México celebra hoy consulta popular sobre el enjuiciamiento a expresidentes

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A prueba, primer ejercicio de democracia directa en el país

Por Alonso Urrutia y Jessica Xantomila

Después de una accidentada ruta que atravesó descalificaciones políticas, diferendos legales sobre la temática, recriminaciones entre sus promotores y organizadores, así como jaloneos presupuestales, finalmente llegó el día y por primera vez en la historia en México se realizará hoy a nivel federal un ejercicio de democracia directa: la consulta popular sobre el desempeño de los actores políticos del pasado. Los ciudadanos decidirán sobre un asunto de interés nacional.

De acuerdo con el último corte del Instituto Nacional Electoral (INE), 93 millones 686 mil 877 ciudadanos podrán acudir a las 57 mil 87 mesas receptoras de votación (esta vez no habrá mesas especiales, por lo que se deberá asistir a la sección correspondiente) a pronunciarse sobre la compleja pregunta que diseñó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya redacción se ha convertido en un enigma jurídico y político. No hay claridad sobre el destino que se dará al resultado de este ejercicio y algunos ven su formulación final como un obstáculo para la participación ciudadana:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Promovida en su momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una fórmula de revisión del pasado, tuvo –de origen– una elaboración radicalmente diferente y dirigida sin ambages a sus antecesores: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

Cuando envió la petición, López Obrador explicó las razones personales por las cuales se debía enjuiciar a sus antecesores, como parte de su visión crítica del periodo neoliberal al que considera la causa de la problemática social y económica que padece actualmente el país:

“Carlos Salinas de Gortari, impuesto por un fraude, profundizó la desigualdad en México y entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedente de bienes públicos; Ernesto Zedillo llevó hasta sus últimas consecuencias las políticas privatizadoras, entregando bienes nacionales, como los ferrocarriles, y adjudicó a los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos del rescate bancario de 1998.

Vicente Fox intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral de 2006 para impedir su triunfo; Calderón, por exacerbar la violencia y multiplicar las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas con su estrategia militar; desoyó las advertencias de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico y no hizo nada. En cuanto a Peña Nieto, resaltó la irrupción de grandes cantidades de dinero, producto de sobornos de Odebrecht en su campaña presidencial.

Su pretensión no prosperó. Con el argumento de inviabilidad jurídica, los ministros de la SCJN modificaron radicalmente la pregunta presidencial. Anularon cualquier vestigio de personalizarla y la remitieron al eufemismo genérico, los actores políticos que actuaron en el pasado, sin definición alguna del periodo involucrado. Por lo que ahora los especialistas se cuestionan: ¿qué tan pasado abarca el pasado a enjuiciar?

La coincidencia general sobre el sentido de la consulta estriba en que por primera vez los ciudadanos podrán decidir en torno a los temas de interés nacional.

Además, se le ve como un primer paso para hacer justicia a las víctimas en un país con una historia reciente tan violenta, según se planteó durante las jornadas nacionales de promoción de la consulta organizadas por el INE.

La Ley de Consulta Popular establece que el resultado de cada uno de estos ejercicios tendrá carácter vinculante sólo si se alcanza 40 por ciento de participación del listado nominal. Para que en esta ocasión así ocurra se requiere el sufragio de al menos de 37 millones 475 mil 551 ciudadanos.

Más allá de los desencuentros públicos entre el INE, la Presidencia de la República y Morena sobre los preparativos y promoción de este mecanismo, a partir de las 8 de la mañana se instalarán las mesas receptoras del voto. Serán apenas poco más de la tercera parte de las casillas que se colocaron el 6 de junio, lo cual estuvo condicionado –de acuerdo con el Instituto– por el presupuesto disponible para la consulta.

Sin recursos adicionales, el INE adecuó una logística de 104 mil casillas, a un costo de mil 499 millones de pesos (la empleada en las elecciones del 6 de junio), a otro escenario que tendría poco más de 90 mil mesas, con inversión de 890 millones de pesos.

Pero rechazadas sus peticiones por los tres poderes de la Unión (el Ejecutivo, sin autorizar una partida extraordinaria; el Congreso, que omitió una ampliación presupuestal y el Judicial, que rechazó una controversia), con 522 millones de pesos de ahorros institucionales, se instalarán las 57 mil casillas.

El micrositio ubicatumesa.ine.mx está disponible en el portal del INE para disipar dudas sobre dónde votar. Con la justificación de las restricciones presupuestales no se colocarán urnas especiales y sólo se podrá acudir a la sección correspondiente.

Desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas los ciudadanos podrán responder la pregunta en una papeleta que, aun cuando no está impresa en papel seguridad como las boletas electorales, sí contiene mecanismos de control suficientes.

