Chile, el pueblo mapuche y el convenio 169 de la OIT – Por Esteban Galera Aragón, especial para NODAL

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Esteban Galera Aragón *

El camino recorrido internacionalmente para desarrollar una normativa que proteja los derechos de los pueblos indígenas viene de lejos. En 1957 la OIT (Organización Internacional del Trabajo) adopta el Convenio 107 que nace al calor del interés internacional por la situación a escala mundial de los derechos de los pueblos indígenas. La lucha de estos Pueblos Originarios y el apoyo que reciben por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, movimientos sociales de diferente naturaleza y fuerzas políticas progresistas crean el escenario propicio para profundizar en la aplicación y garantía de estos derechos. Después de un proceso de dos años de debates tripartitos en 1989 la OIT vio la necesidad de revisar el Convenio 107 para dar a luz en Ginebra el Convenio 169, actualmente vigente,  que fue firmado el 27 de junio de 1989 para entrar en vigor el 5 de septiembre de 1991.Hasta la fecha ha sido ratificado por 22 países, de los cuales 14 pertenecen a América Latina. La importancia de velar por su cumplimiento es de rigurosa importancia porque es el único instrumento internacional jurídicamente vinculante que trata específicamente sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En Chile la primera “Ley Indígena” se legisló en 1993, después hubo nuevas leyes que trataron sobre los derechos de los Pueblos Originarios pero es en 2007 cuando el Congreso Nacional decide ratificar el Convenio 169 de la OIT, que entró en vigor el 15 de septiembre de 2008. Este Convenio contiene y desarrolla 44 artículos que a partir de su ratificación se convierte en Ley del Estado Chileno. El articulado del Convenio regula un amplio espectro de temas y materias, entre los principales el reconocimiento como Pueblos y sus derechos sobre el territorio, la tierra, la defensa del medio ambiente, los recursos naturales y otros aspectos relacionados con el derecho a la Salud, derechos sociales y laborales, derecho a la Educación y aquellos derechos relacionados con la cultura propia, identidades y creencias religiosas. El Convenio 169 reconoce además las aspiraciones de los pueblos indígenas a tener, dentro del marco del Estado en el que habiten, el control de instituciones propias y de sus modelos de vida y desarrollo económico. Establece además la exigencia de que los pueblos indígenas sean atendidos en todos aquellos temas que les afectan participando en las diferentes políticas nacionales mediante mecanismos de consulta y participación.

El espíritu democrático y humanista que emana del Convenio 169 de la OIT para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la hora de convertirse en una realidad que erradique  los inhumanos abusos a los que se han visto sometidos estos pueblos, a lo largo de la historia hasta la actualidad, siempre se encontraron ante un poderoso muro que lo impide. Este muro fue levantado en épocas coloniales y  hoy lo mantiene en pie las fórmulas neocoloniales y neoimperialistas que limitan la soberanía de los Estados sometidos a los intereses de sus oligarquías y de las poderosas multinacionales, que continúan afectando de manera más lacerante a los pueblos indígenas entre las clases trabajadoras y vulnerables. No es nada nuevo  afirmar que las grandes multinacionales que operan en América Latina obligan a los países, de cuyas tierras obtiene materias primas y en los que montan sus empresas, a someterse a sus leyes por encima de cualquier ley nacional que impida o cercene el insaciable apetito de enriquecerse.

En Chile la causa del pueblo mapuche constituye el principal ejemplo de la agresión y la violencia que se ejerce contra los Pueblos Originarios. Los mapuches son el pueblo notablemente más numerosos de la población indígena chilena.Según el censo de 2017 de los 2.186.000 habitantes que se sienten pertenecientes a un pueblo indígena 1.746.000 se reconocen como mapuches. En su territorio de origen, La Araucanía, habitan alrededor de 1.132.000.

El Pueblo Mapuche tiene una larga historia de lucha y resistencia, primero resistieron a la expansión del Tawantisuyu hacia el sur, derrotando a los Inacas e impidiendo su paso más allá del río Bio-Bio. Más tarde, en la batalla de Tucapel durante las navidades de 1553, los mapuches liderados por Lautaro derrotan y dieron muerte a Pedro de Valdivia frenando definitivamente el avance de los españoles. La guerra con los españoles no termina con la muerte de Valdivia, durante cerca de un siglo los mapuches mantuvieron  una cruenta guerra de resistencia sin ser nunca derrotados. La paz llegó en el año de 1.641 con la firma del Tratado de Qulín en el cual La Corona de España capitula reconociendo la independencia del pueblo mapuche y de sus tierras estableciendo la frontera natural entre ambos pueblos en el río Bio-Bio.

El Estado chileno durante la segunda mitad del siglo XIX (también sucedió en Argentina) permite y apoya la expansión de los terratenientes hacia las tierras de la Araucanía y cede territorios también a colonos procedentes de Europa para el desarrollo agropecuario. Los mapuches sufren a partir de aquí una arbitraria erradicación de sus tierras apoyada en intervenciones militares violentas con la intención de asentar un sistema latifundista. Como consecuencia el pueblo mapuche ve reducida sus tierras a poco más de un seis por ciento del territorio que poseían, con el agravante que estas tierras son las más improductivas. Comienza un imparable proceso de empobrecimiento acompañado de una campaña de aculturación destinada a erradicar su identidad como pueblo. Durante el Gobierno de la Unidad Popular con Salvador Allende los mapuche comienzan a recuperar algunas de sus tierras, pero este período es breve y con la llegada de la dictadura pinochetista las tierras son de nuevo arrebatadas a los mapuches y da comienzo una feroz represión. En épocas mucho más recientes las multinacionales se lanzan a la  depredación,afectando sobre todo a los bosques y a las aguas. Compañías hidroeléctricas como ENDESA represan las aguas de la cuenca del río BIo-Bio  esquilmando los recursos hídricos mapuche, las compañías madereras desforestan los bosques de la Araucanía transformando la bioesferay afectando gravemente al medio naturalmientras grupos poderosos como Benetton se hacen dueños de la Patagonia. Enfrente de este panorama el Pueblo Mapuche sufre la transformación y la degradación de su hábitat ancestral con consecuencias directas muy graves sobre su ya paupérrima economía y subsistencia.

