Gobierno chileno rechaza el proyecto de despenalización del aborto
Gobierno rechaza proyecto que busca despenalizar el aborto
Por Paula Catena, Isabel Caro y Sebastián Ávila
“Como gobierno estamos en contra del aborto sin causales. Siempre hemos sido claros en que vamos a proteger la vida de las y los niños que están por nacer y la salud de la madre. Nuestra posición ha sido transparente y de cara a la ciudadanía desde antes de la elección presidencial”. Con esas palabras, la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, reafirmó ayer la postura de La Moneda respecto de la interrupción del embarazo.
Esto, luego de que el miércoles se comenzara a discutir en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados por primera vez una iniciativa para despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación, el que fue ingresado en el 2018 por las parlamentarias Maite Orsini (RD), Karol Cariola (PC), Camila Vallejo (PC), Daniella Cicardini (PS), Cristina Girardi (PPD), Claudia Mix (Comunes), Natalia Castillo (independiente), Emilia Nuyado (PS), Camila Rojas (Comunes) y Gael Yeomans (Convergencia Social).
De hecho, ese día la ministra de la Mujer asistió a la sesión; sin embargo, no expuso y lo hará durante la próxima semana cuando continúe la discusión de la moción. De todas formas, ayer fijó postura en la red social y agregó que “Chile cuenta con una ley de aborto en tres causales desde el 2017, como gobierno siempre garantizaremos que esta ley se cumpla. Eso hemos hecho y lo seguiremos haciendo”.
El proyecto tomó fuerza en el país luego de que en Argentina, en diciembre pasado, se aprobara y despachara un proyecto para legalizar el aborto libre.
Las parlamentarias que impulsan la moción rechazaron los dichos de la secretaria de Estado. “Primero esperaría a que estén disponibles a dar un debate en la Comisión (…). La verdad no he visto argumentos para sostener por qué está en contra (la ministra) de que no se criminalice a las mujeres por tomar una decisión que a lo mejor no es la de ella, no es la de este gobierno, pero que en un Estado democrático y laico no se puede sancionar a las mujeres por pensar distinto respecto a esta práctica. En eso al menos me parece que es importante saber distinguir estos aspectos. Leer el proyecto, creo que es un mínimo que se le pide a las autoridades”, manifestó la diputada Yeomans.
A su vez, la diputada Orsini sostuvo que “cuando la ministra de la Mujer se opone a la despenalización del aborto aludiendo a que Chile ya tiene aborto en tres causales, lo que hace, en la práctica, es decirles a miles de mujeres que deberán ser madres aunque no quieran o no tengan las condiciones para hacerlo. Que a la angustia de un embarazo no deseado tendrán que sumarle el terror a que algo salga mal, ya sea porque se arriesgue su salud o porque sea descubierta y criminalizada”.
Asimismo, la diputada añadió que “lo que buscamos con el proyecto es algo básico, pero que hoy en Chile no se da, y es que la maternidad se dé cuando sea deseada y no cuando alguien no tuvo la oportunidad de interrumpir su embarazo pese a la necesidad de hacerlo”.
La diputada Mix, por su parte, indicó que “en Chile tenemos una ministra de la Mujer que ha dedicado su gestión a negarnos como sujetas de derecho (…). Pero hoy las mujeres de Chile le pedimos que se legisle la despenalización del aborto hasta las 14 semanas, que no es más que terminar con la clandestinidad y la exposición al riesgo que ella implica. Es dejar de penalizar la decisión sobre nuestros proyectos de vida. Nadie puede obligar a una mujer a ser madre, mucho menos el Gobierno. Ser madre debe ser una opción”.
En La Moneda miran con atención el proyecto y transmiten que si se reactivó es porque fue aprobado en Argentina. De todas formas, en Palacio dicen que por ahora la iniciativa -que requiere de un quórum de mayoría simple- no cuenta con los votos necesarios en la oposición para avanzar en su tramitación. Esto, porque existen dudas al interior de la misma centroizquierda, sobre todo en la DC, en donde no estarían todos los respaldos.
