Colombia | Condenan a expresidente de la Corte Suprema por corrupción

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El Juez 10 Penal de Conocimiento condenó este martes al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, y del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte, por el denominado “Cartel de la Toga”, entramado de corrupción que se suscitó en el interior de la justicia colombiana favoreciendo a aforados (investigados por el alto tribunal) a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Se ordenó, además, la captura inmediata del procesado.

En la audiencia, el juez avaló las pruebas de la Fiscalía y los testimonios que esta recaudó, y emitió el sentido de fallo condenatorio contra Ricaurte por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo, utilización indebida de información privilegiada, y tráfico de influencias.

“La Fiscalía estableció que, en la red de corrupción, el abogado Luis Gustavo Moreno era el encargado de recibir los dineros de los procesados que él contactaba. En cada caso, la suma era distribuida entre el exmagistrado Ricaurte Gómez y otras personas, quienes se encargaban de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales para manipular las decisiones e intentar favorecer a los aforados que pagaron”, afirmó la Fiscalía en un comunicado.

Con este fallo, Ricaurte se convierte en el segundo exmagistrado de las altas cortes que es condenado por un hecho de corrupción. El primero de ellos fue Jorge Pretelt, quien llegó a ser presidente de la Corte Constitucional y a quien la Corte Suprema sentenció a más de 6 años de prisión por concusión en un caso relacionado con Fidupetrol.

Ricaurte, por su parte, llevaba más de 30 años en la rama judicial y ocupó altos cargos, que incluyen el de magistrado en el Consejo Superior de la Judicatura y en la Corte Suprema, donde incluso llegó a ser su presidente en 2008.

l juez todavía no ha revelado el monto de la pena que deberá pagar el exmagistrado que, según la Fiscalía, hizo parte de una “estructura criminal” de la que también participaron el abogado Leonardo Luis Pinilla, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y los también exmagistrados Gustavo Malo, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino.

Ricaurte fue capturado en 2017 y se estaba defendiendo en libertad porque un juez de circuito de Bogotá lo dejó libre por vencimiento de términos, ya que no existía una sentencia condenatoria en su contra en dicho momento.

¿Cómo se “manejaban los casos”?

Para la Fiscalía, lo primero que quedó claro en la investigación es que Ricaurte y Bustos conseguían los clientes, dirigentes políticos investigados, para “manejar los casos” con diferentes estrategias: consecución de información privilegiada, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos y hasta alterar evidencias.

Para la Fiscalía, de esa alianza criminal se derivaron varios actos de corrupción que relacionan al exsenador Álvaro Ashton, Musa Besaile, Juan Carlos Abadía, Alejandro Lyons y Julio Manzur.

En el caso de Ashton, la Fiscalía dijo que se medió en la investigación que se le adelanta en la Corte Suprema desde 2012, por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz, de las Autodefensas, en el cual tenía de abogado a Luis Ignacio Lyons y que tuvo desde 2013 como ponente a Gustavo Malo. Tal y como se dijo en la imputación de cargos, para evitar una orden de captura y archivar la investigación habrían pedido 1.200 millones de pesos.

Pero como esto no se logró, “optaron por promover la salida del magistrado auxiliar que había propuesto apertura de instrucción, manipular evidencia y dilatar la investigación previa con miras a la prescripción y evitar así una eventual apertura formal”, relató el fiscal del caso, en ese momento. También resaltó que Ricaurte le dijo a Moreno cómo acordar el cobro y que el exmagistrado se quedó con 400 millones de pesos.

En el caso de Besaile, la Fiscalía señaló que a finales de 2014 Ricaurte le ordenó a Moreno comunicarse con este y acordar el pago de 2000 millones de pesos, de los cuales habría recibido una parte el exmagistrado Malo, para evitar la captura de un procesado por parapolítica.

Sobre el exgobernador Juan Carlos Abadía, el fiscal dijo que Ricaurte y el fiscal Noveno Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Bettin Sierra, “acordaron orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, dos de las cuales se alcanzaron a expedir y, por otro, evitar hacer imputaciones en contra del investigado”.

En el caso del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, la Fiscalía indicó que en octubre de 2014 este contactó al exmagistrado Camilo Tarquino para que lo ayudara a que “las altas cortes y la Fiscalía tuviesen claros los hechos que habían ocurrido en un tema de regalías”, para lo cual entregó 30 millones de pesos. No obstante, Tarquino le pide 20.000 millones y le informa que hay “un equipo” de magistrados dedicados a este tipo de soluciones.

Por otro lado, el fiscal destacó en el caso de Julio Manzur que en diciembre de 2014, un mes antes de ser capturado por ‘parapolítica’, Moreno le entregó a través de un familiar información privilegiada, asegurando que era inminente su detención y le ofreció sus servicios de abogado por 2000 millones de pesos, oferta que fue rechazada.

Y en el caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), la Fiscalía dice que entre 2014 y 2015, el exmagistrado Malo tenía en su equipo a Carlos Bula Dumar, cuyo hermano Alfredo Ramón Bula fue nombrado en esa entidad en abril de 2015, por supuesta intervención de Ricaurte.

“Hay evidencia que permite inferir razonablemente que en algunos de los casos relacionados con esta organización criminal, Fonade fue utilizada para hacer favores burocráticos y comercializar puestos, en beneficios de algunos de los concertados y con la finalidad del logro de los propósitos criminales”, indicó el fiscal en medio de su intervención hecha durante 2017.

El Colombiano


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