Aunque las luchas del Pueblo Mapuche por sus derechos no cesó nunca, es a finales de la década de los 60 cuando cobra una dimensión importante en la escena pública y política chilena. En 1969 comienzan las ocupaciones de tierra y el conflicto se recrudece año tras años hasta nuestros días en los que la Wenufuye, la bandera mapuche, se ha convertido en símbolo omnipresente de rebeldía en los últimos conflictos chilenos que revindicaron el fin de la Constitución pinochetista.

Desde la restauración de la democracia en Chile se han producido brutales atropellos Asesinato de 15 comuneros y dirigentes mapuche por disparos de la policía, incluidos menores de edad. Son frecuentes los montajes de “fuegos cruzados” para ocultar algunos de los asesinatos. Montajes policiales para encarcelar a líderes comuneros y autoridades espirituales o a periodistas que grabaron o fotografiaron la realidad de la represión. La aplicación sistemática de la “prisión preventiva” es una práctica habitual que supone el encarcelamiento de hasta 2 años sin juicio ni pruebas.  La militarización del territorio mapuche con un constante hostigamiento y prácticas violentas que llegan hasta la provocación de incendios de sus viviendas (rukas), allanamientos, desalojos, etc. La aplicación de la Ley Antiterrorista de la dictadura de Pinochet, todavía vigente. Y por supuesto la permanente vulneración del Convenio 169 de la OIT.

El 4 de mayo del año que corre en la cárcel de Angol 8 presos políticos mapuches iniciaron una huelga de hambre, al mismo tiempo que el Machi (autoridad espiritual) Celestino Córdova iniciase su huelga en la cárcel de Temuco. Dos meses y medio después en esta misma cárcel se suman a la huelga otros 6 presos políticos, otros 11 presos mapuche habían iniciado su huelga de hambre en la cárcel de Lebu. Fueron en total 26 presos políticos mapuche los que mantuvieron la actitud de no ingerir alimentos y pusieron su vida en grave riesgo. Por fin abandonaron la huelga el 4 de septiembre atendiendo la petición de sus comunidades y líderes cuyo mensaje era “que mejor mantener la vida para seguir luchando”. El motivo que les llevó a esta huelga como medio de presión fue el exigir a la Justicia de Chile y a su Gobierno la aplicación del Convenio 169 de la OIT en todo lo que afecta a sus derechos como pueblo originario y en concreto el artículo 10 cuyo contenido expresa: 1.- Cuando se imponen sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2.- Deberán darse preferencia  a tipos de sanción diferentes del encarcelamiento.

Con motivo de la pandemia COVID 19 el gobierno de Chile  aplicó un Indulto General  Conmutativoque concedió el arresto domiciliario a 1.720 presos, entre ellos, a policías involucrados en asesinatos de comuneros  y montajes incriminatorios para encarcelar a sus dirigentes. El marco de la pandemia y debido al hacinamiento en el que viven los presos en las cárceles de Chile  fue por lo que los presos políticos mapuche exigieron la aplicación del Convenio 169. El estado chileno lo estaba vulnerando una vez más.

Dentro del contexto de la campaña internacional en apoyo a las reivindicaciones de los presos políticos mapuche,Trawunche Madrid (Coordinadora de Apoyo al Pueblo Mapuche) está trabajando intensamente en dicha campaña. El primero e importante paso dado ha sido la publicación y difusión de una Declaración que recoge la exigencia de la aplicación del Convenio 169 de la OIT y en particular del artículo 10, la puesta en libertad inmediata de los presos políticos mapuche encarcelados por montajes judiciales, restitución de los territorios ancestrales al Pueblo Nación Mapuche y la desmilitarización del territorio mapuche. La Declaración, que fue presentada el día 30 de octubre ante la Embajada de Chile en Madrid ha sido firmada y apoyada por los principales sindicatos, 17 organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales y la totalidad de los partidos políticos y grupos parlamentarios progresistas del Congreso de los Diputados de España. También ha recibido el apoyo con la firma de numerosos diputados.

Tras el Plebiscito celebrado  en Chile el pasado 28 de octubre, con el formidable resultado que expresó la voluntad popular para cambiar la Constitución heredada de la Dictadura, se abre una gran puerta a la esperanza. Es un momento extraordinario para materializar tantas viejas aspiraciones de justicia y libertad que se vieron rotas por aquel Golpe de Estado de 1973. El momento que se abre es nuevo y exigirá, sin duda, nuevas soluciones en un mundo que cambia continuamente a ritmo vertiginoso, pero que a pesar de estos cambios millones de seres viven en condiciones de explotación, pobreza y  marginalidad, entre ellos las mujeres y los hombres pertenecientes a los Pueblos Originarios de América Latina. Pongamos todo el esfuerzo y la ilusión para conseguir que Chile incorpore en su nueva Constitución todos los derechos que pertenecen al Pueblo Mapuche y otros Pueblos Originarios en un nuevo Estado Plurinacional.

* Politólogo español especialista en temas de América Latina

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