Los cuellos de botella legales de las personas trans en América Latina y el Caribe – Por Matilda González Gil

555

Por Matilda González Gil*

Mientras intento concentrarme en hacer este artículo sobre criminalización, mil pensamientos con suspiros de quinceañera me desconcentran. Hace poquito volví a un amorcito que siempre me revolcó el corazón. Nos habíamos alejado por la discriminación que hay en contra de las parejas de las personas trans, y por su miedo a pagar el costo que le habría implicado ser libre y amarme, y yo lo había evitado durante varios años aunque mis tripas lo querían a mi lado, mi olfato quería sentir cerca su pecho peludo, mis labios querían estar bailando en los suyos y yo quería comer alitas picantes a su lado viendo Netflix.

Uno de nuestros últimos encuentros fue un día en que nos drogamos con ácidos antes de ir a visitar a mis amigas trans, trabajadoras sexuales, en el barrio Santa Fé. “El Santa Fé” es un barrio en donde, según el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, se permite el ejercicio del trabajo sexual y es un espacio en el que existen realidades como la del microtráfico y hasta dinámicas de conflicto armado interno. Pero es también un lugar con neón y guaracha en donde tengo recuerdos de haber sido libre, feliz y amada. Allí nuestro amor sí era posible y yo quería todo con él. No quería que existiéramos al margen, quería gritarle al mundo que nuestra relación era de las cosas más divinas del mundo y que estaba enamoradísima de ese hombre increíble. Sin embargo, él no estaba listo para eso y mis ganas de vomitar arcoíris, y de hacer bing bang entre nuestros universos, se convirtieron en rencores, rabias y nudos en la garganta. Su espíritu rebelde y de artista estaba encarcelado. Lo dejé por mi bien. Yo merecía más.

Pero ahora que volvimos a vernos algunas de las cosas que nos separaron en un principio habían cambiado. Tomamos cerveza en un lugar público, nos besamos por toda la ciudad y volvimos a dormir arrunchaditos: fue una de las noches más lindas del mundo, simplemente.

Elizabeth F. Emens, en su artículo Discriminación Íntima: El Papel Del Estado En Los Accidentes Del Sexo Y El Amor, habla de cómo las diferentes estructuras sociales, y la ley, terminan definiendo las historias de amor de personas de grupos históricamente discriminados. Por ejemplo, la discriminación en manuales de convivencia de niños trans de los colegios, y la vergüenza que se les inculca a los adolescentes llenos de hormonas desde la religión, la moral y la cultura, termina definiendo quiénes sí tienen derecho a besarse (como si no hubiera un mañana debajo de la bola de luces en la fiesta del Prom) y quienes no.

Así como las leyes impactan los territorios en donde están las personas trans más excluidas de la sociedad, tienen un efecto en la probabilidad de que potenciales mundos se encuentren y se enamoren: si las leyes facilitan que estemos más en cárceles que en universidades, colegios y lugares de trabajo, ¿Cómo va ser posible encontrarnos con nuestras parejas en igualdad de condiciones? Seguimos siendo amores prohibidos porque las leyes que buscan solucionar con cárcel y policía problemas de desigualdad estructurales, tienen un impacto desproporcionado en las oportunidades que tenemos. Por lo tanto, los lugares que habitamos y las personas con las que, como en las películas gringas, nos chocamos en un pasillo por accidente para enamorarnos a primera vista, están determinados por la forma en la que el Estado organiza las ciudades y da privilegios y quita oportunidades a diferentes poblaciones.

Nuestras relaciones siguen criminalizadas de hecho. Nuestros amores aún duelen, son a contra-corriente y hay menos posibilidad de claridad mental, sexual y emocional. Así el papel diga otra cosa, seguimos siendo relaciones prohibidas e indeseables. Somos ejemplo de las “crisis” en los fallidos valores católicos y familiares de burbujas sociales como las de las buenas familias manizalitas. Nuestras relaciones tienen que surtir más obstáculos emocionales y nuestro placer tiene más prisiones que dinamitar para lograr permear las capas y capas generacionales de represión, asco y vomitos culturalmente inculcados.

