Ayudas estatales y Covid-19 en América Latina – Por Javier Calderón Castillo y Giordana García Sojo

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Javier Calderón Castillo(*) y Giordana García Sojo(**)

En el contexto de la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del Covid-19 en América Latina, presentamos un análisis comparativo de las ayudas gubernamentales destinadas a tres sectores: trabajadores y sectores en condición de pobreza; pequeñas y medianas empresas (PyMES) y grandes empresas. Tomamos como casos de estudio nueve países de la región: Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Chile, Brasil, México y Paraguay.

Los montos presupuestarios destinados por los países son extraordinarios y suman en promedio el 5,6% del PIB de los nueve (9) países estudiados. Una cantidad que alcanza un monto cercano a los 216 mil millones de dólares entre todos los países.

 

Los gobiernos de la región han anunciado ayudas orientadas hacia distintos sectores sociales, segmentando por grupos económicos y distinguiendo tres grandes grupos: a. trabajadores y sectores en condición de pobreza (desempleados, trabajadores informales y desocupados); b. pequeñas y medianas empresas-PyMES; y c. grandes empresas. Cada Gobierno está desarrollando las ayudas de acuerdo a las condiciones puntuales de su país y atendiendo a sus orientaciones de política económica.

La información obtenida e incluida en el informe sobre el monto orientado a cada uno de los sectores no representa el total de la ayuda anunciada por los gobiernos; son estimaciones o anuncios de cuánto se va a gastar en la pandemia. Perú, por ejemplo, publicitó el paquete de ayuda más grande de la región, de un 12% de su PIB, sin embargo, como se observa en el cuadro 2, las ayudas ejecutadas están lejos de la cifra de ayuda prometida y sólo se puede obtener información sobre la estimación del gasto para PyMES y Grandes Empresas.

Los gobiernos han decidido paquetes de ayuda económica combinados con herramientas de política fiscal, exenciones tributarias y de política monetaria. Una parte se orienta al gasto social para las personas necesitadas, que representa un traslado directo de fondos en dinero, alimentos y en algunos casos el pago total o parcial de servicios domiciliarios. En otros países, los gobiernos se han comprometido con el pago de una parte del salario de trabajadores de empresas privadas, como en Argentina y Colombia, aunque en el país cafetero recién se anunció una reforma para una mayor flexibilización laboral. En otros casos, se trasladaron y/o liberaron recursos financieros para préstamos de emergencia dirigidos a PyMES y grandes empresas, como en México, Colombia, Perú, Chile o Paraguay.

 

Ayudas directas a los trabajadores

En el mapa se visibiliza la distancia entre las ayudas asignadas a las empresas y las asignadas directamente a los ciudadanos. Se han destinado cerca de 42 mil millones de dólares para estos apoyos, que están definidos por ayudas directas en dinero, ayudas alimentarias, préstamos personales, apoyos para el pago de servicios domiciliarios, devoluciones de IVA y, en el caso de Chile, Perú y Colombia, devolución de dinero ahorrado en los fondos pensionales.

En Argentina, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), alcanzó, hasta el momento, cerca de ocho (8) millones de personas, cobijó cooperativas, pequeñas empresas y trabajadores informales con un monto aproximado de 120 dólares por mes.

En Brasil, la asignación fue de 115 dólares y, según fuentes oficiales, alcanzó a 18 millones de personas; en Colombia la ayuda fue de 40 dólares para 1,6 millones de personas; en Ecuador llegaron a 400 mil familias con un monto de 60 dólares mensuales (por dos meses); en Bolivia, están entregando un bono universal de 72 dólares a 1,3 millones de personas, en Perú un bono de 220 dólares para 6,8 millones de personas y en Paraguay de 75 dólares para 330 mil familias.

Estas medidas constituyen un alivio para amplios sectores de trabajadores informales, que se quedaron sin sustento tras las medidas de aislamiento social obligatorio. También se han contemplado ayudas para impedir despidos o suspensión de sueldos, para ello algunos Gobiernos vienen subsidiando las nóminas de empresas, PyMES y cooperativas, como en Argentina y Colombia. En México se han otorgado créditos especiales pagaderos a 33 meses, con una tasa de interés baja, a personas registradas en el censo de bienestar y a trabajadores con al menos un año de contrato a tiempo indeterminado y mayores de 18 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido enfático en que las ayudas del Gobierno sean para los sectores populares (cerca del 70% de la población) y decidió no destinar recursos para las grandes empresas. La mayor suma de dinero ha sido dirigida al adelanto de cuatro meses de las cuotas de apoyo de los programas de ayuda a personas en estado de vulnerabilidad (discapacitados), jóvenes y pensionados. A su vez, el Gobierno federal asumió el pago de nómina para empresas pequeñas con la exigencia de no hacer despidos durante la pandemia.

