La Fiscalía pide 30 años de cárcel para Keiko Fujimori por corrupción

Foto: Lino Chipana / GEC
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Fiscal Pérez pide 30 años de cárcel para Keiko Fujimori

El Ministerio Público presentó este jueves 11 de marzo la acusación formal contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, así como a otros 41 implicados en el caso Cocteles que involucra directamente a la empresa Odebrecht.

En efecto, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, acudió al despacho del Poder Judicial luego de concluir la investigación preparatoria contra Fujimori Higuchi tras dos años y cinco meses de indagaciones.

Según el portal de la Fiscalía, esta acusación será formulada por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

En el caso de Keiko Fujimori, la pena solicitada por el Ministerio Público es de 30 años y 10 meses de prisión, misma que se pide para los investigados Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona. Mientras que para los otros 33 acusados las penas van desde los 6 hasta los 22 años de cárcel.

Esta acusación también incluye a Fuerza Popular y a la empresa MVV Bienes Raíces SAC como imputados para que, en caso de lograr una sentencia condenatoria, se pida su disolución y liquidación.

De igual manera, se incluye en el requerimiento acusatorio la aplicación de varias medidas cautelares personales para Keiko Fujimori Higuchi y los demás acusados.

Keiko acusa una persecución de la Fiscalía

Tras conocer la pena de más de 30 años en su contra, Keiko Fujimori calificó de “persecución” el pedido de acusación del fiscal José Domingo Pérez presentada al juez Víctor Zuñiga Urday, quien en un primer momento extendió la investigación hasta el 21 de febrero del 2022.

“Por más que un fiscal quiera ahora meterse en la recta final de la primera vuelta, yo seguiré enfrentando esta persecución y avanzando con energía, para que juntos podamos superar esta emergencia sanitaria y económica”, escribió la candidata en su cuenta de Twitter.

La República


Keiko Fujimori: Estas son las restricciones solicitadas por la fiscalía en la acusación en su contra

Más de 30 años de prisión por organización criminal, lavado de dinero, falsedad y obstrucción a la Justicia es la acusación contra la candidata a la presidencia Keiko Fujimori por ocultar presuntas donaciones ilegítimas de Odebrecht y otras empresas en sus campañas electorales de 2006 y 2011.

Tras más de dos años desde que inició sus primeras pesquisas, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez concluyó y presentó este jueves ante la Justicia el informe de su investigación a Keiko Fujimori, la hija y heredera política de expresidente Alberto Fujimori y líder del partido opositor Fuerza Popular.

Las acusaciones formales también se extienden a su esposo Mark Vito y a varios de sus colaboradores más cercanos, así como al propio partido, para el que solicita que sea “disuelto y liquidado” en caso de resultar condenado por estos delitos.

Este anuncio llega en plena campaña electoral para las elecciones generales del 11 de abril en la que Keiko Fujimori y Fuerza Popular están en contienda y supone la culminación del primer paso legal que puede llevar a la condena de la política y su entorno.

La acusación fiscal establece 19 medidas cautelares contra Keiko Fujimori, mientras dure el proceso judicial y de ser aprobadas por el juez Víctor Zúñiga, algunas de ellas impedirían que la candidata continúe con sus actividades de proselitismo en el interior del país.

Medidas cautelares solicitadas contra Keiko Fujimori:

1) Comparecer al Juzgado cada quince (15) días a efecto de informar de sus actividades.

2) Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con coacusados, testigos y peritos.

3) Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con colaboradores eficaces.

4) Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con coimputados, testigos y peritos en procesos conexos, derivados o especiales.

5) Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con abogados de coacusados en el presente proceso e imputados en procesos conexos, derivados o especiales.

6) Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con jueces, fiscales o procuradores y con cualquier otra autoridad del sistema de administración de
justicia.

7) Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con jueces de la Corte Suprema de la República, fiscales supremos del Ministerio Público y miembros de la Junta Nacional de Justicia.

8) Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) y con cualquier otro funcionario de las entidades del Banco de Crédito – BCP y Scotiabank.

9) Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con funcionarios de las entidades del sistema electoral nacional, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

10) Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con Congresistas de la República.

11) Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con propietarios, apoderados, accionistas, socios, directivos, gerentes e intermediarios de personas jurídicas y empresas sometidas a procesos penales del caso del Club de la Construcción en el Equipo Especial.

12) Prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con propietarios, apoderados, accionistas, socios, directivos, gerentes e intermediarios de los medios de comunicación y medios de prensa televisiva, radial y de prensa.

13) Prohibición de emplear de manera directa o indirecta redes sociales para obstruir y/o entorpecer a la administración de justicia.

14) Prohibición de dar declaraciones o manifestaciones en medios de prensa, medios sociales y redes sociales.

15) Prohibición de ausentarse de su lugar de residencia y prohibición de salir de Lima Metropolitana.

16) Obligación de señalar los inmuebles y/o residencias, así como los propietarios y/o poseedores de éstos, a los que asiste y/o concurre.

17) Obligación de presentarse ante la autoridad judicial y fiscal cuando lo demande.

18) Prohibición de utilizar o emplear a la persona jurídica Fuerza Popular, afiliados, militantes, candidatos, simpatizantes y cualquier persona vinculada para realizar acciones directas o indirectas de entorpecimiento a la administración de justicia.

19) Se dicte una caución de S/. 1 000,000.00 (un millón y 00/100 soles). Asimismo, solicito se dicte la medida de impedimento de salida del país por 36 meses.

RPP


Keiko Fujimori: Por más que un fiscal quiera meterse en la recta final de la primera vuelta, seguiré avanzando con energía

Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, aseguró que continuará “avanzando con energía” en la carrera electoral, pese a que este jueves se difundió que el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, dio por concluida la indagación en su contra y otros, por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

“Por más que un fiscal quiera ahora meterse en la recta final de la primera vuelta, yo seguiré enfrentado esta persecución y avanzando con energía para que juntos podamos superar esta emergencia sanitaria y económica”, escribió en Twitter.

Según el documento enviado al juez de investigación preparatoria, Víctor Zúñiga Urday, difundido hoy por Perú21, José Domingo Pérez notificó hoy 11 de marzo que ha dado por concluida la indagación contra Keiko Fujimori y otros por “la presunta comisión del delito de organización criminal […] con la agravante prevista del delito de lavado de activos en las modalidades de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia”.

Para el Ministerio Público, Keiko Fujimori y otros investigados recibieron aportes ilegales para financiar las campañas de Fuerza 2011, luego conocida como Fuerza Popular, en los años 2011 y 2016. Una de las fuentes habría sido la constructora Odebrecht con un millón de dólares. Otra fuente fue el presidente del grupo Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, quien entregó más de 3 millones de dólares.

Otras agravantes que considera el documento son los delitos contra la administración de justicia por falsa declaración en procedimientos administrativos y obstrucción de la justicia.

Perú 21


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