Es necesario regularizar los casos de tierras malhabidas – Última Hora, Paraguay

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El nuevo debate que se ha instalado en torno a las tierras públicas apropiadas irregularmente durante la dictadura stronista debe ser aprovechado para buscar una salida institucional al problema. El compromiso de algunos legisladores en acompañar los juicios para la recuperación de terrenos es un buen signo, que no debería caer en saco roto. De acuerdo con el informe de la Comisión de Verdad y Justicia, hay por lo menos 4.000 causas para insistir ante la Justicia, pero hasta ahora hay una total inacción sobre el punto. El Estado debe tratar de encarar con seriedad el tema y proceder a una verdadera reforma, con criterios de desarrollo y equidad social, a fin de evitar que los conflictos agrarios sigan siendo lamentables disparadores de episodios de violencia, como el recordado caso de la masacre de Curuguaty, en 2012.

Tras algunas acusaciones mediáticas entre legisladores y otros actores políticos, se ha instalado de nuevo un interesante debate sobre las llamadas tierras malhabidas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, que según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), entregado en 2008, ascienden a casi 8 millones de hectáreas. El compromiso de algunos legisladores en acompañar los juicios para la recuperación de terrenos es un buen signo, que no debería caer en saco rato.

Un pedido de informe remitido por el senador Pedro Santa Cruz al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), requiere la cantidad de lotes rurales adjudicados por el Estado a ciudadanos paraguayos y extranjeros desde el inicio del gobierno de Stroessner hasta el año pasado. También reclama datos completos de personas beneficiarias y la fecha en que fueron adjudicadas con tierras, incluyendo la superficie del lote, colonia, distrito y departamento, y los fundamentos esgrimidos para la adjudicación. Pide además un listado de litigios en los ámbitos administrativos y judiciales, respectivamente, con relación a la posesión o titularidad de las tierras destinadas a la reforma agraria, en los últimos cinco años, es decir, desde el 2015 en adelante.

Estos datos permitirán que desde el Congreso se conforme una mesa de trabajo con la Procuraduría en busca de recuperar las tierras malhabidas. Hasta ahora, el Estado impulsó 33 juicios para recuperación de las tierras y en todas ellas se perdió, generando una deuda de casi USD 24 millones para pagar a abogados. Probablemente el fracaso obedece a que nunca existió una real voluntad política de llegar hasta el fondo de la cuestión, por afectar a intereses de personas muy ligadas a las esferas de poder.

El informe de la CVJ había determinado que el 32,7% de las tierras cultivables del país fueron entregadas irregularmente a personas no sujetas de la reforma agraria. La extensa lista de beneficiarios ilegales incluye a políticos, militares, narcos, seccionales coloradas y hasta a actuales autoridades nacionales. Contiene nombres como el del fallecido general Andrés Rodríguez, ex presidente de la República, consuegro de Stroessner y cabecilla del golpe que lo derrocó, quien acumuló un total de 24.317 hectáreas de tierra malhabida.

Un caso atípico es el del último dictador salvadoreño Anastasio Somoza, asesinado en Paraguay durante su exilio, y también beneficiado en ese tiempo con unas 8.000 hectáreas. Mario Abdo Benítez, padre del actual presidente de la República y ex secretario privado de Stroessner, figura con casi 3 mil hectáreas de tierras adjudicadas. También se leen nombres de autoridades actuales, como el director paraguayo de Itaipú, Ernst Bergen, y su esposa, con dos mil hectáreas adjudicadas en 1997. Otro es el senador colorado Enrique Bacchetta, con más de 4 mil hectáreas adjudicadas en el año 1993.

El Estado debe tratar de encarar con seriedad el tema y proceder a una verdadera reforma, con criterios de desarrollo y equidad social, a fin de evitar que los conflictos agrarios sigan siendo lamentables disparadores de episodios de violencia, como el recordado caso de la masacre de Curuguaty, en 2012.

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