Honduras | Fiscalía pide 25 años de prisión para Roberto Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres

Foto: Amnistía Internacional
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En la audiencia de individualización de la pena, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (Fedcv), solicitó imponer una pena máxima de 25 años de prisión contra el empresario, Roberto David Castillo, implicado en el crimen de la ambientalista Bertha Cáceres.

Mientras que la defensa de Castillo, pidió que se le imponga una pena mínima de 20 años de prisión.

No obstante, la Sala I del Tribunal de Sentencias con Jurisdicción Nacional no brindó una fecha en la que se brindaría la sentencia de Castillo, debido a la carga laboral que existe en ese tribunal.

El Código Penal señala que quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de 20 a 25 años.

Pruebas

David Castillo fue encontrado culpable de ser coautor del asesinato de Cáceres, quien fue ultimada el 3 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza, Intibucá.

De acuerdo con los hechos probados durante el debate, Castillo Mejía, según el Tribunal de Sentencias, “mantuvo en reiteradas ocasiones conversaciones a través de grupos de mensajería con Douglas Geovanny Bustillo, quien también fue declarado culpable en 2018, como coautor del asesinato de Berta Cáceres; quedando en evidencia que ambos participaron en la organización, logística, seguimiento y vigilancia para darle muerte a la hoy occisa”.

De su lado, la Fiscalía informó que el tribunal consideró que la extracción y vaciado de información en dispositivos celulares del imputado y otros involucrados fue lo suficientemente reveladora para establecer que Castillo Mejía ordenó la muerte de Cáceres.

Por el crimen fueron condenados en 2018 siete autores materiales -entre ellos un exmilitar- que recibieron penas de hasta 50 años de reclusión. La sentencia fue apelada y debe ser analizada por la Sala de lo Constitucional, que determinará si se anula o se deja firme.

Castillo Mejía era el presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), ejecutora del proyecto Agua Zarca al cual Cáceres se oponía y según la fiscalía fue lo que detonó el crimen de la ambientalista.

El Heraldo


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