Canciller afirma que “Almagro se quedó solo” tras denuncia en la OEA por su rol en el golpe

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El Gobierno ve que Almagro se queda solo en la OEA por denuncia de injerencia en Bolivia

Por Carlos Corz

Tras la reunión del Consejo Permanente, el gobierno de Luis Arce concluyó que el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se “quedó solo” y sin respaldo frente a la denuncia de injerencia en asuntos internos de Bolivia y que le tomarán la palabra para llevar a una instancia internacional el incumplimiento del acuerdo sobre las elecciones de 2019.

El canciller Diego Mayta y el ministro de Justicia, Iván Lima, hicieron un balance de lo ocurrido en la mañana en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, donde la representación boliviana cuestionó el “comunicado” del organismo que ratificaba el informe de irregularidades en las justas de 2019 a pesar que una pericia de expertos de la Universidad de Salamanca lo pusiera en duda.

A partir de ese hecho, la administración de Arce denunció injerencia de Almagro en los asuntos internos bolivianos. “Luis Almagro se quedó solo, se quedó prácticamente solo más allá del apoyo de algún Estado, nadie le prestó apoyo ni respaldo alguno en relación a su acción de injerencia en asuntos internos”, aseguró Mayta, uno de los que participó de la sesión virtual.

Tampoco, sostuvo, hubo un “contraargumento” de Almagro ni de otros actores parte de la sesión en los fundamentos expuesto para denunciar injerencia.

Durante su intervención, el secretario General de la OEA defendió el informe sobre irregularidades en las elecciones de octubre de 2019, habló de sus privilegios e inmunidades, y de llevar acuerdos bilaterales a instancias internacionales para que dé certeza de su cumplimiento.

Lima aseguró que la OEA no cumplió con los términos del acuerdo celebrado para la realización de la auditoría a las justas de octubre de 2019.

“Bolivia tiene derecho a saber la verdad y por qué salió ese informe preliminar a las cuatro de la madrugada del 10 de noviembre, es algo que vamos a llevar a los tribunales, instancias y foros que sean necesarios”, anunció Lima y explicó que se está explorando la instancia a la que se acudirá.

Ese informe de noviembre agravó una crisis que denunciaba fraude electoral y derivó en la dimisión del expresidente Evo Morales. A una prolongada protesta cívica que denunciaba antes de las elecciones fraude electoral, se sumó un motín policial y la “sugerencia” militar a Morales de dejar el cargo.

A dos días de la renuncia de Morales, Jeanine Áñez tomó el poder como consecuencia de un acuerdo político-cívico alentado por la Iglesia Católica y la Unión Europea. Poco después, las fuerzas militares y policiales intervinieron protestas en apoyo a Morales en Sacaba y Senkata con el saldo de una veintena de muertos por impacto de bala.

El expresidente Jorge Quiroga consideró que fue una derrota la participación en el Consejo de la OEA.

«Derrota del MAS hoy en @CP_OEA: buscaron rechazo a auditoría de #Bolivia y los apoyaron solo 3 países, el resto respaldó sistema de observación electoral de @OEA_oficial. MAS cuestiona pq informe «preliminar», desconociendo que siempre se emite uno antes del final», escribió en su cuenta en Twitter.

La Razón



Bolivia le dice a Almagro que representa «la muerte, la intromisión y el golpismo»

En sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller Rogelio Mayta reafirmó este miércoles que en Bolivia no existió fraude electoral en 2019. Hizo énfasis en cinco ejes contra los intentos de injerencia del secretario general, Luis Almagro.

Dijo que el comunicado del 9 de agosto, emitido por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA y que cuestiona la integridad de datos de los comicios presidenciales de 2019 en Bolivia, es un exceso.

Los cinco ejes

En el primer eje, aseguró que al margen de los cuestionamientos que se tienen sobre los informes de la Secretaría General de la OEA respecto a las elecciones generales de 2019, ese proceso quedó anulado y se celebraron nuevos comicios en 2020, en los que resultó ganador el mismo partido que ganó un año antes: el Movimiento Al Socialismo y hasta por un porcentaje muchísimo mayor.

El 18 de octubre de 2020, Luis Arce logró el 55,11% de los votos válidos como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales, según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Siendo que los informes de observación y la auditoría electoral de 2019 detectaron que se podrían haber cometido delitos electorales, era ineludible, según la ley boliviana, que se iniciaran procesos penales y que la Fiscalía investigue a fin de conocer la verdad material de los hechos, que los acusados asuman defensa pudiendo producir prueba de descargo”, dijo en referencia a un segundo punto.

Hizo énfasis en un tercer eje en referencia a la vinculatoriedad que el comunicado del 9 de agosto reclama y dijo que eso es un acto de injerencia.

