Inició el juicio contra el presunto autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres

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Juicio contra Castillo es el inicio del juzgamiento contra autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres: COPIHN

En el inicio del juicio contra David Castillo, presunto autor intelectual del asesinato de la ambientalista y defensora de los derechos del pueblo Lenca, Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN) afirmó que este es «es tan solo el inicio del proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen».

Durante la lectura de un comunicado frente a la Corte Suprema de Justicia en la capital hondureña, el COPIHN manifestó que se debe proceder contra los jefes de David Castillo y entonces directivos de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), a quienes identificaron como «los señores Daniel Atala Midence, Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala».

También declararon que los orígenes del asesinato contra Berta Cáceres está en los actos de corrupción con los cuales fue otorgada la concesión del «sagrado Río Gualcarque», actos que se exponen en el caso «Fraude sobre el Gualcarque» del cual el COPIHN sigue estando excluido.

La coordinadora general del COPIHN e hija de la lideresa indígena asesinada, Bertha Zúñiga Cáceres dijo a Criterio.hn que las pruebas contra David Castillo son irrefutables y contundentes por lo que esperan una sentencia condenatoria. Sin embargo, «no queremos que con eso se cierre este proceso de búsqueda de justicia, sino que más bien abra otros procesos contra esas personas que hasta hoy han gozado de la impunidad de parte del Estado».

Zúñiga Cáceres también expresó: «nuestra lucha ha tenido que ver con tratar de disputar la justicia en un país de impunidad, lógicamente sabemos las condiciones que hay, por eso también para nosotras es importante la veeduría que podemos hacer como organizaciones, como comunidad nacional e internacional, ya que sabemos que hay también intereses detrás de este proceso que hoy ha mantenido en la impunidad a los señores Atala Zablah».

El profesional del derecho y miembro del equipo legal de la causa Berta Cáceres, Víctor Fernández, declaró que las pruebas contra Castillo Mejía están en poder del sistema de administración de justicia desde mayo de 2016 y que las mismas «son inmodificables en relación a su participación en el crimen como coautor, como enlace entre los autores materiales del crimen y los ejecutivos de la empresa DESA».

«Reclamamos que el sistema de administración de Justicia tenga la independencia, tenga la determinación de investigarlos, de enjuiciarlos, y de condenarlos en su momento», aseveró Fernández, quien también recordó que «nada de lo que le pasó a Bertita, hubiese sido posible si el sistema financiero nacional e internacional no hubiese financiado el proyecto; y muchos otros crímenes en este país no se hubiesen producido si el sistema financiero nacional, internacional y multilateral no siguiera apoyando este tipo de proyectos».

l profesional del derecho sostiene que hacer justicia a Berta Cáceres es hacerle entender al sistema financiero nacional e internacional, que supuestamente promueve el desarrollo en estos países, que en «en este país promovió un desarrollo que generó una escalada de violencia en el pueblo Lenca, generó una escalada de actos de corrupción que constituyen verdaderas asociaciones ilícitas criminales».

El juicio contra Roberto David Castillo Mejía, acusado del asesinato de la defensora de los derechos humanos y del ambiente, Berta Isabel Cáceres, fue aplazado en once ocasiones debido a recursos interpuestos por su defensa. El proceso inicia hoy martes 6 de abril y está programado que continúe hasta el viernes 30 de abril.

En el quinto aniversario del crimen, el abogado Fernández reiteró que los avances en la causa de Berta Cáceres no son dádivas del sistema de Justicia en Honduras, sino parte de una lucha constante por parte de las organizaciones involucradas en hacerle justicia.

Criterio


COPINH y familia de Berta Cáceres se pronuncian ante inicio del juicio contra David Castillo, coautor del crimen de nuestra compañera.


Oficina ONU para DDHH lamenta exclusión en juicio por crimen de hondureña Berta Cáceres

“OACNUDH lamenta la decisión del Tribunal de Sentencia de no permitir la observación y acompañamiento presencial de la audiencia de la Causa Berta Cáceres. Esta decisión limita nuestro ejercicio efectivo de monitoreo y asistencia técnica a las instituciones nacionales”, criticó la Oficina a través de Twitter.

El juicio contra Roberto David Castillo, exoficial de inteligencia militar que se desempeñaba como gerente general de la empresa DESA al momento del asesinato de la destacada lideresa del pueblo lenca, comenzó el martes con más de tres horas y media de retraso, tras 11 suspensiones.

La Misión de Observación Calificada por la Causa Berta Cáceres dijo que el tribunal retardó el comienzo del juicio porque los responsables no habían presentado al acusado y recordó que “todas partes del sistema de justicia tienen responsabilidad de velar por el cumplimiento de sus funciones para el buen desarrollo del proceso”.

“La Oficina llama a respetar los derechos de familiares de Berta Cáceres y permitir su participación efectiva en el proceso (…) recuerda que los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos son también víctimas y debe garantizarse su derecho de acceso a la justicia”, exhortó la OACNUDH por medio de Twitter.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció además que el tribunal le negó el ingreso a la sala judicial a Laura Zúniga, una de las hijas de Berta Cáceres.

El abogado in fieri (en proceso de graduación) Fabio Lara dijo que las denuncias contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca realizadas por Berta Cáceres tienen hoy a una familia poderosa (los Atala Zablach) en el “ojo del huracán”.

“La absolución de los responsables de su asesinato pondrá a Honduras como país no apto para defender libremente los bienes comunes”, adelantó el jurista en su perfil de Twitter.

Agregó que como la lideresa del pueblo lenca contaba con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Honduras debió extremar las medidas de protección hacia su persona ante las reiteradas denuncias que revelaban la persecución.

La condena a los asesinos es también contra el Estado, puntualizó Lara.

Sputnik


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