En todo caso, en el Ejecutivo reconocen que les inquieta la medida porque consideran que es un proyecto complejo y que se legisló hace poco respecto a la interrupción del embarazo en tres causales.
Como sea, en el comité político transmiten que la postura del gobierno es una: están en contra del aborto que no sea dentro de las tres causales.
En el oficialismo, la diputada RN Ximena Ossandón manifestó que “me parece que está muy bien que la ministra haya planteado la posición del gobierno, lo cual no impide la discusión dentro de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, son cosas en paralelo”.
La parlamentaria añadió: “Se habla de las miles de mujeres que han muerto, se habla de las miles de mujeres que estarían presas, y es por eso que hemos oficiado al Ministerio de Salud, a Gendarmería y a fiscalía para realmente saber cuántas personas están en esa circunstancia. Yo tengo casi la certeza que no existen hoy día mujeres que estén presas por esa materia, y que tampoco estemos las mujeres muriendo por el tema de sanidad en este ejercicio, entonces viene una larga discusión y yo celebro, de verdad, que el gobierno haya sido claro”, sentenció.
Corporación Humanas y despenalización de aborto en Chile: «Es un momento profundamente oportuno»
Carolina Carrera, coordinadora de Estudios de Corporación Humanas, respaldó que se iniciara la discusión por la despenalización en Chile del aborto hasta la semana 14, indicando que «es un momento profundamente oportuno» para su desarrollo.
Según dijo la experta a 24 AM, la idea corresponde a un proyecto originado en 2018, pero que el retomar su tramitación ahora responde «a varias cosas sucedidas, como el acuerdo de legalizarlo en Argentina o el inicio del proceso constitucional en el país».
Explicó que si bien «estamos porque el aborto sea gratuito, legal y seguro para las mujeres», el incorporar dineros públicos compete directamente al Estado y el Ejecutivo.
«Ojalá el Ejecutivo se haga cargo, queremos terminar con el castigo penal hacia las mujeres», agregó.
Carrera subrayó que «no queremos que nadie pase por un proceso judicial por esto ni tampoco queremos ni una mujer muerta por realizarse abortos clandestinos, pudiendo hacerlo en recintos establecidos».
«Esperamos realmente que se escuche la voz de todas las mujeres del país», sentenció.
Diputada Muñoz rechaza legalización del aborto: «Estamos intentando salvar vidas, no matarlas»
La diputada de Renovación Nacional, Francesca Muñoz, señaló que «no se entiende que las mismas que defienden derechos de la mujer, no defiendan el derecho a dejarlas nacer. La maternidad es algo que se debe proteger y fomentar, no atacar ni menospreciar. La vida es el derecho más básico de todos, sin él los derechos humanos no tienen sentido. En una sociedad moderna siempre se debe respetar el derecho a la vida del que está por nacer».
Por otro lado, Muñoz sostiene que hay otros asuntos con mayor prioridad en la actualidad, tildando también la discusión como un aprovechamiento, considerando que a fines de diciembre un proyecto similar fue aprobado en Argentina.
“Es preocupante que la Comisión de la Mujer ponga en tabla el proyecto de aborto libre, aprovechando la situación mediática que se vivió en Argentina. Estamos en una situación de emergencia sanitaria, intentando salvar vidas en Chile, no matarlas y los esfuerzos deben estar puestos en esas urgencias sociales y de salud», argumentó la diputada.
La marea verde ha cruzado la cordillera: hacia la legalización del aborto, ¿por qué despenalizar no basta?
Por Laura Dragnic e Irune Martínez
La reciente aprobación del proyecto de legalización del aborto en Argentina nos demuestra la potencia feminista del presente, una que es capaz de mostrar su fuerza en la calle y, a la vez, interpelar desde ahí al Estado. Esta coyuntura nos permite nuevamente imaginar e impulsar con más fuerza la demanda por el aborto legal en este lado de la cordillera. Desde esta perspectiva, es interesante preguntarse si son similares los proyectos presentados en ambos países y si es el proyecto de ley que se encuentra en discusión hoy en nuestro país uno que interprete y represente la demanda histórica del movimiento feminista y que de cuenta de la potencia transfronteriza actual de nuestra interpelación.
