La Policía alista otras dos órdenes de captura contra exministros de facto

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Alistan captura y proceso contra otras dos exautoridades de Áñez

Otros dos exautoridades del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez están en la mira del Gobierno, que activó una orden de captura y denuncia penal en su contra.

Entre tanto, se sigue tras la pista del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, además del exviceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, quienes estarían fuera del país. Las exautoridades tienen orden de aprehensión en su contra. Murillo e Issa, según investigaciones policiales, están en EEUU mientras que López se encuentra en Brasil.

El exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, es acusado por hechos de corrupción en YPFB y el exdirector de Migración, Marcel Rivas, suma una nueva denuncia en su contra.

La primera fue por favorecer la salida de otras exautoridades y esta última por persecución política.

AVANCES

La Fiscalía Departamental de La Paz solicitó un requerimiento de información a la Dirección General de Migración y a la Policía Boliviana para conocer si el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, salió o no del país.

El fiscal Alexis Vilela informó que, para dar con el paradero del exministro, se realizó dos allanamientos, uno a la vivienda que está a nombre de la exautoridad y otra a la del padre de Zamora.

“No tenemos ningún movimiento de salida del territorio nacional, sin embargo, se está pidiendo la información correspondiente a Migración como también a la Policía”, dijo.

El comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, informó que se activó la orden captura del exministro de Hidrocarburos, luego que se emitiera la orden de aprehensión en su contra por presuntas irregularidades en la compra directa de seguros para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), durante la pandemia. Es investigado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, que habría cometido en el ejercicio del cargo ya que era presidente del directorio de la petrolera estatal.

USO IRREGULAR

Por otro lado, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el exdirector de Migración, Marcel Rivas, utilizaba esta institución del Estado para hacer persecución política, durante el régimen de Áñez, por lo que anunció la presentación de una denuncia penal en su contra.

“Este señor ha utilizado la institución con fines políticos, utilizaba la institución de Migración para perseguir políticamente a varios sujetos de nuestra sociedad; de 1.061 alertas migratorias que había realizado, el 42% (unas 500 familias) fue ilegal para perseguir a exfuncionarios, políticos, periodistas, diplomáticos e incluso empresarios”, reveló.

La autoridad de Gobierno enfatizó que las instituciones del Estado ya no pueden ser usadas para perseguir a las personas que piensan distinto.

“Por eso, hoy estamos presentando una denuncia penal en contra del señor Marcel Rivas por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes; creemos que los bolivianos no tenemos que pedir permiso para abandonar nuestras fronteras con fines turísticos, de trabajo o cualquier otro fin”, manifestó la autoridad.

El fin semana, un juzgado determinó la detención preventiva de Rivas, en la cárcel de San Pedro, por la salida ilegal de los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López.

Actualmente se encuentra hospitalizado en una clínica tras sufrir una descompensación en su salud y debe enfrentar este nuevo proceso en su contra.

Opinión


La CIDH llegó a Bolivia para investigar las masacres de Sacaba y Senkata

Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegaron el lunes a Bolivia para emprender seis meses de investigación sobre los hechos de violencia registrados en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019. Entre las distintas manifestaciones, que fueron salvajemente reprimidas por policías y militares causando al menos 36 muertos en el país, sobresalen las masacres de Sacaba y Senkata.

Entre los casos que la CIDH deberá analizar se encuentra también el del argentino Facundo Molares, irregularmente detenido en una cárcel de máxima seguridad de La Paz desde los inicios del golpe de Estado contra Evo Morales. Debido a sus problemas renales, en los últimos días Molares fue derivado a un hospital. Allí, por orden del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, le retiraron las esposas. El titular de Justicia Iván Lima confirmó a este diario que se llevará adelante una “audiencia de cesación de la detención” este jueves 26 de noviembre.

“Vamos a garantizar de forma absoluta su independencia, su acceso a toda la información que sea requerida. Es un compromiso del gobierno de Bolivia que los archivos de las Fuerzas Armadas, los archivos de la Policía, y de todos los órganos de la justicia y el Ministerio Público sean accesibles para su trabajo”, afirmó Lima en el acto que se desarrolló en la Cancillería boliviana y que sirvió de presentación del grupo de expertos de la CIDH.

