Misión Internacional arriba a Colombia para constatar violaciones a los DDHH durante las protestas

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Llegó la Misión Internacional por garantías para la protesta social

Por Linda Muñoz

La Comisión de Justicia y Paz informó que ya están en Colombia, los delegados de 12 países de la Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y contra la impunidad en Colombia, que visitará 11 regiones del país.

La comisión conformada por 40 delegados de 12 países e integrado por destacados dirigentes políticos y sociales, estarán hasta el lunes 12 de julio recibiendo testimonios de primera mano de víctimas de represión estatal durante el Paro Nacional.

Con esta información, la Misión pretende “identificar los contextos en que han ocurrido estos hechos, las afectaciones y el estado actual de las investigaciones de 7.704 agresiones documentadas por organizaciones sociales durante 55 días de protestas sociales”, indicó.

Los delegados, visitarán puntos de resistencia, entidades gubernamentales y de policía en departamentos como Antioquia, Bogotá y Valle.

De igual forma, el informe servirá como insumo para acciones de incidencia ante los gobiernos de los países integrantes de la Misión y en favor de las garantías para la protesta y contra la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.

Caracol


‘Ley antivandalismo’ será presentada por el Gobierno en el primer mes de la legislatura

Por Laura Rodríguez Hernández

El ministro de Defensa, Diego Molano, reveló que esperan que el proyecto de la ‘Ley antivandalismo’ sea presentado en el primer mes de la nueva legislatura que iniciará el próximo 20 de julio.

Molano manifestó que “el compromiso es presentarlo para esta legislatura y vamos a avanzar con eso. Por supuesto, el proceso de socialización más importante es en el Congreso de la República, allí será debatido amplía y democráticamente”.

Recalcó que “después de lo que hemos visto desde el 28 de abril, es claro que Colombia necesita una ‘Ley antivandalismo’. Se debe respetar la manifestación pacífica como lo establece la Constitución y ese es el papel de nuestra Fuerza Pública. Se deben garantizar los derechos de quienes no marchan. Se debe acompañar la manifestación pacífica, pero se debe ser absolutamente contundente contra el vandalismo y la violencia que hemos visto”.

En esa misma línea, manifestó que “estos actos generan destrucción en el sistema de transporte público, en establecimientos comerciales y en monumentos. Es por eso que de ahí surge la iniciativa de esta Ley antivandalismo, que está en construcción entre los ministerios de Justicia, Interior y Defensa y la Consejería para la Seguridad Nacional”.

Molano explicó que ya está en discusión interna en el Gobierno el primer borrador del proyecto. “El documento abarca tres líneas de acción: determinar nuevos tipos penales para delitos; penas más severas y diferenciar cómo a través de la acción en contra del vandalismo se protege la manifestación pacífica”.

El Ministro destacó que el proyecto está relacionado con el tema de vandalismo y destrucción.  Además, busca dar instrumentos jurídicos especialmente para el sector de la justicia.

Frente al tema, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, aseguró que “hay una gran preocupación porque millones de colombianos vienen siendo afectados por la manera cómo se hacen las protestas”.

“Es importante que se defienda la lógica de protesta. Que no se permita que estructuras de violencia organizada o de terrorismo de baja intensidad, terminen tomando espacios. Eso no nos conviene porque hemos visto el sistema de transporte público destruido, hemos visto el daño que se ha hecho a muchos empleos. Entonces hay que pensar en los millones de colombianos”, concluyó Pinzón.

RCN


Líder indígena Luis Picasio Carampaima fue decapitado por las AGC

Luis Picasio Carampaima, líder indígena fue decapitado por los paramilitares de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el municipio del Alto Baudó en el departamento del Chocó.

El líder que pertenecía a la comunidad indígena Embera Dobidá del resguardo Catrú, fue asesinado el pasado jueves 1 de julio en medio de una incursión del grupo armado a la comunidad

De acuerdo con la población en este sector se incrementaron las hostilidades entre grupos armados con la quema de casas y un alto riesgo de desplazamiento.

De acuerdo al registro de homicidios del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, INDEPAZ, con Luis Picasio Carampaima, son 84 los líderes asesinados en 2021 y 1.200 desde la firma del Acuerdo de Paz.

