Juez ordena detener a otro candidato presidencial opositor por “atentado contra la sociedad”

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Juez impone cárcel a Arturo Cruz por 90 días, audiencia se realizó sin sus abogados

El aspirante opositor presidencial Arturo José Cruz Sequeira estará 90 días detenido arbitrariamente bajo investigación por supuestamente atentar contra la “sociedad” nicaragüense de conformidad con la Ley No. 1055 “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” .

En una nota de prensa, el Ministerio Público informó que se presentó solicitud de ampliación a 90 días del plazo para investigar “Arturo José Cruz Sequeira, quien está siendo indagado por la Policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.

Según la institución, Cruz fue puesto a la orden del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencias, dentro del plazo constitucional de las 48 horas para la realización de la audiencia especial de tutela de garantías constitucionales. “La judicial admitió en la audiencia la solicitud del Ministerio Público, ampliando el plazo para la detención e investigación hasta los 90 días”, reza el comunicado

La fiscalía sostiene que la detención se realiza de conformidad con el artículo 253 bis de la Ley 1060, Reforma y Adición al Código Procesal Penal, “la ampliación del plazo para la investigación y detención judicial por la gravedad y complejidad del delito denunciado, como es el delito de provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional; y porque existe la probabilidad de que el investigado pueda obstaculizar el proceso”

Recurso exhibición

Un recurso de exhibición personal a favor del precandidato a la Presidencia de Nicaragua por la oposición Arturo Cruz, quien se encuentra detenido desde el sábado pasado, fue presentado este lunes ante los juzgados de Managua, informó su defensa.

El abogado Elton Ortega explicó a periodistas que presentó esa acción legal debido a que ya se ha vencido el plazo de 48 horas que establece la Ley para que el Ministerio Público presentara ante los juzgados una acusación formal contra Cruz, exembajador nicaragüense en Estados Unidos.

“No ha sido traído a los juzgados (de Managua), no hay acusación presentada en su contra, y no sabemos por qué delito” está detenido el aspirante presidencial desde el sábado pasado, indicó el letrado, que calificó el caso como “irregular” .

“La irregularidad es que ya se vencieron las 48 horas (después de su detención) y no ha sido presentado” ante los juzgados de Managua, puntualizó.

Cruz, de 67 años y que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Daniel Ortega entre 2007 y 2009, fue arrestado el sábado pasado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, cuando regresaba de una gira por Washington, según informó el Ministerio Público.

En esa gira, Cruz declaró su convicción de que Nicaragua será suspendida de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que será apartada del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta) y que el Congreso estadounidense aprobará la Ley Renacer para sancionar al círculo de Ortega.

El Ministerio Público y la Policía Nacional explicaron que Cruz es investigado por supuestamente violar la “Ley de defensa de los derechos del pueblo y a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”, que lo inhabilitaría a aspirar a cargos públicos.

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Cristiana Chamorro cumple cinco días de arresto domiciliario y aislada

Por Keyling T. Romero

La precandidata a la presidencia Cristiana Chamorro cumple este lunes cinco días de arresto domiciliario y de completo aislamiento, impuesto por la juez orteguista Karen Chavarría Morales. “La condición de Cristiana no ha cambiado, continúa en una situación de secuestro, así es como la podemos catalogar, incomunicada totalmente”, denunció su abogada defensora, Orieta Benavides.

“Me he presentado a su vivienda para poder entrevistarme con ella y me ha sido negado”, añadió la abogada.

La Policía Nacional allanó el pasado 2 de junio la casa de Chamorro, quien es acusada de los presuntos de “gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”, a través de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), que dirigió hasta febrero pasado.

Según la defensora, han hecho solicitudes por escrito para que permitan conversar con Cristiana Chamorro, pero hasta este viernes no hubo respuesta. Incluso, el caso no aparece en el sistema en línea. La única diligencia que aparece es la acusación que presentó la Fiscalía y la convalidación por parte de la Policía Nacional para el allanamiento.

“No hay ningún proveído a la petición que hizo esta defensa de poder entrevistarme con ella, de poder verla y de poder estar notificada de todas las diligencias. Sencillamente no hay nada más registrado, y tampoco se nos ha permitido el archivo del expediente en el Archivo Judicial. Todavía el día viernes hicimos el intento y no se nos ha permitido ver en físico el expediente, por lo tanto desconocemos qué actuación tienen registrada hasta ahora”, detalló Benavides en una entrevista con el programa Esta Semana.

Explicó que es ilegal llevar el caso de forma secreta porque “los proceso secretos no existen en el nuevo procedimiento penal”. “Los juicios y audiencias deben ser orales, grabadas y todos los derechos del acusado se tienen que respetar. Incluso, hasta ahora se desconoce si la acusación ante el sistema judicial es por los mismos delitos que levantó el Ministerio Público”.

Expediente de extrabajadores

De acuerdo a la defensora, el expediente de los extrabajadores de la FVBCh, Walter Gómez y Marco Fletes, que fueron arrestados el pasado 28 de mayo, tampoco aparece en el sistema en línea del Poder Judicial. Se sabe que están detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “el nuevo Chipote”, pero ni su familia ni sus abogados han podido verlos.

“Sabemos que están en Auxilio Judicial porque sus familiares han llegado y les han dejado los alimentos, pero tampoco les han permitido visitas, están totalmente incomunicados. No sabemos del estado de salud de ellos; uno de ellos tiene un problema crónico de salud, que ya le ha sido presentado a la judicial”, explica la abogada.

Según informaron vecinos de la casa de Cristiana Chamorro, desde que fue puesta en arresto domiciliario han percibido a varias personas ajenas a la Policía Nacional que han estado llegando al inmueble y presumen que una de ellas es la jueza que lleva el caso, Karen Chavarría, cuya fotografía circula en las redes sociales.

Inhabilitación para Cristiana

La precandidata fue inhibida a postularse a cargos públicos, el pasado 1 de junio. Según la Fiscalía, Chamorro fue vetada por ser investigada por los supuestos delitos. Sin embargo, la abogada explicó que esto no procede porque solo un juez, tras concluir un proceso legal, puede ordenarlo.

“Recordemos que la inhabilitación para cargo público es únicamente una consecuencia que tiene de un proceso que ya concluyó, es decir, que se encuentra contenido en una sentencia como una pena principal o una pena accesoria. Hasta este momento no sabemos que exista una declaración oficial de inhabilitación para Cristiana y por lo tanto debemos suponer, de que ella se encuentra aún en pleno goce de todos sus derechos”, subrayó.

Además de Chamorro, el precandidato Arturo Cruz también está bajo arresto. Cruz fue detenido la mañana de este sábado en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, cuando regresaba de un viaje personal. Mientras, el precandidato de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Félix Maradiaga, recibió una citatoria de la Fiscalía para que se presente este martes. La cita no detalla la causa.

Según expertos legales y analistas políticos, consultados por CONFIDENCIAL, los otros precandidatos: Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena, de la Alianza Ciudadana, y Miguel Mora, en el PRD (despojado de su personería jurídica) están expuestos a las leyes inhibitorias; en un golpe de la dictadura por eliminar la competencia electoral.

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