El ministro de Justicia pidió además que el análisis de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019 cuente con la participación del pueblo. “Hay heridas abiertas, hay definitivamente un proceso de reconstrucción de diálogo en el país y lo que queremos es que este grupo y el trabajo que vamos a hacer con ustedes sea participativo, que sean escuchados todos los bolivianos”, aseguró.

Flavia Piovesan, relatora de la CIDH, señaló que durante la visita de la comisión, entre el 22 y el 25 de noviembre de 2019, recibieron información sobre operaciones de fuerzas conjuntas, entre militares y policías, en las que varias personas resultaron heridas “por golpes, por disparos o por la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos y objetos contundentes”.

Por su parte, el presidente de la CIDH Joel Hernández destacó “la voluntad del Estado Plurinacional de Bolivia en el establecimiento de un mecanismo independiente, internacional, que pudiese coadyuvar con las autoridades bolivianas para el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”.

Página 12


Arce: «Lo ocurrido en Sacaba y Senkata fue una masacre»

El presidente Luis Arce Catacora afirmó que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fue una “masacre” y que la justicia llegará a quienes sufrieron el “duro golpe del gobierno de facto”. El Mandatario escribió el tuit en alusión al inicio de la investigación del grupo de expertos de la CIDH de la violencia y violación de derechos humanos entre septiembre y diciembre en Bolivia.

“Lo ocurrido en #Sacaba y #Senkata fue una masacre. Torturaron, criminalizaron y violaron los derechos humanos de nuestras hermanas y hermanos. La @CIDH investigará todos los casos. La justicia llegará para quienes sufrieron el duro golpe del gobierno de facto, hace un año”, tuiteó.

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciaron este lunes la investigación de los hechos de violencia y vulneración de derechos humanos durante la crisis política de 2019.

También puede leer: Expertos de la CIDH defienden su independencia y afirman que escucharán a todas las partes

Julian Burgen, profesor del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex de Inglaterra e integrante del grupo, explicó que los objetivos de la investigación y las facultades que tiene el grupo interdisciplinario son apoyar y coadyuvar la investigación de los actos de violencia y violación a los derechos humanos ocurridos en Bolivia sin descartar otros temas relacionados a estos hechos.

Las actividades centrales del grupo serán realizar un análisis técnico de las líneas de investigación adoptadas por las autoridades bolivianas para determinar responsabilidades penales, civiles y administrativas; elaborar planes de investigación de los referidos actos de violencia y violación a los derechos humanos y acotar un análisis técnico de atención integral a las víctimas.

Página Siete


Aguilera confirma que Murillo e Issa se encuentran en EEUU

El comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, informó que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo y el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, se encuentran en Estados Unidos. Sobre ambas autoridades pesa una orden de aprensión por estar vinculados con hechos irregulares.

“Hemos cumplido con el trámite interno respectivo, es decir que sabemos a través de las notificaciones, que las exautoridades se encuentran en Estados Unidos, no sabemos su estatus y tampoco las actividades que estuvieran desarrollando para generar un nuevo estatus migratorio”, explicó la autoridad policial.

La Policía Boliviana cuenta con canales, no solamente administrativos, sino también de análisis de información y ello dio la certeza que ambas exautoridades se encuentran en el país del norte, según estableció Aguilera.

También reveló que, entre otras personalidades que se encuentran en ese país, se encuentra el jefe de gabinete de Murillo, Sergio Sonte, quien, indicó, estuvo involucrado en el caso de la compra irregular de gases lacrimógenos.

El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra de Murillo e Issa, junto al ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Iván Rojas, denunciados por el robo de la libreta de servicio militar del expresidente Evo Morales.

Según el comandante de la policía, Murillo salió de Bolivia el 5 de noviembre, por Puerto Suarez, con destino Brasil, de allí se trasladó a Panamá y a partir de esas investigaciones estaría ahora en territorio estadounidense.

Página Siete


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