Hacernos el amor es un delito social con consecuencias familiares y manipulaciones emocionales que terminan tatuadas en las enredadas cabezas de nuestras potenciales parejas: el miedo es efectivo para no liberarse de sus árboles genealógicos, pero también para nunca encontrarse con ellos mismos del todo. Las normas legales y sociales pueden incapacitar a los pajaritos para que nunca salten del nido. ¿Podrá ¨King Kong¨, como lo explicaría la feminsita Virgine Despentes, liberarse y volver a su lugar más salvaje y auténtico para ejercer su derecho inalienable a explorar el sexo, el amor y la vida?

Aún en nuestro nuevo reencuentro, las sombras, voces y expectativas de nuestras raíces siguen estando presentes. Nos alejan y se resisten a este encuentro magnético que el universo ha dispuesto. ¿Seremos capaces de emanciparnos por completo de esas cadenas para poder ejercer nuestro derecho a explorar esto que sentimos, tal y como nos lo dictan nuestros espíritus? ¿Podrá existir nuestra relación en todos nuestros minimundos para saber, finalmente, si esto no funcionó hace años porque era un amor prohibido o si, definitivamente, nuestro amor y deseo nunca fue lo suficientemente fuerte para para que esto floreciera a pesar del tóxico ecosistema?

Los antecedentes de la criminalización de personas trans

La criminalización es un proceso complejo que resulta en leyes que consideran las identidades trans, o sus prácticas sexuales, como un delito. Los Estados modernos, por ejemplo, se fueron formando a partir de procesos de colonización que instituyeron y legitimaron legalmente, a la fuerza, prácticas sociales y culturales genocidas de eliminación de todo lo que se opusiera a la nueva cultura impuesta, acabando con diversidades sexuales y de género ancestrales. Cada vez hay más investigación sobre comunidades indígenas que tenían más de dos géneros (pueden aprender más del tema en el twitter de la amiga @laantropologue) y fue después de los procesos de colonización que este tipo de identidades se empezaron a considerar peligrosas para la nueva imposición de género binaria: hombre o mujer.

Las leyes que criminalizan el sexo entre adultos del mismo sexo en los países del Caribe, son herencia directa de la cultura legal de los países colonizadores. Igual que la diversidad sexual y de género, que también fue intencionalmente borrada durante el genocidio que buscaba una nueva “lógica cultural”. Pero bueno, tampoco se trata de romantizar el género en las comunidades indígenas. Se trata de entender que el género es una categoría que ha cambiado a través de la historia y las culturas.

Cuellos de botella legales en América y el Caribe

Según el informe Mapeo Legal Trans investigado en el 2019 y publicado en el 2020 por ILGA, del cual soy coautora, son cinco los “cuellos de botella” legales que criminalizan, de forma directa e indirecta, a las personas trans de América Latina y El Caribe. Cinco tendencias legales en la región que no sólo condicionan nuestras historias de amor y sexo, sino que determinan nuestro acceso a la educación, el trabajo y el derecho a definir, como nos de la gana y sin hacerle daño a nadie, nuestros proyectos de vida.

Estas tendencias nos alejan de hogares comprensivos, llenos de amor y libertad, y nos marginan a camas clandestinas en donde el amor está o prohibido, o limitado. Nos excluyen de universidades y lugares de trabajo para mantenernos en economías altamente criminalizadas y nos obligan, por razones morales, a vivir escondidas y con vergüenza y, en vez de darnos oportunidades para salir adelante, nos empujan desde la ley a tener contacto constante con policías que nos extorsionan, violan y matan. Por eso es importante que tanto les activistas como las organizaciones trans y de derechos humanos, y todes quienes consideren la cárcel como una estrategia fallida que solo tiende a encarcelar a los sectores más excluidos de la sociedad, las tengamos en cuenta en nuestras agendas políticas.

