Chile | El exdiputado y excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami recurre a la CIDH tras suspensión de derechos políticos
Acusa vulneración de la presunción de inocencia: Marco Enríquez-Ominami va a la CIDH tras suspensión de derecho a voto
El excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami decidió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego que le fueran suspendidos sus derechos políticos y, de esta manera, se le impidiera votar en las últimas elecciones.
La denuncia fue presentada el 22 de diciembre a través del abogado Ciro Colombara –quien asumió su representación ante el organismo internacional-, escrito en el que también se alude a la vulneración de su presunción de inocencia y se acusa una violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. En este sentido, el fundador del Partido Progresista de Chile, (PRO) asegura que la fiscalía lleva más de 6 años una investigación penal en su contra y aún no ha enfrentado un juicio.
El documento detalla que durante la investigación penal por parte del Ministerio Público, “desde hace casi 6 años por una supuesta infracción tributaria vinculada a un supuesto financiamiento irregular de campaña de los años 2009 y 2013, el caso SQM, habiendo sido acusado hace casi 2 años, han ocurrido dos hechos graves en perjuicio de Marco Enríquez-Ominami”.
Estos tienen relación con que “recientemente, ha sido privado de su derecho a sufragio y de sus derechos políticos en virtud de la acusación del Ministerio Público, y por una decisión de Servel sin que exista condena penal o resolución de algún Tribunal”, y que “se ha excedido absolutamente el plazo razonable, ya que pese a que van casi 6 años de investigación del Ministerio Público aún no se realiza la Audiencia de Preparación de Juicio Oral y no existe fecha probable para el Juicio Oral (cuya duración podría ser de 1 año)”.
El escrito agrega que “si se consideran los eventuales recursos de nulidad e incluso la repetición del Juicio Oral, bien podrían pasar 4 o 5 años para el término del caso, de manera tal que el año 2025 o 2026 debiera absolverse a Marco Enríquez-Ominami por una investigación iniciada en 2015 por hechos ocurridos en 2009”.
Según explicó Colombara a La Tercera, “lo que está ocurriendo con el caso SQM es claramente irregular desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
“Lo que ha hecho el Ministerio Público y Servel acarrea responsabilidad internacional para el Estado. No se puede privar del derecho a sufragio a una persona sin que haya una condena penal. Eso es obvio. Y recientemente lo señaló de manera clara la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, contra Colombia”, indicó.
