les llegará», manifestó la vicepresidenta, quien aseguró que «Bolton tenía razón al decir que el supuesto reconocimiento a Juan Guaidó solamente tenía una finalidad: robar, estafar, extorsionar y usurpar«.

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