Desde un punto de vista jurídico, estas leyes no parecen enfocarse en personas trans, no a simple vista, pero que en su aplicación tienen un efecto desproporcionado, directo e indirecto, en los territorios en donde las personas trans más pobres viven y trabajan. Sin embargo, no es únicamente un proceso legal. Es complejo, porque los estereotipos que hay en la cultura popular permean el derecho y viceversa: en varias telenovelas, series y películas las personas trans son retratadas como delincuentes, peligrosas, por ejemplo, o como personas que engañan con “disfraces” para evadir a la justicia o inducir sexualmente a hombres a tener sexo en contra de su voluntad. Y es así que es difícil separar el derecho de la cultura y la sociedad, porque funcionan como una red en donde cada hilo influye y hace parte del otro. El derecho es producto de una cultura y una sociedad, y la cultura y la sociedad, a su vez, se van moldeando a partir de cómo se diseñan las leyes.

Las cinco leyes:

1. Leyes que penalizan el sexo consensuado entre adultos del mismo sexo (Caribe)

2. Leyes que (directa o indirectamente) criminalizan el trabajo sexual o donde hay ambigüedad en su regulación.

3. Las leyes de “moralidad y buenas costumbres” y los reglamentos de espacio público que definen el ordenamiento territorial y los usos del suelo.

4. Leyes de estupefacientes

5. Leyes de control de identidad aplicadas por la policía.

En Uruguay y Colombia se identificaron casos recurrentes de uso de normas sobre espacio público para desplazar forzosamente en contextos urbanos a trabajadoras sexuales trans. Es frecuente en la región, que la regulación del uso del suelo exija ejercer el trabajo sexual en espacios donde hay dinámicas de microtráfico, grupos armados y hasta de conflicto armado interno. Las leyes de estupefacientes se usan para criminalizar indirectamente a las personas trans en Bolivia, Colombia, República Dominicana y Ecuador. En varios de estos países es frecuente encontrar violaciones al debido proceso y quejas de fabricación de pruebas falsas si no se realizan favores sexuales a agentes de policía. Además, se identificó que uno de los delitos más comunes por los cuales las personas trans se encuentran en la cárcel, es por delitos de drogas.

Varias organizaciones han señalado la política de drogas en América como una política fallida por sus costos, efectos casi nulos, y por el aumento que causa de la población carcelaria (considerándose incluso como una de las causas de la crisis carcelaria en la región). Cuando miramos con detenimiento a quiénes están encarcelando por este delito, encontramos poblaciones pobres, y de grupos históricamente discriminados, como la población trans, sobrerrepresentada al interior de las cárceles.

Por otra parte están los códigos de moral, buenas costumbres y convivencia, junto con las políticas de espacios públicos, que son usados con frecuencia contra las personas trans en Chile, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Perú y Venezuela. Asimismo, las leyes de control o verificación de la identidad, es decir, facultades policiales que les permiten solicitar -sin orden previa de la fiscalía o de una sentencia- la identificación a cualquier persona.

Pero también hay razones para ver el vaso medio lleno. En Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay se encontraron estrategias legales creativas llenas de esperanza y emoción, que buscan hacer frente a la criminalización de personas trans mediante reformas legales y reconocimiento de reparaciones. Veamos algunos ejemplos:

Argentina, la creativa del grupo

De acuerdo al informe, 18 de 24 provincias de Argentina penalizan con multas, o con arresto de hasta 30 días, la oferta de servicios sexuales en calle y 12 provincias tienen decretos prohibitivos de cabarets, casas de prostitución, bares, discotecas y lugares privados en los que se ejerce el trabajo sexual. Estos decretos han sido frecuentemente utilizados para que la policía realice detenciones argumentando “averiguación de identidad”. Asimismo, se reportan personas trans con numerosos casos presentados en su contra por delitos de estupefacientes y de trata de personas, en contextos de redadas policiales en las cuales las personas trans son maltratadas, intimidadas, amenazadas, requisadas y desnudadas forzosamente por parte de policías hombres y de terceros, incitados por los agentes. También se han identificado casos de desplazamientos forzosos urbanos por medio de gobiernos municipales que han aplicado políticas de “relocalización” con el fin de desplazar a las trabajadoras sexuales.

La Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, prohíbe cualquier conducta que facilite o promueva el trabajo sexual de otras personas, mayores o menores de edad, medie o no el consentimiento de la persona involucrada. Permite ejercerlo, únicamente, “en tanto actividad autogestionada”. Por lo tanto organizaciones de trabajadoras sexuales han denunciado que el efecto de una ley como esta, que confunde trata con trabajo sexual, es que dificulta que las trabajadoras sexuales se organicen y trabajen de forma colectiva, dado que se criminalizan todos los lugares donde se puede ejercer.

En el 2009, la Corte Suprema resolvió que la tenencia de drogas para uso personal no podía ser criminalizada cuando ésta no supone un riesgo real para quien la porte o para los demás. Sin embargo, la sentencia fue redactada de forma muy amplia y sin ser vinculante para tribunales inferiores, de tal modo que los jueces continúan procesando a los consumidores de drogas.

En Abril del 2018, cinco mujeres trans fueron acusadas de vender droga. En un vuelco inesperado de la narrativa legal y cultural sobre las personas trans como criminales consagradas por naturaleza, un Fiscal sensible y creativo solicitó que el caso fuera desestimado por la “vulnerabilidad estructural” de las vidas de las mujeres trans. Casi un año después, el mismo Fiscal volvió a solicitar que se desestimara un caso contra una mujer trans migrante del Perú a la que se le acusaba de vender droga. Ser migrante en Argentina, al igual que en muchos países de latinoamérica, constituye en sí mismo una etiqueta prejuiciosa de peligrosidad: en el 2016 un juez condenó a una mujer trans a 5 años y 3 meses de prisión por tener sólo 1,5 gramos de cocaína. Sin embargo, y marcando otro precedente espectacular, Argentina suspendió al juez que conoció del caso y podría incluso destituirlo si logra probar que la pena fue agravada por su identidad de género o estatus migratorio.

Luego, en noviembre del 2020, Argentina dió un paso en la dirección correcta y legalizó el autocultivo de marihuana para uso medicinal. Si bien sigue siendo una medida insuficiente para que las poblaciones más discriminadas dejen de ser encarceladas masivamente, cada pequeña banderita y victoria en la legalización de las drogas hay que celebrarla y destacarla.

Belice, la pionera

En varios países del Caribe se encuentran Códigos Penales que consideran un delito las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo (como resultado de la herencia de normas de los países que les colonizaron). La prohibición está dirigida específicamente a hombres gay, pero en la práctica también se ha reportado su uso en contra de personas trans y sus parejas. En el 2016, Belice empezó a liderar un cambio en la región y en el caso Orozco v. Attorney General of Belize, la Corte Suprema eliminó la prohibición del Código Penal al considerar que va contra la dignidad del demandante y de la Constitución de Belice.

Bolivia, la que logró conciliar la prevención de la trata con la regulación del trabajo sexual

Aunque organizaciones de la sociedad civil reportan que la tenencia de drogas es usada como excusa para hostigar a trabajadoras sexuales y sus clientes, en ocasiones con montajes y acusaciones falsas, también se reportó una iniciativa que podría constituir una buena práctica con respecto al trabajo sexual, resultado de una iniciativa de varias organizaciones de sociedad civil y de un proceso de consulta a 20 instituciones estatales: en el 2018, en La Paz, se aprobó una ley municipal para regular los espacios donde se ejerce el trabajo sexual autogestionado. La ley establece que la municipalidad debe otorgar una autorización con el fin de prevenir “el tráfico, la explotación sexual y el proxenetismo”.

Chile, donde a las personas trans las encarcelan por “locas” y las violan por protestar

Según informes de la sociedad civil, los delitos contra “la moral y las buenas costumbres” se usan para criminalizar a mujeres trans en Chile. Adicionalmente, se reporta que Chile es un destino final de drogas y, aunque se sabe que las mujeres trans son recurrentemente arrestadas por este delito, no se cuenta con cifras que lo demuestren. También, es común que, una vez encarceladas, a las personas trans se les mantenga en lugares reservados para los “dementes”.

