Detienen a general acusado por las masacres de Sacaba y Senkata

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General Cuéllar está en celdas policiales, dice que era quinto en la cadena de mando durante la violencia en Sacaba

Por Carlos Corz

En sus declaraciones a la Fiscalía, el general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Alfredo Cuéllar aseguró que en los hechos de violencia y muerte en Sacaba, en noviembre de 2019, cumplió funciones administrativas y era el “quinto hombre en la cadena de mando”. Se encuentra en celdas policiales a la espera de su audiencia cautelar.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Alberto Aguilar, informó de la situación del actual comandante de la guarnición militar de Cochabamba, tras su aprehensión por orden fiscal.

“En sus declaraciones informativas el general Alfredo Cuéllar manifiesta que fue el quinto hombre en la cadena de mando y que en esa época no fungiría como militar de operaciones, estando en el Centro Estratégico de Operaciones, indica que cumplía una labor administrativa”, informó en una entrevista con la red Unitel.

Cuéllar es acusado de asesinato. En Sacaba perdieron la vida ocho personas por impactos de bala. La fuerza combinada de policías y militar cerró el paso a una columna de marchistas que pretendían llegar a la ciudad de Cochabamba en apoyo a Evo Morales, quien para entonces ya había dimitido.

Cuéllar se encuentra en celdas policiales a la espera de la audiencia cautelar en la que se definirá si se defiende en libertad o desde la cárcel.

No está descartada la convocatoria a más uniformados. “El Ministerio Público, bajo la dirección funcional de las investigaciones, va a convocar seguramente a otros uniformados para que brinden sus declaraciones con referencia a estos hechos en el puente de Huayllani y Sacaba”, anunció.

También están avanzando las pesquisas en Senkata, en El Alto, pero Aguilar evitó dar mayores detalles para evitar perjudicar la investigación.

El hecho es investigado por una comisión de Fiscales conformada por Richard Villaca, Giovany Campos y Lizeth Martinez.

“Se ha emitido la orden de aprehensión al existir riesgo de fuga y obstaculización para la investigación, además de otros elementos en contra del efectivo militar. Él se encuentra en calidad de aprehendido y se realizarán los actos investigativos que se vean por convenientes para esclarecer este hecho”, informó la fiscal Martínez.

La Razón


El Senado entregó documentos a expertos de la CIDH sobre la masacre de Sacaba

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), entregó este martes documentos sobre la masacre de Sacaba (Cochabamba) a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investiga los hechos de violencia en 2019.

«Quiero entregar un documento que ha sido elaborado por una comisión organizada por las seis Federaciones (del Trópico de Cochabamba) y los familiares de los fallecidos en Cochabamba, que contempla el detalle de lo ocurrido principalmente en Huayllani, en Sacaba», afirmó Rodríguez, durante una conferencia de prensa.

La autoridad indicó que espera que los documentos puedan ser utilizados para las indagaciones que efectuará la comitiva de la CIDH.

«Los documentos contienen todas las pruebas de lo ocurrido en Sacaba, desde el momento de la movilización, hasta el desenlace donde hubo enfrentamientos», mencionó el legislador.

Rodríguez señaló que existen pruebas contundentes que confirman que los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía realizaron disparos. Agregó además que existen audio e imágenes sobre esos hechos.

Las pesquisas se realizan en el marco del protocolo suscrito el lunes, entre el canciller Rogelio Mayta y los expertos independientes, enviados por la CIDH, para que se efectúen las indagaciones de la violencia registrada en 2019.

Juan Méndez, uno de los especialistas, ratificó que el GIEI-Bolivia tiene el mandato de coadyuvar en las investigaciones y el esclarecimiento de las masacres de Sacaba y Senkata, además de la violación de los derechos humanos en otras regiones del país, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

En esa línea, agradeció a Rodríguez por la reunión sostenida y los documentos entregados para efectuar las investigaciones.

Ratificó que se trata de un grupo independiente y que tiene el encargo de efectuar una investigación imparcial, que se efectuará sobre la base de su experiencia colectiva.

«La idea es escuchar a todos los bolivianos que quieran hablar con nosotros y que tengan algo que decirnos sobre los acontecimientos ocurridos en esa época. Vamos a investigar todos los hechos en los que han sido víctimas los bolivianos, independientemente de su filiación política», aseguró Méndez.

El experto precisó que, en el marco de la investigación, se analizará la respuesta institucional de las diferentes agencias del Estado boliviano, respecto de cada uno de los hechos de violencia en 2019.

