El Salvador | Bukele advierte a diputados que “nada de lo que hagan entrará en vigencia”

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Bukele a diputados: “Nada de lo que hagan entrará en vigencia”

El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que “nada de lo que hagan” los diputados de la Asamblea Legislativa en los últimos días de su período, entrará en vigencia antes que llegue la bancada oficialista de Nuevas Ideas.

A través de su cuenta de Twitter, Bukele reaccionó a la discusión que mantuvo la Comisión Política de la Asamblea, que ayer conoció el veto del mandatario a la declaración de cada 9 de febrero como el del Día del Golpe del Estado Fallido ‘9F Nunca Más’ en El Salvador.

La Asamblea aprobó ese decreto legislativo para conmemorar la irrupción de Bukele al Salón Azul, acompañado de militares, el 9 de febrero de 2020. Bukele, sin embargo, vetó por inconstitucional dicha iniciativa debido a que “no existió debate para su aprobación”, que se dio con dispensa de trámite.

Ante la intención de los diputados para superar el veto, Bukele agregó que “NADA de lo que hagan (los diputados de la legislatura actual) entrará en vigencia antes de que entre la nueva”, sugiriendo que no sancionará ninguna ley que se apruebe en los últimos 35 días de esta Asamblea.

Esta semana, Bukele también advirtió que vetaría la ley General de Aguas en caso de ser aprobada por el congreso salvadoreño las próximas semanas.

El Mundo


CICIES pide al Gobierno reformas para intensificar la lucha contra la corrupción

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) llamó al gobierno de Nayib Bukele a fortalecer el combate a la corrupción por medio de una serie de reformas legales.

Entre las leyes que proponen reformar, está la de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que data de 1959. En 2016 se intentó pasar una Ley de Probidad que buscaba sustituirla, pero esta fue suspendida por la Sala de lo Constitucional por debilitar el combate a la corrupción en lugar de fortalecerlo.

Asimismo, la CICIES pide modificar el Código Penal, el Procesal Penal, la Ley contra el Lavado, la de Ética Gubernamental y la de Extinción de Dominio. También piden reformar o derogar la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid). Esta última le da al gobierno mecanismos para acceder de forma ágil a fondos para atender emergencias.

Sin embargo, en el contexto de la pandemia, hay acusaciones de que esta modalidad le ha permitido al gobierno saltarse controles y rendición de cuentas en su gasto de cientos de millones de dólares.

Fortalecer a la Fiscalía

La Comisión, coordinada por la Organización de Estados Americanos (OEA), también recomendó fortalecer a la Fiscalía General de la República y a otras instituciones que ejercen control sobre los actos políticos y administrativos.

También pidió actualizar leyes “que regulen eficazmente la función pública”. Esta ha sido una exigencia de la sociedad civil, que busca abordar la problemática de nepotismo, plazas fantasmas y corrupción en el servicio civil por medio de una ley que norme las contrataciones de personal en el Estado y asegure que respondan a mérito e idoneidad, no a conexiones personales o pago de favores de campaña.

La CICIES también pidió que se garantice poder ser parte activa del proceso penal como querellante y que la Asamblea Legislativa ratifique el acuerdo por el que se conformó.

Reformas provienen de diálogo con sociedad civil

En su comunicado, la CICIES manifestó que “las reformas sugeridas (…) derivan de un análisis de diversas propuestas realizadas por instancias de la sociedad civil y de entidades intergubernamentales”.

Por ello, la comisión sostuvo que apoyará en la elaboración de proyectos legislativos o a equipos de trabajo para fortalecer la institucionalidad anticorrupción en el país.

Esta institución ha presentado a la Fiscalía General de la República posibles casos de corrupción y contrataciones irregulares en el marco de la atención a la pandemia de COVID-19. A finales de 2020, el fiscal general Raúl Melara indicó que los allanamientos que ordenó al Ministerio de Salud y otras instituciones se fundamentaron, en parte, en expedientes remitidos por esta comisión.

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