Con respecto al trabajo sexual, organizaciones informan que hay ambigüedad en su regulación ya que no se criminaliza el trabajo sexual pero sí el tráfico. Entonces, en la práctica, la policía y el sistema de justicia perfila tanto a las que trabajan a puerta cerrada como a las que lo hacen en la calle, argumentando en ambas ocasiones que se trata de tráfico, usando normas sobre “la moral y las buenas costumbres” y otras leyes que ni siquiera siguen vigentes. Asimismo, es frecuente que se utilice la tenencia de drogas como excusa para aplicar la verificación de identidad de las personas trans, dando partida a muchas otras formas de violencia institucional como: detenciones forzosas, allanamientos intempestivos, maltrato y violencia física, tortura psicológica, reclusión solitaria, detenciones ilegales, sobornos, discriminación racial, violencia sexual y extorsiones de sexo a cambio de la libertad. En la oleada de protestas que se presentaron en Octubre del 2019, una activista trans denunció que fue violentada y particularmente castigada por la policía, incluyendo violencia sexual, por el hecho de ser una mujer trans.

Colombia, la que saca excusas leguleyas para no proteger los derechos trans

Colombia es uno de los pocos países que registra la variable LGBTI y que ha realizado, aunque deficientemente, una caracterización de las personas LGBTI que se encuentran privadas de la libertad. Los números bajos pueden relacionarse con la falta de información para llenar formularios con la variable LGBTI, aún más en territorios diferentes a la Capital del país, pero las cifras nos dan un diagnóstico parcial relevante de la proporción del problema. En el 2019, la Fiscalía informó que 19 personas LGBTI fueron condenadas así: 1 por daño a la propiedad ajena, 2 por narcótico, 1 por extorsión, 6 por asesinato, 7 por robo y 2 por daños personales. También reportó un total de 442.038 condenas por narcóticos, asesinato en primer grado, robo y daños personales, de las cuales 14 eran a personas LGBTI. Pero los números varían considerablemente con respecto a un documento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) del 2016: En 2012, de 815 personas que se identificaron como personas LGBTI, 102 se identificaron como trans (38%). Organizaciones informaron que en el 2017, de 75 casos registrados de violencia policial, 35 fueron contra personas trans y 17 contra trabajadoras sexuales. Los informes también indican que la mayoría de denuncias no fueron investigadas de manera adecuada o simplemente no se abrieron investigaciones formales.

Según activistas trans que son trabajadoras sexuales en Bogotá, la policía utiliza el “exhibicionismo” para multarlas y las golpea si se salen del “espacio definido” (de acuerdo a las normas sobre el uso del suelo) para ejercer el trabajo sexual. También se usa la verificación de la identidad como excusa para iniciar otras formas de violencia institucional. Aunque desde 1994 la posesión de drogas para uso personal se considera un derecho fundamental en Colombia, el actual gobierno ha generado bastantes obstáculos para la materialización de dicho derecho, dentro de los cuales expidió un Decreto que buscaba limitar el consumo personal con medidas policivas. En Julio de 2020 el Consejo de Estado decidió sobre una demanda interpuesta por una Congresista que buscaba la nulidad del Decreto por considerar que la Policía no tenía la capacidad de “procurar la rehabilitación de adictos y garantizar su derecho a la salud con acciones ajenas al tratamiento punitivo”. El Consejo no lo anuló, pero condicionó su validez a que el consumidor demuestre que es para uso personal y siempre y cuando no “traspase la esfera íntima”.

A pesar de que, en el 2016, la Corte Constitucional estableció que las autoridades policiales no pueden ampararse en “políticas de recuperación del espacio público” y en los Planes de Ordenamiento Territorial para discriminar el trabajo sexual, una organización reportó que la implementación del fallo ha sido débil porque no se han sentido ampliamente consultadas. Una funcionaria pública fue intimidada por la Procuraduría por intentar implementar políticas públicas para trabajadoras sexuales durante la pandemia y se reportó que la policía, en ciudades pequeñas, dice que dicho fallo no es vinculante por ser un caso particular fallado mediante tutela y no una sentencia de Constitucionalidad.

