Colombia | El gobierno defiende a la policía tras el fallo de la Corte y ya van 62 masacres este año

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“Esmad no incurre institucionalmente en excesos”: ministro de Defensa tras fallo de la Corte Suprema

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se refirió este miércoles al fallo de la Corte Suprema de Justicia —que concluyó que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) hace una intervención sistemática, violenta y arbitraria en la protesta social— y anunció que el Gobierno solicitará a la Corte Constitucional “la selección para la revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020”.

El fallo de la Corte Suprema le ordenó al Trujillo que debía pedir disculpas, dentro de las 48 horas siguiente a la sentencia, por los excesos que cometió la Fuerza Pública, en especial el Esmad en las manifestaciones de noviembre de 2019. Sin embargo, el ministro optó, en el momento, por señalar que las actuaciones de excesos de ese escuadrón corresponden a actuaciones individuales.

“La Fuerza Pública, en particular el Esmad, no incurre institucionalmente en excesos, y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019, en los que pudo existir exceso por parte de la Fuerza Pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la ley, los reglamentos y protocolos”, señaló el jefe de la cartera de Defensa.

En esas manifestaciones ocurrió el homicidio del joven Dilan Cruz, cuando fue impactado por un proyectil tipo “bean bag” disparado por el Esmad de la Policía Nacional. La Corte suspendió el uso de ese tipo de arma que la Policía cataloga de “baja letalidad”, una decisión que va en línea con una petición que hizo la Procuraduría en la misma dirección luego de la muerte de Cruz..

Trujillo insistió en su defensa de la Fuerza Pública en un momento en que el actuar de la Policía está en tela de juicio, sobre todo a raíz del asesinato del abogado Javier Ordóñez el pasado 9 de septiembre, en medio de un procedimiento policial. Ordóñez fue detenido en la calle por estar bebiendo y lo que vino de ahí en adelante fueron descargas múltiples de un taser para someterlo, su traslado a un CAI y, finalmente, una muerte que Medicina Legal ya calificó como violenta – homicida.

“La fuerza pública cuenta con protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los Derechos Humanos, para proteger la vida, derechos y libertades, la integridad, bienes y honra de los residentes en Colombia. Estos incluyen los derechos de las personas que participan en las manifestaciones públicas y pacíficas, así como los de quienes no lo hacen”, dijo el ministro Trujillo.

Según el funcionario, “la actuación del Esmad se produce exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas”.

También argumentó que Colombia es uno de los 105 países del mundo que cuenta con escuadrones antidisturbios “que continuamente actualizan y mejoran sus protocolos de actuación”. “El Gobierno Nacional continúa con el proceso de modernización y transformación de la Policía Nacional establecida en la política de convivencia y seguridad ciudadana (…) El Gobierno Nacional seguirá enfrentando al vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo, como es su obligación constitucional”.

¿Qué dice el fallo de la Corte Suprema?

En términos generales, la sentencia de la Corte señala que el Esmad incurre de manera sistemática en agresiones y en el uso desproporcionado de la fuerza. Con esto se convierte en una amenaza “seria y actual” para quienes protestan pacíficamente y desconociendo los manuales que está obligado a seguir y los mandatos constitucionales que los rige.

En ese mismo sentido, el tribunal le pidió al Gobierno Nacional expedir un protocolo para la reacción de la Fuerza Pública en medio de las manifestaciones, cuyo nombre sugerido fue “”Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.

Además de ordenar al Gobierno pedir excusas por los excesos del Esmad y de exigirle neutralidad frente a la manifestación, también ordenó que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, el Esmad y cualquier institución que efectúe actividades de policía, suspenda el uso de escopetas calibre 12, de donde salió el proyectil que impactó a Dilan Cruz, hasta que se haga una verificación exhaustiva que constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento.

Reacciones desde el Congreso

“Ministro de Defensa, con preocupante arrogancia, desconoce y desprecia a la Corte Suprema de Justicia en esa alocución. Ni una sola palabra en relación con las víctimas ni de reconocimiento y respeto a decisiones de la justicia. Mensaje que desinstitucionaliza”. Roy Barreras, senador del Partido de la U.