La Jornada


Hay que salir este domingo a votar en la consulta popular: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la gente debe salir a votar este domingo 1 de agosto en la consulta que se llevará a cabo en todo México.

Al preguntarle si no teme que la consulta, con la que se pretende juzgar a los ex presidentes, fracase como lo han considerado los opositores, el mandatario dijo que la democracia no puede fracasar, informó Reforma.

“Viene esta consulta del domingo, pues hay que participar. Hay que dar la opinión que se tenga, en cualquier sentido, como mujeres, como hombres libres, pero hay que participar, porque es democracia“, indicó.

En un acto realizado en Sinaloa, enclavada en una zona serrana, el mandatario aseguró que quienes debieron promover la consulta no lo hicieron, pese a que este tipo de ejercicios refuerzan la vida democrática.

“Es muy importante la consulta de este domingo, desgraciadamente, los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada“, acusó.

López Obrador, quien este domingo estará en Nayarit supervisando obras carreteras, dijo que pese a que tenía la intención de emitir su sufragio no lo hará debido a que no hay casilla en la localidad que visitará.

“No hay casillas suficientes, yo mañana voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero a donde voy no va a haber casilla”, indicó.

Aristegui


¿Por qué expresidentes mexicanos podrían ser juzgados?

Cinco expresidentes mexicanos podrían ser llevados a las cortes en caso de que se apruebe la consulta popular sobre si actores políticos en el pasado sean juzgados en caso de que hayan tomado durante sus respectivos mandatos decisiones que involucraron violaciones a los derechos humanos, entre otros delitos.

México realizará este domingo la consulta popular a nivel federal, la primera de este tipo en el país y que tiene carácter vinculante, si alcanza al menos 40 por ciento del padrón electoral vigentes, más de 37.000.000 millones de votos por el Sí.

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, dice la pregunta de la consulta.

Si bien es cierto que el mandatario Andrés Manuel López Obrador, promotor del presente referendo, quería que en la pregunta aparecieran los nombres de los expresidentes, la Corte Suprema de Justicia, ordenó el cambio del cuestionamiento.

Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) ha negado que el ejercicio democrático popular en México sea contra los expresidentes, la principal directriz apunta hacia los posibles delitos que habrían cometido en sus respectivos sexenios.

Salinas de Gortari

En este sentido, el primer exjefe de Estado en destacar en esta lista, es Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó entre 1988-1994.

Salinas de Gortari podría ser juzgado por el fraude electoral de las elecciones presidenciales de 1988 cuando se “cayó el sistema” en pleno conteo de los votos, de acuerdo con una publicidad distribuida por el partido Movimiento Nacional de Regeneración.

Zedillo

El exmandatario Ernesto Zedillo es el siguiente en la lista y estuvo al frente del Ejecutivo seis años (1994 -2000).

Para Zedillo, quien inició su mandato con “el error de diciembre”, el periodo en el cual se devaluó el peso y se fugaron miles de millones de dólares, podría ser juzgado por el rescate a los banqueros en la crisis económica de 1994 conocido como “Fobaproa”.

Fox

Vicente Fox ganó la Presidencia en el año 2000, bajo la nominación del conservador Acción Nacional (PAN), la primera que un partido opositor llegaba al Ejecutivo, en una elección democrática, tras más de seis décadas de Gobierno del Revolucionario Institucional (PRI)..

Al exjefe de Estado panista se le podría iniciar un proceso judicial por la represión a las protestas en una comunidad del Estado de México, vecino a la capital, contra la construcción de un aeropuerto internacional en la zona, conocida como el “caso Atenco”.

Calderón

Tras el sexenio de Fox, el PAN salió adelante en las elecciones para elegir al presidente en 2006, en un proceso electoral plagados de anomalías y que le dieron una victoria apretada a Felipe Calderón frente a López Obrador, quien rechazó los comicios por considerar que hubo fraude.

A Calderón se le podría iniciar un juicio por el saldo fatal de su llamada “guerra contra el narcotráfico”, que dejó miles de civiles muertos a causa de los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se expandieron por todo el país.

Peña Nieto

Ernesto Peña Nieto recuperó la presidencia para el PRI en 2012 y uno de sus principales proyectos fue construir el aeropuerto internacional en terrenos que Fox tuvo que renunciar por el rechazo de los pobladores de Atenco.

Sin embargo, durante su sexenio se produjo uno de los acontecimientos más funestos para la historia reciente de la nación, la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa a manos del crimen organizado en contubernio con las autoridades y policías locales.

Aunque el caso fue investigado por las autoridades federales, las resoluciones finales dejaron mucho que desear por la manipulación que se hizo con las pruebas y las tesis que no coincidían con la realidad.

Por este evento, Peña Nieto podría ser juzgado en clara violación a los derechos humanos en el caso de los estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero en 2014, que conmovió a la comunidad internacional.

teleSUR


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