El proyecto que legaliza el aborto en Argentina establece un marco de derechos. En ese sentido, comienza afirmando que el aborto hasta las 14 semanas de gestación es un derecho humano y, como tal, está garantizado dentro del marco de derechos sexuales y reproductivos a toda persona gestante, sin importar su origen o condición. Resuelve también, que será posible interrumpir el embarazo por fuera de las 14 semanas de gestación, si este es producto de una violación, o si presenta un riesgo para la salud integral de quien decide abortar. Para ello, establece un plazo de 5 días al sistema de salud para la realización del aborto desde que este es requerido, y comprende que es un derecho que este sea realizado o supervisado por el personal de salud. Integra también el derecho a la información de quien decide abortar, a asesorías por parte de profesionales, y se refiere específicamente a la cobertura que tendrá el aborto como una prestación de salud. A su vez, consagra la obligación de proveer de una educación sexual integral y, en ello, integrar la enseñanza del aborto en los currículos escolares como un derecho humano.
En contraste, el proyecto de ley que está siendo objeto de discusión en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, presentado hace ya 2 años, tiene como principal objetivo la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. Esto implica, en términos concretos, que, de aprobarse este proyecto, el aborto consentido hasta la semana 14 dejará de ser un delito y, por tanto, las mujeres y facultativos que realizan abortos por fuera de las 3 causales no podrán ser perseguidos por el Ministerio Público. No significa, sin embargo, que nuestro sistema de salud pública vaya a tener la obligación de habilitar unidades y personal para llevar a cabo estos procedimientos, lo que por supuesto deja una tarea pendiente, ya que no seremos perseguidas por abortar, pero cada una tendrá que seguir haciéndolo por su cuenta y riesgo.
Así, el contenido del proyecto presenta límites importantes para las posibilidades y horizontes del momento político. Que una acción no sea considerada delito no basta para que sea considerada como un derecho. Legalizar significa pensar en clave de derechos, estableciendo antes que todo, que la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas y cuerpos es un derecho humano. Así, el aborto, en tanto derecho, debe ser garantizado por el Estado, asegurando el acceso a todas las personas con cuerpos gestantes, en condiciones dignas y seguras, siendo considerado una prestación de salud esencial. En el mismo sentido, requiere pensar en todas aquellas dimensiones de nuestra legislación que deben ser modificadas para que el aborto sea despenalizado, también, socialmente, como la educación sexual integral y la generación de estándares de acceso y seguridad de anticoncepción.
Una de las principales argumentaciones presentadas en contra de la posibilidad de legalizar el aborto es que un proyecto de ley no puede hablar de presupuesto público, pues puede potencialmente ser declarado inconstitucional. No obstante ello, todo proyecto de ley puede -eventualmente- significar una cuestión presupuestaria, y siempre cuando el proyecto no se refiera específicamente a una cuestión sobre la materia, no debiese ser considerado como tal. En último término corresponderá al ya deslegitimado Tribunal Constitucional determinarlo, y nos tocará ir a defender allí nuestro proyecto; más vale pelear más tiempo que pedir permiso si eso significa una posibilidad real para las mujeres y personas con cuerpos gestantes en nuestro país.
Sostenemos que iniciar el debate sobre esta base limita de forma apresurada y desmedida la discusión, y creemos la discusión debe mutar y avanzar hacia hacerse cargo de pensar el aborto como una obligación por parte del Estado, a través de la legalización. De lo contrario, las mujeres quedaremos a merced del mercado ilegal y las condiciones económicas particulares, reproduciendo las lógicas neoliberales que tanto hemos criticado.
En este lado de la cordillera la potencia transformadora ha sido sostenida por el movimiento feminista en toda su amplitud y diversidad, y corresponderá a éste en su plena autonomía impulsar esta demanda, la cual forma parte de su agenda histórica y es parte actualmente de su programa. Es esa perspectiva la que debe traducirse en cualquier discusión, sea esta legislativa o constitucional. Ese fue, también, el proceso impulsado por las compañeras argentinas que hoy celebramos, y es esta la forma en que una acción de este carácter podría interpretar la potencia feminista que ha desbordado todo y hoy tiñe de verde el horizonte.
