Nicaragua | La Corte IDH pide al gobierno la liberación inmediata de los opositores presos

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Contexto de Nodal
El domingo 7 de noviembre de 2021 Nicaragua celebrará elecciones generales, donde el presidente Daniel Ortega busca la reelección por cuarto mandato consecutivo. En este marco, la policía nicaragüense detuvo desde el 2 de junio a más de 15 opositores, entre los que se encuentran cinco precandidatas y precandidatos a presidente. Estados Unidos, la Unión Europea, ONU, OEA y organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación y pidieron por la liberación de todas las personas apresadas para garantizar elecciones libres. Por su parte, el gobierno afirma que las detenciones se dan en el marco de la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz (Ley N° 1055) promulgada en diciembre de 2020, que afirma que “todos los que lesionen los intereses supremos de la nación” no podrán optar a cargos de elección popular y se les iniciará acciones penales.

Corte IDH brinda medidas provisionales a cuatro opositores detenidos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) resolvió este 24 de junio solicitar al gobierno de Nicaragua la adopción de medidas provisionales para cuatro de los líderes de la oposición que se encuentran bajo detención en el país, en respuesta a la solicitud presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este tipo de medidas son dictadas por la Corte IDH «en casos de extrema gravedad y urgencia, cuando se hace necesario para evitar daños irreparables a las personas».

Los opositores que serían beneficiados con dichas medidas son los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro García y Félix Alejandro Maradiaga Blandón; así como el empresario, José Adán Aguerri Chamorro; y la ex candidata a vicepresidenta de la República, Violeta Mercedes Granera Padilla.

La Corte IDH ha requerido al gobierno de Nicaragua que proceda a la liberación inmediata de los cuatro opositores. Asimismo, que «adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal» de Chamorro, Maradiaga, Aguerri y Granera; así como la de sus núcleos familiares.

El gobierno nicaragüense deberá informar a la Corte IDH a más tardar el próximo 8 de julio de 2021 sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión. Con posterioridad, el Estado deberá presentar un informe periódico cada mes respecto de las medidas adoptadas.

«Requerir a los representantes de los beneficiarios y a la Comisión Interamericana que presenten sus observaciones dentro de un plazo de una y dos semanas, respectivamente, contadas a partir de la notificación de los informes del Estado» se lee en la resolución.

Reconocen riesgos

La Corte concluyó que existen suficientes elementos «para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad» debido a «las circunstancias en que se llevaron a cabo las detenciones, la posterior falta de información del Estado sobre el paradero y condiciones de detención de los propuestos beneficiarios, su situación actual de incomunicación, así como el alegado delicado estado de salud y la falta de acceso a medicamentos y atención en salud» de la mayoría de ellos.

Reconoce que la falta de información de la situación procesal de los opositores, lleva a la conclusión de que se trata de detenciones arbitrarias, y alerta que la privación de su libertad «conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos».

Nicaragua Investiga


Familiares de opositores detenidos solicitan información sobre el estado de sus parientes

Familiares de 20 presos políticos detenidos en las últimas dos semanas a través de un pronunciamiento demandaron al Gobierno respete su derecho de obtener información en detalle sobre su situación actual.

Han transcurrido más de dos semanas desde que el Gobierno inició una ola de detenciones contra precandidatos presidenciales, líderes opositores e integrantes de la empresa privada y hasta la fecha sus familias no tienen certeza de dónde están detenidos ni cuál es su condición física.

“Ya han pasado muchos días y aún no logramos ver a nuestros familiares. No sabemos exactamente dónde están, ni cómo están. A pesar de llegar diario y varias veces al día a preguntar por ellos, la Policía no brinda información. Seguimos sin saber con certeza el paradero de nuestros familiares, y ya que no tenemos ninguna notificación oficial se deben seguir considerando como personas desaparecidas”, denunció este jueves Josefina Dávila, familiar de la presa política Tamara Dávila.

Los afectados suponen que sus familiares se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocido como nuevo Chipote, donde recurren diariamente a pedir información al respecto, pero hasta el momento no han tenido respuestas positivas.

Señalan que al lugar se han presentado los martes y jueves, que según son los días establecidos por la DAJ para las visitas familiares. También han intentado hacerles llegar alimentos, pero afirman que en los últimos dos días solo les han recibido agua.