“El acuerdo suscrito entre Bolivia y el Secretario General, Luis Almagro, en 2019 para que se realice una auditoría del proceso electoral de ese año, no establece que el informe que se genere iría a sustituir a peritajes o sentencias en materia penal, y menos la labor de los fiscales y jueces bolivianos”, cuestionó.

“La vinculatoriedad que reclama el comunicado pretende que no se cumplan nuestras leyes, que la institucionalidad boliviana no cumpla sus obligaciones, e incluso que los acusados no tengan derecho a la defensa”, añade.

Respecto al peritaje de la Universidad de Salamanca, dijo, como cuarto eje, que el comunicado de la OEA trata de descalificar esa investigación sobre los denominados “hallazgos” de los informes de 2019.

“En ese proceso penal se investigaron a profundidad los hallazgos que Luis Almagro y la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia dependiente de su despacho, acusaron en su momento. Se hicieron peritajes para los temas técnicos y se convocó a declarar a los testigos de los hechos”, dijo.

Como quinto punto, aseguró que la investigación penal que se realizó por más de un año, la mayor parte durante el gobierno de Jeanine Áñez, llegó a la conclusión de que no se cometieron delitos y que no hubo el fraude como se denunció.

“La Fiscalía decidió cerrar ese caso porque no existían las pruebas para ir a un juicio, algunos presentaron impugnación, esa decisión puede ser ratificada o modificada. El proceso todavía está en desarrollo, y debe seguir su curso, como lo establecen nuestras leyes y según las definiciones que asuman las autoridades competentes”, aseveró.

Almagro, detonante de la crisis

El canciller dijo que ante lo sucedido hasta fecha surge una pregunta ineludible: “¿Por qué el furibundo ataque de Almagro y la Secretaría de Fortalecimiento Democrático contra el peritaje de la Universidad de Salamanca y el proceso penal en que se debate el fraude que acusaron?”

“Porque ese peritaje, esa investigación fiscal, ponen en evidencia que su accionar fue uno de los detonantes de la crisis política que sufrimos en 2019. Que tienen responsabilidades en precipitar la crisis, en el rompimiento del orden constitucional que sufrimos y también en las graves violaciones a derechos humanos que se produjeron en ese oscuro fin de 2019. Que en esos días actuaron negligentemente, cuando menos, sino con dolo”, respondió.

En un informe final, el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España establece la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de 2019.

Demostró que las bases de datos de la transmisión de resultados electorales preliminares y del cómputo oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes.

Plurinacional


APDHB denuncia que se gesta un plan de fuga de Añez

El Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) denunció ayer que se gesta una posible fuga de la expresidenta de facto Jeanine Añez organizada por los líderes políticos, Comité Cívico Pro Santa Cruz e incluso algunas embajadas en el país.

La advertencia se lanzó luego de que la expresidenta de facto fuera trasladada a una clínica privada, por el centro de la urbe paceña, para que reciba atención médica.

“El Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia denuncia ante el pueblo boliviano que se está gestando una posible fuga de la señora Jeanine Áñez Chávez, quien se encuentra recluida en el penal de mujeres de Miraflores. Está orquestada por Jorge ‘Tuto’ Quiroga, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina y el Comité Cívico Pro Santa Cruz”, advirtió mediante un comunicado oficial.

La operación se realizaría en coordinación con Amparo Carvajal Baños bajo la complicidad de algunas embajadas del país. Asimismo, rechazan una posible detención domiciliaria, ya que se dejaría impunes las muertes de las masacres de Senkata y Sacaba, además de un centenar de heridos, perseguidos y torturados.

En ese sentido, poco antes, el vicepresidente de esta instancia, Édgar Salazar, dijo que esta institución apoyará a las víctimas de las masacres de 2019 y que está en desacuerdo con la libertad o detención domiciliaria de Añez.

Aseveró que esta entidad hará un acompañamiento a las víctimas para que se aplique un juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta de facto, porque varios informes sostienen que hubo masacres generadas por la firma del Decreto Supremo 4078.

“Hemos manifestado nuestro total respaldo como institución defensora para devolver el rol histórico que siempre ha jugado la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos ante los juicios de responsabilidades, como ocurría en el pasado”, enfatizó.

30 AÑOS DE CÁRCEL

Por su parte, la Coordinadora Nacional en Defensa de la Democracia encabezada por su máximo representante demandó que Añez debe tener una condena de 30 años de cárcel por genocidio y que también se encarcele al jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, al expresidente Jorge Tuto Quiroga y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por ser parte de los luctuosos hechos en 2019.

