Protestas y represión policial a dos años del inicio del gobierno de Cortizo

Foto: Roberto Barrios
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Protestas y represión policial a dos años de la presidencia de Laurentino Cortizo

Ante una Asamblea Nacional prácticamente militarizada diversas organizaciones sociales se manifestaron este jueves 1 de julio, cuando se cumplen dos años del gobierno del presidente Laurentino Cortizo y tiene lugar la renovación de la junta directiva de la Asamblea Nacional.

Concentrado en la capitalina plaza 5 de Mayo, más de una treintena de gremios de trabajadores, campesinos, estudiantes, ambientalistas y docentes, protestaron contra de la políticas del gobierno, quién presentó su discurso a la nación ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Los grupos llegaron en marcha desde la Plaza Porras portando banderas, pancartas y un un amplio abanico de demandas que iban desde: la respuesta del Ejecutivo a la pandemia, la corrupción, la posible privatización de la Caja del Seguro Social, el cuestionamiento a las nuevas disposiciones mineras, el rechazo a la renovación del polémico contrato con Panama Ports, entre otras exigencias.

Represión

Las tensiones se elevaron luego de que en medio de la protesta algunos manifestantes trataran de mover una cerca metálica puesta por la Policía, acción que fue respondida con disparo de balas de goma y gas pimienta por unidades antimotines de las fuerzas de seguridad.

Tras la represión las manifestantes se refugiaron en diferentes calles cercanas a la plaza, dispersándose la protesta. Inmediatamente unidades policiales asumieron el control total del área, clausurándose las entradas del metro en la 5 de mayo.

“Allá dentro (de la Asamblea Nacional) están vertiendo las mismas mentiras de todos los años desde que se conoce la fundación de los partidos tradicionales, y este pueblo está anuente de que lo que están vertiendo (en el pleno) no tienen absolutamente nada que ver con la realidad nacional”, manifestó la dirigente universitaria, Ileana Corea.

Entre las consignas también hubo espacio en favor de la constituyente originaria, denunciando que la iniciativa de la constituyente paralela, como un proyecto de los “partidos y grupos económicos del status quo”.

“Estamos protestando por la gran desigualdad que se ha profundizado durante está pandemia aunadas a esa políticas públicas antipopulares”, agregó la dirigente estudiantil.

Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof) indicó que el sector magisterial salió a protestar, entre otras cosas, por la falta de transparencia en el renovación del contrato de Panama Port, que calificó de “lesivo” a los intereses de la soberanía nacional.

Entre los grupos ambientalistas presentes reiteraron su postura en contra de la minería metálica, por su alta contaminación y las afectaciones irreversibles a las comunidades donde se desarrolla esta industria.

“Hay un discurso contradictorio del Gobierno que impulsa un supuesto turismo sostenible y luego tiene una política minera destructiva que atenta contra los ecosistemas”, sostuvo Lilian Guevara, miembro del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), una de varios grupos ambientales y campesinos que llegaron a la capital desde Veraguas, Los Santos y Coclé.

“Nuestra posición es que la franja tropical lluviosa en Panamá no tiene la capacidad para albergara una industria tan letal como la minería metálica (…) los daños ecológicos y sociales son enormes en comparación con el bajo rédito económico que ofrece esa industria”, dijo Guevara.

Los ecologistas exigieron que el Gobierno establezca una moratorio minería permanente, consideran que la posible concesión a Minera Panamá no ha sido transparente.

Entre los gremios sindicales estuvieron presentes también la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora (Fuclat) y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), estos últimos realizaron manifestaciones simultaneas en Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y otros puntos del país.

Luego de que la manifestación fuera reprimida en la 5 de mayo, estudiantes de la Universidad de Panamá volvieron a este centro de estudios donde también hubo protestas y enfrentamientos con la Policía Nacional.

La Estrella de Panamá


Cortizo defiende su gestión ante la pandemia y afirma que la Contraloría concluyó que PPC cumplió con sus obligaciones

Durante su informe a la Nación de este 1 de julio de 2021, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, defendió su gestión en medio de la pandemia por la Covid-19, que ha causado la muerte −hasta la fecha− de 6 mil 545 personas en el país.