La situación que afrontan las comunidades indígenas y negras de la región no es nueva. La Iglesia Católica y oenegés de DDHH han denunciado la grave crisis humanitaria y de derechos humanos desde 2016 con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC.

La Defensoría del Pueblo emitió hace casi dos años la alerta temprana 041 de 2019 pidiendo la protección y atención efectiva para las comunidades del resguardo Catrú, Dubasa y Ankosó, que ahora se encuentran en riesgo.

Sin medidas eficaces de protección

Para las comunidades negras e indígenas las medidas institucionales siempre serán insuficientes si no se aplican de una manera integral que garantice el ejercicio pleno de los derechos a la vida y al territorio.

Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que, en diversas regiones del departamento del chocó, en territorios de comunidades negras e indígenas, se están desarrollando operaciones de control social y territorial ligadas al narcotráfico, por parte de estructuras paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sin que se desarrollen acciones militares o judiciales para el desmonte de estas estructuras

Las autoridades indígenas también han sido enfática en señalar la necesidad de que se avancen las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN o se den pasos hacia alivios o Acuerdos Humanitarios, sin que hasta ahora el Estado se haya pronunciado

La actitud de el gobierno del presidente Iván Duque ha sido reticente para abrir la posibilidad de unos diálogos de paz y para establecer las posibilidades de una desmovilización por parte de las estructuras de tipo paramilitar. Tampoco se ha puesto en funcionamiento con eficacia los mecanismos para el desmonte de estructuras paramilitares.

Contagio Radio


Nueva masacre en Colombia: van 47 en lo corrido del año

Organizaciones sociales y campesinas denunciaron otra masacre en el Cauca, donde tres personas fueron asesinadas por integrantes de un grupo armado al margen de la ley.

El hecho violento sucedió en las horas de la tarde del viernes en límites de los municipios de Balboa y Argelia, al suroccidente del departamento.

Primero, y gracias a la información aportada por campesinos, se confirmó la muerte de los jóvenes Yeison Benavidez, de 29 años, y Camilo Galíndez de 35 años de edad, luego de ser interceptados por sujetos armados cuando se movilizaban por la vía que comunica a estos dos municipios.

“El hallazgo de los cadáveres se dio en el sector de El Filo, cuando la gente se encontró con los cadáveres luego de la incursión armada. Después se confirmó que las víctimas eran pobladores del corregimiento de El Mango, zona rural de Argelia”, indicaron integrantes de Marcha Patriótica.

Luego, integrantes de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, Ascamta, rechazaron este hecho violento al expresar que las víctimas habían participado en las movilizaciones del paro nacional.

“Eran además integrantes de la Coordinadora de Procesos Populares y Comunitarios, Cppc. Denunciamos la sistematicidad de esta clase de hechos que vienen enlutando a nuestro territorio. Nos solidarizamos con sus familias y hacemos un llamado al Gobierno Nacional, para que garantice la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de todos los habitantes”, denunció Ascamta.

Luego, la misma comunidad de esta zona del suroccidente de Cauca confirmaron el hallazgo de otro cadáver en la vía hacia el corregimiento de San Alfonso.

“La otra víctima fue Cornelio Erazo, detrás de esta muerte están los mismos integrantes de uno de los grupos armados que delinquen en las zonas rurales de Balboa y Argelia y la gente denuncia que también son los responsables de la masacre de los otros dos jóvenes, ambos hechos tienen relación”, denunciaron los líderes sociales.

Es que esta zona presenta una cruenta disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y la disidencia Carlos Patiño de las Farc, situación que ha generado masivos desplazamientos de campesinos por las diferentes masacres que se han registrado en el último año en estos dos municipios.

“Puedo decir que eran personas muy respetadas por la comunidad de El Mango. Cornelio tenía una forma particular de ser, carismático, gran señor, cuando hablaba con él era inevitable reír y con Yeison de igual manera, teníamos una buena amistad, buen ser humano, respetuoso, se caracterizaba por su humildad y honestidad”, expresaron los habitantes de esta localidad rural.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento de las autoridades regionales frente a este caso, considerada el noveno asesinato múltiple que registra en el Cauca en este 2021 y la masacre número 47 en el país, según denunció Indepaz.

El Nuevo Día


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