“Nos presentamos a las instalaciones del Chipote para poder verles. Sin embargo, hasta el día de hoy a todas las familias se nos ha negado este derecho. Asimismo, se les ha negado a nuestros familiares el derecho de ver a sus abogados lo cual representa otra violación a sus derechos constitucionales,” afirmaron.

Este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación porque a pesar de que varios de los presos políticos tienen medidas cautelares a su favor aún “se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos” por lo que solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “adoptar medidas previsionales para proteger sus derechos y la de sus núcleos familiares”, destaca una nota del equipo de prensa del aspirante a la presidencia, Juan Sebastián Chamorro.

En dicho documento, afirmaron que la Corte deberá requerir al Estado de Nicaragua para “adoptar medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y salud de Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga, Violeta Granera y los integrantes de sus núcleos familiares”.

A pesar que los familiares de estos presos políticos reconocen que en Nicaragua actualmente no hay condiciones para ir a elecciones, apelan a continuar exigiendo una transición democrática a través de la vía electoral ejerciendo derecho al sufragio.

Asimismo emplazaron al sector privado a sentar su postura sobre la actual crisis política ante el país y la comunidad internacional.

Vos TV


Avanzan investigaciones contra fundaciones que atentan contra la Patria

El Ministerio Público de Nicaragua informó mediante una nota de prensa que continúa con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta Barrios de Chamorro”, FUNIDES y los miembros de sus juntas directivas, por el delito de lavado de dinero, bienes y activos.

En relación a lo anterior, notificó a las personas citadas y que no han estado presentes, que deben acreditar su incomparecencia a través de medio verificable; quienes expresen estar fuera del país, deben hacer llegar certificación emitida por Migración y Extranjería.

Las personas que ha citado, son todas aquellas relacionadas con las investigaciones de la fundación Chamorro y FUNIDES, investigadas de conformidad con la Ley No. 1055, por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo.

A continuación comunicado integro:

Comunicado 021-2021

El Ministerio Público de Nicaragua, continúa informando a la población nicaragüense sobre el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta Barrios de Chamorro”, FUNIDES y los miembros de sus Juntas Directivas, por el delito de lavado de dinero, bienes y activos y por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer ilícitos; asimismo contra todas aquellas personas que se encuentran en calidad de investigados por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055 y el Código Penal de la República de Nicaragua.

Sobre la investigación en contra de FUNIDES, el miércoles, por la tarde, se presentaron los señores Ramiro Manzanares Ortiz, Gerente General del Hospital Metropolitano Vivian Pellas; y Luis Arnoldo Martínez Aragón; quienes contestaron todas las preguntas que se les realizaron y luego de firmar el acta, procedieron a retirarse.

Sobre la investigación que se continúa en contra de la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro”, hoy por la mañana, se presentó la señora Leslie Nora Castro Cardenal, quien contestó todas las preguntas que se le realizaron, firmó el acta y se retiró. También estaba citado para hoy, el señor Julio César López Chavarría, quien no se presentó ni justificó su inasistencia, a pesar que la cita fue recibida por su mamá, la señora Mélida Chavarría.

Las personas citadas ante el Ministerio Público y que no se presenten, deben acreditar su incomparecencia a través de medio verificable; quienes expresen estar fuera del país, deben hacer llegar certificación emitida por autoridad competente (Migración y Extranjería).

Las personas que hemos y seguiremos citando, son todas aquellas relacionadas con las investigaciones de las Fundaciones “Violeta Barrios de Chamorro” y FUNIDES o todas aquellas personas investigadas de conformidad con la Ley No. 1055, por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo.

Se ha solicitado a la autoridad judicial el levantamiento del sigilo bancario y la inmovilización de cuentas de las personas investigadas, de lo cual se ha recibido respuestas de los bancos sobre la información financiera requerida.

El Ministerio Público, en cumplimiento con el ordenamiento jurídico nicaragüense vigente, y en representación de las víctimas y de la sociedad nicaragüense, continuará realizando las diligencias investigativas necesarias. En todo momento se ha velado por la objetividad y calidad de la investigación, se han respetado los derechos constitucionales de las personas entrevistadas e investigadas. Como parte del sistema de justicia penal, continuará contribuyendo a mantener la seguridad y garantizando el respeto de las normas de convivencia pacífica.

Dado en la ciudad de Managua, a los 24 días del mes de junio del año dos mil veintiuno.

Radio La Primerísima

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