A 5 años de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia – Por Alfredo Rada Vélez

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Alfredo Rada Vélez*

El 1 de mayo del 2006 el gobierno de Evo Morales, los movimientos sociales y el ejército tomamos el control de los campos petroleros en Bolivia. Fue un operativo de gran envergadura para sentar soberanía del Estado frente a las compañías transnacionales extranjeras, fijando nuevas reglas y plazos contractuales en un decreto gubernamental aprobado al efecto.

No se trató de una nacionalización de la industria petrolera en el clásico sentido de expropiar la infraestructura y los activos, sino de un proceso de nacionalización del excedente económico generado por la industria petrolera. Esto es muy importante puntualizarlo, ya que en el debate en Bolivia uno de los frecuentes cuestionamientos al gobierno de Evo es que no nacionalizó las empresas ni expulsó a las transnacionales, sino que renegoció los contratos con los que operaban.

No faltan algunos ultraizquierdistas que dicen “no fue una revolución, sino una reforma”. Respondámosles: efectivamente fue una reforma, pero hecha con la fuerza del pueblo movilizado y en ese sentido ¡qué histórica reforma que transformó la economía boliviana!

¿Cuál fue la explicación de esta vía de nacionalización tomada por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS)? El neoliberalismo en Bolivia, desde 1985 y durante veinte años privatizó y extranjerizó las riquezas naturales del país, en ese contexto la empresa estatal del petróleo, “Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia” (YPFB), fundada en diciembre de 1936, quedó reducida a una empresa marginal, residual, administrativa y sin capacidad operativa.

En mayo de 2006, Bolivia no contaba con una empresa estatal en condiciones de asumir directamente el control de la industria y de todos los campos en explotación y exploración. Por esto es que en ese momento se habló de un proceso de nacionalización, no tan sólo de un acto de nacionalización. Visto así como un proceso se decide nacionalizar el excedente económico como el primer paso, pensando que a futuro YPFB se fortalecería a tal punto que entonces sí podríamos nacionalizar la industria.

¿Qué tanto avanzamos en ese proceso? Aunque se puede afirmar que la estatal petrolera boliviana llegó a convertirse con el paso de los años en la empresa más grande del país y una de las más grandes de Sudamérica, el segundo paso de expansión operativa monopólica de YPFB y de nacionalización de toda la industria no llegó a darse.

Los nuevos contratos establecían una transformación radical. Hasta el año 2005 el Estado conservaba el dominio del recurso natural en subsuelo, pero, con las contrarreformas neoliberales efectuadas en el sector, las empresas eran ya consideradas como propietarias del petróleo y el gas producidos. En otras palabras, mientras estaba a miles de metros de profundidad el recurso natural era del país, pero una vez extraído a la superficie, en el punto que los petroleros llaman “boca de pozo”, el hidrocarburo producido pasaba a ser de disposición de la empresa que lo explotaba y que podía comercializarlo pagando un porcentaje de regalías al Estado.

Esa lógica enajenadora cambió completamente con los nuevos contratos, labrados según la Ley de Hidrocarburos de mayo del 2005, que posteriormente sería elevada a mayor rango en la nueva Constitución Política del Estado de enero de 2009. Según la nueva nomenclatura contractual ahora las empresas transnacionales pasan a ser consideradas “operadoras de servicios” por el Estado boliviano que las contrata a través de YPFB.

Los hidrocarburos (petróleo y gas) son de dominio originario del Estado, tanto en el yacimiento de subsuelo como en la superficie, toda la producción es de disposición del país y lo que hace el Estado boliviano es recuperar el monopolio de la comercialización en el mercado interno y el pleno control de la exportación hacia otros países.

De ese monto total comercializado y monetizado, el Estado paga a la empresa transnacional por sus servicios, reconociéndole sus costos operativos y una razonable tasa de utilidad. Es un vuelco total: ya no es la empresa que se apropia del valor total de la producción pagando al Estado las regalías, ahora es el Estado dueño de todo el hidrocarburo producido, lo comercializa y de allí paga por sus servicios a la transnacional.