El máximo representante de esta coordinadora, Simón Amaru, afirmó que con este anuncio no se busca venganza política, sino justicia por los muertos en los hechos de 2019, además de los heridos y detenidos.

“Nosotros estamos pidiendo justicia y que estos crímenes de Estado no queden impunes. Jeanine Añez no es presa política, sino está encarcelada porque cometió actos criminales por haberse impuesto en el gobierno a la fuerza, por haber robado dinero de las arcas del Estado, por haber humillado al pueblo boliviano, por quemar la wiphala y pisotear la dignidad de la mujer de pollera por sus grupos paramilitares”, expresó.

COMPARAN A LA EXPRESIDENTA DE FACTO CON EL DICTADOR PINOCHET

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de El Alto aseveró que Jeanine Añez aplica la misma estrategia del dictador chileno Augusto Pinochet para usar lo humanitario, la salud, con el fin de salir en libertad y luego fugar de la justicia. Esa organización teme que, si le dan detención domiciliaria, ella aborde al día siguiente una avioneta, salga del país y deje en la impunidad las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en 2019.

David Inca, presidente de esa institución, dijo que está en marcha una estrategia política y mediática para victimizar a la expresidenta de facto mientras se “desprecia” e invisibiliza a las “víctimas reales”, es decir a las 38 personas muertas durante las matanzas de 2019, los más de 800 heridos y más de 1.000 detenidas de manera arbitraria, torturadas y perseguidas.

El equipo de Añez está “usando los mismos argumentos que Pinochet”, afirmó el representante de DDHH, quien recordó que el exdictador chileno recurrió al tema humanitario mostrándose incluso en silla de ruedas.

Pinochet fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998. Pasó 503 días detenido en Inglaterra luego de que el juez español Baltasar Garzón emitió 14 órdenes de captura en su contra por crímenes de lesa humanidad, tortura, secuestro y desapariciones forzadas.

Los abogados y estrategas de Pinochet usaron su presunto mal estado de salud y su presunta agonía para liberarlo y trasladarlo hasta Chile, donde llegó, caminó y se mantuvo impune.

Ahora El Pueblo


Privilegios de Añez generan más rechazo en las cárceles

Como estaba previsto, privados de libertad de Santa Cruz, Cochabamba, Chonchocoro, entre otras cárceles del país, emitieron votos resolutivos en los que rechazan los privilegios de Jeanine Añez en Miraflores, y demandan un trato igualitario.

Entre la noche del lunes y la tarde del martes, las privadas de libertad de Miraflores y los reclusos de San Pedro (La Paz) activaron una serie de protestas en rechazo a los privilegios de los que goza Añez, como una celda privada, atención médica las 24 horas, la visita de sus familiares a cualquier hora y alimentación personalizada, todo a lo que ellos no pueden acceder.

Mientras que la expresidenta de facto Jeanine Añez tiene una celda particular, que incluso comparte en las noches con sus familiares para que le hagan compañía, los demás reclusos del país conviven en espacios reducidos en los que pernoctan entre 15 a 20 personas.

Al respecto, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló que los reclusos de Santa Cruz y Cochabamba ya emitieron sus votos resolutivos que exigen que se los trate igual .

Como respuesta inmediata exigida por las reclusas, desde hoy se permitirán nuevamente las visitas en el penal miraflorino luego de más de un año y medio en que estuvieron aisladas como medida para prevenir la propagación del Covid.

“Ellas también piden que las plataformas a favor y en contra de Añez estén en lugares aledaños al penal porque el ruido, protestas, golpes en las puertas y demás están afectando a su normal convivencia”, dijo.

Los y las reclusas del país no descartan radicalizar sus medidas de presión, como una huelga de hambre si es que no reciben un trato igual al de la exmandataria transitoria.

Otro de los reclamos es que la principal actividad económica de las privadas de libertad, como es el lavado de ropa externa, se ha visto mermada por la persistente presencia de gente que exige la liberación de Añez.

“Los clientes no están yendo como hace tiempo y eso afecta al sustento diario. Ellas se sienten amedrentadas, al igual que sus hijos, por las protestas, por ello pidieron que las movilizaciones sean en otro lado”, detalló.

REACCIONES

Ayer en la mañana, las paredes externas del penal fueron cubiertas con afiches que demandan justicia para las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba.

Fotografías con los rostros de las más de 30 víctimas fatales fueron pegadas en las paredes.

Al mediodía, una marcha convocada por la activista Amparo Carvajal acabó en un enfrentamiento entre las personas que exigen la liberación de Añez y quienes piden una sentencia de 30 años de prisión.

Un activista resultó herido en la cabeza. En redes sociales se evidencian ataques racistas a quienes exigen justicia para las víctimas. Los periodistas también son agredidos.

Ahora El Pueblo


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