“Es muy doloroso que el Gobierno de Iván Duque no sea capaz de tener un poco de sensibilidad y empatía con la ciudadanía. Negar los excesos de fuerza, deslegitimar a los jueces y estigmatizar la protesta social pacífica es puro comportamiento de una dictadura”. Mauricio Toro, representante de la Alianza Verde.

“Lamento que el Gobierno le haga ‘conejo’ a la Corte Suprema de Justicia. Es más fácil y mejor para nuestra sociedad y el país que le pidan perdón a la familia de Dilan Cruz, asesinado en protestas el año pasado, y que emprendamos esa reforma a la Policía que va a fortalecer y a mejorar la seguridad”. Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde.

“La decisión de la Corte Suprema pone en el escenario nuestro proyecto que busca regular y reglamentar el artículo 37 de la Constitución a través de una ley estatutaria, en la que definimos elementos importantes como eliminar la estigmatización y criminalización de la protesta, proteger los derechos de quienes se manifiestan y de quienes no, garantizar protocolos que eviten el abuso y los excesos por parte de la Fuerza Pública y prohibir la incursión de encapuchados en estas manifestaciones”. Juan Diego Gómez, senador del Partido Conservador.

El Espectador



Tres agricultores fueron asesinados en zona rural de Algeciras, Huila

Por Fabio Arenas

Un padre de familia, su hijo y un agricultor fueron asesinados anoche en una zona rural del municipio de Algeciras, Huila.

Los hechos sucedieron en la vereda Quebradón Sur, región a una hora en carro de la cabecera municipal, donde el 17 de julio fueron asesinadas cuatro personas por parte de disidencias de la guerrilla.

En esta oportunidad, las víctimas son Jimmy Betancur Ortiz, 43 años; su hijo Yimmy Alejandro Betancur Gómez, 25, y Johan Camilo Narváez, trabajador de una finca, quienes fueron atacados de manera sorpresiva por desconocidos que portaban armas de fuego.

«Varios tipos armados llegaron a la vereda y atacaron a bala a la familia Betancur, les dispararon en sus casas, todo fue en medio de la noche», afirmó un habitante de esa región, la cual en el pasado fue utilizada por la guerrilla como corredor para ir al departamento de Caquetá.

A la zona llegó personal del CTI de la Fiscalía, Policía y Ejército para tratar de esclarecer los hechos y capturar a los responsables.

«Por ahora no se conocen las identidades de los autores ni las causas de estos homicidios», dijeron las autoridades.

La situación en Quebradón Sur se ha vuelto crítica debido a la presencia de hombres armados desconocidos, lo que ha generado el desplazamiento de unas 30 familias campesinas.

No es la primera vez que este tipo de casos sacuden a Algeciras, pues el 17 de julio fueron asesinados Edison Moya, 16 años, Luz Estella Burgos, 34, un agricultor de 56 y un menor de 8 años, todos atacados a bala por un grupo de 12 hombres armados que los sorprendieron en una casa cuando dormían.

Pese a los controles y medidas de las autoridades, la violencia ha sido permanente este año en Algeciras, donde han muerto excombatientes de las Farc, líderes comunales, campesinos y menores de edad.

El Tiempo


Corte Suprema sobre el ESMAD: “Constituye una amenaza seria”

En el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que ha causado revuelo en el país, por el conjunto de medidas que le ordena al gobierno nacional debe tomar para que se respete el derecho a la protesta social, la corporación judicial hizo valoraciones a varios presuntos abusos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y determinó que esta unidad “constituye una amenaza seria” para los manifestantes.

En la tutela, que fue interpuesta por un amplio número de persona que consideró que el gobierno no garantiza su derecho a la protesta, la Corte determinó que “lo evidenciado demuestra una amenaza seria y actual ante el comportamiento impulsivo de la fuerza pública y, en especial, del ESMAD, quien ha desconocido abiertamente, no sólo sus propios manuales, sino también, principios y valores de rango constitucional”.

Añade la Corte que “sus actividades no controladas representan un riesgo una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas, especialmente las llevadas a cabo a partir del 21 de noviembre de 2019.

También indicó la Corte, que da razón a los tutelantes sobre que en las protestas “existió -y puede seguir existiendo- una reiterada y constante agresión, desproporcionada de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron en las datas atrás indicadas, en ejercicio del derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución”.

Caracol


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