En casos como el chileno, la Ley Protección al Empleo, recién aprobada en el marco de la pandemia, permite que los trabajadores de las empresas que se acojan a dicha ley accedan al dinero correspondiente a su seguro de cesantía o de sus ahorros pensionales; una medida similar se determinó en Perú y en Colombia.

Es de señalar que, aún con las medidas de apoyo, se siguen generando despidos de trabajadores formalizados en algunos rubros que han sufrido más dificultades que otros, como los de turismo y gastronomía. En Ecuador el Gobierno determinó, contrario a la tendencia de otorgar subsidios, un impuesto del 10% a los salarios de los trabajadores, aumentó el precio del litro de gasolina de 1 a 1,75 dólares, y dispuso el cierre de varias empresas del Estado: ferrocarriles, plantación, medios públicos, Crear, entre otros. En Colombia, el Gobierno decretó un impuesto para salarios superiores a los US $ 2.500 dólares, sumando más carga impositiva sobre sectores de trabajadores con ingresos medios.

Ayudas a pequeñas y medianas empresas

Las ayudas a las pequeñas y medianas empresas consisten, en la mayoría de los países, en créditos tramitados a través de incentivos financieros para el sistema bancario. Un esquema general que se suma a algunas exenciones impositivas, plazos diferidos para pagos de cargas sociales y ayudas directas para el pago de nóminas, como en Argentina, donde el apoyo está orientado al pago de salarios, de hasta un salario mínimo legal vigente (230 dólares aproximadamente)¹, en empresas de máximo 60 trabajadores/as.

En Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador y México, los créditos a través del sistema financiero están siendo entregados con los criterios de la banca, con menores tasas de interés y con plazos desde 12 a 60 meses. Algunas medidas destinadas a este sector aún no han sido desembolsadas, como ocurre en Perú, donde buena parte de los recursos destinados a las PyMES están hasta ahora empezando a entregarse.

En el caso mexicano, las ayudas a las PyMES se hacen a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con la condición de que las empresas no despidan a sus trabajadores; el dinero inyectado ha sido parte de un plan de créditos especiales otorgados a pequeñas empresas y comerciantes, tanto del sector formal como del informal. Los recursos, además, no son parte de fondos ni cuotas del IMSS, sino que son fondos del Gobierno federal. En Brasil, por su parte, los fondos para los préstamos a PyMES son drásticamente inferiores a los otorgados para las grandes empresas; en ese caso, el problema está referido a las garantías estatales para el otorgamiento de los créditos, ya que muchas de estas PyMES no cumplen con los requisitos exigidos para ser beneficiados.

Ayudas a grandes empresas

Todos los países estudiados, salvo México y Ecuador, han destinado recursos financieros para que entidades financieras otorguen créditos a las grandes empresas. El Gobierno de México ha sido enfático en afirmar que no destinará recursos para el rescate de grandes empresas quebradas². En el caso de Ecuador, la decisión gubernamental es exigir un impuesto extraordinario para las grandes empresas, con capitales superiores a 1 millón de dólares, lo cual indica un caso particular y contrario a la idea de paquete de ayudas.

En este análisis de datos no se estiman los fondos estatales entregados a las empresas privadas de salud, que controlan los sistemas sanitarios en Colombia, Chile y Perú, aunque se puede afirmar que los gobiernos derivaron los presupuestos de salud destinados en sus partidas iniciales para garantizar la solvencia financiera de las entidades privadas de salud y, con ello, del sistema sanitario en su conjunto.

La ejecución de los recursos comprometidos al inicio de la declaración de estado de emergencia económica o sanitaria en cada país es gradual y se modifica de forma permanente. El cuadro 2 muestra la información disponible relevada por la CEPAL y en las páginas oficiales de los gobiernos. En algunos casos, como en Perú y Colombia, son presupuestos destinados y no ejecutados, o subejecutados. En Perú, el paquete de 8 mil millones de dólares para las empresas se ejecutará en la Fase 3 del paquete económico, considerado como de recuperación.

El caso chileno muestra las ayudas direccionadas a la banca y las grandes empresas como intermediarias de las ayudas para las PyMES. El Gobierno anunció la inyección de 24 mil millones de dólares a la banca a una tasa de 0,5%. Por su parte, acuerdo a la información del Gobierno de facto en Bolivia, se destinaron 430 millones de dólares para créditos de grandes empresas, aunque no indican la forma para efectivizarlos.

En el caso de Argentina, el presupuesto destinado para las grandes empresas es similar al destinado a los sectores populares, y busca mantener los puestos de trabajo, orientando su aporte a pagar salarios que estén entre uno y dos salarios mínimos, además de otras medidas de alivio impositivo y de préstamos a tasas subsidiadas. La orientación del Gobierno es impedir que el entramado industrial existente se destruya y juegue un papel importante en el contexto pospandemia.

En Brasil, en los 40 mil millones de dólares destinados para la ayuda se incluyen la reducción de impuestos, la contribución al seguro social de forma diferida, el rescate de capitales y la liquidez para empresas de agronegocios.