La nacionalización del excedente económico permitió retener en territorio boliviano gran cantidad de recursos económicos que provenían de la producción de hidrocarburos. En el año 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hizo un cálculo del monto de ingresos que obtuvo el Estado boliviano con esta nacionalización. La cifra es de 37.484 millones de dólares entre los años 2006 al 2019, esta cifra contempla toda la comercialización de los hidrocarburos, regalías, patentes, impuestos directos y otras participaciones.

Fue un verdadero shock de ingresos fiscales para Bolivia. ¿Cuánto pagamos por indemnizaciones, resultado de juicios y arbitrajes internacionales en todos los sectores, no sólo en hidrocarburos? Antes de responder esta pregunta, hay que decir que el capitalismo global tiene una manera de proteger las inversiones y controlar los impulsos soberanistas de los Estados nacionales, que es una Judicatura internacional creada en 1966 y adjunta al Banco Mundial que se encarga de los litigios entre los Estados soberanos y las empresas transnacionales, como si estuvieran al mismo nivel.

Las empresas transnacionales pueden acudir al denominado “Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones” (CIADI) demandando a los Estados nacionales. Eso pasó con Bolivia y el cálculo que se hizo en el año 2019, por la Procuraduría General del Estado, es que, por concepto de indemnizaciones de todas las nacionalizaciones efectuadas en todos los sectores (no sólo hidrocarburos), el país pagó 828.3 millones de dólares. Está absolutamente claro que las nacionalizaciones fueron muy rentables para Bolivia, que recuperó muchísimo más que lo que indemnizó.

La oleada de nacionalizaciones se dio en los siguientes sectores estratégicos: Hidrocarburos, Minería, Energía, Transportes y Comunicaciones. En estos sectores económicos el Estado recuperó una vigorosa presencia directa. Particularmente importante, porque se ha convertido el Litio en un recurso estratégico como resultado de notables avances científicos-tecnológicos a nivel mundial, fue la recuperación del control fiscal (estatal) boliviano sobre las inmensas reservas de este mineral que existen en los salares de Uyuni y Coipasa, en el área occidental andina de Bolivia.

Un proceso de afirmación soberana que comienza al menos desde el año 1990, cuando hubo un conflicto en el departamento de Potosí motivado por la oposición a un contrato entreguista que el gobierno neoliberal de entonces (de Jaime Paz Zamora) pretendía firmar con la “Lithium Corporation”. El Litio se ha convertido en la reserva más valiosa a nivel mundial en el siglo XXI, y países como Bolivia, Argentina, Chile y México lo tenemos en gran cantidad.

Revirtiendo las concesiones privadas, luego tuvimos la posibilidad de emprender la industrialización conformando el año 2017 la empresa estatal “Yacimientos de Litio Bolivianos” (YLB) y acordando un contrato justamente el año 2019 con una empresa alemana que nos garantizaba la transferencia tecnológica, que este es el elemento más importante para nuestros países, ya que así rompemos la dependencia tecnológica.

A estas alturas ya está absolutamente claro que una de las razones del golpe de Estado de noviembre del 2019 contra Evo Morales, fue apoderarse del Litio e impedir que tengamos nuestra propia industria nacional.

Pero en Bolivia no hubo nacionalizaciones en otros sectores estratégicos: Financiero, Comercio Exterior, Agroindustria. Esto lo menciono para que se vea que también la experiencia boliviana no estuvo exenta de ambivalencias y dubitaciones, lo cual tendrá importancia en el devenir político del proceso.

La fracción de clase burguesa más poderosa, la financiera agroexportadora asentada en la ciudad de Santa Cruz, al oriente de Bolivia, se vio obligada a pactar con el gobierno en términos de que respetaba su estabilidad política a cambio de seguridad jurídica, con lo que la cohabitación le permitió seguir acumulando poder económico, hasta el momento en que calculó que ya no necesitaba concertar más con un gobierno de izquierda, pasando a financiar el golpe de Estado.

Esto no borra el enorme paso histórico que dio Bolivia hace 15 años, nacionalizando sus hidrocarburos con cuyos excedentes económicos pudo implementarse un nuevo modelo económico que le permitió generar crecimiento y redistribución de los ingresos.

*Exministro y viceministro durante el gobierno de Evo Morales


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