Cuba, donde ser trans equivale a ser peligrosa

Medios locales con portales en internet denunciaron redadas policiales para evitar que personas trans transiten zonas “proclives a la prostitución” en las cuales pueden ser multadas, detenidas o desplazadas a estaciones de policía. Algunas trabajadoras sexuales trans informaron, por ejemplo, que han recibido multas por tener anestésicos locales utilizados para el sexo anal, bajo el argumento de que son sustancias psicotrópicas estimulantes. Al día siguiente a las detenciones, son liberadas y amenazadas con no volverse a “vestir de mujer”. Si después de recibir estas amenazas, continúan expresándose como les nace, son clasificadas en “estado peligroso por conducta antisocial” y esta etiqueta puede llevarlas posteriormente a ser clasificadas como “propensas a cometer delitos” en virtud de medidas de “seguridad pre-criminales” del Código Penal.

Ecuador, esa que te hará pagar las cuentas

En Ecuador la sociedad civil se organiza para pedir reparaciones por la criminalización de personas LGBTI y demuestra esperanza e innovación en iniciativas legales y comunitarias para enfrentar la criminalización que aún enfrentan trabajadoras sexuales trans. La Ordenanza reglamentaria del 2014, que aplica en el centro de Guayaquil, por ser “zona de regeneración urbana”, es usada para perfilar trabajadoras sexuales trans. Sucede así, particularmente, cuando las personas trans simplemente caminan por dichos espacios o cuando ejercen el trabajo sexual (incluso cuando lo hacen de manera discreta). Esta ordenanza es usada por la policía municipal, metropolitana y nacional para justificar la recurrente violencia contra personas trans. Además, bastantes personas trans se encuentran en prisión por delitos de drogas.

En el 2019, organizaciones presentaron una demanda contra el estado por violencia institucional hacia personas LGBTI cuando la homosexualidad estaba penalizada antes de 1997: Más de 100 personas fueron arrestadas antes de 1997 y decenas de personas trans fueron víctimas de tortura y tratos inhumanos. Desde el 2002, el proyecto Transgender Project hace “activismo paralegal en las calles” con trabajadoras sexuales trans, usando patrullas legales itinerantes con el fin de prevenir la violencia policial mediante la información de derechos para evitar las detenciones arbitrarias, mediar en conflictos e intervenir en casos de discriminación en el acceso al derecho a la salud.

El Salvador, Don Moralismo

En El Salvador se usan disposiciones penales sobre “exhibiciones obscenas” y “actos contrarios a las Buenas Costumbres y al Decoro Público”. Los jueces cuentan con amplia discrecionalidad para su aplicación, lo que, de acuerdo a activistas del país, es usado para imponer las sanciones más graves a personas trans.

Honduras, la de las palabras vacías

En Honduras, la Ley de Policía y Convivencia Social permite arrestar “vagos” (expresión que incluye “mendigos sin patente, rufianes, prostitutas ambulantes, drogadictos, ebrios y tahúres”) y a quien “atente contra el pudor, las buenas costumbres y la moral pública.” Los términos terminan siendo cajas vacías abiertas a la interpretación de cada oficial de policía, ya que ni la ley ni la jurisprudencia los define ni da parámetros interpretativos. En la práctica, esto permite y facilita la violencia policial y las detenciones arbitrarias. Un estudio con 35 personas trans reveló que “casi todes les entrevistades habían sufrido hostigamiento o violencia física por parte de la policía local, con frecuencia usando la Ley de Policía y Convivencia Social como pretexto”. También se reportan graves violaciones a los derechos humanos, desde el golpe de estado de Honduras en 2009. Por ejemplo, una prisión clandestina utilizada por la policía para “desaparecer” ciudadanos, incluidas las personas trans.

Perú, donde una mujer trans le ganó el pulso al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En Perú, es frecuente que la policía use las facultades otorgadas por la Ley de Policía Nacional para pedir “la identificación de personas con fines policiales”, para “requerir la presentación de documentos de identidad personal” así como la legislación penal de “Faltas contra las buenas costumbres”, que incluyen “hacer a un tercero proposiciones inmorales o deshonestas”, entre otras.