«Si ha sido insuficiente esa acción, vamos a sugerir formas de trabajo para que haya justicia para cada víctima y también vamos a recomendar formas de reparación integral de los daños sufridos por las víctimas», aseveró Méndez.

En ese sentido, Rodríguez pidió que se trabaje de forma responsable con todas las instituciones y con los familiares de las víctimas de los hechos violentos.

«La Cámara de Senadores expresa su predisposición para coadyuvar en todo lo que el grupo de expertos requiera», aseguró el legislador.

Bolivia Nueva


Seis exautoridades de Añez son indagadas por presuntos hechos de corrupción

Por Eliana Uchani

Los exministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora; de Economía, Branko Marinkovic; exdirector de Migración, Marcel Rivas, y el exviceministro de Régimen Interior, Javier Issa, son investigados por el Ministerio Público por estar implicados en presuntos hechos de corrupción.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que se presentará una segunda denuncia contra el exdirector general de Migración, Marcel Rivas, porque de 1.061 alertas migratorias emitidas en su gestión, el 42% fueron de forma ilegal.

“Este señor (Marcel Rivas) ha utilizado la institución con fines políticos. De 1.061 alertas migratorias que ha realizado, el 42% fueron ilegales para perseguir a exfuncionarios (del MAS), políticos, periodistas, diplomáticos, incluso empresarios”, afirmó.

El Juzgado Primero de Instrucción Cautelar determinó la detención preventiva de Rivas en la cárcel de San Pedro, por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, porque presuntamente facilitó la salida irregular de Murillo y López.

Caso Gases

La Fiscalía inició una investigación contra Murillo y López por la compra de gases lacrimógenos y material no letal con presunto sobreprecio. Hace una semana se emitió una orden de aprehensión en contra de ambas exautoridades y se conoció que salieron del país entre el 5 y 9 de noviembre, cuando el Ministerio Público publicó la alerta migratoria para evitar que salgan del país.

De acuerdo con información oficial, Migración de Brasil reportó que los exministros ingresaron a ese territorio a las 17.30 del 5 de noviembre a través de Puerto Suárez.

Incluso, la Policía Internacional (Interpol) en Bolivia emitió la semana pasada la solicitud de búsqueda o sello azul a la sede central de la Interpol, en Francia, para que se establezca el paradero de ambas exautoridades.

El abogado del extitular de Defensa, Ariel Méndez, advirtió que esa solicitud no prosperará porque no existe una imputación formal contra su cliente. Además, aseguró que desconoce su paradero y se presentará ante la justicia cuando existan las garantías necesarias.

Caso Seguros

El fiscal del caso, Alexis Vilela, confirmó que se presentó una orden de aprehensión contra el exministro de hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. Además, se allanaron dos inmuebles, uno de su pertenencia y el otro que es de su padre.

“No se ha podido encontrar al señor Zamora en esos domicilios y se ha emitido una orden de aprehensión para que pueda asumir su defensa. No existe ningún reporte de salida, pero estamos solicitando la información correspondiente y tener certeza si continúa en el país”, explicó.

Zamora es investigado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, a consecuencia de la Resolución Administrativa interna 78/2020 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para realizar adjudicaciones directas de bienes y servicios durante la emergencia sanitaria.

Robo de libreta militar

El exviceministro de Régimen Interior, Javier Issa, y el exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Iván Rojas, son investigados por el robo de la libreta militar del expresidente Evo Morales.
Durante la aprehensión de Patricia Hermosa, apoderada de Morales, la Policía secuestró varios documentos, entre esos se encontraba la libreta militar del exmandatario. Los escritos secuestrados debían resguardarse bajo cadena de custodia policial.

Caso Tierras
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, instruyó una investigación contra el exministro de economía, Branko Marinkovic, por la presunta apropiación ilegal de dos predios rurales en Santa Cruz.

El dirigente del Movimiento Demócrata Social (MDS), Vladimir Peña, cuestionó que el Gobierno esté usando a la justicia para perseguir políticamente a las exautoridades. Afirmó que el discurso de pacificación se contradice con sus acciones.

Al respecto, Renán Cabezas, diputado del MAS, rechazó esas declaraciones y aseguró que la justicia trabajará de forma imparcial y sin ningún tipo de presión por parte del Ejecutivo. Consideró que deben someterse a la investigación si no son parte de los presuntos casos de corrupción.

Periódico Bolivia


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