Bolivia | Enjuiciarán a exlegisladores que avalaron el golpe de Estado de 2019

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Órgano Legislativo anuncia procesos penales contra exautoridades que avalaron la sucesión inconstitucional de Áñez

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó este jueves que se iniciarán procesos penales contra las exautoridades legislativas que avalaron la sucesión inconstitucional de Jeanine Áñez, tras la Sentencia Constitucional 0052/2021 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ratificó que hubo golpe de Estado en 2019.

“Lo que corresponde, también, es iniciar un proceso penal por usurpación de funciones, y eso lo tomaremos inmediatamente ya con el equipo que tenemos y con los compañeros que también están preocupados por esta situación y se debe cumplir con la justicia. Así como el pueblo boliviano ha pedido justicia, en este caso, esto tiene que ir en esa línea”, anunció.

Previamente, la Sentencia Constitucional emitida por el TCP será derivada a la Mixta Comisión de Constitución del primer Órgano del Estado para su respectivo análisis, adelantó.

“Evidentemente, ahora, después de tener esta Sentencia Constitucional, lo que si corresponde a la Cámara de Diputados, primero es derivar inmediatamente esta sentencia a la Comisión Mixta de Constitución, para que ellos puedan trabajar sobre esta base”, indicó.

El TCP sentenció, el pasado viernes, que la denominada sucesión “ipso facto” solo se aplica de la presidencia del Estado a la vicepresidencia y a las presidencias de las cámaras de senadores y diputados. Se estableció que en 2019 nunca hubo vacío de poder, por lo que la “sucesión” de Jeanine Áñez fue inconstitucional.

La sentencia 0052/2021 establece con claridad y contundencia que nunca hubo “vacío de poder” ni “sucesión constitucional” en la autoproclamación de Jeanine Añez el 12 de noviembre de 2019.

“Las dos vicepresidencias no tenían ninguna atribución para poder ejercer la presidencia de la Cámara de Senadores ni de la Cámara de Diputados, eso está totalmente claro”, ratificó Mamani.

En la gestión 2019, la exsenadora Jeanine Áñez, en representación de la minoría legislativa, ocupaba la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores y la exdiputada Margarita Fernández, la segunda vicepresidencia de la Cámara de Diputados.

Abi


El Legislativo anula decreto de amnistía e indulto para procesados en el gobierno de Áñez

La Asamblea Legislativa Plurinacional anuló este jueves el decreto presidencial de amnistía e indulto aprobado por el gobierno de Luis Arce en favor de los procesados en la gestión de Jeanine Áñez, en cumplimiento del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.

El senador del MAS Adolfo Flores explicó que con la abrogación de la norma aprobada en febrero de 2021 se cumple una de las recomendaciones de los expertos que investigaron la violencia y muerte de 2019.

“Hemos tomado la decisión de abrogar el decreto y expresar que ese decreto tenía el perdón de penas de sentenciados y por el camino político los perseguidos políticos. Entendemos que solo han sido beneficiados los que tienen sentencia”, sostuvo.

El decreto de febrero establece que serán beneficiadas las “personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

El GIEI advirtió que esa norma debe ser anulada porque solo cuestiona el procedimiento y puede llegar a beneficiar a quienes fueron parte de la violencia y muerte de noviembre de 2019, en el gobierno de la expresidenta Áñez.

La Razón


Denuncia ante la ONU por violencia contra periodistas y medios en Bolivia

Un informe sobre los ataques a periodistas y medios de comunicación durante los días previos al golpe de Estado de 2019 en Bolivia fue presentado por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Red Andina de Información (AIN), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA) ante la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas.

“Los hechos ocurrieron en los días previos al golpe de Estado en Bolivia. Entre octubre y noviembre de ese año hubo episodios de violencia directa contra autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) -el partido gobernante al momento de la asonada- agresiones racistas y ataques a centros y radios comunitarias de organizaciones sociales”, detallaron en el documento, que busca “contribuir con el proceso más amplio de Memoria, Verdad y Justicia” que lleva a cabo la sociedad boliviana sobre las violaciones cometidas a raíz del golpe de 2019.

En el informe presentado ante Irene Khan, Relatora especial de Naciones Unidas, las organizaciones señalan que en los días previos al golpe hubo grupos de civiles que en complicidad con las fuerzas de seguridad “se encargaron de vigilar, físicamente o por redes sociales, perseguir, amenazar y fomentar el miedo entre personas asociadas al MAS y a movimientos sociales”.