Desde sociedad civil se denuncia que la policía desplaza a trabajadoras sexuales de las calles argumentando “erradicar la prostitución como acto inmoral”. Asimismo, parece existir una doble moral en cuanto a la diferenciación entre trata y trababjo sexual, especialmente cuando se trata de personas trans. Por un lado, se utiliza la excusa de que se están presentando delitos relacionados con la trata para justificar operativos policiales contra mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, mientras que, por el otro, desde 2010 a 2017 la policía reportó haber rescatado a 2.781 víctimas de trata de personas, de las cuales ninguna era trans.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Azul Rojas Marín y su madre en contra de Perú, ya que Azul Rojas había sido privada de su libertad de manera ilegal, arbitraria y discriminatoria, con base en la facultad de verificación de la identidad. Azul Marín, que hoy se identifica como trans, en la época se identificaba como hombre gay y fue víctima de violencia psicológica, física y sexual. En marzo de 2020 “la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la detención fue ilegal… pues no cumplía con los requisitos legales de la detención por control de identidad… y los elementos de la causa apuntaron claramente hacia la existencia de trato discriminatorio por razones de orientación sexual o expresión de género… a Rojas nunca se le informó por qué motivo se la detenía”.

República Dominicana, donde las trabajadoras sexuales son el saco de boxeo de la policía

En un estudio realizado en República Dominicana se evidenció que el 80% de las trabajadoras sexuales trans habían sido arrestadas por lo menos una vez, y el 36% dijeron que habían intercambiado sexo a cambio de no ser detenidas. Organizaciones y activistas reportan que la policía constantemente viola, golpea y humilla a las trabajadoras sexuales trans y también las perfila y criminaliza indirectamente, ya que parecen ser el objetivo principal del abuso policial, allanamientos arbitrarios, intimidación y maltrato. Adicionalmente, se usan las leyes de drogas y las que hacen referencia a la “moralidad” y las “buenas costumbres” de forma selectiva contra personas trans.

Uruguay, donde hay avances en reparaciones hacia personas trans criminalizadas pero se escucha a los clientes y no a las trabajadoras sexuales para regular su trabajo

En Uruguay la ley establece que está autorizada “la oferta de trabajo sexual en zonas especialmente determinadas… o similares que hayan obtenido la habilitación correspondiente”. La ley sí cambió la situación en las ciudades grandes, ya que no es común que la policía desplace a mujeres, pero activistas intuyen que es posible que esto siga ocurriendo en ciudades más pequeñas. Activistas del trabajo sexual critican la ley existente porque consideran que está redactada desde la perspectiva del cliente y los dueños de los establecimeintos donde se ejerce. Sólo vincula a los Ministerios de Salud Pública y del Interior y no incluye lugares privados ni internet. También denuncian que son estigmatizadas porque son obligadas a portar una ficha expedida por el Ministerio del Interior “exponiéndolas como delincuentes”.

Uruguay también cuenta con una Ley Integral Trans que permite que personas trans, nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, que fueron criminalizadas por el hecho de ser trans, tengan acceso a un régimen de reparaciones: “que acrediten en forma fehaciente que por causas relacionadas a su identidad de género, fueron víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad, habiendo sufrido daño moral o físico, así como impedidas del ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes sin serlo hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos”. En Argentina, desde hace varios años se trabajó una propuesta de Ley que buscaba lo mismo. En la práctica, la discusión sobre las reparaciones a personas trans criminalizadas también parece ofrecer soluciones prácticas y realistas a personas trans que son adultas mayores y que, por la criminalización y discriminación estructural, se encuentran en graves situaciones de pobreza extrema y salud mental.

Venezuela, Doña Moralisma

En Venezuela se reportó el uso del libro tercero del Código Penal, “De los actos contrarios a la decencia pública”, para legitimar la violencia institucional y perfilar a las personas trans.

¿Será posible un final feliz?

Legalizar las drogas, regular el trabajo sexual, reducir facultades de la policía, abolir los delitos que criminalizan el sexo consensuado entre adultos del mismo sexo y sacar el moralismo de la ley son algunas de las reformas que necesitamos para reducir la criminalización y violencia policial contra las personas trans. Para que las personas trans, y nuestras parejas y familias, podamos vivir libres y felices. Sin estas reformas legales los accidentes del amor para las personas trans serán más improbables, y tenemos derecho a sentirnos acogidas en nuestras sociedades.

