Cámara de Representantes de EEUU condiciona ayuda financiera a Colombia

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EE.UU. condiciona la ayuda financiera a Colombia

Dos enmiendas aprobadas en las últimas horas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos condicionan la entrega de ayuda a Colombia a que se cumplan los mandatos de la Corte Constitucional en materia de fumigaciones y que se investigue si esos recursos han sido utilizados para hacer seguimientos ilegales.

Las enmiendas, presentadas por los representantes Alexandra Ocasio Cortez y Jim McGovern buscan que haya una mayor lupa por parte de las autoridades estadounidenses sobre la ayuda que se entrega al país para la lucha contra las drogas.

La primera enmienda, de McGovern, establece que ninguna ayuda de Estados Unidos puede ser utilizada para adelantar actividades ilegales de inteligencia en Colombia y ordena, por ende, una investigación por parte de Estados Unidos del uso que se ha dado a los equipos adquiridos con recursos de inteligencia desde 2002.

“Ningún equipo militar o de inteligencia o suministros transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia bajo programas de asistencia en seguridad de Estados Unidos podrá ser usado para propósitos de vigilancia o inteligencia ilegal dirigida contra la población civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal de justicia, periodistas u opositores políticos”, dice la disposición.

La enmienda presentada por Ocasio Cortez ordena a su vez que ningún fondo destinado a la fumigación de cultivos ilícitos se podrá entregar a Colombia si no hay una demostración por parte del Gobierno de Colombia de que esta cumpliendo las regulaciones del país en esa materia.

En ese sentido, la enmienda se refiere al cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional que establece que solo se pueden adelantar fumigaciones aéreas contra cultivos ilícitos, si está demostrado que esto no provocará daños a la salud de las personas que viven en la zona.

Las dos enmiendas deberán ser aprobadas por el Senado de Estados Unidos para hacerse efectivas.

El Universal


Congreso de EE. UU. le pide cuentas claras a Colombia sobre “chuzadas” del Ejército

En la noche del pasado martes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos le dio un contundente mensaje a Colombia, tras décadas de escándalos de “chuzadas” y seguimientos ilegales a manos las Fuerzas Militares, que todos los años reciben millones en financiación estadounidense. La Cámara Baja aprobó una enmienda al presupuesto de seguridad norteamericano sobre los recursos que le giran al Gobierno colombiano, en la cual obligaría al Departamento de Defensa a investigar a fondo todas las denuncias de posibles usos ilegales que se le han dado a estos dineros y equipos en Colombia en los últimos 18 años. A la iniciativa todavía le falta el visto bueno del Senado.

La propuesta la hizo el representante demócrata del estado de Massachusetts, Jim McGovern, quien se ha vuelto un defensor del Acuerdo de Paz en Colombia, y es una herramienta para que el Gobierno de Donald Trump obligue a las autoridades colombianas a rendir cuentas sobre los malos usos de la inteligencia, según se lee en la adenda. Asimismo, la medida hace parte de un gran paquete de iniciativas que fueron aprobadas en la Cámara el pasado martes, entre las que está, por ejemplo, la de la joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez de no financiar la fumigación aérea con glifosato en tanto no cumpla con los estándares que la propia Corte Constitucional colombiana ha impuesto.

Si la propuesta de McGovern se convierte en ley, el Gobierno de EE. UU. tendrá 120 días para elaborar un informe sobre las “chuzadas”, en estos términos: “El Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario de Defensa y el Director de Inteligencia Nacional, presentará a los comités competentes del Congreso un informe que evalúe las acusaciones de que la asistencia del sector de seguridad de los EE. UU. proporcionada al Gobierno de Colombia fue utilizada con fines de vigilancia ilegal o recolección de inteligencia dirigida a la población civil, incluidos defensores de los derechos humanos, personal judicial, periodistas y la oposición”.

A la iniciativa solo le falta una discusión en el Senado —dominado por el partido de Gobierno, los republicanos—para volverse ley. Sin embargo, llega en un momento crítico para la Fuerza Pública, que se ha visto envuelta en un sinnúmero de escándalos de “chuzadas”. Desde los varios casos en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); pasando por la Operación Andrómeda, en la que militares buscaban información sobre las negociaciones con las Farc en La Habana; hasta el más reciente escándalo de perfilamientos y seguimientos informáticos, llamado “carpetas secretas”, y por el que ya salieron del Ejército tres generales.

La adenda parte de los principios de que Estados Unidos reconoce a Colombia como un “compañero” comprometido en la promoción de la democracia, los derechos humanos y la seguridad. No obstante, aclara que “ningún equipo o suministro militar o de inteligencia transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia en el marco de los programas de asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos debe utilizarse con fines de vigilancia ilegal o recopilación de inteligencia dirigida a la población civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas o la oposición política”.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, fue uno de los que dio a conocer la iniciativa:

Laura Gil, socióloga y directora del portal La Línea del Medio explicó en una columna que “se pondrá la lupa así a los dos periodos de Uribe y se otorgará un especial interés a los dos últimos años. ¿Quién lo hizo? ¿A quién reportó? ¿Quién dio la orden? Esas son algunas de las preguntas que se deberán contestar”. Y contó que la iniciativa de McGovern tuvo tanto apoyo de republicanos y demócratas que se aprobó no por una votación uno a uno, sino voice vote, que se utiliza solo cuando los proyectos de ley tienen un apoyo abrumador, pues simplemente quien preside la Cámara pregunta quiénes votan Sí y todos los que estén a favor vocean al unísono.