De igual forma, aprovechó la ocasión para referirse a la extensión automática del contrato por 25 años entre el Estado y Panama Ports Company (PPC). Cortizo enfatizó que la auditoría de la Contraloría General de la República concluyó que PPC “cumplió” con sus obligaciones.

“La auditoría de la Contraloría concluyó que, efectivamente, se habían cumplido las cláusulas del contrato”, expresó Cortizo, en medio de los cuestionamientos que han hecho diversos sectores de la sociedad sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas en este procedimiento de renovación.

El presidente recordó que −por ley− es la Contraloría, con su equipo de auditores, la entidad responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos con la Nación.

Cortizo no dio más detalles sobre cómo se efectuó esa negociación ni que otros factores se tomaron en cuenta para renovar el contrato. Solo se limitó a decir que, luego que concluya el acuerdo, los bienes de PPC pasarán al Estado panameño.

Según el mandatario, Panamá recibirá 164 millones de dólares, así como 7 millones de dólares, como mínimo, en concepto de dividendos por año, durante los próximos 25 años.

Antes de hablar de la renovación del contrato, Cortizo dijo que el país debe ser garante de la seguridad jurídica.

Cortizo brindó un discurso de 49 minutos en la Asamblea Nacional, que dio inicio este jueves 1 de julio su tercer periodo ordinario de sesiones, donde detalló cómo su gobierno gestiona la crisis sanitaria de la Covid-19.

El mandatario recordó que, de sus 24 meses de gestión, ha tenido que enfrentar 16 meses los problemas económicos, sanitarios y sociales surgidas por la aparición del nuevo coronarivus.

En ese sentido, Cortizo dijo que le podía garantizar al pueblo panameño que se tiene la cantidad suficiente de vacunas para inmunizar a la población mayor de 16 años.

Añadió que el Estado panameño ha adquirido 9 millones de vacunas de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech y AstraZeneca. Remarcó en este momento que se han aplicado un millón 534 mil dosis de las vacunas anticovid. De paso, reiteró que durante el mes de julio llegarán al país un millón de vacunas, pero no detalló de qué casas farmacéuticas procedían.

Cortizo enfatizó que se debe continuar con el programa de vacunación y que con ello se podrá trabajar más rápidamente en la reactivación económica del país.

Durante su discurso, también llegó a prometer que el próximo año los panameños podrán circular en espacios abiertos sin la utilización de las mascarillas.

ECONOMÍA Y EDUCACIÓN

Ante el pleno legislativo, el presidente agradeció al Consejo Nacional de la Empresa Privada por la presentación de los 47 puntos para reactivar la economía panameña, pero enfatizó que 38 de esas sugerencias coincidían con las que tenía pensadas su administración gubernamental.

En cuanto a la educación, planteó que el 55% de los centros educativos del país tienen acceso a la internet y aprovechó para recordar que habrá un retorno seguro a las aulas.

Por otro lado, Cortizo indicó que su gobierno no tolerará ningún acto de corrupción. Pidió a los ciudadanos que denuncien ante las autoridades competentes cualquier acto de corrupción para condenar a los culpables.

En este punto mencionó los casos de las jornadas de vacunación clandestina y las bolsas del programa Panamá Solidario que fueron halladas en la residencia de un exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas (MOP), identificado con el nombre de Julio Caballero. Actualmente otros funcionario del MOP y uno de la Presidencia de la República también son investigados.

Cortizo señaló también que una materia pendiente es la administración de justicia, por lo que resaltó los métodos empleados para la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Y es que esta semana, con el inicio del proceso de entrevistas para seleccionar a dos nuevas figuras en la CSJ, el presidente se encamina a nombrar la mayoría de los magistrados de ese tribunal a partir de enero de 2022.

Asimismo, el mandatario dijo que estaba abierto al diálogo con todos los sectores de la nación.

“Me siento optimista, sigamos trabajando en equipo… y avancemos unidos. Los panameños podemos caer, pero nos levantamos unidos”, expresó en la parte final de su discurso.

La Prensa


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