A modo más general, debemos pensar en políticas críticas que transformen lo estructural y lo personal: políticas travestis. Dean Spade, un activista y académico trans, habla de políticas trans críticas que reconozcan que la ley tiene un origen colonialista, y por lo tanto, es recontra facho. En otras palabras, que el Estado y el derecho son los principales productores de violencia y exclusión hacia personas de grupos históricamente discriminados. Marlene Wayar, otra teórica trans espectacular, habla de una teoría travesti para todo el mundo, que consiste en aceptar que todo el mundo tiene una otredad, una rareza que poco a poco la adultez va cercenando. Marlene también defiende la idea de que su teoría travesti es para todo el mundo y no sólo para personas trans porque considera que ser trans implica una ética autoimpuesta de considerar el Yo como la primera obra de arte: el arte de construir la mejor versión de nosotros mismos.

Y como sigo pensando en mi amorcito, el más divino del mundo, no dejo de pensar en que la estructura tuvo el 50% de la responsabilidad sobre nuestra ruptura hace más o menos cuatro años. Pero tampoco dejo de pensar que el otro 50% siempre estuvo en su cancha. Fue su valentía de encontrarse con sigo mismo, su fortaleza de enfrentar a sus papás para decirles que era bisexual, su salto al vacío de ignorar la vergüenza que por tantos años le tallaron en su cuerpo y el paso gigante de darme besos en las calles de la ciudad que tanto nos quiso en las márgenes, lo que facilitó este nuevo reencuentro.

Soy de las que creo que nos entendemos menos poderosos de lo que en realidad somos y que siempre, a pesar de las rudezas de las estructuras, vamos a tener la posibilidad de transformar la realidad y de ser en alguna medida responsables por nuestras decisiones. Por lo tanto, son tan importantes los derechos reconocidos en el papel como es la fuerza del corazón para poder ejercerlos, haciendo que estas historias de amor improbables puedan existir en una sociedad que ha avanzado, pero en donde aún cuesta salirse de la raya para pintar la vida.

Entonces, con Enamorada e Imán de Miranda! como música de fondo, pienso que sí, que la transfobia y la bifobia y la injusticia social son una mierda, pero que es posible el cambio cuando la revolución empieza de adentro hacia afuera. Sólo construyendo la mejor versión de nosotros mismos podemos construir sociedades incluyentes en las que yo no sienta la necesidad de bloquear lo que siento por sus cachetes rojitos después de besarnos.

Después de años de lucha por el reconocimiento de la autodeterminación como la única prueba para cambiar el nombre y el sexo/género en los documentos de identidad, parece que la criminalización directa e indirecta de las personas trans puede ser el siguiente punto en la agenda. Históricamente, las organizaciones (que son felices pidiendo plata a nombre de personas trans, pero que rara vez tienen personas trans en sus organizaciones, o al menos no en lugares con poder de decisión real) le han hecho el quite al tema del trabajo sexual porque la financiación y la cooperación muchas veces se niega a invertir en este tipo de derechos. Con respecto a la violencia policial, hay varias denuncias y datos en informes, pero poco trabajo de base con las personas que directamente enfrentan la criminalización. Adicionalmente, hablar de política de drogas es visto con malos ojos porque daña la narrativa de normalidad que tanto costó construir para lograr el matrimonio y la adopción igualitaria.

¿Podremos superar nuestro moralismo, las fracturas dentro de los movimientos con respecto al trabajo sexual y conciliar el trabajo comunitario con el trabajo legal para que no se sigan perdiendo vidas en el absurdo sistema carcelario?

Casi todo, casi siempre, puede cambiar. Esto puede durarnos o acabarse pronto, pero esta vez este encontrón de universos -imperfectos como todo en la vida- se siente diferente y lleno de esperanza: un presente con menos cadenas y miedos, un momento con varias ventanas de oportunidad para florecer. Un juego en el que nada está asegurado, pero con reglas más justas y claras. Como dice Buen Día de Miranda!:

Ahora todo está raro

La noche nos ha juntado

El tiempo se ha congelado

Se ha colgado de los dos

Te ruego no retrocedas

Espero que al menos veas

La vida nos ilumina

La noche no se acabó.

Volcánicas


VOLVER

Más notas sobre el tema