El informe, además, deberá tener seis elementos, según se lee en la adenda aprobada por el Congreso estadounidense. Estos son:

1. “Un resumen detallado de los hallazgos con respecto a cualquier participación de las unidades militares, policiales, de seguridad o de inteligencia en la vigilancia ilegal o la recolección de inteligencia dirigida a sectores de la población civil y no combatientes desde 2002 hasta 2018.

2. “Cualquier hallazgo con respecto a cualquier vigilancia ilegal o recolección de inteligencia presuntamente reportada por unidades militares, policiales, de seguridad o de inteligencia colombianas en 2019 y 2020 y una evaluación del alcance completo de tales actividades, incluida la identificación de las unidades involucradas, las cadenas de mando pertinentes y la naturaleza y los objetivos de dicha vigilancia o recopilación de inteligencia.

3. “Una descripción detallada de cualquier uso de la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos para dicha vigilancia ilegal o recopilación de inteligencia.

4. “Información completa sobre las medidas adoptadas por el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa o la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en respuesta a cualquier uso indebido o acusación creíble de uso indebido de la asistencia del sector de la seguridad de los Estados Unidos

5. “Información completa sobre las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano y todas las autoridades colombianas pertinentes en respuesta a cualquier uso indebido o acusación creíble de uso indebido de la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos, incluida una descripción de las medidas adoptadas para garantizar que ese uso indebido de equipos o suministros militares o de inteligencia no se repita en el futuro.

6. “Un análisis de la adecuación de la doctrina y capacitación militar y de seguridad de Colombia para asegurar que las operaciones de vigilancia y recolección de inteligencia se lleven a cabo de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Gobierno de Colombia y cualquier asistencia y capacitación adicional que los Estados Unidos puedan proporcionar para fortalecer la adhesión de las fuerzas militares y de seguridad colombianas a las obligaciones internacionales de derechos humanos”.

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El Espectador


Ocasio-Cortez pide a gobierno Trump que no financie fumigaciones en Colombia

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes su versión de la ley de Defensa para 2021, en la que pide al gobierno de Donald Trump que no destine dinero de la ayuda internacional que le otorga a Colombia para financiar la fumigación a cultivos ilícitos.

La representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, fue la encargada de redactar la enmienda, que dirigió al Comité de Reglas de la Cámara.

“Ninguna de las cantidades autorizadas para ser asignadas o puestas a disposición de otra manera por esta Ley puede ponerse a disposición para financiar directamente la fumigación aérea en Colombia a menos que el Gobierno de Colombia de muestras de acciones para cumplir con las leyes y regulaciones nacionales y locales”, dice la enmienda.

Al tiempo, el congresista demócrata Jim McGovern, quien se ha mostrado muy preocupado por la situación de derechos humanos en Colombia, pidió también que se haga una enmienda para que el gobierno de Trump produzca un informe detallado al Congreso, en el que informe sobre la forma en que las autoridades colombianas (policiales y militares) habrían abusado de su poder para violar los derechos humanos.

La enmienda aprobada pide al secretario de Estado, en coordinación con la Secretaría de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, a que reporten:

“Cualquier hallazgo con respecto a vigilancia ilegal o recolección de inteligencia presunta o informada que haya sido realizada por unidades militares, policiales, de seguridad o de inteligencia colombianas en 2019 y 2020 y una evaluación del alcance total de tales actividades, incluida la identificación de las unidades involucradas, cadenas de mando relevantes, y la naturaleza y objetivos de dicha vigilancia o recopilación de inteligencia.

McGovern también pide a Washington que incluya en el informe si hubo cooperación por parte de sectores de la inteligencia estadounidense en los seguimientos ilegales a miembros de la sociedad civil, en especial a líderes sociales y periodistas, que se presentaron entre 2019 y 2020.

La enmienda en el presupuesto de ayuda destinada para Colombia tiene que ser aprobada por el Comité de Apropiaciones y después en plenaria del Congreso para que tenga efecto el presupuesto de ayuda al país en el 2021, que es de aproximadamente US$500 millones.

Estas enmiendas se unen a la petición de un importante grupo de congresistas estadounidenses, que a comienzos de julio pidieron al gobierno Trump que presionara a la administración de Iván Duque para proteger a los líderes sociales, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante la cuarentena por la emergencia del COVID-19.

“Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la Administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante la cuarentena de la COVID-19″, dice la carta, promovida por los congresistas demócratas James P. McGovern y Mark Pocan.

El Espectador


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