José Aramayo

Entre los casos más significativos mencionados en el informe está la agresión a José Aramayo, jefe de medios de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb). En noviembre de 2019 fue “atacado en medio de una conferencia de prensa organizada para aclarar la posición política de los campesinos afines al MAS”.

“Durante el acto ingresaron personas armadas que agredieron a les campesines acusándolos de masistas. A Aramayo lo llevaron al exterior y lo ataron a un árbol durante varias horas mientras lo insultaban y amenazaban con darle un castigo ‘ejemplificador’”, subrayaron en el documento.

Sebastián Moro

Otro grave episodio relevado en el informe fue el de Sebastián Moro, periodista argentino que residía en Bolivia desde 2017 y trabajaba en medios de la Csutcb y colaboró con Página/12 en la cobertura del golpe contra Evo Morales. Moro murió el 16 de noviembre luego de haber sido “encontrado en su casa con la puerta abierta y semi inconsciente”.

“Fue trasladado a una clínica en la que le diagnosticaron estado de ebriedad. Luego, se descubrieron hematomas y rasguños en su cuerpo que, según lo confirmó un médico que lo atendió, se corresponderían con una fuerte golpiza”, apuntó el informe. Desde entonces la familia de Moro busca conocer la verdad sobre los hechos que rodearon la muerte del periodista argentino.

Radio Kawsachun Coca

En tanto, la Kawsachun Coca, emisora de radio de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que acompaña a organizaciones sociales de base. La emisora recibió amenazas en octubre de 2019 cuando “comenzó a transmitir en directo las manifestaciones” y el ocho de noviembre las amenazas escalaron cuando “se incendió el edificio donde funcionaba una de sus sedes más importantes”.

“El amedrentamiento continuó al punto que les trabajadores temían por acercarse al edificio y seguían recibiendo amenazas. Poco después, también fueron dañados los equipos de transmisión de otra sede en San Ignacio de Moxos”, detallan las organizaciones en el informe.

Página 12


El Gobierno califica de ‘fracaso’ protesta, gremiales se dividen y una facción firma acuerdo

Un grupo de la dirigencia nacional de los gremiales se reunió con el Gobierno y acordó trabajar en el reglamento de la ley de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas 1386, mientras que el bando liderado por Francisco Figueroa declaró un cuarto intermedio en la protesta y el lunes definirá nuevas acciones. Para el Gobierno, las protestas de esta jornada fueron un fracaso.

Gremiales del ala de Figueroa convocaron a un paro para este jueves y viernes, pero en los últimos días optaron por ir solo a las movilizaciones. En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz hubo, en la mañana, marchas en demanda de la anulación de la ley que consideran hará un mayor control sobre su sector.

En Potosí, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), determinó cumplir con el paro de 48 horas que había definido la dirigencia de Figueroa, quien desde Santa Cruz organiza en la llamada cumbre intersectorial más protestas. Se determinó un cuarto intermedio y el lunes se retomará reuniones para definir nuevas acciones de protestas.

Mientras que en La Paz, otro grupo de gremiales se reunió con autoridades del Gobierno. “Se nos ha explicado y se ha establecido que la ley 13 86 no tiene alcance ni afecta a comerciantes minoristas de Bolivia y los gremialistas participaremos en la reglamentación de la ley”, informó el dirigente Rodolfo Mancilla tras la reunión en la Casa Grande del Pueblo.

Mancilla cuestionó la dirigencia de Figueroa y lo vinculó con los intereses del excívico y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. “Nuestro compromiso es firme con nuestro proceso de cambio”.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, calificó de fracaso el paro que convocó inicialmente Figueroa y descartó que la ley que aprueba la estrategia de lucha contra las ganancias ilícitas afecte los intereses de los gremiales, choferes o de cualquier ciudadano.

“Ha sido un total fracaso este paro convocado por el Comité Cívico de Santa Cruz y por el gobernador Camacho y alguno que otro loco en algún departamento”, afirmó en alusión a que el bloque de oposición política-cívica se pronunció en apoyo a la protesta.

“Es mentira que esta ley, la 1386, afecte la economía de los hermanos transportistas y de los hermanos gremiales, es mentira. Están queriendo utilizar este instrumento para gestar un segundo golpe de Estado, lo ratifico”, insistió.

Figueroa explicó que se declaró un cuarto intermedio en las protestas y que el lunes se retomará la coordinación para nuevas movilizaciones, sin embargo aseguró que persistirán protestas en Potosí, Cochabamba y Tarija.

La Razón

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